La guerra que nadie necesitaba

La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a cuatro meses de guerra constituye, sin duda, una noticia que merece ser recibida con alivio. Después de semanas de incertidumbre, miles de muertos, una región sometida a una tensión permanente y una economía mundial pendiente de cada movimiento en el golfo Pérsico, el anuncio de una paz, aunque sea imperfecta, representa una pausa necesaria. Las guerras siempre dejan más preguntas que respuestas, pero pocas veces una contienda ha parecido tan innecesaria desde su origen como la que ha enfrentado a Washington y Teherán durante estos meses. Y pocas veces un conflicto ha servido de forma tan evidente para demostrar las limitaciones de una política exterior basada en los impulsos, la improvisación y la búsqueda constante de victorias mediáticas.

La imagen que deja esta guerra es la de una superpotencia que provocó una crisis internacional de enorme magnitud para terminar aceptando un escenario extraordinariamente parecido al que existía antes de que comenzaran las hostilidades. El presidente estadounidense, Donald Trump, presenta el acuerdo como una demostración de liderazgo y como una prueba de su capacidad para imponer la paz. Sin embargo, al analizar con detenimiento el desarrollo del conflicto y las condiciones del entendimiento alcanzado, resulta difícil evitar la sensación de que Estados Unidos ha terminado negociando una salida a un problema que él mismo contribuyó decisivamente a crear.

Durante los últimos años, la estrategia de Trump hacia Irán ha estado marcada por una contradicción permanente. El presidente ha alternado discursos de confrontación absoluta con llamamientos al diálogo, amenazas militares con ofertas de negociación y declaraciones maximalistas con repentinos cambios de posición. Esa falta de coherencia no solo ha complicado las relaciones entre ambos países, sino que ha generado una profunda incertidumbre entre los aliados de Washington y ha debilitado la credibilidad de la diplomacia estadounidense. La guerra iniciada en febrero fue la culminación de esa dinámica. Más que la consecuencia inevitable de una escalada regional, pareció el resultado de una serie de decisiones tomadas sin una estrategia claramente definida.

Las justificaciones ofrecidas por la Casa Blanca fueron cambiando a medida que avanzaba el conflicto. En un primer momento, la narrativa oficial giró en torno a la necesidad de acabar con el régimen iraní. La República Islámica fue presentada como una amenaza intolerable para la estabilidad internacional y como un sistema político incapaz de reformarse. El objetivo, según numerosos mensajes procedentes de Washington, consistía en acelerar su colapso. Sin embargo, cuatro meses después, el régimen sigue existiendo.

No solo ha sobrevivido, sino que ha demostrado una capacidad de resistencia considerable. La muerte de importantes dirigentes y los daños sufridos por las infraestructuras estratégicas del país no han provocado el derrumbe esperado. Al contrario, el poder político ha aprovechado la situación para reforzar los mecanismos de control interno y para presentar la guerra como una agresión extranjera contra la nación iraní en su conjunto.

La historia demuestra que los conflictos externos suelen fortalecer a los gobiernos autoritarios más de lo que los debilitan. Cuando una población percibe que su país está siendo atacado desde el exterior, las diferencias internas pasan a un segundo plano y el discurso patriótico adquiere una fuerza extraordinaria. Irán no ha sido una excepción. Las autoridades utilizaron la guerra para justificar nuevas medidas represivas, restringir aún más las libertades civiles y consolidar un clima de movilización nacional. Muchos de los sectores que antes criticaban al régimen terminaron centrando su atención en la supervivencia del país frente a los ataques extranjeros. La consecuencia es paradójica: una guerra presentada como una herramienta para debilitar al régimen ha terminado otorgándole argumentos para reforzarse.

La segunda gran justificación fue la cuestión nuclear. Desde hace años, el programa atómico iraní constituye una de las principales preocupaciones de Occidente. Sin embargo, la realidad resulta incómoda para quienes defienden la estrategia seguida por Trump. Antes de abandonar el acuerdo nuclear firmado en 2015, Irán estaba sometido a uno de los sistemas de inspección internacional más exhaustivos jamás establecidos. Aquel pacto no resolvía todos los problemas, pero sí limitaba de forma significativa las capacidades nucleares iraníes y proporcionaba mecanismos de verificación relativamente eficaces.

La decisión de romper unilateralmente ese acuerdo fue presentada como una muestra de firmeza. Se argumentó que el pacto era insuficiente y que una política de máxima presión obligaría a Teherán a aceptar condiciones más duras. Lo ocurrido posteriormente apunta en la dirección contraria. Irán incrementó progresivamente sus actividades nucleares, redujo la cooperación con los organismos internacionales y acumuló cantidades crecientes de uranio enriquecido. Hoy la situación es más opaca y más incierta que antes. La guerra no ha eliminado esa incertidumbre. Tampoco ha proporcionado respuestas claras sobre el estado real del programa nuclear iraní. De hecho, uno de los principales interrogantes que deja el conflicto es precisamente qué capacidad conserva Teherán para reactivar o acelerar sus actividades en el futuro.

La tercera explicación ofrecida por Trump fue la necesidad de garantizar la seguridad de las rutas energéticas internacionales. El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los símbolos de la crisis. Por allí circula una parte fundamental del comercio mundial de petróleo y gas, y cualquier interrupción tiene consecuencias inmediatas sobre los mercados internacionales. Durante semanas, la posibilidad de un cierre prolongado generó preocupación en gobiernos, empresas y consumidores de todo el planeta. Los precios energéticos aumentaron, las cadenas de suministro se vieron sometidas a presión y reapareció el temor a una desaceleración económica global.

Sin embargo, también en este aspecto resulta difícil ignorar una realidad evidente. Antes de la guerra, el estrecho permanecía abierto. La amenaza contra la navegación surgió precisamente como consecuencia de la escalada militar. El acuerdo anunciado ahora permite recuperar una situación que ya existía previamente. Presentar ese resultado como una victoria estratégica exige olvidar que el problema no era inevitable, sino el producto directo de una confrontación que podría haberse evitado.

Mientras Washington concentraba su atención en Irán, otro actor aprovechaba las circunstancias para ampliar sus márgenes de actuación. El Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu encontró en la crisis una oportunidad para reforzar su agenda regional. La guerra desplazó durante meses el foco mediático y diplomático internacional hacia el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, reduciendo la presión sobre otras cuestiones abiertas en Oriente Próximo. En un contexto marcado por la fragmentación de las prioridades occidentales, Israel dispuso de una libertad de acción considerablemente mayor.

La relación entre Trump y Netanyahu ha sido uno de los elementos más determinantes de la política regional durante la última década. Ambos líderes comparten una visión basada en la presión máxima sobre los adversarios y en una profunda desconfianza hacia los mecanismos multilaterales tradicionales. Sin embargo, la guerra también ha puesto de manifiesto que sus intereses no siempre coinciden. Para Trump, la paz representa ahora una necesidad política. Para Netanyahu, la estabilidad regional no necesariamente constituye una prioridad inmediata. La diferencia entre ambas perspectivas puede convertirse en una nueva fuente de tensiones durante los próximos meses.

La gran cuestión es qué tipo de Oriente Próximo emerge después de esta guerra. La respuesta dista mucho de ser tranquilizadora. La región sigue marcada por rivalidades estratégicas profundas, por conflictos abiertos y por una creciente competición entre potencias regionales. Ninguno de esos problemas ha desaparecido. Tampoco existe una arquitectura de seguridad capaz de gestionar eficazmente futuras crisis. Lo que se ha firmado no es tanto una solución definitiva como una pausa en una dinámica de confrontación que permanece intacta.

Además, la guerra deja una huella preocupante sobre el propio sistema internacional.

Durante décadas, Estados Unidos defendió la idea de que el uso de la fuerza debía estar respaldado por objetivos claros, alianzas sólidas y una legitimidad política suficiente. La operación contra Irán ha proyectado una imagen diferente. Ha transmitido la sensación de que las decisiones más trascendentales pueden depender de cálculos políticos inmediatos, de cambios repentinos de criterio o de impulsos personales. Esa percepción erosiona la confianza en las instituciones internacionales y alimenta la sensación de que las reglas son cada vez más frágiles.

El conflicto también ha evidenciado las limitaciones del poder militar como herramienta para resolver problemas políticos complejos. Estados Unidos posee una capacidad militar incomparable, pero la superioridad tecnológica no garantiza resultados estratégicos duraderos. La experiencia de Afganistán, Irak o Libia ya había demostrado esa realidad. Irán añade un nuevo capítulo a esa lista. La fuerza puede destruir infraestructuras, eliminar dirigentes o alterar temporalmente los equilibrios de poder, pero resulta mucho menos eficaz a la hora de transformar sociedades, construir consensos políticos o generar estabilidad a largo plazo.

En cierto sentido, el acuerdo anunciado esta semana simboliza una tendencia cada vez más frecuente en la política internacional contemporánea: líderes que crean crisis para presentarse después como quienes las resuelven. La lógica mediática favorece los gestos espectaculares, las declaraciones grandilocuentes y los anuncios históricos. Sin embargo, detrás de esas narrativas suelen quedar ocultos los costes reales. Miles de familias iraníes, estadounidenses, iraquíes, libanesas y de otros países de la región han sufrido las consecuencias de una guerra que nunca debió producirse. Las infraestructuras destruidas, las economías dañadas y las vidas perdidas no desaparecen con una ceremonia de firma ni con una fotografía diplomática.