Santos Cerdán en Prisión

El lunes 30 de junio de 2025, un terremoto político sacudió España con el ingreso en prisión provisional sin fianza de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el Centro Penitenciario Madrid V, conocido como Soto del Real. La decisión, dictada por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, marca un hito en la investigación del caso Koldo, una presunta trama de corrupción que ha puesto en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio Partido Socialista. Cerdán, considerado hasta hace poco una figura clave en la estructura del PSOE y artífice de pactos políticos cruciales, enfrenta acusaciones de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en lo que representa el episodio más grave de una serie de escándalos que han erosionado la imagen del Ejecutivo progresista.

La investigación del caso Koldo, que lleva el nombre del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se centra en una supuesta red de corrupción dedicada al amaño de contratos de obra pública a cambio de comisiones ilegales. Según el auto judicial de 22 páginas emitido por el juez Puente, Cerdán desempeñaba un rol de “preeminencia” en esta organización, actuando como el principal gestor de las “mordidas” que se obtenían de constructoras como Servinabar 2000, S.L.U. y Acciona. El magistrado destaca que Cerdán no solo habría facilitado la introducción de Koldo García en el Ministerio de Transportes, sino que también se encargaba de reclamar y distribuir los fondos ilícitos entre los implicados, incluyendo a Ábalos y García. Esta posición central, junto con el riesgo de destrucción de pruebas y fuga, justificó la medida excepcional de prisión provisional, una decisión no aplicada a los otros dos investigados principales, Ábalos y García, quienes permanecen en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe entregado al Supremo, situó a Cerdán en el epicentro de la trama. Entre las pruebas clave se encuentran grabaciones incautadas en el domicilio de Koldo García en febrero de 2024, que el juez considera “elocuentes” y libres de manipulación. En uno de estos audios, Cerdán reprocha a García hablar de temas sensibles abiertamente, sugiriendo que se escriban en un papel y se destruyan, lo que el juez interpreta como un indicio de conciencia de ilegalidad. Además, la UCO descubrió un documento que acredita la adquisición por parte de Cerdán del 45% de Servinabar, una empresa que, pese a carecer de empleados y actividad significativa, obtuvo contratos públicos por casi 100 millones de euros. Este hallazgo, según el Consejo General del Notariado, podría estar vinculado a prácticas de evasión fiscal o blanqueo de capitales, reforzando las sospechas sobre el exdirigente socialista.

Durante su declaración ante el Supremo, Cerdán negó rotundamente las acusaciones. Afirmó no reconocerse en los audios, cuestionó su autenticidad y se presentó como víctima de una “persecución política” por su papel como “arquitecto” de los gobiernos progresistas de Sánchez. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Cerdán argumentó que su imputación responde a sus negociaciones con formaciones como el PNV, Bildu y Junts, especialmente en la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 y las investiduras de Sánchez. Incluso sugirió que el próximo objetivo sería el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus propios contactos con Junts. Sin embargo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, calificó sus explicaciones de “pobres”, “sesgadas” y “victimistas”, considerando que la carga incriminatoria contra Cerdán es sólida. Luzón destacó que los audios, grabados entre 2019 y 2023, muestran una operativa corrupta que se trasladó desde Navarra al Ministerio de Transportes, con Cerdán como figura clave.

El ingreso de Cerdán en Soto del Real, un centro penitenciario que ha albergado a figuras políticas como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato y líderes del procés catalán, marca un punto de inflexión en el caso Koldo. A su llegada, poco antes de las 17:00 horas del lunes, Cerdán fue trasladado en un furgón de la Guardia Civil acompañado por un vehículo policial de paisano. En el módulo de ingresos, fue sometido a los protocolos habituales: cacheo, toma de huellas, fotografía para la ficha penitenciaria y revisión médica. Durante un máximo de cinco días, permanecerá en este módulo, acompañado por un preso de confianza para prevenir autolesiones, antes de ser asignado a un módulo permanente, probablemente el número 10, reservado para presos primarios o de bajo conflicto, o el 12, conocido como “de respeto” por su enfoque en la convivencia. Fuentes penitenciarias señalan que el exdirigente, sin teléfono ni pertenencias personales, enfrentará un proceso de adaptación que puede durar semanas, en un entorno descrito como “traumático” para alguien de su perfil.

La reacción política no se hizo esperar. El PSOE, que expulsó a Cerdán tras su imputación y la renuncia a su escaño, ha intentado desvincularse del caso. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, calificó la situación de “dolorosa” pero subrayó la “contundencia” del partido al expulsarlo, recordando que Cerdán ya no es militante. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, admitió que la imagen de Cerdán en prisión es “desgarradora” y “decepcionante”, pero negó indicios de financiación irregular del PSOE y reafirmó la intención del Ejecutivo de agotar la legislatura hasta 2027. El presidente Pedro Sánchez, desde una cumbre de la ONU en Sevilla, defendió la actuación del partido y pidió que la justicia determine las responsabilidades, evitando pronunciarse sobre un posible adelanto electoral.

La oposición, por su parte, ha aprovechado el caso para arremeter contra el Gobierno. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, calificó el ingreso de Cerdán como un “salto cualitativo” en la trama y exigió la dimisión de Sánchez, acusándolo de ser el “jefe” de una “organización criminal”. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el portavoz Miguel Tellado instaron a los socios parlamentarios del PSOE, como ERC y Junts, a retirar su apoyo, mientras exploran una posible moción de censura, aunque sin candidato ni programa definidos. Vox, liderado por Santiago Abascal, fue más allá, señalando directamente a Sánchez como el próximo objetivo: “No basta con uno. Falta el UNO”. Sumar, socio de coalición del PSOE, pidió “celeridad” en medidas contra la corrupción, mientras su co-coordinadora, Lara Hernández, señaló que la financiación ilegal del PSOE sería una “línea roja” para su apoyo.

La prensa internacional, desde Euronews hasta The Guardian, ha destacado la gravedad del caso, señalando que el ingreso de Cerdán es el escándalo más serio que enfrenta el Gobierno de Sánchez. Algunos medios, como La Razón, citan titulares extranjeros que apuntan a la responsabilidad del presidente, con frases como “Esperaremos a ver qué sabía Sánchez”. En España, el impacto político es innegable: el caso ha desbaratado la estrategia del PSOE a pocos días de un crítico comité federal, y la oposición busca capitalizar el escándalo para erosionar la estabilidad del Ejecutivo.

A pesar de las acusaciones, la investigación está en una fase inicial, y aún no se ha esclarecido el destino final de los fondos presuntamente obtenidos. La falta de registros domiciliarios en el caso de Cerdán, a diferencia de Ábalos y García, y la ausencia de un análisis exhaustivo de su patrimonio plantean interrogantes sobre la solidez de las pruebas. Sin embargo, el juez Puente enfatizó la “consistencia indiciaria” de los audios y documentos, que sugieren que Cerdán gestionó al menos 620.000 euros en comisiones. La posible implicación de otras personas físicas o jurídicas, así como la hipótesis de una financiación irregular del PSOE, siguen siendo líneas abiertas, aunque hasta ahora no hay indicios concretos al respecto.

El ingreso de Santos Cerdán en prisión no solo representa un golpe para el PSOE, sino también un recordatorio de la fragilidad de la confianza pública en las instituciones. Mientras el exdirigente enfrenta sus primeros días en Soto del Real, el Gobierno de Sánchez se prepara para navegar una tormenta política que podría redefinir el futuro de la legislatura. La justicia, como señaló Sánchez, “debe llegar hasta el final”, pero el camino hacia la verdad promete ser largo y lleno de repercusiones.