Sánchez usa Europa para esquivar el desgaste electoral

La campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre empieza a adquirir una dimensión que trasciende la habitual confrontación entre los partidos españoles. Pedro Sánchez ha encontrado en Europa uno de los principales argumentos para construir su discurso electoral y situar al Partido Popular y a Vox en un terreno político que considera especialmente desfavorable para ambos: el de la relación de España con el proyecto europeo, la protección del Estado del Bienestar y el avance de los movimientos nacionalistas y ultraconservadores en el continente. En su tercer gran mitin de campaña, celebrado este sábado en Palma de Mallorca ante más de 5.000 personas, según la organización, el presidente del Gobierno ha pedido el apoyo de quienes defienden «más Europa y no menos Europa», en una intervención que ha dedicado buena parte de su contenido a cuestionar las conexiones internacionales de Santiago Abascal y, por extensión, la relación de Alberto Núñez Feijóo con la formación de extrema derecha.

La elección de este argumento no parece casual. España conserva un sentimiento de pertenencia a la Unión Europea considerablemente extendido entre su población, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica, los conflictos armados y la creciente competencia entre las grandes potencias. El Eurobarómetro de otoño de 2024 situaba en el 70% el porcentaje de españoles que manifestaban sentirse vinculados a la Unión, siete puntos por encima del resultado registrado un año antes y también superior a la media europea, que se encontraba en el 63%. El dato ofrece una referencia significativa sobre el respaldo social al proyecto comunitario, aunque conviene no confundirlo con una adhesión automática a las posiciones del Gobierno ni con una orientación electoral determinada. El europeísmo no constituye un patrimonio exclusivo de ningún partido y su presencia entre los ciudadanos tampoco garantiza que vaya a convertirse en el factor decisivo de unas elecciones generales.

Sin embargo, Sánchez pretende precisamente trasladar ese sentimiento al terreno electoral. Su estrategia consiste en presentar los comicios como una elección entre dos formas de entender la posición de España en el mundo: una vinculada a la integración europea, la cooperación institucional y la protección de determinados derechos sociales, y otra que, según el relato socialista, se identifica con las fuerzas políticas que cuestionan algunos de los consensos construidos durante las últimas décadas. Para reforzar esa división, el presidente ha recurrido a las relaciones de Vox con dirigentes internacionales como Viktor Orbán, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Marine Le Pen y Javier Milei, varios de los cuales han participado mediante mensajes grabados en el arranque de campaña de la formación de Abascal en la madrileña plaza de Colón. La presencia de estos respaldos permite a Vox exhibir una red de interlocutores políticos que supera ampliamente las fronteras españolas, pero también proporciona al PSOE un argumento para presentar a su principal adversario parlamentario como parte de un movimiento internacional de mayor alcance.

La cuestión tiene una dimensión política que merece una lectura más detenida. La derecha radical europea ha conseguido ampliar su influencia durante los últimos años y, en determinados países, ha pasado de ocupar posiciones minoritarias a participar directamente en los gobiernos o condicionar su orientación. No obstante, las distintas formaciones que integran este espacio no mantienen necesariamente las mismas posiciones sobre todas las cuestiones económicas, institucionales o internacionales. La relación de Giorgia Meloni con las instituciones comunitarias, por ejemplo, presenta características diferentes de la trayectoria de confrontación mantenida por Viktor Orbán con Bruselas. Reducir a todos estos dirigentes a una única categoría política simplifica una realidad considerablemente más compleja. Lo relevante para la campaña española es que Abascal ha decidido exhibir esos vínculos como una demostración de influencia y reconocimiento internacional, mientras Sánchez los utiliza para advertir sobre la posible orientación de un futuro Ejecutivo integrado por PP y Vox.

La ofensiva socialista también responde a una necesidad electoral interna. El presidente no se ha limitado a cuestionar el proyecto político de Vox, sino que ha insistido en situar a Feijóo dentro de la misma familia ideológica. La operación busca reducir el margen del Partido Popular para presentarse como una alternativa diferenciada y moderada frente a la formación de Abascal. Al establecer una continuidad política entre ambos dirigentes, Sánchez intenta convertir cualquier posibilidad de entendimiento parlamentario entre las dos formaciones en una cuestión central de la campaña. «Lo que no queremos para el mundo, no lo queramos para nuestro país», ha señalado, antes de vincular a los dos partidos con los dirigentes internacionales que considera representativos de la nueva derecha radical. Es una estrategia de confrontación deliberada: el PSOE necesita que la discusión electoral no quede reducida a una evaluación de la gestión del Gobierno, sino que incluya también las consecuencias políticas de un eventual cambio de mayoría.

Esta aproximación tiene, sin embargo, sus límites. El electorado del Partido Popular no es necesariamente intercambiable con el de Vox, y la existencia de acuerdos entre ambas formaciones en distintos territorios no elimina sus diferencias programáticas y estratégicas. Feijóo necesita conservar una identidad política propia y evitar que su partido aparezca como subordinado a las posiciones de Abascal, pero tampoco puede ignorar que una parte de su capacidad para alcanzar el Gobierno depende de la relación con Vox. Sánchez intenta explotar precisamente esa tensión, obligando al líder popular a responder por las propuestas y los apoyos internacionales de un partido con el que puede verse obligado a negociar después del 29-N. La dificultad para Feijóo consiste en mantener un discurso de alternativa al socialismo sin permitir que sea el presidente quien determine los términos de su relación con la derecha radical.

La apelación europea de Sánchez encuentra, además, un precedente especialmente significativo en la respuesta comunitaria a la pandemia de 2020. El presidente ha defendido la intervención de la Unión Europea y la llegada de fondos extraordinarios como una demostración de que la cooperación entre Estados puede ofrecer respuestas más eficaces ante una crisis de grandes dimensiones. España fue uno de los principales beneficiarios del instrumento europeo de recuperación, concebido para impulsar la actividad económica después de una emergencia sanitaria que paralizó buena parte del continente. La comparación con la crisis financiera de 2008 y las políticas de austeridad aplicadas durante los años posteriores forma parte de una de las líneas argumentales más recurrentes del PSOE. Sánchez contrapone la respuesta europea a la pandemia con los recortes que afectaron especialmente a los países del sur durante la anterior crisis económica, y acusa a la derecha de defender un modelo de reducción del gasto público cuando las circunstancias exigen reforzar los mecanismos de protección.

El argumento tiene una base política relevante, aunque también necesita cierta perspectiva. La creación de los fondos europeos fue resultado de una negociación colectiva entre los Estados miembros, con un cambio considerable respecto a los instrumentos utilizados durante la crisis financiera anterior. No fue una decisión exclusiva del Gobierno español, sino una transformación de la respuesta económica comunitaria que permitió financiar inversiones y reformas de gran alcance. Sánchez puede reivindicar legítimamente la gestión de esos recursos y la posición negociadora de España, pero el europeísmo no debería medirse únicamente por la cantidad de fondos recibidos. También exige valorar la capacidad de los gobiernos nacionales para utilizar los recursos disponibles, ejecutar las inversiones comprometidas y convertirlos en mejoras perceptibles para los ciudadanos. Es precisamente en esa conexión entre las grandes decisiones europeas y la vida cotidiana donde se encuentra una de las principales dificultades del discurso socialista.

En Mallorca, el presidente ha intentado establecer esa conexión a través de la vivienda, una de las cuestiones que más condicionan actualmente el debate político español. El caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada del piso en el que había vivido durante siete décadas y falleció posteriormente sin poder regresar a su hogar, se ha convertido en uno de los símbolos de la crisis habitacional. Su situación provocó una fuerte reacción social y terminó situando la protección de los inquilinos en el centro de la discusión parlamentaria. Sánchez ha utilizado ese episodio para cuestionar el rechazo del PP y Vox a las medidas impulsadas por el Ejecutivo, y ha preguntado a ambas formaciones qué objeciones tienen frente a las iniciativas destinadas a evitar situaciones similares. El presidente busca trasladar la discusión desde las diferencias técnicas sobre la regulación del alquiler hasta una cuestión mucho más directa: qué responsabilidad deben asumir las instituciones ante ciudadanos que, después de toda una vida, se encuentran sin posibilidad de conservar su vivienda.

La controversia parlamentaria, no obstante, presenta más matices de los que permite apreciar el relato de campaña. El pasado jueves, la Diputación Permanente del Congreso convalidó por un solo voto uno de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, que incluye medidas contra los desahucios de personas vulnerables, prórrogas de contratos y límites a determinadas subidas del alquiler. El resultado fue de 35 votos favorables frente a 34 contrarios. El segundo texto, que contemplaba otras medidas para reforzar la renovación de los contratos, no consiguió salir adelante. La distinción es importante porque el Gobierno no ha logrado aprobar íntegramente el conjunto de su propuesta, aunque sí ha conseguido mantener en vigor una parte de las medidas. PP y Vox se opusieron al decreto convalidado, una posición que Sánchez ha situado en el centro de sus críticas durante el acto de Palma. La votación ofrece a los socialistas una oportunidad para presentar a sus adversarios como responsables de bloquear medidas de protección, pero también abre un debate legítimo sobre el alcance, la eficacia y las consecuencias de las distintas fórmulas de intervención en el mercado del alquiler.

La vivienda tiene, además, una particularidad que explica su importancia electoral: afecta simultáneamente a generaciones y perfiles económicos muy diferentes. Para muchos jóvenes, representa el principal obstáculo para alcanzar una independencia que se retrasa cada vez más; para numerosas familias, supone una parte creciente de sus ingresos; y para los ciudadanos mayores, puede convertirse en un problema de estabilidad residencial después de décadas en el mismo inmueble. En territorios como Baleares, donde el peso del alquiler turístico y la presión sobre el mercado residencial han alimentado un debate especialmente intenso, la cuestión adquiere todavía más relevancia. La intervención de Francina Armengol durante el mitin ha seguido esa misma línea, al cuestionar el modelo de vivienda de la presidenta autonómica, Marga Prohens, y recordar que los partidos de la derecha votaron contra el decreto aprobado el jueves. La discusión ya no se limita, por tanto, a una confrontación entre Gobierno y oposición en Madrid, sino que alcanza también a los modelos de gestión autonómica y a las consecuencias de sus políticas sobre el acceso a la vivienda.

Sánchez ha añadido a esa comparación la controversia sobre el ático adquirido por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros. El asunto ha adquirido una nueva dimensión después de que el Tribunal de Cuentas haya apreciado indicios suficientes para continuar investigando la operación y haya rechazado la petición de archivo presentada por el Gobierno regional y la empresa pública Planifica Madrid. El órgano fiscalizador considera que existen elementos que podrían apuntar a un posible perjuicio para los fondos públicos y ha dado curso a las actuaciones para el nombramiento de un instructor. La decisión no constituye una sentencia ni acredita por sí misma la existencia de una responsabilidad contable, pero sí significa que la adquisición deberá someterse a un examen más profundo. La vivienda, que se había adquirido inicialmente con la intención de destinarla a dependencias administrativas durante las obras en la sede del Ejecutivo madrileño, terminó generando dudas sobre la adecuación del inmueble a ese uso y sobre la justificación de la inversión.

El presidente ha utilizado este episodio para establecer un contraste entre la operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid y la protección de personas amenazadas por un desahucio. Su crítica a Feijóo por respaldar políticamente a Ayuso en esta controversia persigue trasladar a la campaña una imagen muy concreta de las prioridades de la derecha. La comparación tiene indudable eficacia comunicativa, especialmente en un momento en que el acceso a la vivienda ocupa una posición central entre las preocupaciones ciudadanas. Sin embargo, la evolución del procedimiento del Tribunal de Cuentas deberá analizarse conforme a sus propias pruebas y resoluciones, sin anticipar responsabilidades que todavía no han sido determinadas. En una campaña marcada por las acusaciones cruzadas, la diferencia entre una sospecha jurídicamente relevante y una irregularidad acreditada resulta especialmente importante.

La confrontación tampoco se ha limitado a las cuestiones económicas. Sánchez ha convertido la conducta parlamentaria de PP y Vox en otro de los argumentos centrales de su intervención y ha defendido la actuación de Francina Armengol al frente del Congreso. El presidente ha acusado a ambas formaciones de contribuir al deterioro del debate público mediante los insultos y la falta de argumentos, mientras que la presidenta de la Cámara ha reivindicado su gestión y la normalización del uso de las lenguas cooficiales en las sesiones parlamentarias. El asunto puede parecer secundario frente a la vivienda o la economía, pero forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las instituciones y la relación entre los distintos espacios políticos. La defensa de las lenguas cooficiales, que Armengol ha presentado como uno de los avances de su etapa al frente del Congreso, también permite al PSOE reforzar su discurso de pluralidad territorial frente a las posiciones de PP y Vox sobre la organización lingüística e institucional del Estado.

En ese mismo marco se sitúa la intervención del candidato socialista en Palma, Iago Negueruela, que ha defendido la regularización de inmigrantes y ha animado a quienes se han acogido al procedimiento a ejercer los derechos reconocidos. La cuestión migratoria constituye otro de los principales puntos de fricción entre los partidos y tiene una relación directa con el modelo social que cada uno pretende impulsar. Mientras Vox sitúa la prioridad nacional y las restricciones migratorias entre sus principales propuestas, el PSOE reivindica la integración y la participación de los inmigrantes en la vida económica y social. La discusión no es exclusivamente ideológica: afecta al mercado laboral, a la financiación de los servicios públicos, a las necesidades demográficas y a la capacidad del Estado para gestionar los movimientos migratorios con garantías jurídicas. La manera en que los partidos respondan a estos problemas tendrá consecuencias que difícilmente quedarán limitadas al resultado inmediato de las elecciones.

La campaña socialista está tratando de reunir todos estos asuntos bajo una misma interpretación política. Europa, la vivienda, la inmigración, las instituciones y las relaciones internacionales aparecen en el discurso de Sánchez como partes de una discusión sobre el modelo de país que debe prevalecer durante los próximos años. El presidente necesita que esa conexión resulte comprensible para un electorado que no necesariamente sigue de cerca los movimientos de la política europea, pero que sí experimenta directamente las consecuencias del precio de los alquileres, la situación de los servicios públicos o la incertidumbre económica. La cuestión para el PSOE es si conseguirá convertir una defensa general del europeísmo en una propuesta suficientemente concreta para movilizar a quienes todavía no han decidido su voto. Para el PP, por su parte, la dificultad reside en evitar que la campaña quede reducida a una discusión sobre su relación con Vox, mientras que Abascal pretende aprovechar sus respaldos internacionales para presentarse como parte de una corriente política que considera en expansión en Europa y América.