Crónicas de la ruptura entre Europa y Washington

Alrededor de una mesa circular en la sede del Consejo Europeo, conocida como The Space Egg, los jefes de Gobierno se desahogaban con tanta vehemencia sobre el 47º presidente que algunos de los casi 30 líderes presentes calificarían más tarde la sesión como una «noche de terapia». No había cámaras ni grabaciones, y a cada uno de los presidentes y primeros ministros se les pidió que acudieran solos, sin teléfonos, para poder hablar con franqueza durante un momento en que las estructuras de seguridad global tradicionales parecían desmoronarse bajo el peso de una imprevisibilidad sin precedentes.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue el encargado de abrir el fuego estratégico asegurando que se estaba marcando un límite definitivo en la historia de las relaciones transatlánticas. Durante un año entero, los aliados más cercanos de Estados Unidos habían intentado apaciguar a Trump con una mezcla de halagos públicos y concesiones soterradas en materia de defensa mutua y comercio, con la esperanza de ganar un tiempo precioso para rearmarse institucionalmente. Sin embargo, la realidad sobre el terreno ya no permitía el lujo de la dilación diplomática, puesto que los soldados franceses se encontraban en ese mismo instante desplegados en Groenlandia, cooperando estrechamente con las fuerzas especiales danesas equipadas para una eventual guerra abierta con Estados Unidos. El presidente francés repitió con una urgencia renovada un argumento que llevaba años defendiendo ante la desconfianza generalizada de sus socios: que la excesiva dependencia de Europa respecto a las capacidades militares de Washington suponía un riesgo existencial para la seguridad del continente y que, dada la deriva actual, ya no existía posibilidad alguna de vuelta atrás.

El malestar no era en absoluto exclusivo de París, y un grupo considerable de líderes europeos se sumó de inmediato a las quejas colectivas, argumentando que la actual Administración estadounidense parecía mucho más interesada en cerrar acuerdos mineros y energéticos ventajosos que en defender el papel tradicional de Estados Unidos como garante del orden liberal internacional. El primer ministro de Bélgica llegó a verbalizar el temor subyacente de la sala al advertir que Europa corría el riesgo real de convertirse en una miserable esclava de los dictados económicos de Washington si no reaccionaba a tiempo. En el extremo opuesto del espectro táctico, la primera ministra conservadora de Italia, Giorgia Meloni, discrepó abiertamente de este diagnóstico tan sombrío e intentó convencer a una sala llena de mandatarios de corte más liberal de que, a pesar de las evidentes dificultades y del carácter abrasivo del presidente estadounidense, Trump seguía siendo un actor con el que se podía razonar mediante la negociación bilateral directa. A su izquierda, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, realizaba ingentes esfuerzos por mantener la compostura institucional tras una semana de infarto político y riesgos militares extremos en el Ártico, mostrando un nivel de conmoción interna tan evidente que el propio canciller alemán, Friedrich Merz, consideró necesario romper el protocolo para preguntarle en voz baja si se encontraba bien.

A medida que avanzaba la madrugada, la conversación se volvía cada vez más caótica y los asistentes hablaban unos encima de otros en un debate cuyas implicaciones resultaban tan trascendentales que bordeaban lo surrealista, obligando a los presentes a plantearse si, justo en las vísperas de su 250º aniversario, Estados Unidos había dejado de ser el protector histórico de Europa para transformarse en su principal amenaza geopolítica. En este contexto de aislamiento, cobró fuerza la figura de un mandatario ausente en la sala: Mark Carney, el nuevo primer ministro canadiense, quien había estado enviando mensajes regulares a los principales líderes de la Unión Europea utilizando un número de teléfono británico de su época como gobernador en Londres, con el firme propósito de convencerlos de que la antigua América cooperativa no iba a regresar jamás. Tras un discurso inusualmente mordaz en la reunión anual de Davos, las tesis realistas de Carney ganaban un terreno considerable entre las cancillerías europeas, hasta el punto de que el presidente del Gobierno de España admitió abiertamente ante sus colegas que Canadá estaba señalando con precisión el camino de autosuficiencia que el viejo continente debería haber tomado hace tiempo.

Esta reunión de crisis de enero comenzó a ser recordada en los círculos de poder europeos como el punto de inflexión histórico en el que los países occidentales, unidos por lazos de sangre, tratados democráticos y un sentido de destino compartido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a explorar seriamente caminos estratégicos separados. Aunque formalmente nadie ha presentado los papeles de un divorcio geopolítico que resultaría catastrófico para la estabilidad mundial, y a pesar de que figuras clave de ambos lados del Atlántico trabajan noche y día para mantener a flote un matrimonio de conveniencia ya sin afecto, desenredar los lazos financieros, normativos y de seguridad entre Europa y Estados Unidos se perfila como una tarea de una complejidad titánica. La paradoja más flagrante de este nuevo alineamiento la encarna la propia Canadá, que mientras anima activamente a Europa a blindarse frente a una América cada vez más caprichosa, sigue dependiendo a nivel comercial y de defensa de los Estados Unidos de una manera mucho más profunda que casi cualquier otra nación del planeta.

En el estricto ámbito militar, la separación total sigue pareciendo una quimera logística a corto plazo, y la inminente cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se presenta como la prueba de fuego definitiva para medir la determinación de los líderes aliados a la hora de preservar el pilar más emblemático del poderío occidental frente a una desconfianza mutua galopante. Por su parte, la Casa Blanca ha buscado rebajar la tensión declarando que Trump espera mantener conversaciones constructivas y francas con numerosos líderes mundiales durante la cita en Turquía, al tiempo que su portavoz, Anna Kelly, defendía públicamente que el presidente ha restablecido con una efectividad incuestionable la posición de fuerza de Estados Unidos en la escena internacional, haciendo por la OTAN más que ningún otro mandatario contemporáneo y recordando, de paso, que Washington sigue creyendo firmemente que ciertos miembros de la alianza deberían esforzarse mucho más para cumplir con sus obligaciones financieras básicas. Sin embargo, las conversaciones privadas que se están produciendo en las altas esferas de las democracias europeas apuntan a una realidad mucho más peligrosa y fragmentada de lo que sugieren los comunicados oficiales.

Ante este panorama de incertidumbre sistémica, los aliados europeos han comenzado a acelerar de manera drástica un experimento inédito de desamericanización tecnológica y logística. Autoridades gubernamentales de diversas naciones, desde Francia hasta los Países Bajos, están implementando directivas discretas para retirar por completo la tecnología de los gigantes estadounidenses de sus sistemas críticos de administración, forzando la adopción de software europeo de código abierto e instando a los funcionarios públicos a abandonar de inmediato herramientas de uso diario como Microsoft Teams u Office. Aunque la iniciativa llega con años de retraso respecto a los competidores asiáticos, Europa está invirtiendo en la actualidad cientos de miles de millones de euros con el objetivo de impulsar a marchas forzadas sus propias empresas espaciales privadas, corporaciones de inteligencia artificial y centros de datos soberanos, buscando a la desesperada evitar la dependencia estructural de los monopolios de Silicon Valley.

La planificación estratégica europea ha llegado al extremo de encargar estudios de contingencia confidenciales para determinar con exactitud dónde se almacenarían los datos nacionales o cómo se procesarían los pagos ciudadanos en caso de que las tensiones comerciales con Estados Unidos derivaran en una ruptura de las redes financieras tradicionales. Asimismo, los ministerios de defensa analizan con extrema preocupación cómo funcionarían sus sistemas de armamento avanzados, en su inmensa mayoría de fabricación estadounidense, si Washington decidiera de manera unilateral revocar las autorizaciones de software o los códigos de navegación necesarios para su operatividad operativa. Países cuyos imperios e influencias globales se extendieron en su día por todo el planeta se descubren ahora atrapados en la humillante tarea de intentar liberarse de la tutela tecnológica y militar de Washington sin activar represalias comerciales fulminantes por parte de una Casa Blanca sumamente sensible a los desaires diplomáticos.

Cada nueva acción unilateral de la Administración estadounidense no hace sino reforzar esta determinación silenciosa de los gabinetes europeos, como quedó en evidencia cuando los líderes del Consejo Europeo volvieron a reunirse de urgencia en Bruselas durante el mes de marzo. Para entonces, una serie de ataques aéreos no coordinados ordenados por Trump contra posiciones en Irán habían desestabilizado los mercados energéticos, disparando los precios del combustible en todo el continente y provocando la indignación manifiesta del canciller Merz, quien afirmó ante sus homólogos que Rusia sería la única beneficiaria geopolítica a largo plazo de una nueva guerra abierta en Oriente Medio. El nivel de frustración e impotencia en el seno del Consejo Europeo llegó a ser tal que varios participantes iniciaron un debate marcadamente irónico sobre si para los intereses del continente sería preferible una futura transición hacia una presidencia de JD Vance, asumiendo que incluso la primera ministra italiana admitió en privado estar revisando por completo su postura inicial sobre Trump al constatar que el mandatario estadounidense se estaba mostrando definitivamente impermeable a las razones de Estado.

Para calibrar la verdadera magnitud de este desplazamiento tectónico en la geopolítica occidental, ha sido necesario contrastar los testimonios de jefes de Gobierno, ministros y asesores de primer nivel que vivieron desde dentro las reuniones a puerta cerrada donde la alianza transatlántica comenzó a agrietarse de forma irreversible. El acceso a notas detalladas tomadas por algunos de los participantes, así como a las evaluaciones de carácter clasificado que las agencias de inteligencia proporcionaron a los mandatarios europeos, revela el profundo abismo interpretativo que separa a Europa del nuevo Washington. Una de estas evaluaciones estratégicas, elaborada por un servicio de inteligencia del sur de Europa, advertía explícitamente a su gobierno de que no se estaba lidiando con una administración estadounidense tradicional sujeta a procesos burocráticos e institucionales previsibles, sino con un único individuo volátil cuyas decisiones finales escapaban a los análisis convencionales de la diplomacia internacional.

Por su parte, el MI6 británico, profundamente alarmado por el clima de paranoia y purgas institucionales que percibía en los pasillos de Washington, ofreció al primer ministro Keir Starmer una advertencia de tintes literarios al describir a la segunda Administración Trump como una mezcla perfecta entre las dinámicas de delación de las brujas de Salem y las intrigas cortesanas de la Inglaterra de Enrique VIII. La gravedad de la situación llevó a la agencia de espionaje británica a emitir una orden interna sin precedentes, instruyendo a todo su personal para que evitara por completo abordar cualquier asunto relacionado con el comportamiento o las decisiones del presidente de los Estados Unidos con sus homólogos tradicionales de la CIA, ante el temor de que cualquier filtración pudiera comprometer los canales de cooperación de seguridad que aún se mantenían operativos.

Estos informes reservados subrayan de igual modo el rol fundamental que ha desempeñado Canadá a la hora de estructurar un consenso mínimo entre los aliados respecto a cómo enfrentarse a los desafíos del nuevo Washington, especialmente después de que las amenazas reiteradas de Trump de absorber económicamente a su vecino del norte encendieran una mecha de nacionalismo defensivo en Ottawa. Este escenario fue el que impulsó el ascenso al poder de Mark Carney, un antiguo banquero central que había dedicado los años posteriores a la crisis financiera internacional a desarrollar la teoría de que Occidente sufría una vulnerabilidad sistémica debido a su dependencia absoluta de una sola superpotencia que se volvía progresivamente más ensimismada e impredecible. Al asumir la jefatura del Gobierno canadiense, Carney encontró la oportunidad histórica de transformar sus tesis académicas en políticas de Estado tangibles, sumando apoyos paulatinos entre los líderes continentales.

En un principio, Carney contó únicamente con la complicidad estratégica de Francia para intentar convencer al resto de los mandatarios europeos de que se enfrentaban a una quiebra estructural que no se iba a solucionar mediante la tradicional estrategia de apaciguamiento. Este enfoque puramente realista chocaba de frente con la línea de acción defendida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un veterano de la política europea que ha concentrado todos sus esfuerzos institucionales en salvar la arquitectura de la alianza mediante un despliegue constante de elogios públicos hacia la figura de Trump, una táctica que los analistas políticos del continente no tardaron en bautizar bajo el epígrafe de la diplomacia de la adulación. El dilema que afrontan las democracias aliadas no podría ser más complejo, obligadas a responder a preguntas fundamentales que alterarán el curso de las próximas décadas: si la hostilidad de la actual Casa Blanca hacia las estructuras multilaterales es un fenómeno transitorio o la nueva normalidad estructural de Estados Unidos, y si la respuesta correcta pasa por comprar masivamente armamento estadounidense para aplacar las exigencias comerciales de Washington o por romper amarras definitivamente y asumir los costes astronómicos de una defensa estrictamente soberana.

La génesis de esta fractura conceptual se remonta a febrero del año anterior, cuando Rutte intentaba desesperadamente calmar los ánimos de los mandatarios europeos reunidos en el Palacio de Egmont de Bruselas, un entorno histórico del siglo XVI iluminado por candelabros donde se analizó por primera vez el enigma de la reelección de Trump. Apenas unos días después de tomar posesión de su cargo, el presidente estadounidense ya amenazaba con la imposición de aranceles punitivos a las exportaciones europeas, mientras su hijo, Donald Trump Jr., aparecía por sorpresa en Groenlandia para escenificar las ambiciones territoriales de la nueva administración. La gravedad de los acontecimientos obligó a modificar la ubicación del almuerzo de trabajo en el último minuto para neutralizar posibles sistemas de escucha electrónica de potencias extranjeras, permitiendo que Rutte expusiera ante líderes como Starmer o Frederiksen una propuesta tan pragmática como controvertida: la necesidad imperiosa de ofrecerle a Trump una victoria política inmediata en forma de incremento presupuestario.

El secretario general de la OTAN argumentó que Europa debía comprometerse de manera unánime a elevar su gasto militar hasta el 3,5 % del producto interior bruto, una cifra alineada con los estándares de gasto de Washington y muy superior al objetivo histórico del 2 % que el continente apenas acababa de asumir colectivamente. Aunque Trump insistía públicamente en exigir un 5 % —un porcentaje que las cancillerías europeas despachaban en privado como mera retórica de negociación—, la propuesta intermedia de Rutte se basaba en informes técnicos de los planificadores militares que proyectaban los requisitos mínimos para disuadir un eventual conflicto a gran escala con la Federación Rusa. No obstante, la reacción de los líderes en la mesa demostró las inmensas dificultades para coordinar una respuesta fiscal unificada, con Alemania cuestionando la utilidad de fijar objetivos puramente cuantitativos en lugar de cualitativos, Italia alegando la resistencia feroz de su opinión pública y las restricciones del pacto de estabilidad de la eurozona, y Rumanía advirtiendo del peligro de desatar una carrera armamentística incontrolable en el flanco oriental del continente.

Ante las reticencias obvias de sus interlocutores, Rutte insistió en que Europa carecía por completo de alternativas viables fuera del paraguas nuclear y militar estadounidense, una convicción profunda que arrastraba desde su propia historia familiar y su formación política como admirador de la firmeza transatlántica de la era de Ronald Reagan. Para el político neerlandés, la idea de prescindir de la tutela de Washington equivaldría a forzar a unos gobiernos europeos hiperendeudados y fragmentados en complejas coaliciones internas a desviar más del 10 % de su riqueza nacional exclusivamente hacia áreas de defensa, un escenario políticamente inviable en el contexto del estado del bienestar europeo. De ahí que Rutte se autoimpusiera la misión casi evangélica de mantener a Estados Unidos integrado en las estructuras defensivas de Occidente a cualquier precio, llegando a imitar en sus comunicaciones escritas directas con la Casa Blanca la sintaxis inconexa y la hipérbole verbal características del propio Trump para ganarse la confianza del mandatario, un nivel de mímesis que llevó a algunos de sus colegas europeos a observar con creciente incomodidad cómo el secretario general de la alianza parecía incapaz de abandonar su personaje diplomático.

Este patrón de conducta terminó por extenderse al resto del continente, y pronto mandatarios escandinavos se vieron en la tesitura de coordinar minuciosamente la redacción de sus mensajes de texto dirigidos a Washington, debatiendo qué conceptos debían escribirse en mayúsculas para captar la atención presidencial o delegando el envío de las comunicaciones en aquellos socios que no arrastraran disputas históricas con el entorno de la Casa Blanca. La asimetría de la relación se tradujo en una adopción generalizada del vocabulario político de la Administración estadounidense por parte de las instituciones comunitarias; así, cuando el presidente se hacía eco de los argumentos de Moscú para detener el apoyo militar a Ucrania, los diplomáticos europeos comenzaron a empaquetar sus propios planes de contingencia bajo la etiqueta de detener la matanza, del mismo modo que la presidenta de la Comisión Europea optó por camuflar las discusiones sobre sanciones económicas utilizando el término más aceptable de aranceles defensivos.

El clímax de esta estrategia de contención mediante la pleitesía institucional se vivió durante las sucesivas visitas oficiales al Despacho Oval, encuentros planificados al milímetro por las cancillerías europeas que, sin embargo, chocaron repetidamente con la realidad de una presidencia marcadamente transaccional y ajena a los usos tradicionales del poder estatal. Durante una videoconferencia trilateral en la que participaba Emmanuel Macron desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense, frustrado por un contratiempo técnico que interrumpía el flujo de la conversación, arrojó la tableta electrónica directamente contra el suelo del Despacho Oval ante la mirada atónita de los funcionarios de carrera presentes. Una desconexión similar experimentó el canciller Merz durante su primer encuentro bilateral, al verse conducido por el propio Trump a una antebajada de la oficina presidencial bautizada informalmente como la sala Lewinsky, un espacio reconvertido en almacén de propaganda electoral y calzado de lujo donde el mandatario estadounidense invitaba cordialmente a sus huéspedes extranjeros a llevarse recuerdos para que sus esposas pudieran revenderlos por miles de dólares en el mercado secundario.

A pesar de lo estrambótico de las dinámicas relacionales, el entramado diseñado por Rutte pareció contener las tendencias aislacionistas de la Casa Blanca hasta la primavera, cuando el nuevo embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, se presentó en la sede de Bruselas con un ultimátum definitivo que dinamitaba los acuerdos previos: Washington exigía un compromiso vinculante de gasto militar del 5 % del PIB con vistas al año 2035. Para facilitar la digestión política de semejante exigencia macroeconómica en las capitales europeas, la delegación estadounidense ofreció una fórmula de contabilidad creativa que permitía computar dentro del gasto de seguridad partidas presupuestarias ya existentes destinadas a infraestructuras civiles de uso dual, ciberseguridad o servicios meteorológicos nacionales. Aunque la mayoría de las capitales aceptaron la ficción contable para garantizar la foto de unidad en la cumbre de La Haya, el Gobierno de España mantuvo una oposición firme y solitaria contra lo que definió como una imposición arbitraria, forzando tras extenuantes negociaciones diplomáticas una cláusula de exclusión unilateral que permitía a Madrid seguir su propio camino soberano en materia de inversión militar.

La cumbre de La Haya de junio de 2025 se escenificó públicamente como un triunfo incontestable de la diplomacia transatlántica, con los líderes del viejo continente turnándose disciplinadamente ante los micrófonos para loar la visión geoestratégica de un Trump complacido que declaraba ante los medios que la alianza atlántica había dejado por fin de ser una estafa financiera para los contribuyentes norteamericanos. No obstante, como apuntaban los análisis de los servicios de información búlgaros de la época, las risas forzadas y las bromas compartidas en el plenario apenas lograban ocultar una ansiedad existencial profunda entre unas delegaciones europeas que empezaban a intuir el agotamiento definitivo de los canales de persuasión personal. La confirmación de estos peores augurios se materializó pocas semanas después, a mediados de agosto, cuando la discreta cumbre bilateral celebrada en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia volvió a encender todas las alarmas en los ministerios de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.