Un mundo en guerra ante una ONU debilitada

Donald Trump regresó este martes a la Asamblea General de las Naciones Unidas en un momento muy distinto al de su anterior intervención. El presidente estadounidense volvió a encontrarse ante decenas de jefes de Estado y de Gobierno con la intención de defender una política exterior que, en buena medida, ha dejado de ser una sucesión de amenazas y anuncios para convertirse en una acumulación de conflictos abiertos. El resultado fue un discurso centrado en Irán, en la fortaleza estadounidense y en la idea de que Washington ha impuesto su voluntad allí donde otros Gobiernos se limitaron durante años a negociar. Pero bajo esa presentación triunfal existe una cuestión mucho más incómoda: la Administración Trump necesita explicar por qué una guerra que inicialmente se presentó como limitada continúa acercándose a los siete meses sin un acuerdo definitivo, mientras el conflicto se extiende por una región cada vez más amplia y comienza a comprometer intereses económicos y estratégicos que van mucho más allá de Irán.

La diferencia con el Trump que apareció ante la ONU en 2025 no está únicamente en el tono. Entonces podía hablar desde la posición política de quien acababa de recuperar la Casa Blanca y pretendía demostrar que Estados Unidos había entrado en una nueva etapa. Ahora debe hacerlo desde el balance de una presidencia que ha asumido personalmente decisiones militares de enorme alcance. La guerra contra Irán ya no es una amenaza futura ni una hipótesis utilizada para presionar a Teherán: es una realidad que condiciona el tráfico marítimo, los mercados energéticos, la seguridad de los Estados del Golfo y las relaciones de Washington con sus propios aliados. La Asamblea General se ha convertido, por tanto, en un escenario particularmente relevante para Trump porque le permite presentar ante la comunidad internacional su interpretación de una guerra cuyo desenlace todavía no está definido.

El presidente estadounidense insistió en que la intervención militar evitó que Irán obtuviera un arma nuclear y sostuvo que Estados Unidos actuó porque las alternativas diplomáticas habían dejado de ser suficientes. Su argumento central fue que la fuerza estadounidense había conseguido resultados que las negociaciones internacionales no habían logrado. Al mismo tiempo, planteó una disyuntiva extrema: alcanzar un acuerdo con Teherán o destruir la capacidad del régimen iraní para continuar resistiendo. Trump llegó a advertir de que podría «aniquilar» la República Islámica si no se alcanza un pacto. La amenaza no es nueva en su discurso de los últimos meses, pero adquiere una dimensión diferente pronunciada ante la institución creada precisamente para reducir el riesgo de que los conflictos internacionales terminen dependiendo exclusivamente de la fuerza.

El elemento más significativo de su intervención quizá no sea la amenaza en sí misma, sino el calendario que la acompaña. Trump situó la posibilidad de un acuerdo después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre. La referencia introduce directamente la política doméstica en la gestión de una guerra internacional. El presidente no presentó un calendario inmediato para el final del conflicto, sino una perspectiva vinculada a una cita electoral que tendrá lugar el 3 de noviembre. Eso deja abierta una pregunta difícil de evitar: si Washington considera que existe una vía diplomática capaz de poner fin a la guerra, por qué esa vía debería esperar varias semanas más cuando el coste económico y estratégico de mantenerla continúa creciendo.

La propia evolución de las últimas horas demuestra que existe un espacio diplomático que no ha desaparecido. Un alto funcionario iraní ha señalado que Teherán estaría dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en cuestión de días si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta su bloqueo sobre los puertos iraníes. Washington, por su parte, ha indicado que está abierto a conversaciones si estas pueden conducir a un acuerdo. Trump afirmó después que representantes estadounidenses e iraníes habían mantenido una reunión de varias horas al margen de la Asamblea General y describió el encuentro en términos positivos. La existencia simultánea de una amenaza de destrucción y de contactos diplomáticos resume mejor que cualquier otra imagen la situación actual: Estados Unidos y la República Islámica continúan enfrentados militarmente, pero ambos necesitan encontrar una salida.

El estrecho de Ormuz concentra buena parte de esa tensión. No se trata únicamente de un punto geográfico en el mapa del Golfo Pérsico, sino de una de las principales arterias del comercio energético mundial. La posibilidad de reabrirlo se ha convertido en una pieza de negociación porque el conflicto ha alterado las rutas de transporte y ha aumentado la presión sobre los países productores y consumidores. Los movimientos de los mercados petroleros durante esta jornada reflejan precisamente esa incertidumbre: cualquier señal de avance diplomático puede aliviar las expectativas sobre el suministro, mientras que una nueva escalada vuelve a introducir presión sobre los precios.

El problema para Washington es que Ormuz no constituye ya el único punto vulnerable. La guerra ha adquirido una dimensión regional que obliga a observar simultáneamente el Golfo, Irak, Yemen, el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb. Los hutíes, alineados con Irán, han intensificado su avance en Yemen y han amenazado las rutas marítimas vinculadas al mar Rojo. Arabia Saudí se encuentra cada vez más expuesta a las consecuencias del conflicto y ha tenido que recurrir a infraestructuras alternativas para mantener sus exportaciones energéticas. El hecho de que Riad, uno de los socios estratégicos fundamentales de Washington en Oriente Próximo, esté directamente preocupado por la expansión del conflicto demuestra que la guerra ya no puede analizarse exclusivamente como un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.

Ese desplazamiento geográfico tiene consecuencias políticas. Los países árabes del Golfo dependen desde hace décadas de la protección estadounidense, pero también necesitan preservar relaciones funcionales con Irán porque comparten con él una región económica y de seguridad extraordinariamente interconectada. Una guerra prolongada pone a esos Gobiernos ante una contradicción cada vez más difícil de gestionar: necesitan a Estados Unidos como garante de seguridad y, al mismo tiempo, necesitan que Estados Unidos deje de convertir el Golfo en el escenario permanente de una confrontación con Teherán.

Qatar ha puesto sobre la mesa una propuesta para avanzar hacia una arquitectura regional de seguridad que incorpore a Irán y a los Estados árabes del Golfo. El planteamiento parte de una premisa diferente a la estrategia de máxima presión: la seguridad regional no puede construirse mediante ciclos indefinidos de ataques y represalias, sino mediante algún tipo de mecanismo que reduzca la vulnerabilidad de todos los actores. El hecho de que la propuesta esté siendo examinada por Irán demuestra que existen iniciativas diplomáticas paralelas a las conversaciones entre Washington y Teherán. También muestra que los países de la región no están esperando pasivamente a que las dos grandes partes del conflicto decidan su futuro.

La situación en Yemen añade una dificultad más. Las fuerzas hutíes han avanzado contra las posiciones respaldadas por Arabia Saudí y buscan controlar zonas estratégicas próximas a Bab el-Mandeb. Los combates de las últimas semanas han provocado el desplazamiento de más de 130.000 personas y Naciones Unidas ha advertido de que nuevas decenas de miles podrían verse obligadas a abandonar sus hogares. La guerra iniciada contra Irán, por tanto, está produciendo efectos que se manifiestan en conflictos locales que tienen sus propias dinámicas, pero que ahora forman parte de una misma cadena de seguridad regional.

Existe una discusión sobre qué tipo de sistema internacional puede sobrevivir a la acumulación de guerras, rivalidades estratégicas y crisis de confianza.

La Administración Trump ha tratado de transmitir que conserva el control de esa cadena. El presidente sostiene que la superioridad militar estadounidense permite imponer condiciones y que la presión sobre Irán terminará conduciendo a un acuerdo. Sin embargo, la realidad estratégica resulta más complicada cuando el adversario puede responder indirectamente a través de aliados regionales y cuando cada nuevo frente obliga a Estados Unidos a repartir recursos militares entre distintos escenarios. La discusión sobre las reservas de munición estadounidense se ha convertido precisamente en uno de los puntos de fricción política dentro de Washington. Trump ha rechazado públicamente las advertencias sobre una reducción preocupante de los arsenales y ha atacado a quienes las formulan, mientras antiguos y actuales responsables militares han expresado preocupación por la acumulación de compromisos internacionales.

La cuestión de los recursos militares conecta además la guerra de Irán con Ucrania. Estados Unidos continúa siendo un actor central en el apoyo a Kiev mientras mantiene compromisos de seguridad con Israel y despliega fuerzas en Oriente Próximo. La simultaneidad de estos escenarios obliga a Washington a administrar capacidades que no son ilimitadas. No significa necesariamente que Estados Unidos carezca de medios para mantener sus operaciones, pero sí que el coste de sostener varias campañas militares al mismo tiempo se ha convertido en un asunto estratégico y político de primer orden.

En Nueva York, esa cuestión apareció junto a otra que afecta directamente al funcionamiento del sistema internacional: la relación de la Administración Trump con las instituciones multilaterales. El presidente estadounidense volvió a cargar contra el Tribunal Penal Internacional y pidió a los Estados miembros que abandonen la institución. Washington prepara además nuevas medidas contra el tribunal, según informaciones publicadas en los últimos días. Estados Unidos no forma parte del TPI, pero la presión estadounidense tiene relevancia porque afecta a una institución creada para investigar y juzgar genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La posición de Trump ante el TPI forma parte de una política más amplia hacia el orden jurídico internacional. Su Administración sostiene que organismos internacionales no deben tener capacidad para imponer restricciones sobre ciudadanos estadounidenses ni sobre las Fuerzas Armadas del país. Desde esa perspectiva, Washington considera que la soberanía nacional debe prevalecer frente a determinadas instituciones internacionales. Sus críticos, en cambio, sostienen que debilitar mecanismos internacionales de rendición de cuentas reduce precisamente las herramientas disponibles para responder a los crímenes cometidos durante las guerras. La disputa no es secundaria: afecta a una de las preguntas centrales de esta Asamblea General, que es hasta qué punto las normas internacionales continúan siendo capaces de limitar el comportamiento de las grandes potencias.

En ese contexto resulta especialmente significativo el discurso del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que es su última Asamblea General al frente de la organización. Guterres ha advertido de que las grandes potencias no pueden resolver por sí solas las crisis mundiales y ha señalado el deterioro de la confianza, las divisiones geopolíticas y la debilidad de las estructuras de gobernanza internacional. También ha reclamado una reforma del sistema multilateral y ha insistido en que el derecho internacional y los derechos humanos no pueden aplicarse de manera selectiva.

La coincidencia temporal entre el discurso de Guterres y el de Trump es difícil de ignorar. Mientras el secretario general plantea la necesidad de preservar y reformar las instituciones internacionales, el presidente estadounidense reivindica una política basada fundamentalmente en la capacidad de Estados Unidos para actuar por su cuenta. No son únicamente dos discursos distintos sobre política exterior; son dos concepciones diferentes sobre dónde reside la autoridad necesaria para afrontar una crisis internacional. Una confía en la construcción de reglas compartidas, aunque sean imperfectas. La otra concede un peso mucho mayor a la capacidad de una potencia para imponer resultados.

La Asamblea General ha servido también para comprobar que esa discusión no se limita a Washington. Emmanuel Macron ha defendido la necesidad de evitar un regreso a una política internacional dominada por la fuerza y ha reivindicado el multilateralismo como alternativa. Luiz Inácio Lula da Silva ha advertido sobre la situación de Naciones Unidas y sobre la incapacidad de la organización para proteger adecuadamente a las poblaciones más vulnerables. Guterres ha utilizado su último discurso para presentar un diagnóstico igualmente severo. El debate de Nueva York, por tanto, no está siendo simplemente una sucesión de discursos nacionales: existe una discusión sobre qué tipo de sistema internacional puede sobrevivir a la acumulación de guerras, rivalidades estratégicas y crisis de confianza.

En América Latina, Trump ha presentado otra expresión de su política exterior. Venezuela ocupa un lugar central en su discurso porque la Administración estadounidense ha convertido el cambio producido tras la caída de Nicolás Maduro en uno de los ejemplos de su nueva estrategia hemisférica. Trump ha defendido el acuerdo mediante el cual Washington obtiene participación sobre las reservas petroleras venezolanas y ha utilizado la relación con Caracas para presentar una política de presión que combina intereses económicos, seguridad y control regional. En la misma intervención, el presidente estadounidense volvió a defender una política de fuerza contra los cárteles latinoamericanos y habló de recuperar una posición de predominio estadounidense en el hemisferio occidental.

La referencia a Venezuela resulta especialmente reveladora porque muestra que la política exterior de esta Administración no puede dividirse con facilidad entre Oriente Próximo y el continente americano. En ambos escenarios aparece una misma idea: Estados Unidos utiliza su capacidad económica, militar y diplomática para modificar las condiciones existentes y después presenta los resultados como prueba de que la presión funciona. En Venezuela, esa política se combina además con el petróleo; en Oriente Próximo, con la seguridad y la energía; frente a los cárteles, con la lucha contra el crimen transnacional.

Ese enfoque tiene otra consecuencia: convierte cada crisis en una prueba de credibilidad para Washington. Si Estados Unidos amenaza con intervenir y después no consigue el resultado anunciado, la amenaza pierde capacidad de disuasión. Si interviene y obtiene un resultado favorable, la Administración puede utilizarlo como argumento para repetir el modelo. El problema aparece cuando la operación inicial genera nuevos conflictos que obligan a mantener el compromiso durante más tiempo del previsto. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Irán: la cuestión ya no es únicamente si la campaña militar consiguió destruir determinadas capacidades iraníes, sino si Estados Unidos puede transformar esa ventaja militar en un acuerdo político estable.

La experiencia de los últimos meses explica también la cautela con la que deben interpretarse los nuevos anuncios de paz. El Gobierno estadounidense ha modificado varias veces sus previsiones sobre la duración del conflicto, mientras las negociaciones anteriores no han conseguido consolidar un acuerdo permanente. El hecho de que Trump vuelva ahora a hablar de un pacto no significa que ese pacto esté cerrado. Tampoco la posibilidad de reabrir Ormuz implica que las principales cuestiones de seguridad entre Washington y Teherán estén resueltas. Lo que existe en este momento es un espacio diplomático que ambas partes parecen considerar suficientemente útil como para mantenerlo abierto.

Y ese espacio diplomático aparece precisamente cuando la presión internacional aumenta. Los Estados del Golfo quieren recuperar la normalidad comercial. Arabia Saudí necesita proteger sus rutas de exportación. Irán necesita aliviar el bloqueo. Estados Unidos necesita evitar una guerra indefinida. Los mercados necesitan previsibilidad. Europa necesita que la energía y el transporte marítimo no sufran una nueva perturbación prolongada. Cada actor llega a la negociación con intereses distintos, pero todos tienen un incentivo concreto para evitar que el conflicto continúe ampliándose.

También Ucrania ha ocupado un lugar importante en la agenda de Trump. Volodímir Zelenski se ha reunido con el presidente estadounidense para pedir apoyo y acelerar los esfuerzos destinados a poner fin a una guerra que supera ya los cuatro años. La cuestión ucraniana aparece así junto a Irán en la agenda de un presidente estadounidense que intenta mantener abierta la posibilidad de intervenir diplomáticamente en varios conflictos simultáneos. La diferencia es que en Ucrania Washington trata de utilizar su influencia para alcanzar un acuerdo entre terceros, mientras que en Irán Estados Unidos forma parte directamente del conflicto que pretende cerrar.

La elección de interlocutores durante esta Asamblea General tampoco es casual. Trump ha mantenido encuentros con Zelenski y con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, mientras su agenda incluye conversaciones con dirigentes europeos, asiáticos y latinoamericanos. La reunión prevista con la representación venezolana y los contactos con los países del Golfo completan una agenda que muestra hasta qué punto la política exterior estadounidense se ha convertido en una sucesión de negociaciones bilaterales. La ONU proporciona el escenario común, pero buena parte de la diplomacia real continúa desarrollándose fuera de la sala de la Asamblea General.

Ese contraste es importante para entender la propia institución. La Asamblea General permite que los líderes expongan públicamente sus posiciones ante prácticamente todo el sistema internacional, pero las decisiones capaces de alterar el curso de una guerra suelen depender de negociaciones mucho más reducidas. Esta semana, por tanto, importa tanto lo que se dice desde la tribuna como lo que se negocia en despachos y reuniones bilaterales. En el caso de Irán, la diferencia puede ser particularmente grande: la retórica de Trump sigue siendo extremadamente dura, mientras los contactos diplomáticos parecen buscar una fórmula que permita reducir gradualmente la confrontación.

La cuestión más difícil está en determinar qué puede hacer Washington con esa capacidad cuando la superioridad militar ya no basta para producir una salida política

La sucesión de António Guterres añade otra capa a este proceso. El secretario general dejará el cargo el próximo 31 de diciembre y la elección de su sustituto se encuentra todavía abierta. Entre los nombres con mayor presencia en el proceso aparecen Rebeca Grynspan, de Costa Rica, y Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana, junto a otros candidatos que continúan en la carrera. Las negociaciones dependen en última instancia de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuyos intereses pueden determinar qué candidatura consigue avanzar.

La elección del próximo secretario general adquiere una importancia adicional porque Naciones Unidas atraviesa una crisis de legitimidad y financiación que no se resolverá con un cambio de persona. La organización necesita responder a la pérdida de confianza, a la competencia entre grandes potencias, a las dificultades para hacer cumplir determinadas resoluciones y a la transformación tecnológica provocada por la inteligencia artificial. Estados Unidos, China y Rusia mantienen visiones diferentes sobre el futuro del sistema internacional, mientras numerosos países del Sur Global reclaman una representación más acorde con el peso actual de sus sociedades y economías.

Guterres ha situado también la inteligencia artificial entre los grandes desafíos de los próximos años. El debate tecnológico comparte espacio con las guerras porque las nuevas capacidades militares, la desinformación y los sistemas autónomos están modificando la naturaleza de la seguridad internacional. Trump, por su parte, ha defendido una expansión tecnológica estadounidense con menos restricciones. El contraste vuelve a aparecer: Naciones Unidas intenta construir reglas internacionales para una tecnología que evoluciona con rapidez, mientras Washington prioriza la competencia estratégica y el liderazgo tecnológico estadounidense.

La cuestión fundamental de esta Asamblea General no es, por tanto, únicamente qué ocurrirá con Irán. Es qué tipo de comportamiento internacional quedará normalizado después de esta etapa. Si una gran potencia puede iniciar una guerra, prolongarla mientras negocia desde el campo de batalla, utilizar el acceso a recursos energéticos como instrumento de presión y desafiar abiertamente a instituciones jurídicas internacionales, el problema deja de ser exclusivamente estadounidense o iraní. Afecta a las reglas que los demás países tendrán que utilizar cuando sus propios intereses entren en conflicto.

Trump ha acudido a Naciones Unidas para defender que su política funciona. Ha hablado de fuerza militar, de acuerdos comerciales, de energía, de seguridad, de Irán, Venezuela y de la capacidad estadounidense para imponer condiciones. Pero la fotografía completa de Nueva York es menos sencilla que la que ofrece el discurso presidencial. Hay una guerra que todavía no ha terminado, un estrecho estratégico cuya reapertura depende de una negociación todavía frágil, aliados regionales cada vez más expuestos, un sistema internacional sometido a una presión creciente y una organización internacional que busca nuevo liderazgo mientras debate incluso su propia capacidad para seguir siendo relevante.

En ese escenario, la cuestión que queda abierta no es si Trump ha conseguido dominar la conversación de la Asamblea General. Lo ha hecho. Tampoco si Estados Unidos continúa siendo la potencia militar con mayor capacidad para alterar los acontecimientos internacionales. Continúa siéndolo. La cuestión más difícil está en determinar qué puede hacer Washington con esa capacidad cuando la superioridad militar ya no basta para producir una salida política, cuando los aliados tienen intereses propios y cuando cada frente nuevo puede transformar una operación limitada en un compromiso regional.

La propia jornada de Naciones Unidas ha ofrecido una respuesta provisional, pero todavía incompleta. Trump amenaza con llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias y, al mismo tiempo, habla de un acuerdo. Irán mantiene su confrontación con Estados Unidos y, al mismo tiempo, ofrece una posible reapertura de Ormuz. Los países del Golfo buscan protección estadounidense mientras exploran fórmulas regionales de seguridad. Europa reivindica el multilateralismo mientras trata de preservar margen de maniobra. Naciones Unidas reclama reformas mientras sus principales potencias discuten sobre el alcance de las reglas que la sostienen. Y, mientras todas esas negociaciones avanzan en paralelo, el conflicto que debía demostrar la capacidad de Estados Unidos para imponer una nueva realidad continúa sin haber encontrado todavía una forma estable de terminar.