El precio de asumir la “prioridad nacional”

En política, las líneas rojas no desaparecen de un día para otro: se desplazan, se erosionan, se reinterpretan hasta que, cuando alguien quiere darse cuenta, ya han sido cruzadas sin ruido. Eso es lo verdaderamente inquietante del giro que ha protagonizado el Partido Popular en sus acuerdos con Vox en comunidades como Extremadura y Aragón: no tanto la literalidad jurídica de lo pactado, todavía difusa y probablemente limitada por los marcos constitucionales y europeos, sino el desplazamiento del eje conceptual que sostiene ese acuerdo. Porque lo que se ha puesto sobre la mesa no es una medida concreta, sino un principio: la llamada “prioridad nacional”. Y los principios, en política, importan más que las cláusulas.

El problema no es, por tanto, si esa preferencia puede o no aplicarse en términos estrictos —los tribunales, tanto los españoles como los de la Unión Europea, ya han demostrado en múltiples ocasiones que actúan como dique frente a discriminaciones explícitas—. El problema es que el Partido Popular ha decidido operar dentro de un marco discursivo que no le era propio. Y eso tiene consecuencias. No inmediatas, quizá no tangibles a corto plazo, pero sí profundas en la arquitectura del debate público.

Durante décadas, la derecha liberal-conservadora europea construyó su legitimidad sobre una idea básica: la defensa del Estado de derecho como límite infranqueable frente a cualquier tentación de jerarquizar derechos en función del origen. Esa frontera era clara. A un lado, el debate sobre cómo gestionar la inmigración, los recursos públicos o la integración. Al otro, la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda en función de su procedencia. Esa línea separaba proyectos políticos, pero también delimitaba el terreno de juego democrático.

Al introducir la noción de “arraigo real, duradero y verificable” como criterio preferente en el acceso a recursos públicos, el Partido Popular intenta construir una zona intermedia, una suerte de lenguaje híbrido que le permita sostener dos posiciones simultáneamente: tranquilizar a su electorado moderado y, al mismo tiempo, no romper los equilibrios con Vox. Es una operación políticamente comprensible, incluso previsible en un contexto de fragmentación parlamentaria. Pero es también una operación de alto riesgo.

Porque ese lenguaje no es neutro. No lo es cuando introduce la idea de preferencia en función del vínculo con el territorio. No lo es cuando, aunque evite la discriminación explícita, legitima la lógica que la sustenta. Y, sobre todo, no lo es cuando normaliza una retórica que en otros países ha servido como antesala de políticas mucho más excluyentes.

El precedente europeo es demasiado claro como para ignorarlo. En Francia, la “preferencia nacional” fue durante años el eje central del discurso de Jean-Marie Le Pen y más tarde de Marine Le Pen, no como una propuesta técnica, sino como un marco ideológico que redefinía quién merecía qué dentro del contrato social. En Alemania, el auge de Alternativa para Alemania ha ido acompañado de un cuestionamiento similar de la igualdad sustantiva entre residentes. En ambos casos, el desplazamiento comenzó en el terreno de las palabras antes de consolidarse en el de las políticas.

España no es inmune a esa dinámica, pero tampoco está condenada a replicarla. Su marco constitucional, su pertenencia a la Unión Europea y su propia experiencia histórica actúan como contrapesos sólidos. Sin embargo, esos contrapesos no sustituyen a la responsabilidad política. Y ahí es donde la decisión del Alberto Núñez Feijóo resulta especialmente relevante.

Feijóo no es un líder marginal ni un dirigente de trinchera. Es el jefe de la oposición y un aspirante creíble a la presidencia del Gobierno. Cada concesión discursiva que realiza tiene, por tanto, un efecto multiplicador. No se trata solo de lo que se firma en Extremadura o Aragón, sino de lo que eso anticipa sobre un eventual escenario nacional. La pregunta es inevitable: si el acceso a La Moncloa dependiera de acuerdos similares, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar?

La contradicción interna dentro del propio partido añade otra capa de complejidad. La crítica de Isabel Díaz Ayuso al principio de la prioridad nacional no es un matiz menor ni una discrepancia táctica. Es la expresión de una tensión ideológica real: la que enfrenta a quienes consideran que el electorado exige firmeza en materia migratoria con quienes entienden que esa firmeza no puede construirse a costa de erosionar principios básicos del orden constitucional.

Esa tensión no se resolverá con ambigüedades. Al contrario, tenderá a intensificarse a medida que el debate público se polarice. Porque la ambigüedad, en política, tiene un recorrido limitado: sirve para ganar tiempo, pero no para fijar una posición estable. Y en el terreno de los derechos, ganar tiempo suele equivaler a ceder terreno.

Hay, además, un elemento que a menudo se subestima en este tipo de debates: el impacto social de la retórica política. España no es un país ajeno a la inmigración; es un país que ha integrado, con tensiones y dificultades, pero también con éxito relativo, a millones de personas en las últimas décadas. Esa integración no se sostiene solo con políticas públicas, sino con un consenso implícito sobre la igualdad de trato. Cuando ese consenso se resquebraja, aunque sea en el plano simbólico, el efecto se filtra en la convivencia cotidiana.

Decir “los españoles primero” puede parecer, para algunos, una consigna inocua o incluso de sentido común. Pero no lo es. No lo es porque introduce una jerarquía que el ordenamiento jurídico no reconoce. No lo es porque redefine la pertenencia en términos excluyentes. Y no lo es porque desplaza el foco desde la gestión de recursos —que es donde debería estar el debate— hacia la identidad de quienes los reciben.

El Partido Popular tiene derecho, por supuesto, a negociar, a pactar y a gobernar donde los números lo permitan. Eso forma parte de la lógica democrática. Pero ese derecho no es neutro: conlleva una responsabilidad proporcional a su peso institucional. No es lo mismo que una fuerza minoritaria adopte determinadas posiciones que lo haga un partido que aspira a liderar el país.

La cuestión de fondo, en última instancia, no es jurídica ni siquiera programática. Es estratégica y, en cierto modo, histórica. Tiene que ver con el tipo de derecha que quiere ser el Partido Popular en la próxima década. Una derecha que compite con la extrema derecha en su terreno discursivo corre el riesgo de validarla sin necesariamente superarla. Una derecha que mantiene su propio marco, en cambio, puede ofrecer una alternativa diferenciada.

No hay decisiones inocuas en ese cruce de caminos. Y, aunque a corto plazo la ambigüedad pueda parecer rentable, la experiencia europea sugiere que sus costes emergen con el tiempo. Porque cuando un partido central asume, aunque sea parcialmente, el lenguaje de los márgenes, no solo amplía su espacio de negociación: también redefine los límites de lo aceptable.