Graves incendios forestales en España

España se enfrenta en agosto de 2025 a una de las peores temporadas de incendios forestales registradas en las últimas décadas, con casi 400.000 hectáreas quemadas hasta la fecha, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Esta cifra representa más del cuádruple de la media estacional a largo plazo y supera los registros de años anteriores como 2022, cuando se quemaron alrededor de 306.000 hectáreas. Los incendios han afectado principalmente al norte y oeste del país, con focos activos en regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias, donde se han registrado más de 40 incendios activos en un momento dado. Hasta el 21 de agosto, se han evacuado más de 31.000 personas, y se reportan al menos cuatro muertes directas relacionadas con los fuegos, además de 1.149 muertes en exceso atribuidas al calor que ha impulsado las llamas.  La situación ha obligado a cerrar tramos del Camino de Santiago, suspender servicios ferroviarios y bloquear carreteras, interrumpiendo la vida cotidiana y el turismo en áreas clave.

Los incendios han mostrado una intensidad sin precedentes, con emisiones de carbono que han pasado de niveles por debajo de la media a récords históricos en solo una semana, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS). Hasta el 18 de agosto, las emisiones acumuladas superan las de cualquier año desde 2003, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono y partículas finas PM2.5 que han degradado la calidad del aire en amplias zonas de España y han llegado incluso a Francia, Reino Unido y Escandinavia. En Galicia, por ejemplo, se han quemado 62.000 hectáreas en la provincia de Ourense, mientras que en Extremadura, un incendio en Jarilla ha consumido 12.000 hectáreas. Estos fuegos no solo han destruido bosques y vegetación, sino que han reducido pueblos enteros a cenizas, como se ha visto en áreas rurales despobladas donde la acumulación de biomasa sin gestionar ha actuado como combustible.

Históricamente, España ha sufrido temporadas graves de incendios, pero 2025 destaca por la rapidez del aumento: hasta el 5 de agosto, se habían quemado solo 47.000 hectáreas, pero en los siguientes 13 días, la cifra se multiplicó por siete. Comparado con 2024, cuando se quemaron apenas 42.000 hectáreas en todo el año, el contraste es alarmante y pone en evidencia un deterioro acelerado. Los expertos atribuyen esto a una combinación de factores, incluyendo olas de calor prolongadas con temperaturas superiores a 45°C, sequías persistentes y el cambio climático, que ha hecho que Europa se caliente al doble de la tasa global desde los años 80. Sin embargo, no se puede ignorar el factor humano: hasta ahora, se han detenido 37 personas por sospecha de incendios intencionados y se investigan a otras 89, lo que representa una proporción significativa de los casos. Esta incidencia de arsonismo revela fallos en la vigilancia y en las políticas de prevención, que no han logrado disuadir actos deliberados en un contexto de vulnerabilidad ambiental creciente.

La respuesta del gobierno central ha sido objeto de duras críticas por su lentitud y falta de coordinación inicial. El primer ministro Pedro Sánchez no regresó de sus vacaciones hasta el 17 de agosto, a pesar de que los incendios se intensificaron desde principios de mes, lo que ha sido calificado por la oposición como una ausencia irresponsable. Solo el 13 de agosto se activó por primera vez el Mecanismo Europeo de Protección Civil para incendios forestales, solicitando aviones anfibios que llegaron días después desde Italia y Francia. Aunque se han desplegado 3.400 soldados del ejército y 50 aeronaves, junto con refuerzos de países como Alemania, República Checa, Finlandia, Francia, Países Bajos y Eslovaquia, la movilización ha sido tardía en comparación con la escala de la crisis. Críticos, incluyendo al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, han acusado al gobierno de escatimar en recursos iniciales y de improvisar, ignorando peticiones de más tropas en las zonas más afectadas. Además, un informe de junio del Tribunal de Cuentas Europeo ha expuesto sistemas obsoletos y debilidades en la prevención regional, lo que subraya una negligencia estructural en la preparación.

En el ámbito regional, las respuestas han variado, pero también han revelado deficiencias. En Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado un plan de ayudas con 500 euros para evacuados y hasta 185.000 euros para quienes perdieron sus hogares, pero esto llega después de que la región rechazara inicialmente medios militares por no haberlos solicitado formalmente. En Galicia, donde la despoblación y la vegetación no gestionada han agravado los fuegos, agricultores y voluntarios han actuado como primeros respondedores, pero dos voluntarios han muerto, destacando la falta de coordinación y entrenamiento adecuado. Expertos como el ecólogo Adrian Regos han señalado que la acumulación de combustible en áreas abandonadas es un problema crónico no abordado por políticas de gestión territorial. En Extremadura, el enfoque en el incendio de Jarilla ha requerido apoyo internacional, pero la dependencia de ayuda externa revela una insuficiencia en recursos locales.

Los impactos ambientales son profundos y de largo alcance. Los incendios han destruido hábitats críticos, liberando emisiones que contribuyen al calentamiento global y degradando la calidad del aire, con concentraciones de PM2.5 superando las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cientos de kilómetros a la redonda. Esto ha afectado la salud pública, exacerbando problemas respiratorios y cardiovasculares, y ha extendido el humo más allá de las fronteras españolas. Económicamente, los costes son astronómicos: la destrucción de 391.000 hectáreas implica pérdidas en agricultura, ganadería y turismo, con estimaciones preliminares que superan los miles de millones de euros, sin contar la reconstrucción y las indemnizaciones. Socialmente, las evacuaciones han desplazado comunidades enteras, y la despoblación rural se acelera al destruirse medios de vida, perpetuando un ciclo de abandono que favorece futuros incendios.

La crítica más severa se dirige a las fallas en la prevención. A pesar de advertencias científicas sobre el aumento de riesgos por el cambio climático, las inversiones en gestión forestal, limpieza de biomasa y sistemas de alerta temprana han sido inadecuadas. Políticas verdes existentes han sido acusadas por algunos de impedir la limpieza de áreas rurales, contribuyendo indirectamente a la acumulación de combustible. El gobierno ha propuesto un pacto estatal para convertir políticas de emergencia climática en permanentes, pero opositores lo ven como una maniobra para desviar críticas en lugar de una solución concreta. En un contexto donde el 90% de los incendios son causados por humanos, ya sea por negligencia o intencionalmente, la ausencia de campañas educativas robustas y sanciones más estrictas es inexcusable.

Mirando al futuro, la estabilización de algunos fuegos gracias a pronósticos más frescos ofrece un respiro, pero no resuelve los problemas subyacentes. España debe invertir urgentemente en tecnologías de monitoreo satelital, brigadas forestales permanentes y reformas agrarias para gestionar el territorio de manera sostenible. Sin embargo, el historial de improvisación y politización de las crisis sugiere que, sin un compromiso genuino y no partidista, temporadas como esta se repetirán con mayor frecuencia y severidad, agravando la vulnerabilidad del país ante el cambio climático. Las autoridades deben rendir cuentas por las vidas perdidas y los daños evitables, priorizando acciones concretas sobre declaraciones retóricas.