La nueva élite de Estados Unidos ya no quiere influir en el poder

Durante décadas, una de las reglas no escritas de la política estadounidense fue que el dinero podía acercarse al poder, pero no necesariamente confundirse con él. Los grandes empresarios financiaban campañas, contrataban a los mejores abogados y grupos de presión de Washington, organizaban reuniones con congresistas y cultivaban relaciones personales con presidentes y altos funcionarios. Las grandes fortunas podían abrir prácticamente cualquier puerta en la capital, pero, al menos en apariencia, seguía existiendo una frontera entre quienes gobernaban el país y quienes acumulaban el capital necesario para influir sobre quienes lo gobernaban.

Esa frontera se ha ido haciendo más estrecha. Durante la segunda presidencia de Donald Trump, una parte extraordinariamente poderosa de la élite económica estadounidense ha dejado de limitarse a ejercer influencia desde fuera de las instituciones y ha comenzado a ocupar espacios dentro de ellas, alrededor de ellas o directamente conectados con ellas. No es un cambio meramente estético ni una consecuencia accidental de la personalidad del presidente. Es la expresión política de una transformación más profunda de la economía estadounidense: las personas que controlan algunas de las mayores concentraciones de capital del mundo también controlan empresas esenciales para la infraestructura tecnológica del país, plataformas con capacidad para alterar la conversación pública y redes personales que llegan directamente hasta la Casa Blanca.

Estados Unidos no se ha convertido en una oligarquía en el sentido clásico del término.

La cuestión, por tanto, no es si los ricos tienen influencia sobre la política estadounidense.

La han tenido prácticamente desde la fundación de la República. La cuestión es si está desapareciendo la distancia que tradicionalmente separaba al poder económico del poder político y si, en su lugar, está apareciendo una nueva clase de dirigentes para la que ambas cosas forman parte del mismo ecosistema.

La composición económica del Gobierno de Trump es una de las señales más evidentes.

Las estimaciones sobre el patrimonio conjunto de sus miembros del gabinete sitúan la cifra alrededor de los 7.500 millones de dólares. Si se añade la fortuna del propio presidente, el patrimonio asociado a la cúpula de la Administración asciende aproximadamente a 14.000 millones. Una cifra de semejante magnitud no demuestra por sí misma que exista una captura del Estado. El patrimonio de un ministro no determina automáticamente sus decisiones y ser rico no convierte a nadie en corrupto. Pero sí modifica la composición social de quienes toman las decisiones y, con ella, el tipo de experiencias, relaciones y prioridades que entran diariamente en los despachos de Washington.

Durante buena parte del siglo XX, la política estadounidense estuvo dominada por profesionales de la política, juristas, funcionarios, académicos y dirigentes con carreras desarrolladas dentro de las instituciones. La élite económica estaba cerca, pero generalmente permanecía fuera. En la actualidad, esa separación resulta mucho menos evidente. Empresarios, inversores y ejecutivos tecnológicos pueden pasar de financiar una campaña a convertirse en asesores, de participar en reuniones privadas a asumir funciones públicas y de influir sobre una política determinada a intervenir directamente en su diseño.

Silicon Valley es el caso más visible porque la revolución tecnológica ha creado una clase de multimillonarios diferente de la de las generaciones anteriores. No poseen solamente dinero. Poseen infraestructuras. Controlan plataformas utilizadas por cientos de millones de personas, empresas que desarrollan tecnologías estratégicas, redes de comunicación, grandes cantidades de datos y compañías cuya actividad tiene implicaciones directas para la seguridad nacional estadounidense. El poder económico de un magnate tecnológico contemporáneo puede, por tanto, extenderse simultáneamente sobre el mercado, la información y la política.

Eso cambia las reglas del juego.

Un banquero del siglo pasado podía influir sobre las condiciones de crédito. Un magnate de la prensa podía decidir qué noticias recibían mayor atención. Un industrial podía presionar para obtener aranceles favorables. El empresario tecnológico actual puede hacer las tres cosas de maneras diferentes y, además, disponer de una plataforma con la que comunicarse directamente con el público, financiar una campaña electoral y mantener una relación personal con el presidente de Estados Unidos.

El caso de Elon Musk ha convertido esa transformación en algo imposible de ignorar. Su apoyo económico y político a Trump, su presencia dentro del entorno presidencial y su participación en la reorganización del aparato federal hicieron visible una relación que en otra época habría resultado extraordinaria: un empresario privado de una riqueza gigantesca interviniendo directamente en la estructura administrativa del Gobierno mientras mantenía el control de empresas estratégicas y una de las plataformas de comunicación política más influyentes del mundo.

La controversia sobre Musk no se reduce, por tanto, a sus opiniones políticas. Lo verdaderamente relevante es la concentración de funciones. Empresario, inversor, propietario de una plataforma social, figura política y participante directo en la Administración dejaron de ser papeles separados. Durante un periodo, estuvieron reunidos en una misma persona.

Esa concentración plantea una pregunta que va mucho más allá de Trump: ¿qué ocurre cuando una fortuna privada alcanza una dimensión suficiente para proporcionar a su propietario herramientas de influencia que antes estaban reservadas a instituciones?

La respuesta no puede ser simplemente que el dinero siempre ha comprado influencia. La escala importa. También importa la velocidad. Y, sobre todo, importa la combinación.

Una fortuna puede financiar una campaña. Una plataforma puede movilizar millones de votantes. Una empresa tecnológica puede necesitar determinadas decisiones regulatorias. Una relación personal con el presidente puede facilitar el acceso. Una red de empresarios puede proporcionar apoyo financiero y político. Cada elemento, considerado por separado, puede ser perfectamente compatible con una democracia. El problema aparece cuando todos ellos se concentran alrededor de un mismo círculo.

Es entonces cuando comienza a hablarse de oligarquía.

El término resulta deliberadamente incómodo porque sugiere algo más serio que una simple influencia empresarial. Una oligarquía no es simplemente una sociedad en la que existen personas extremadamente ricas. Es una estructura en la que la riqueza permite obtener una capacidad política desproporcionada y en la que esa capacidad puede utilizarse para preservar o ampliar la propia posición económica.

Estados Unidos no se ha convertido en una oligarquía en el sentido clásico del término.

Sigue teniendo elecciones competitivas, tribunales independientes, prensa, oposición política y una sociedad civil extraordinariamente activa. Pero la existencia de esas instituciones no impide que pueda producirse una concentración progresiva de influencia dentro de ellas. Una democracia puede mantener intactos sus procedimientos mientras cambia profundamente la distribución real de poder que existe detrás de esos procedimientos.

La historia estadounidense ya conoce este problema.

A finales del siglo XIX, durante la llamada Gilded Age, Estados Unidos experimentó una concentración de riqueza extraordinaria. Rockefeller, Carnegie, Morgan y otros empresarios construyeron imperios económicos capaces de alterar mercados enteros y de ejercer una influencia política considerable. Los ferrocarriles, la banca, el petróleo y la industria pesada se encontraban vinculados a redes de poder que atravesaban empresas, gobiernos y legislaturas.

La comparación con aquella época ha regresado porque existen semejanzas evidentes. Una minoría extraordinariamente rica acumula una proporción creciente de la riqueza nacional, mientras los grandes empresarios intervienen cada vez más directamente en la política. Pero existe una diferencia fundamental: los nuevos barones no controlan solamente fábricas, bancos o recursos naturales. Controlan buena parte de la infraestructura digital sobre la que se desarrolla la vida económica y política contemporánea.

La diferencia es decisiva.

El petróleo era esencial para la economía industrial. La información es esencial para la economía contemporánea. Una compañía petrolera podía tener influencia sobre un Gobierno. Una plataforma tecnológica puede tener influencia sobre un Gobierno y, simultáneamente, sobre la manera en que millones de ciudadanos reciben información sobre ese mismo Gobierno.

Eso introduce un problema democrático que no existía con la misma intensidad durante la Gilded Age. El poder económico contemporáneo puede convertirse en poder comunicativo y, posteriormente, en poder político sin necesidad de atravesar instituciones intermedias.

La política estadounidense ha tardado en adaptarse a esa realidad. La legislación electoral sigue siendo fundamentalmente un mecanismo para regular campañas, candidatos y financiación. Pero el poder de las grandes fortunas actuales no se limita al momento electoral. Puede ejercerse durante los cuatro años que separan una elección de otra mediante plataformas, inversiones, fundaciones, grupos de presión, organizaciones políticas, medios y acceso personal.

La decisión Citizens United del Tribunal Supremo en 2010 aceleró una tendencia que ya existía. Al considerar protegido por la Primera Enmienda el gasto político independiente de empresas y organizaciones, el tribunal eliminó una parte importante de las barreras que limitaban la capacidad de las grandes fortunas y corporaciones para intervenir en la política electoral. Desde entonces, el dinero privado ha adquirido un peso extraordinario en las campañas estadounidenses.

La diferencia entre 2010 y 2024 ilustra la dimensión del cambio. Las estimaciones citadas por Americans for Tax Fairness situaban en unos 31 millones de dólares el gasto realizado por las personas más ricas en las elecciones de 2010. Catorce años después, las cien familias de multimillonarios que más contribuyeron habían aportado alrededor de 2.600 millones.

El aumento no puede explicarse únicamente por la inflación, por campañas más caras o por una mayor profesionalización electoral. La política estadounidense se ha convertido en un mercado en el que unas pocas personas pueden movilizar recursos equivalentes a presupuestos enteros de organizaciones políticas.

Tres individuos —Elon Musk, Miriam Adelson y Timothy Mellon— representaron una proporción extraordinariamente elevada del dinero destinado a impulsar la candidatura de Trump en 2024. Sus contribuciones no significan que cada política posterior de la Administración pueda atribuirse a ellos. Esa conclusión sería demasiado simple y, en muchos casos, imposible de demostrar. Pero sí evidencian algo más importante: el sistema permite que una cantidad muy pequeña de ciudadanos disponga de una capacidad de intervención electoral incomparablemente superior a la del resto de la población.

La desigualdad económica se convierte así en desigualdad política potencial.

No es una equivalencia automática. Ser rico no significa necesariamente tener poder político. Pero en Estados Unidos existe una infraestructura institucional que permite transformar una parte importante de la riqueza privada en influencia pública. Y cuanto mayor es la concentración de la riqueza, mayor es también la capacidad potencial de determinadas personas para hacerlo.

Esta es una de las razones por las que el debate actual sobre los multimillonarios no puede separarse de la evolución de la desigualdad. Durante las últimas décadas, una parte creciente de la riqueza estadounidense se ha concentrado en el extremo superior de la distribución. El número de personas capaces de acumular fortunas de decenas o cientos de miles de millones ha aumentado, mientras que una parte importante de la población ha experimentado un crecimiento mucho más limitado de su patrimonio.

La consecuencia política es difícil de ignorar. Una persona puede tener más riqueza porque una empresa ha tenido éxito. Pero si esa riqueza permite financiar campañas, comprar medios, contratar grupos de presión, adquirir plataformas de comunicación y acceder directamente a los gobernantes, deja de ser exclusivamente un fenómeno económico.

Se convierte en una cuestión constitucional.

No porque la Constitución prohíba que los ricos participen en política, sino porque la democracia estadounidense está basada en la idea de que todos los ciudadanos poseen una igualdad política fundamental. El voto de un multimillonario y el de un trabajador tienen el mismo valor jurídico. La capacidad de financiar una campaña, sin embargo, no es la misma.

Ahí aparece una de las contradicciones centrales del sistema.

Estados Unidos mantiene una igualdad política formal dentro de un entorno económico radicalmente desigual. El ciudadano más rico y el ciudadano más pobre pueden entrar en una cabina electoral y emitir exactamente un voto. Pero antes de llegar a ella, uno puede haber financiado millones de dólares en publicidad, haber hablado directamente con candidatos, haber contratado asesores, haber participado en reuniones privadas y haber utilizado sus empresas y plataformas para influir sobre el debate público.

La igualdad existe en la urna. La desigualdad opera alrededor de ella.

La Administración Trump ha llevado esta tensión a un nuevo nivel porque su relación con el mundo empresarial no pretende ocultarse. El presidente no presenta la cercanía con los grandes empresarios como una anomalía. En muchos casos la presenta como una ventaja.

Su visión de la política económica parte de la idea de que el Gobierno debe eliminar obstáculos para que las empresas estadounidenses inviertan, produzcan y compitan con China. Desde esa perspectiva, mantener una relación directa con los ejecutivos de las grandes compañías no es un problema democrático, sino una herramienta de política industrial.

Esta interpretación tiene una lógica propia.

La economía mundial está entrando en una fase de competencia tecnológica entre grandes potencias. Estados Unidos necesita construir centros de datos, desarrollar inteligencia artificial, asegurar el suministro de semiconductores, ampliar su capacidad energética y mantener una industria capaz de competir con China. Muchas de esas capacidades se encuentran en manos privadas. El Gobierno no puede ejecutar por sí solo esa transformación.

Necesita a las empresas.

La pregunta es qué precio institucional tiene esa dependencia.

Cuando el Estado necesita a las empresas para ejecutar sus grandes proyectos estratégicos y las empresas necesitan al Estado para obtener permisos, financiación, protección comercial, energía, regulación favorable o contratos públicos, la relación deja de ser puramente jerárquica. Se convierte en una negociación.

Y en esa negociación no todos los actores tienen la misma capacidad.

El Gobierno posee el poder de regular. Las empresas poseen capital, tecnología, conocimiento especializado y capacidad para mover inversiones. Las grandes compañías pueden amenazar con trasladar proyectos, reducir inversiones o recurrir a tribunales. Los gobiernos necesitan crecimiento económico y empleo. Los empresarios necesitan estabilidad y acceso a los mercados.

La interdependencia puede producir políticas eficaces. También puede producir captura regulatoria.

La inteligencia artificial es probablemente el terreno donde esta tensión será más importante. Las decisiones que se están tomando ahora determinarán durante años quién puede entrenar modelos, qué controles serán obligatorios, qué empresas podrán construir infraestructuras, cómo se distribuirá la propiedad intelectual y qué capacidad tendrán los estados para imponer sus propias normas.

Para los ejecutivos tecnológicos, una regulación fragmentada podría debilitar a Estados Unidos frente a China. Para sus críticos, esa misma fragmentación es una oportunidad para que las grandes empresas impongan sus propias reglas. El debate ya no es únicamente sobre innovación. Es sobre quién tendrá la capacidad de establecer los límites de una tecnología que puede reorganizar sectores enteros de la economía.

David Sacks representa esa nueva relación entre capital tecnológico y política pública. Como figura vinculada a Silicon Valley y posteriormente integrada en el aparato político de Trump, participó en la elaboración de políticas relacionadas con inteligencia artificial y criptomonedas, además de defender determinadas posiciones sobre exportaciones tecnológicas a China y sobre la capacidad de los estados para regular la inteligencia artificial.

Su entorno ha defendido que sus decisiones buscaban favorecer al conjunto de la economía estadounidense y que se cumplieron las normas de ética correspondientes. Es una defensa perfectamente relevante. Pero incluso cuando las reglas se cumplen, queda una cuestión política que no puede resolverse mediante un formulario de incompatibilidades: ¿quién tiene la capacidad de estar en la habitación donde se decide el futuro de una industria?

El problema de la influencia moderna no consiste siempre en obtener una decisión ilegal.

Puede consistir simplemente en estar presente antes de que la decisión exista.

Ese es probablemente uno de los aspectos menos comprendidos de la nueva política del poder. La influencia no necesita funcionar como un soborno. No hace falta que un empresario entregue dinero a un político a cambio de una ley concreta. En sistemas complejos, la influencia puede operar mediante acceso, información, relaciones y confianza.

El empresario conoce al funcionario. El funcionario conoce al empresario. Ambos comparten determinados diagnósticos sobre la economía. Se reúnen antes de que se redacte una norma. El empresario explica las consecuencias que tendría una regulación. El Gobierno modifica su propuesta. Ninguna de las partes tiene necesariamente que cometer una irregularidad.

Pero la política resultante habrá sido construida en un entorno al que la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso.

Ahí es donde la nueva élite tecnológica puede ser más poderosa que los antiguos barones industriales. No necesita controlar formalmente el Estado. Puede contribuir a definir el marco mental dentro del cual el Estado toma decisiones.

Y ese poder es mucho más difícil de regular.

También es la razón por la que el discurso de Trump contra las élites resulta tan paradójico. En 2016, su principal argumento político consistía en que Estados Unidos había sido entregado a una clase dirigente desconectada de los ciudadanos. Washington, según aquel relato, había sido capturado por políticos, grandes empresas y grupos de interés que habían permitido que la globalización beneficiara a una minoría mientras amplias regiones del país perdían empleos y capacidad económica.

Trump se presentó como el hombre que iba a devolver el poder a los ciudadanos.

Su segunda presidencia ha producido una escena diferente: algunos de los miembros más ricos de la sociedad estadounidense se encuentran ahora mucho más cerca del centro del poder.

No significa que Trump haya abandonado todos los elementos de su discurso antiestablishment. De hecho, su Administración ha mantenido una confrontación intensa con partes de la burocracia federal, los medios tradicionales y determinadas instituciones económicas. Pero la naturaleza del establishment ha cambiado. Ya no es necesariamente el banquero de Wall Street, el burócrata de Washington o el ejecutivo de una multinacional tradicional. Puede ser también el empresario tecnológico que hasta hace pocos años se presentaba como un outsider.

El viejo establishment tenía corbata, despacho y comité de dirección.

El nuevo puede tener una cuenta en redes sociales seguida por millones de personas, una compañía de inteligencia artificial, una empresa espacial y acceso directo al presidente.

La diferencia es mucho más profunda de lo que parece.

Los defensores de Trump rechazan la idea de que su Administración represente una nueva oligarquía. Argumentan que el presidente ha combatido intereses establecidos, ha presionado a grandes compañías farmacéuticas para reducir precios, ha intentado eliminar burocracia y ha impulsado políticas destinadas a favorecer a consumidores y trabajadores estadounidenses.

Los ejecutivos empresariales, por su parte, han destacado el entorno más favorable para la inversión. Parte del sector tecnológico considera que una Administración menos intervencionista puede acelerar la innovación estadounidense y evitar que Europa y otros competidores impongan regulaciones que, a su juicio, ralentizarían el desarrollo de tecnologías estratégicas.

No hay que ignorar esos argumentos porque la crítica a la influencia de los multimillonarios pierde rigor cuando se convierte en una explicación total. Que una empresa esté de acuerdo con una política no significa que la haya diseñado. Que un empresario tenga acceso al presidente no significa que controle la Administración. Y que una reducción fiscal beneficie a los ricos no demuestra automáticamente que haya sido aprobada por ellos.

El análisis serio exige separar la correlación de la causalidad.

Pero también exige observar el patrón.

Y el patrón muestra una creciente proximidad entre quienes concentran una parte extraordinaria del capital estadounidense y quienes participan en la definición de las políticas públicas.

Durante buena parte del siglo XX, la riqueza extrema estadounidense estuvo acompañada por una cultura de filantropía que intentaba justificar socialmente la acumulación.

La ley fiscal que Trump convirtió en una de las piezas centrales de su segundo mandato vuelve a colocar esa cuestión en primer plano. El análisis del Center on Budget and Policy Priorities concluyó que los beneficios fiscales para el 1 por ciento más rico eran aproximadamente tres veces mayores que los destinados al 60 por ciento inferior de los contribuyentes, mientras que se reducían recursos destinados a programas sociales.

Para los defensores de la ley, el objetivo es generar crecimiento, inversión y empleo mediante menores impuestos y una reducción del peso del Estado. Para sus detractores, la distribución de los beneficios confirma que la Administración ha construido una política económica especialmente favorable al capital.

Lo importante es que el debate no termina en la cifra fiscal. Lo importante es quién tiene capacidad para influir sobre el diseño de la política económica y quién tiene recursos para resistir sus consecuencias.

Si una familia recibe un beneficio fiscal de cientos de miles de dólares, puede considerarlo una consecuencia favorable de una ley. Si una gran corporación obtiene un cambio regulatorio que altera su mercado, dispone además de equipos jurídicos y financieros capaces de adaptar inmediatamente su estrategia. Una familia de ingresos medios no dispone de la misma capacidad.

La desigualdad económica no solo determina cuánto dinero tiene cada persona. Determina también cuánto margen tiene para reaccionar ante las decisiones del Estado.

Esa es una dimensión del poder que suele quedar fuera de las estadísticas.

Y explica por qué el fenómeno tampoco puede atribuirse exclusivamente al Partido Republicano. El Partido Demócrata también depende de grandes fortunas. George Soros, Michael Bloomberg, Reid Hoffman, Dustin Moskovitz, Laurene Powell Jobs y otros multimillonarios han financiado campañas y organizaciones vinculadas a los demócratas y han participado en debates estratégicos dentro del partido.

La diferencia entre ambos partidos se encuentra en las políticas que defienden y en las alianzas económicas que construyen, no en la ausencia de multimillonarios en uno de ellos.

La contradicción alcanzó una expresión especialmente clara durante la campaña de Joe Biden y Kamala Harris. Biden terminó denunciando la concentración de riqueza y poder de una nueva élite tecnológica, pero el Partido Demócrata también había construido una maquinaria electoral dependiente de donantes extremadamente ricos. Harris consiguió una recaudación extraordinaria durante su campaña, apoyada por una red de grandes contribuyentes.

El problema es estructural.

Estados Unidos ha construido un sistema electoral extraordinariamente caro y ha permitido que la riqueza privada tenga un peso considerable en su financiación. Los partidos necesitan dinero para competir. Los candidatos necesitan organizaciones, publicidad, asesores y presencia mediática. Y quienes disponen de dinero saben que la política puede afectar directamente a sus inversiones.

No hace falta imaginar una conspiración para comprender el incentivo.

La economía genera poder. El poder puede proteger la economía.

Ese circuito es mucho más antiguo que Trump.

La novedad es que ahora se está produciendo dentro de una economía en la que algunas empresas privadas tienen una dimensión comparable a la de instituciones públicas. Una plataforma tecnológica puede tener más usuarios que muchos países habitantes. Una compañía puede acumular más capital que el presupuesto anual de numerosos Estados. Un empresario puede disponer de una audiencia propia mayor que la de muchas cadenas de televisión.

La política todavía no ha terminado de asumir las consecuencias de esa transformación.

Durante el siglo XX, el Estado regulaba a las grandes empresas desde una posición relativamente clara de superioridad institucional. Hoy, algunas empresas poseen capacidades tecnológicas que el Estado necesita para alcanzar objetivos nacionales. Esa relación es distinta.

Washington necesita a Silicon Valley para competir con Pekín.

Silicon Valley necesita a Washington para obtener un entorno regulatorio y geopolítico favorable.

Ambos se necesitan.

Y cuando dos centros de poder se necesitan mutuamente, la pregunta decisiva es cuál de los dos puede imponer sus condiciones.

El fenómeno tampoco se limita a la tecnología. Wall Street mantiene una influencia estructural sobre la política económica. Las grandes farmacéuticas participan en la discusión sobre precios y regulación sanitaria. Las compañías energéticas intervienen en el debate sobre producción, clima e infraestructuras. Los grandes contratistas de defensa tienen una relación histórica con el Pentágono y con el Congreso.

Trump no ha creado este entramado. Lo ha integrado en una concepción política en la que la relación directa entre Gobierno y empresarios se considera, en muchos casos, deseable.

La consecuencia puede ser una forma distinta de capitalismo político. No necesariamente el viejo capitalismo de amiguetes en el que una empresa recibe un contrato a cambio de apoyo político, sino un sistema en el que el Estado y las grandes empresas colaboran de manera permanente en la definición de las prioridades económicas.

Ese modelo puede resultar extraordinariamente eficaz en determinadas circunstancias.

También puede ser peligroso.

Porque si las mismas empresas que necesitan regulación participan en su diseño, si los mismos empresarios que financian campañas asesoran al Gobierno y si las mismas plataformas que distribuyen información pertenecen a personas con intereses políticos directos, la independencia entre las diferentes esferas del poder comienza a deteriorarse.

No hace falta que desaparezca completamente.

Basta con que se vuelva excepcional.

Hay otra cuestión todavía más delicada: la legitimidad social de las grandes fortunas.

Durante buena parte del siglo XX, la riqueza extrema estadounidense estuvo acompañada por una cultura de filantropía que intentaba justificar socialmente la acumulación.

Rockefeller, Carnegie y otros grandes industriales crearon universidades, bibliotecas, fundaciones y hospitales. Esa filantropía no era necesariamente altruista en sentido puro.

También podía proporcionar prestigio, influencia y legitimidad. Pero implicaba una idea: la riqueza extraordinaria generaba una responsabilidad extraordinaria.

Parte de la nueva élite tecnológica parece aceptar una filosofía diferente.

El éxito empresarial se presenta como prueba de capacidad. Si una persona ha construido una compañía valorada en cientos de miles de millones, se considera que posee conocimientos especiales sobre cómo funcionan la economía y la innovación. Esa percepción puede transformarse en autoridad política.

Es una concepción particularmente atractiva en una época de desconfianza hacia los políticos profesionales.

El argumento es sencillo: los políticos han gestionado mal el Estado; los empresarios han demostrado que saben construir organizaciones; por tanto, quizá los empresarios deberían participar directamente en la gestión pública.

El problema es que gobernar no es dirigir una empresa.

Una empresa puede cerrar una división porque deja de ser rentable. Un Gobierno no puede abandonar a una región porque su población sea menos productiva. Una compañía puede despedir a miles de empleados mediante una decisión ejecutiva. Un Estado debe respetar procedimientos legales y derechos individuales. Un consejo de administración responde ante accionistas. Un Gobierno responde ante ciudadanos.

La eficiencia es importante, pero no es la única medida de una institución democrática.

Precisamente por eso la participación de empresarios en el Estado requiere algo más que confianza personal. Necesita controles institucionales suficientemente fuertes para impedir que el conocimiento empresarial se transforme en privilegio permanente.

Y aquí aparece la verdadera incógnita de los próximos años.

No si los multimillonarios desaparecerán de la política estadounidense. No lo harán.

Tampoco si Trump será recordado como el presidente que creó esta relación. El proceso comenzó mucho antes de su llegada a la Casa Blanca.

La cuestión es si esta nueva relación se convertirá en la normalidad.

Si dentro de diez años resulta perfectamente habitual que los mayores empresarios tecnológicos del país ocupen posiciones informales o formales dentro de la Administración, que financien campañas de manera masiva, que participen en la redacción de políticas que afectan directamente a sus sectores y que controlen plataformas desde las que pueden influir sobre la opinión pública, entonces Estados Unidos habrá cambiado mucho más que durante una sola presidencia.

Habrá cambiado la definición práctica de quién puede ejercer poder.

La política estadounidense ha demostrado en otros momentos que posee mecanismos de corrección. La Gilded Age terminó dando paso a reformas antimonopolio y a una expansión de la capacidad regulatoria del Estado. La concentración empresarial generó una reacción política porque llegó a percibirse que algunas compañías eran demasiado poderosas para convivir con una democracia competitiva.

Ahora el desafío es diferente porque las empresas más poderosas no controlan únicamente mercados.

Controlan tecnología.

Controlan información.

Controlan capital.

Y algunas de las personas que las dirigen tienen acceso directo al centro del poder político estadounidense.

La respuesta de la sociedad está comenzando a aparecer también en las urnas. El discurso contra los multimillonarios ha dejado de ser exclusivo de una izquierda marginal y empieza a convertirse en un recurso electoral capaz de movilizar a votantes de distintos sectores. La elección de Zohran Mamdani en Nueva York, pese al enorme gasto de algunos de sus adversarios multimillonarios, demostró que la riqueza no puede comprar automáticamente legitimidad política. En Maine, Troy Jackson ha construido parte de su discurso alrededor de la idea de que las grandes fortunas han adquirido una capacidad excesiva para determinar el rumbo del país.

Ese lenguaje puede ganar fuerza porque responde a una experiencia cotidiana. Para muchos estadounidenses, el problema no es saber cuánto dinero tiene Elon Musk. Es preguntarse por qué alguien puede acumular una fortuna de semejante dimensión mientras su propia capacidad para influir sobre las decisiones públicas parece crecer simultáneamente.

La cuestión es especialmente sensible entre las generaciones jóvenes, que han crecido en un entorno en el que las mayores compañías tecnológicas forman parte de prácticamente todos los aspectos de la vida. Para ellas, la concentración empresarial no es una abstracción económica. Es la realidad de las plataformas que utilizan para informarse, comunicarse, trabajar y relacionarse.

Cuando el propietario de una de esas plataformas entra además en política, la frontera entre el mercado y la esfera pública desaparece ante sus ojos.

Eso puede producir una reacción política de enorme alcance.

La historia estadounidense tiene una característica que conviene recordar: las grandes concentraciones de poder suelen generar, tarde o temprano, una respuesta. No necesariamente una respuesta progresista. Puede adoptar formas populistas, nacionalistas, conservadoras o reformistas. Pero cuando una parte suficientemente grande de la población percibe que las instituciones funcionan mejor para quienes poseen capital que para quienes dependen de su trabajo, aparece una demanda de corrección.

La pregunta no es si esa reacción llegará.

La pregunta es qué forma adoptará.

Porque el fenómeno que está tomando forma en Washington no puede reducirse a la presencia de unos cuantos multimillonarios alrededor de Donald Trump. Es algo más amplio: una transformación del capitalismo estadounidense en la que el poder económico se encuentra cada vez más cerca del poder tecnológico, el poder comunicativo y el poder político.

Trump ha acelerado esa convergencia y la ha hecho visible.

Musk la ha personificado.

Silicon Valley la ha convertido en una cuestión estratégica.

Wall Street la ha normalizado durante décadas.

Y el sistema electoral estadounidense ha proporcionado los mecanismos financieros para que la riqueza pueda traducirse en influencia.

Ahora queda por determinar hasta dónde puede llegar esa transformación antes de que la propia democracia estadounidense empiece a exigir una nueva separación entre quienes poseen el capital y quienes ejercen el poder público.