La era después de Estados Unidos

Durante décadas, buena parte de la política internacional se construyó sobre una premisa que rara vez necesitaba ser explicada: Estados Unidos estaría ahí. No necesariamente para resolver cada crisis, impedir cada guerra o convencer a todos los países de aceptar las mismas reglas, pero sí para sostener buena parte de la arquitectura que había contribuido a levantar después de 1945 y que había reforzado tras el final de la Guerra Fría. Esa expectativa permitió a Europa dedicar recursos a su prosperidad, a numerosas potencias medias limitar sus capacidades militares y a las instituciones multilaterales desempeñar un papel que, aunque nunca estuvo libre de contradicciones, otorgaba cierta previsibilidad a las relaciones entre Estados. El problema actual no es solamente que ese sistema esté siendo cuestionado. Es que cada vez resulta más difícil encontrar a alguien dispuesto a asumir los costes de mantenerlo.

La transformación no se ha producido de un día para otro. Tampoco comenzó con Donald Trump. El ascenso económico y tecnológico de China, el regreso de Rusia como potencia revisionista, la aparición de nuevas potencias regionales, el debilitamiento de determinados mecanismos multilaterales y el creciente rechazo a la hegemonía estadounidense ya estaban modificando el equilibrio internacional mucho antes de la segunda presidencia de Trump. Lo que ha cambiado con Washington es la velocidad y, sobre todo, la naturaleza política del proceso. Estados Unidos ya no se limita a reducir progresivamente su implicación en determinadas áreas: en algunos casos cuestiona abiertamente las instituciones, alianzas y compromisos que durante décadas fueron considerados instrumentos de su propia influencia.

Eso introduce una diferencia fundamental. Un orden internacional puede sobrevivir a la violación ocasional de sus reglas. De hecho, ninguno ha sido completamente respetuoso con ellas. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es un sistema en el que las principales potencias dejan de compartir incluso la idea de que existe un marco común que deba ser preservado. Cuando las reglas continúan escritas pero dejan de determinar el comportamiento de los Estados, la arquitectura institucional puede permanecer en pie mientras su capacidad real se vacía desde dentro.

Las instituciones internacionales ofrecen hoy una imagen particularmente incómoda de esa contradicción. La Asamblea General de Naciones Unidas continúa reuniéndose, el Consejo de Seguridad sigue votando resoluciones, la Organización Mundial del Comercio mantiene sus procedimientos y las conferencias climáticas siguen reuniendo a gobiernos de todo el planeta. Pero la existencia formal de esas instituciones no garantiza que tengan capacidad para producir los resultados que se esperaba de ellas. Una organización puede conservar sus edificios, sus funcionarios, sus procedimientos y sus reuniones mientras pierde progresivamente la capacidad de modificar el comportamiento de los actores que importan.

En ningún lugar se aprecia mejor esta tensión que en la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Durante años, la dependencia europea de Washington fue una cuestión estructural, no una circunstancia coyuntural. Estados Unidos proporcionaba una parte esencial de las capacidades militares de la OTAN, asumía una proporción considerable del coste estratégico de la defensa occidental y mantenía una red de alianzas que servía simultáneamente a los intereses estadounidenses y a la seguridad de sus socios. Europa podía discutir cuánto debía gastar en defensa porque la cuestión fundamental —quién garantizaba en última instancia la seguridad del continente— parecía resuelta.

Ahora esa certeza se ha convertido en una pregunta.

La reacción europea ha sido reveladora. Los gobiernos han aumentado sus presupuestos militares, han anunciado nuevos programas de rearme y han comenzado a hablar con mucha mayor seriedad de autonomía estratégica. Pero, al mismo tiempo, una parte de Europa continúa intentando conservar intacta la relación de dependencia que durante décadas le proporcionó estabilidad. El resultado es una política exterior que todavía combina dos premisas difícilmente compatibles: la necesidad de prepararse para un mundo en el que Estados Unidos pueda no estar siempre disponible y la esperanza de que Washington continúe actuando exactamente como lo hizo en el pasado.

La cumbre de la OTAN de julio de 2026 expuso esa contradicción con especial claridad. El compromiso europeo de incrementar sustancialmente el gasto en defensa puede interpretarse como una respuesta lógica a un entorno estratégico más peligroso. Pero también puede leerse como un intento de satisfacer las exigencias de la Casa Blanca para preservar una relación cuya naturaleza está cambiando. La diferencia es importante. Un aumento del gasto militar diseñado a partir de las necesidades estratégicas europeas constituye una política de seguridad. Un aumento diseñado principalmente para evitar que Estados Unidos abandone Europa constituye una política de dependencia.

La cuestión no es menor porque el problema europeo no consiste únicamente en cuánto dinero se destina a defensa. Europa debe decidir qué tipo de capacidades necesita, qué industrias quiere conservar dentro de sus fronteras, qué grado de autonomía tecnológica considera indispensable y hasta qué punto está dispuesta a asumir que determinadas decisiones estratégicas tendrán que tomarse sin esperar previamente la aprobación estadounidense. Comprar más armas no equivale automáticamente a adquirir más autonomía. Una Europa que aumentara significativamente su gasto militar pero continuara dependiendo de Estados Unidos para inteligencia, sistemas de mando, determinadas tecnologías, logística, munición, satélites o capacidades de largo alcance seguiría teniendo una autonomía limitada.

Washington, además, no necesita abandonar formalmente sus alianzas para transformar su funcionamiento. Basta con introducir incertidumbre sobre su disposición a cumplir determinados compromisos. En política internacional, la credibilidad no depende exclusivamente de lo que un tratado diga, sino de que los demás Estados crean que sus obligaciones serán respetadas cuando llegue el momento de asumir costes. Una alianza puede sobrevivir jurídicamente durante años mientras su valor estratégico se deteriora mucho antes.

Ese deterioro no se limita a Europa. Japón, Corea del Sur y Australia observan la evolución estadounidense con una preocupación similar, aunque desde posiciones distintas. Para ellos, la cuestión es especialmente delicada porque el ascenso de China no constituye una hipótesis futura, sino una realidad económica, militar y tecnológica que condiciona directamente su seguridad. AUKUS y otras iniciativas de cooperación en el Indo-Pacífico representan intentos de reforzar esa arquitectura, pero también muestran hasta qué punto los aliados estadounidenses están tratando de protegerse frente a una incertidumbre que hace apenas unos años parecía mucho menor.

La consecuencia es un cambio de comportamiento. Los Estados comienzan a cubrirse frente a distintos escenarios en lugar de apostar todo su futuro a uno solo. India mantiene relaciones con Estados Unidos al mismo tiempo que conserva vínculos con Rusia y participa activamente en agrupaciones como los BRICS. Turquía coopera con Occidente en determinados ámbitos mientras mantiene canales propios con Moscú y otras potencias. Arabia Saudí y otros países del Golfo intentan preservar sus relaciones con Washington mientras desarrollan conexiones económicas y diplomáticas con Pekín. Brasil busca margen de maniobra entre los grandes bloques. Incluso países tradicionalmente identificados con una determinada esfera de influencia están explorando alternativas.

No se trata necesariamente de una nueva Guerra Fría. De hecho, esa comparación puede resultar engañosa. Durante la Guerra Fría existían dos grandes estructuras relativamente reconocibles, con alianzas, instituciones y sistemas económicos claramente diferenciados. El escenario que está emergiendo es mucho menos ordenado. Los países pueden cooperar militarmente con una potencia, comerciar con otra, depender tecnológicamente de una tercera y votar de manera diferente en Naciones Unidas. Las fronteras entre bloques son mucho más porosas y las alianzas, mucho más transaccionales.

La fragmentación también está entrando en la economía.

Durante buena parte de la globalización, las cadenas de suministro internacionales se organizaron alrededor de una lógica relativamente sencilla: producir cada componente allí donde resultara más eficiente y transportar después las mercancías a través de una red mundial cada vez más integrada. La seguridad de ese sistema dependía de que los principales actores considerasen beneficioso mantener abiertas las rutas comerciales. La economía internacional no estaba separada de la geopolítica, pero durante años se consiguió que muchas de sus interdependencias funcionaran como incentivos para la cooperación.

Ahora esas mismas interdependencias empiezan a convertirse en instrumentos de presión.

Los aranceles estadounidenses, los controles chinos sobre determinadas exportaciones, las políticas industriales europeas, las restricciones tecnológicas y el uso creciente de sanciones han creado un entorno en el que la eficiencia deja de ser el único criterio para organizar una cadena de suministro. La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta producir algo, sino quién controla los recursos necesarios para fabricarlo, dónde se encuentran las plantas, qué legislación puede aplicarse sobre ellas y qué ocurriría si una crisis política interrumpiera su funcionamiento.

El cambio puede parecer técnico hasta que se observa su dimensión estratégica. Un semiconductor no es solamente un componente industrial. Una tierra rara no es solamente una materia prima. Un puerto no es solamente una infraestructura comercial. Un sistema de pagos no es solamente una herramienta financiera. Cada uno puede convertirse en un punto de presión cuando las relaciones entre Estados se deterioran.

La globalización creó una red extraordinariamente eficiente, pero también extraordinariamente interdependiente. Esa interdependencia funcionó durante años bajo la expectativa de que los principales participantes no utilizarían sistemáticamente sus posiciones de ventaja para bloquear al resto. Esa expectativa se está debilitando.

La guerra de Ucrania ofreció una de las demostraciones más claras. Las sanciones financieras occidentales contra Rusia mostraron hasta qué punto el sistema financiero internacional podía convertirse en un instrumento geopolítico. La exclusión de bancos rusos de determinadas infraestructuras financieras y la congelación de reservas del banco central ruso establecieron un precedente de enorme importancia: las infraestructuras globales no son necesariamente neutrales cuando quienes las controlan deciden utilizarlas como herramientas de política exterior.

China ha tomado nota.

Pekín lleva años reduciendo determinadas vulnerabilidades y desarrollando mecanismos propios de control de exportaciones. Su posición dominante en numerosos segmentos de la cadena de las tierras raras le proporciona una capacidad de presión que no depende exclusivamente de su tamaño económico. La ventaja no consiste únicamente en poseer recursos naturales, sino en controlar partes críticas de su extracción, procesamiento y transformación industrial. En un mundo en el que la transición energética y la digitalización multiplican la demanda de determinados materiales, esa posición adquiere un valor estratégico considerable.

La lógica puede extenderse prácticamente a cualquier sector. Estados Unidos conserva posiciones extraordinarias en tecnología, finanzas y software. China tiene ventajas en minerales críticos, manufactura y determinadas cadenas industriales. Europa mantiene activos importantes en aeronáutica, industria avanzada, bienes de capital, regulación y determinados mercados de consumo. Cada potencia tiene, en definitiva, sus propios puntos de presión.

El problema aparece cuando todos empiezan a utilizarlos simultáneamente.

Una economía mundial fragmentada no necesita que todos los países levanten barreras comerciales absolutas. Basta con que aumenten los controles, las restricciones, las sanciones, los requisitos tecnológicos y las excepciones nacionales para que el coste de operar internacionalmente se incremente de manera sustancial. El comercio no desaparece, pero deja de funcionar como antes. Los productos deben recorrer rutas alternativas, las empresas duplican proveedores, los gobiernos subvencionan industrias consideradas estratégicas y las compañías acumulan inventarios para protegerse de posibles interrupciones.

La eficiencia pierde terreno frente a la resiliencia.

Eso tiene consecuencias que van mucho más allá de los balances empresariales. Si cada Estado considera estratégica su propia producción de energía, alimentos, medicamentos, semiconductores, inteligencia artificial o equipamiento militar, la economía mundial tenderá a acumular redundancias. Esa duplicación puede aumentar la seguridad nacional, pero también elevar costes, reducir eficiencia y acelerar la competición industrial. La economía internacional empieza entonces a parecerse cada vez más a una cuestión de seguridad.

La energía ofrece otro ejemplo. La guerra de Ucrania obligó a Europa a reconsiderar hasta qué punto su dependencia del gas ruso constituía una vulnerabilidad estratégica. Las rutas marítimas han demostrado también que la geografía sigue teniendo una importancia que la globalización tecnológica no ha eliminado. El estrecho de Ormuz, el canal de Suez, Bab el-Mandeb y el estrecho de Malaca concentran flujos comerciales cuya interrupción puede producir efectos globales en cuestión de días.

Lo que está cambiando es que los grandes puntos de paso ya no están solamente expuestos a las grandes potencias. Los hutíes demostraron que un actor no estatal puede alterar una de las principales rutas marítimas del planeta utilizando capacidades relativamente baratas. La proliferación de drones y misiles de bajo coste modifica además el cálculo militar: sistemas que cuestan relativamente poco pueden obligar al adversario a emplear defensas mucho más caras.

La consecuencia es una inversión parcial de una de las premisas militares de las últimas décadas. Durante mucho tiempo, la superioridad tecnológica de las grandes potencias parecía suficiente para garantizar una ventaja prácticamente incontestable. Las guerras de los últimos años han demostrado que la tecnología barata, producida en grandes cantidades y utilizada con inteligencia, puede complicar considerablemente esa superioridad.

Eso afecta también a Europa. Un continente acostumbrado a depender de capacidades estadounidenses debe asumir que el futuro de su defensa no pasa únicamente por adquirir sistemas más sofisticados, sino por disponer de suficientes capacidades para sostener una guerra prolongada. Munición, drones, defensa aérea, producción industrial, inteligencia, logística y capacidad de reparación pueden ser tan importantes como las plataformas más avanzadas.

La guerra moderna está reduciendo, en determinados ámbitos, la distancia entre la industria civil y la militar. La inteligencia artificial, los satélites comerciales, los sistemas autónomos, los drones y determinados componentes electrónicos se encuentran en cadenas de producción que ya no pertenecen exclusivamente al complejo militar. Esto significa que la capacidad industrial de un Estado se convierte progresivamente en una cuestión de seguridad nacional.

Pero existe otra transformación menos visible y posiblemente más profunda: la pérdida de una realidad compartida.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética podían mantener interpretaciones radicalmente diferentes del mundo y, aun así, reconocer determinados elementos básicos del sistema internacional. Hoy, las sociedades están conectadas por una infraestructura digital que permite que millones de personas reciban información de manera instantánea, pero esa misma infraestructura facilita que vivan en universos informativos completamente diferentes.

La consecuencia geopolítica es relevante. Una negociación necesita, como mínimo, que las partes puedan identificar los hechos sobre los que están negociando. Si ni siquiera existe acuerdo sobre qué ocurrió, quién atacó primero, si existe un alto el fuego o quién está obteniendo ventaja, la diplomacia se vuelve mucho más difícil.

La desinformación no es nueva. Lo nuevo es la escala, la velocidad y la capacidad de personalización. Los Estados pueden influir sobre poblaciones extranjeras, pero también empresas, grupos políticos, redes organizadas e individuos pueden participar en esa batalla. La información se ha convertido en un espacio de competencia internacional en el que la frontera entre propaganda, comunicación política y manipulación resulta cada vez más difícil de delimitar.

Esto tiene un efecto directo sobre la estabilidad. Las democracias dependen de una cierta capacidad para discutir sobre hechos compartidos. Cuando esa base desaparece, la política exterior se vuelve más vulnerable a las emociones internas, a las campañas de presión y a las interpretaciones interesadas. Un gobierno puede encontrarse negociando con otro mientras ambos están sometidos a audiencias nacionales que interpretan los mismos acontecimientos de maneras incompatibles.

La guerra también está escapando progresivamente de los límites que durante décadas se intentaron establecer alrededor de determinados comportamientos. Los ataques contra infraestructuras civiles, las operaciones de sabotaje, los asesinatos selectivos y el uso de terceros países como escenarios de enfrentamiento han ido normalizándose en distintos conflictos. Las reglas internacionales continúan existiendo, pero la distancia entre su formulación jurídica y su aplicación efectiva es cada vez más evidente.

Esto no significa que el derecho internacional haya dejado de existir. Significa algo más incómodo: que su capacidad de disuasión depende de que los actores tengan incentivos suficientes para respetarlo. Cuando esos incentivos desaparecen, una norma puede continuar siendo legalmente válida y políticamente irrelevante.

La proliferación nuclear constituye quizá el ejemplo más peligroso de esta lógica. Durante décadas, el régimen de no proliferación funcionó, con enormes limitaciones, porque muchos Estados aceptaron renunciar a determinadas capacidades a cambio de garantías de seguridad, cooperación internacional o la expectativa de que el sistema existente seguiría siendo relativamente estable. Si esas garantías pierden credibilidad, la pregunta que se harán algunos gobiernos puede cambiar radicalmente. Ya no será si necesitan un arma nuclear, sino cuánto les costaría obtenerla y qué riesgos asumirían si no lo hicieran.

Ese razonamiento puede extenderse a países que hasta ahora han confiado en alianzas externas para garantizar su seguridad. Si los gobiernos concluyen que en una crisis deberán valerse por sí mismos, aumentarán sus incentivos para desarrollar capacidades militares propias. El resultado puede ser una carrera de seguridad regional sin necesidad de que exista una carrera armamentística global coordinada.

En Oriente Medio, Asia y Europa existen suficientes conflictos territoriales, rivalidades históricas y disputas por recursos como para que la pérdida de mecanismos de contención tenga consecuencias. Taiwán constituye probablemente el caso más importante, pero no es el único. Las disputas territoriales entre Venezuela y Guyana, las tensiones en el Cuerno de África o la situación de determinados territorios fronterizos europeos muestran que la estabilidad internacional depende también de que los Estados consideren demasiado costoso modificar las fronteras mediante la fuerza.

Cuando esa percepción cambia, incluso una disputa aparentemente localizada puede adquirir dimensiones mayores.

El verdadero problema, por tanto, no es únicamente que existan más conflictos. Es que los conflictos comienzan a conectarse entre sí. Una crisis energética puede convertirse en una crisis alimentaria. Una guerra regional puede alterar las cadenas de suministro. Un bloqueo marítimo puede disparar la inflación en países situados a miles de kilómetros. Una sanción financiera puede acelerar la creación de sistemas de pagos alternativos. Una disputa tecnológica puede terminar afectando a la política de defensa.

La política internacional está perdiendo compartimentos estancos.

Durante años, los gobiernos pudieron mantener una relativa separación entre economía, seguridad, tecnología y diplomacia. Esa separación resulta cada vez menos sostenible. Un contrato tecnológico puede tener implicaciones estratégicas.

Una inversión portuaria puede tener implicaciones militares. Una política industrial puede convertirse en una herramienta de política exterior. Una empresa privada puede controlar una infraestructura de la que dependen gobiernos enteros.

El poder, en consecuencia, ya no puede medirse únicamente por el PIB o el número de soldados. También depende de quién controla los sistemas de los que los demás no pueden prescindir.

Los estrechos marítimos son importantes porque permiten controlar el tránsito.

Las plataformas digitales lo son porque pueden convertirse en infraestructuras esenciales de información. Los sistemas financieros importan porque determinan quién puede realizar transacciones. Los minerales críticos importan porque condicionan la fabricación de tecnologías avanzadas. Los semiconductores importan porque se encuentran en prácticamente todos los sectores estratégicos.

El siglo XXI está construyendo una geopolítica de los puntos de estrangulamiento.

Y cuanto más interconectado está el mundo, más numerosos son esos puntos.

La paradoja es evidente. La globalización multiplicó las conexiones entre Estados y empresas con la esperanza de que la dependencia mutua redujera los incentivos para la guerra. En determinados casos funcionó. Pero la misma dependencia puede utilizarse ahora para ejercer presión. Las redes que antes reducían la distancia entre países pueden convertirse en redes de vulnerabilidad.

La respuesta de muchos gobiernos está siendo reducir esa vulnerabilidad. Estados Unidos quiere disminuir determinadas dependencias respecto a China. China busca reducir su exposición a la tecnología estadounidense. Europa intenta evitar depender excesivamente de cualquiera de los dos. India pretende conservar margen de maniobra. Los países del Golfo diversifican sus relaciones. El resultado no es la desaparición de la globalización, sino su transformación.

El mundo no se está dividiendo necesariamente en dos. Se está volviendo más difícil de clasificar.

Ese escenario exige también revisar una idea profundamente arraigada en las capitales occidentales: la posibilidad de reconstruir el orden internacional mediante una gran reforma institucional. Reformar Naciones Unidas, desbloquear la Organización Mundial del Comercio, fortalecer los tribunales internacionales o negociar nuevos tratados puede ser deseable. Pero ninguna reforma institucional puede sustituir por sí misma al poder político necesario para hacer cumplir sus decisiones.

El orden internacional posterior a 1945 no fue producto exclusivamente de unas buenas normas. Fue producto de normas respaldadas por una distribución concreta del poder. Estados Unidos y sus aliados estaban dispuestos a asumir costes extraordinarios para sostener determinadas instituciones porque consideraban que el sistema beneficiaba a sus intereses. Cuando la potencia que sostiene una arquitectura reduce su disposición a pagar por ella, las instituciones pueden conservar su estructura y perder parte de su capacidad.

Ese es uno de los errores más habituales en el debate europeo: confundir la supervivencia jurídica de una institución con su capacidad estratégica.

La alternativa no tiene por qué ser abandonar el multilateralismo. Puede ser utilizarlo de una manera diferente. En lugar de esperar que una única organización global resuelva cada problema, los Estados pueden construir redes más pequeñas, acuerdos regionales y mecanismos sectoriales. La política climática, la defensa, la regulación tecnológica, el comercio, la seguridad energética y la cooperación científica no tienen necesariamente que estar gobernados por una única arquitectura.

En ese sentido, el futuro puede parecer menos a un sistema internacional organizado alrededor de una institución central y más a una red de instituciones parcialmente superpuestas.

China ya ha desarrollado buena parte de su política exterior siguiendo esa lógica.

Los BRICS ampliados, la Organización de Cooperación de Shanghái y otras plataformas proporcionan espacios de cooperación sin necesidad de constituir una alianza tradicional. Su flexibilidad es precisamente parte de su atractivo. No exigen que todos los participantes compartan una misma visión del mundo para poder cooperar en determinados ámbitos.

Otros países están haciendo algo parecido. India puede participar simultáneamente en organizaciones con intereses contradictorios porque su objetivo no es escoger definitivamente un bloque, sino maximizar su margen de maniobra. Brasil puede relacionarse con Washington, Pekín, Bruselas y Moscú sin necesidad de convertir cada relación en una declaración de alineamiento. Turquía ha utilizado durante años una estrategia similar.

Europa, en cambio, todavía está aprendiendo a pensar de esa manera.

Su tradición política favorece la construcción institucional, la regulación y la búsqueda de acuerdos amplios. Esa tradición ha producido resultados extraordinarios dentro de la Unión Europea, pero no puede trasladarse automáticamente al sistema internacional. La UE puede crear un mercado único porque dispone de instituciones supranacionales con capacidad regulatoria. No puede imponer el mismo modelo al resto del planeta.

La cuestión para Europa será determinar qué partes del antiguo orden merece la pena conservar y cuáles ya no pueden constituir la base de su estrategia. La respuesta probablemente no consistirá en elegir entre Estados Unidos y una supuesta autonomía europea absoluta. Europa seguirá necesitando a Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero necesitar a Washington no debería significar depender de que Washington decida permanentemente qué necesita Europa.

La diferencia entre alianza y dependencia empieza precisamente ahí.

Una Europa más capaz militarmente, tecnológicamente y energéticamente no tendría por qué ser menos atlántica. Podría ser, paradójicamente, una aliada más sólida porque estaría en condiciones de asumir responsabilidades que durante décadas delegó. El problema sería seguir aumentando el gasto sin transformar la estructura de dependencia que ese gasto pretende solucionar.

La misma lógica se aplica a la tecnología. La soberanía tecnológica no exige que cada país fabrique su propio sistema operativo, sus propios procesadores o cada componente de una cadena industrial. Exige saber qué dependencias serían intolerables en una crisis y disponer de alternativas suficientes para que ninguna empresa o Estado pueda utilizar una posición dominante como mecanismo de coerción.

Los contratos públicos desempeñarán un papel creciente en esa estrategia. Un Estado que compra infraestructura digital, inteligencia artificial, sistemas de datos o servicios esenciales a un único proveedor puede estar creando un nuevo punto de vulnerabilidad. La competencia, la interoperabilidad y la portabilidad de los datos dejan entonces de ser cuestiones puramente económicas para convertirse en elementos de seguridad nacional.

La misma transformación puede producirse en sectores mucho menos sofisticados. Tener reservas energéticas, rutas comerciales alternativas, capacidad farmacéutica, producción de munición o suficientes proveedores alimentarios puede parecer ineficiente en tiempos de estabilidad. En tiempos de crisis, puede convertirse en la diferencia entre tener capacidad de decisión y verse obligado a aceptar las condiciones de otro.

Ese es el dilema que está apareciendo en prácticamente todas las democracias avanzadas: cuánto están dispuestas a pagar por reducir dependencias que durante años parecieron económicamente racionales.

La respuesta no puede ser eliminar toda dependencia. Ningún país puede producirlo todo. El objetivo tendrá que ser seleccionar cuidadosamente aquellas dependencias que resultan estratégicamente peligrosas y reducirlas sin destruir las ventajas de la interdependencia. Una economía completamente autosuficiente sería inviable; una economía completamente dependiente sería vulnerable. La política de los próximos años se moverá entre esos dos extremos.

También cambiará la diplomacia.

Cuando las grandes potencias ya no pueden imponer acuerdos globales con la misma facilidad, los Estados pequeños y medianos adquieren una importancia diferente. Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Noruega o Pakistán pueden desempeñar funciones de mediación precisamente porque no controlan por completo ninguno de los grandes bloques. La diplomacia del futuro podría depender menos de las grandes conferencias internacionales y más de una multitud de negociaciones parciales, intermediarios y acuerdos temporales.

Eso implica abandonar una expectativa cómoda: que cada conflicto debe terminar con un acuerdo definitivo.

En un sistema internacional más fragmentado, muchos conflictos podrían gestionarse mediante treguas, acuerdos limitados, intercambios concretos y mecanismos de contención. No es necesariamente una solución satisfactoria. Pero puede ser más realista que esperar durante años a que todas las partes acepten un tratado que resuelva simultáneamente las cuestiones territoriales, económicas, jurídicas y políticas de una guerra.

La diferencia es importante porque también cambia el horizonte temporal de la política exterior. Los gobiernos acostumbrados a pensar en grandes tratados tendrán que aprender a gestionar situaciones inestables durante largos periodos. La diplomacia podría parecerse menos a la construcción de una estructura definitiva y más a la gestión permanente de riesgos.

Ese cambio puede resultar incómodo para las democracias porque exige admitir incertidumbre. Los gobiernos prefieren anunciar estrategias, objetivos y compromisos claros. Pero un mundo fragmentado premia también la capacidad de corregir una política cuando cambian las circunstancias.

La flexibilidad, que durante años pudo parecer falta de determinación, puede convertirse en una ventaja estratégica.

No significa actuar sin principios. Significa distinguir entre principios y métodos. Un Estado puede mantener una posición firme respecto a la soberanía, los derechos humanos o el derecho internacional y, al mismo tiempo, utilizar distintos instrumentos para defender esos principios según el contexto. La rigidez estratégica no es necesariamente coherencia.

El viejo sistema internacional proporcionaba una sensación de estabilidad que permitía planificar a largo plazo. El nuevo entorno obliga a planificar mientras se acepta que determinadas premisas pueden desaparecer. La seguridad energética puede cambiar en meses. Una tecnología puede alterar el equilibrio militar en pocos años. Una crisis política puede cerrar una ruta comercial durante semanas. Una elección puede modificar la política exterior de una gran potencia.

La velocidad de cambio está aumentando al mismo tiempo que disminuye la capacidad de las instituciones para absorberlo.

Ahí aparece la cuestión central para las democracias occidentales: si están preparadas para dejar de gestionar el mundo que heredaron y empezar a gestionar el mundo que tienen delante.

Estados Unidos seguirá siendo una potencia extraordinaria. No hay señales que permitan pensar que vaya a desaparecer del centro de la política internacional.

Mantendrá una enorme capacidad militar, financiera y tecnológica, una red de alianzas incomparable y una influencia cultural que ninguna otra potencia puede reproducir fácilmente. Pero ser la principal potencia mundial no obliga a ejercer permanentemente el papel de garante universal del sistema.

China tampoco parece encaminada a sustituir simplemente a Estados Unidos como nuevo administrador del planeta. Su estrategia es más selectiva y pragmática. Pekín busca ampliar su influencia, proteger sus intereses y construir alternativas donde considera que las estructuras dominadas por Washington son vulnerables. No necesita crear una versión china de la arquitectura estadounidense para beneficiarse de su debilitamiento.

Y esa es quizá la característica más importante del momento actual: nadie parece estar en condiciones, ni necesariamente interesado, en reconstruir exactamente el mundo que está desapareciendo.

Por eso el escenario que se abre no es el de una nueva hegemonía perfectamente definida.

Es el de una competencia más dispersa, en la que los Estados buscarán proteger sus intereses mediante combinaciones cambiantes de alianzas, tecnología, comercio, capacidad militar y control de infraestructuras. Algunas instituciones sobrevivirán. Otras perderán influencia. Algunas reglas seguirán siendo respetadas. Otras serán ignoradas.

Algunas dependencias continuarán porque son demasiado útiles para abandonarlas; otras serán consideradas demasiado peligrosas para mantenerlas.

El mapa internacional seguirá mostrando las mismas fronteras, pero las relaciones que existen detrás de ellas serán diferentes.

Y mientras los gobiernos siguen hablando de restaurar un orden que durante décadas parecía permanente, cada vez más decisiones estratégicas se están tomando ya bajo otra lógica: no la de quién puede construir el sistema más estable, sino la de quién puede resistir mejor cuando ese sistema deja de funcionar.