Al menos 920 muertos y miles de heridos tras los dos fuertes terremotos en Venezuela

Los terremotos son inevitables. Sus consecuencias, en cambio, rara vez lo son por completo.

Hay tragedias que destruyen edificios y hay tragedias que, además, dejan al descubierto la verdadera arquitectura de un país. Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio no solo derribaron centenares de viviendas en La Guaira y provocaron graves daños en Caracas y otras ciudades. También arrancaron el último velo que todavía cubría una realidad conocida por millones de venezolanos: la vulnerabilidad no comienza cuando la tierra tiembla, sino mucho antes, cuando el deterioro institucional, la precariedad de las infraestructuras y la ausencia de capacidad de respuesta convierten un fenómeno natural en una catástrofe humana de dimensiones mucho mayores.

Dieciocho horas después de los dos fuertes sismos, el paisaje en numerosos sectores de La Guaira no era únicamente el de una ciudad herida. Era el de una población obligada a rescatarse a sí misma. Bajo montañas de hormigón que apenas unas horas antes eran bloques de viviendas seguían atrapadas decenas de personas mientras sus familiares pedían una excavadora, una cuerda, una máquina, cualquier herramienta que permitiera ganar unos minutos frente al reloj. Las escenas que comenzaron a repetirse desde la tarde del miércoles tenían un mismo denominador común: vecinos excavando con martillos, palas improvisadas, gatos hidráulicos para automóviles, barras de hierro e incluso con las manos desnudas porque nadie podía permitirse esperar.

En Catia La Mar, donde algunos de los derrumbes fueron especialmente devastadores, el sonido de las sirenas quedaba sepultado por otro mucho más constante: el de los golpes contra los escombros. Cada piedra retirada alimentaba la esperanza de encontrar a alguien con vida, aunque conforme avanzaban las horas el silencio empezaba a imponerse sobre los gritos de auxilio. Muchas familias permanecían inmóviles frente a lo que hasta la víspera había sido su edificio, convencidas de que un hijo, una hermana o un padre seguían bajo los restos. Otras ya habían asumido la peor noticia, pero continuaban allí porque recuperar un cuerpo también se había convertido en una forma de despedirse.

En medio del caos, las autoridades ofrecían balances provisionales mientras la realidad seguía cambiando a cada hora. Los primeros datos hablaban de cientos de edificios colapsados en La Guaira y de decenas de estructuras gravemente dañadas en Caracas. El número de víctimas no dejaba de aumentar. Sin embargo, sobre el terreno predominaba otra sensación: la de que las cifras llegaban más rápido que los equipos de rescate. Allí donde los comunicados oficiales contabilizaban daños, los vecinos seguían esperando maquinaria pesada capaz de levantar losas de varias toneladas que resultaban imposibles de mover manualmente.

No era únicamente una cuestión de medios materiales. También era una cuestión de tiempo. En cualquier terremoto de gran magnitud, las primeras horas determinan el porcentaje de supervivientes que pueden ser rescatados con vida. Cada minuto perdido reduce de manera drástica las posibilidades de encontrar personas conscientes bajo los escombros. Por eso, cuando una mujer gritaba desesperadamente que necesitaba una máquina para sacar a su hermana atrapada bajo una torre de doce plantas reducida a una montaña de apenas unos metros de altura, no estaba haciendo una petición cualquiera. Estaba describiendo la diferencia entre una operación de rescate y una operación de recuperación de cadáveres.

La imagen de hombres y mujeres organizándose sin apenas coordinación institucional refleja una característica que lleva años definiendo la vida cotidiana en Venezuela. Allí donde las estructuras del Estado han ido perdiendo capacidad de actuación, la sociedad ha aprendido a sustituirlas. Las mismas redes vecinales que durante años sirvieron para conseguir medicamentos, alimentos, combustible o electricidad comenzaron a funcionar también para localizar desaparecidos, compartir herramientas, inspeccionar edificios o improvisar puestos de ayuda. La solidaridad apareció de forma inmediata porque el país lleva demasiado tiempo entrenándose para sobrevivir a la ausencia de normalidad.

Esa respuesta espontánea, admirable desde el punto de vista humano, no debería interpretarse como una fortaleza del sistema. Más bien representa el síntoma de una sociedad que ha interiorizado que, cuando ocurre una emergencia, probablemente tendrá que resolverla sola durante las primeras horas. Los vecinos se convirtieron en bomberos, ingenieros, sanitarios y rescatistas porque no había otra alternativa. Cada edificio derrumbado reunía a decenas de personas que nunca habían recibido formación para intervenir en una catástrofe, pero que entendían que quedarse inmóviles significaba aceptar que quienes seguían bajo el hormigón tenían cada vez menos posibilidades de sobrevivir.

El drama resulta todavía más profundo si se observa quiénes habitaban muchos de esos edificios. Buena parte pertenecían a urbanizaciones de vivienda social construidas para albergar a familias que ya habían perdido sus hogares en anteriores desastres naturales o que vivían desde hacía años en zonas consideradas de riesgo. Muchos residentes del Urbanismo Hugo Chávez llegaron allí después del devastador deslave de 1999 que marcó para siempre la historia reciente del litoral venezolano. Catorce años después de recibir aquellas viviendas, numerosos supervivientes contemplaban cómo el mismo ciclo de destrucción volvía a repetirse.

La tragedia adquiere entonces una dimensión distinta. No se trata únicamente de personas que han perdido una casa. Son ciudadanos que reconstruyeron su vida tras una catástrofe anterior para descubrir ahora que la seguridad prometida tampoco era definitiva. El terremoto no solo destruyó edificios; destruyó la confianza en que existía un lugar realmente seguro al que regresar.

Las imágenes del interior de las torres que permanecían aparentemente en pie reforzaban esa sensación. Desde el exterior algunos bloques conservaban buena parte de su estructura. Sin embargo, por dentro, los apartamentos se habían transformado en un amasijo irreconocible de perfiles metálicos, paneles ligeros, plásticos y fragmentos de paredes. Muchas familias pudieron salir con vida únicamente porque encontraron un hueco entre los cascotes durante el derrumbe. Otras no tuvieron esa oportunidad.

Cada testimonio recogido en las calles reconstruía la violencia de aquellos segundos con una precisión que ningún informe técnico podrá reproducir. Un hombre relataba cómo un muro cayó sobre su lavadora y abrió accidentalmente el espacio por el que logró escapar mientras el edificio seguía desplomándose. Cuando consiguió salir al exterior, el apartamento desde el que había iniciado la huida ya no existía. Otro vecino pasó toda la noche intentando rescatar a una niña de once años cuya voz todavía se escuchaba entre los restos del edificio. La estrechez del espacio hizo imposible alcanzarla. Cuando finalmente cesaron los gritos, también desapareció la esperanza.

Historias como esas explican por qué las cifras oficiales nunca bastan para comprender una catástrofe. Detrás de cada fallecido existe una secuencia concreta de decisiones, casualidades y segundos que marcaron la diferencia entre vivir o morir. El terremoto no actuó igual sobre todos. Algunos sobrevivieron porque estaban en otra habitación, porque habían salido unos minutos antes o porque un electrodoméstico absorbió el impacto de un muro. Otros quedaron atrapados bajo estructuras que, apenas unas horas antes, parecían tan seguras como cualquier edificio residencial.

Mientras tanto, el éxodo comenzaba incluso antes de finalizar las labores de rescate. Miles de personas abandonaban las zonas más afectadas con colchones, maletas, neveras y todo aquello que todavía podía recuperarse. No se marchaban únicamente por miedo a nuevas réplicas. También porque muchos edificios permanecían en pie sin que nadie pudiera garantizar su estabilidad. Dormir bajo techo se había convertido en una decisión demasiado arriesgada.

La incertidumbre era todavía mayor entre quienes ya habían pasado años viviendo en refugios temporales. La sola posibilidad de regresar a esa situación despertaba un miedo que iba mucho más allá de perder una vivienda. Para muchos venezolanos, un refugio no representa únicamente un alojamiento provisional. Significa volver a depender de ayudas públicas, abandonar el trabajo, alterar la escolarización de los hijos y renunciar, una vez más, a la sensación de haber recuperado cierta normalidad. Por eso numerosas familias confesaban que la idea de empezar otra vez desde cero resultaba casi tan dolorosa como la pérdida material.

La destrucción alcanzó igualmente a pequeños negocios familiares que constituían el único sustento económico de muchos hogares. Bodegas, comercios, posadas y establecimientos de barrio quedaron reducidos a escombros junto a las viviendas. En una economía ya profundamente debilitada, perder simultáneamente la casa y el empleo multiplica las consecuencias del desastre durante años. La reconstrucción no consistirá únicamente en levantar edificios. También exigirá reconstruir la capacidad de miles de personas para generar ingresos en un contexto que ya era extremadamente complejo antes del terremoto.

Existe además un elemento que diferencia esta tragedia de otras ocurridas en países con mayor capacidad institucional: la emigración. Durante la última década, millones de venezolanos abandonaron el país. Esa realidad tiene consecuencias que van mucho más allá de las estadísticas demográficas. También significa que muchas familias cuentan hoy con menos personas disponibles para afrontar una emergencia. Faltan hijos que podrían ayudar a rescatar a sus padres, hermanos que podrían organizar la búsqueda de desaparecidos o familiares que podrían ofrecer alojamiento inmediato. En un país marcado por la diáspora, incluso las tragedias naturales se viven con menos manos para afrontarlas.

La magnitud del terremoto reabre inevitablemente el debate sobre la calidad del parque inmobiliario venezolano, especialmente en determinados proyectos de vivienda social levantados durante los últimos años. Será necesario que las investigaciones técnicas determinen hasta qué punto los daños responden exclusivamente a la intensidad del movimiento sísmico o si también influyeron factores relacionados con los materiales empleados, los métodos constructivos, el mantenimiento o el cumplimiento de las normativas antisísmicas. Esa respuesta será fundamental no solo para esclarecer responsabilidades, sino para decidir cómo deberá abordarse una reconstrucción que no puede limitarse a reproducir los mismos errores.

Los terremotos son inevitables. Sus consecuencias, en cambio, rara vez lo son por completo. La diferencia entre una tragedia contenida y un desastre nacional suele depender de décadas de planificación urbana, inversión pública, mantenimiento de infraestructuras y preparación de los servicios de emergencia. Cuando cualquiera de esos elementos falla, la naturaleza encuentra un terreno mucho más favorable para multiplicar su impacto.

Lo ocurrido en La Guaira deja precisamente esa impresión. La violencia del seísmo explica el inicio de la tragedia. Todo lo sucedido después obliga a mirar mucho más allá del fenómeno geológico. Las largas horas sin maquinaria suficiente, los rescates improvisados por vecinos exhaustos, las familias obligadas a decidir entre permanecer junto a unos escombros o marcharse sin saber si sus seres queridos seguían vivos bajo ellos, los edificios sociales convertidos nuevamente en ruinas y la repetición de un trauma que muchos creían haber dejado atrás conforman una fotografía mucho más amplia que la de un simple desastre natural.