250 años después, Estados Unidos vuelve a enfrentarse a la pregunta que nunca resolvió

Hay aniversarios que sirven para recordar el pasado y otros que terminan revelando el presente. El 250.º aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos pertenece claramente a la segunda categoría. La efeméride, que en cualquier otro momento habría sido una celebración casi automática del nacimiento de la primera gran democracia constitucional moderna, llega en un contexto de extraordinaria polarización política, desconfianza institucional y disputa abierta sobre la propia identidad nacional. El documento que proclamó la independencia de las trece colonias en 1776 no ha cambiado una sola palabra en dos siglos y medio. Lo que sí ha cambiado es la forma en la que los estadounidenses lo leen, lo interpretan y, sobre todo, lo utilizan.

La paradoja resulta difícil de ignorar. Mientras el país conmemora el texto que proclamó que "todos los hombres son creados iguales" y poseen derechos inalienables, buena parte del debate político gira precisamente alrededor de quién puede apropiarse de ese legado y qué significa realmente esa igualdad. Ya no se discute únicamente el contenido de la Declaración de Independencia, sino el relato nacional que debe construirse a partir de ella. En una época marcada por las guerras culturales, la historia ha dejado de ser un terreno de estudio para convertirse en un instrumento político de primer orden.

La llegada de Donald Trump a un segundo mandato ha acelerado ese proceso. Su administración ha convertido el aniversario en una oportunidad para promover una determinada visión de Estados Unidos: una nación excepcional, orgullosa de su pasado y poco dispuesta a detenerse en sus episodios más oscuros. No se trata únicamente de organizar desfiles, ceremonias o actos oficiales. La conmemoración forma parte de un proyecto político mucho más amplio que busca redefinir el patriotismo estadounidense y recuperar una narrativa histórica menos crítica con los Padres Fundadores y con el desarrollo del país.

No es una estrategia nueva. Ya durante su primer mandato, Trump impulsó la Comisión 1776 como respuesta directa a las iniciativas académicas y periodísticas que insistían en colocar la esclavitud y el racismo estructural en el centro del relato nacional. Aquella comisión desapareció con la llegada de Joe Biden, pero su filosofía ha regresado con fuerza bajo nuevas estructuras encargadas de organizar el 250.º aniversario. La idea es sencilla: presentar la historia estadounidense como una sucesión de logros extraordinarios, minimizando aquellas contradicciones que puedan debilitar el sentimiento patriótico.

Frente a esa visión se sitúa un amplio sector de historiadores, universidades, museos y organizaciones culturales que sostienen justamente lo contrario. No consideran que reconocer las contradicciones del pasado sea una amenaza para la identidad nacional, sino precisamente la condición necesaria para comprenderla. Desde esta perspectiva, ocultar o simplificar la historia supone empobrecerla y convertirla en propaganda.

La disputa resulta especialmente significativa porque gira alrededor de uno de los textos políticos más influyentes jamás escritos. La Declaración de Independencia no solo justificó la ruptura con la Corona británica. También formuló unos principios universales que terminarían inspirando revoluciones, constituciones y movimientos democráticos en buena parte del mundo. Jefferson consiguió condensar en apenas unas líneas una idea extraordinariamente poderosa: la legitimidad del poder depende de la protección de los derechos naturales y del consentimiento de los gobernados. Pocas afirmaciones han tenido una influencia comparable en la historia política occidental.

Sin embargo, la grandeza intelectual del documento siempre convivió con profundas contradicciones. Thomas Jefferson escribió aquellas palabras mientras era propietario de cientos de personas esclavizadas. La igualdad proclamada en la Declaración no incluía a los esclavos, tampoco a los pueblos indígenas ni, por supuesto, a las mujeres. La joven república nacía defendiendo principios universales que solo se aplicaban parcialmente. Esa contradicción no constituye un descubrimiento reciente. Ha acompañado a Estados Unidos desde su origen y ha marcado buena parte de sus conflictos internos durante los últimos doscientos cincuenta años.

Quizá por ello la Declaración de Independencia conserva una extraordinaria capacidad para incomodar. No porque sus ideales hayan perdido valor, sino porque siguen siendo mucho más ambiciosos que la realidad. Su fuerza reside precisamente en haber fijado un estándar moral extremadamente elevado. Cada generación ha podido recurrir a aquellas palabras para denunciar las desigualdades de su propio tiempo. Lo hicieron los abolicionistas durante el siglo XIX. Lo hicieron las sufragistas. Lo hicieron Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles. Lo siguen haciendo quienes consideran que Estados Unidos aún no ha cumplido plenamente la promesa formulada en Filadelfia.

Ese carácter abierto explica que la Declaración sea hoy objeto de una batalla política tan intensa. La cuestión ya no consiste únicamente en estudiar qué ocurrió en 1776, sino en decidir qué significado debe tener ese episodio para la sociedad estadounidense contemporánea. El pasado funciona como un espejo en el que cada corriente política busca legitimar su proyecto de futuro.

La administración Trump parece haber entendido perfectamente esa dinámica. Buena parte de su estrategia cultural pasa por recuperar una lectura heroica de la historia nacional. Las amenazas a determinadas universidades, la presión sobre museos federales, la revisión de programas educativos y los decretos destinados a promover una visión más patriótica de la historia responden a una misma lógica: controlar el relato sobre el pasado equivale, en cierta medida, a influir sobre el futuro político del país.

No es casual que muchos historiadores hayan advertido del riesgo que supone reducir

acontecimientos complejos a narrativas excesivamente simples. La historia rara vez ofrece respuestas cómodas. Jefferson puede ser, al mismo tiempo, uno de los grandes pensadores políticos de la Ilustración y un hombre profundamente comprometido con el sistema esclavista. Ambas afirmaciones son ciertas. Intentar eliminar cualquiera de las dos empobrece nuestra comprensión del personaje y del país que ayudó a fundar.

Precisamente esa tensión se aprecia con claridad en Monticello, la residencia que Jefferson construyó en Virginia y que hoy constituye uno de los lugares más visitados del país para comprender su legado. Allí no se ocultan las contradicciones. Los recorridos explican tanto la brillantez intelectual del tercer presidente estadounidense como la realidad cotidiana de las personas esclavizadas que sostuvieron económicamente aquella plantación. La figura de Sally Hemings ocupa un lugar destacado porque simboliza hasta qué punto la vida privada de Jefferson refleja las incoherencias de los principios públicos que defendía.

Ese esfuerzo por presentar una historia compleja contrasta con una parte del discurso político actual, más interesado en ofrecer certezas que matices. Sin embargo, resulta difícil construir una identidad nacional sólida sobre una versión incompleta del pasado. Las democracias maduras no necesitan héroes perfectos. Necesitan ciudadanos capaces de comprender que incluso las figuras más admiradas actuaron dentro de contextos históricos llenos de contradicciones.

El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa la evolución del sentimiento patriótico en Estados Unidos. Las encuestas muestran un descenso continuado del orgullo nacional, especialmente entre los jóvenes. No se trata únicamente de un fenómeno político. También refleja una creciente distancia entre el ideal americano y la percepción que muchos ciudadanos tienen de la realidad cotidiana. La desigualdad económica, la polarización institucional, la pérdida de confianza en las instituciones y las dificultades para acceder a una auténtica movilidad social han debilitado una de las grandes promesas del llamado sueño americano.

Resulta significativo que estas dudas aparezcan precisamente cuando Estados Unidos continúa siendo una de las mayores potencias económicas, militares y tecnológicas del planeta. El problema no reside únicamente en su capacidad material, sino en la confianza que la sociedad mantiene en el proyecto nacional. Ningún país puede sostener indefinidamente un liderazgo internacional si sus propios ciudadanos dejan de creer en la legitimidad de sus instituciones o en la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

La presidencia de Trump ha intensificado además otro debate igualmente importante: el funcionamiento del propio sistema constitucional. Los Padres Fundadores diseñaron una arquitectura institucional destinada a limitar la concentración del poder ejecutivo mediante un complejo equilibrio entre Congreso, Presidencia y Tribunal Supremo.

Durante décadas, ese sistema fue considerado uno de los grandes logros de la ingeniería constitucional moderna. Sin embargo, numerosos especialistas sostienen que nunca fue concebido para afrontar un escenario en el que un mismo líder ejerciera una influencia tan amplia sobre el partido gobernante y sobre buena parte de las instituciones encargadas de controlarlo.

No significa necesariamente que la democracia estadounidense esté condenada. Significa que atraviesa una prueba especialmente exigente. Las constituciones pueden establecer límites jurídicos, pero ninguna democracia sobrevive únicamente gracias a las normas escritas. También depende de costumbres institucionales, consensos políticos y una cultura democrática que no puede darse por garantizada.

Mientras tanto, el aniversario continúa alimentando otra discusión menos visible, pero igualmente decisiva: la del lugar que ocupa Estados Unidos en el mundo. En 1976, durante el bicentenario, el país intentaba recuperar la confianza tras Vietnam y Watergate. Aquellas celebraciones sirvieron para reforzar museos, investigaciones históricas y proyectos educativos que ampliaron considerablemente la comprensión del pasado nacional. Medio siglo después, el contexto internacional es radicalmente distinto. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia global, pero ya no disfruta de la hegemonía incontestable que caracterizó buena parte del final del siglo XX. La creciente influencia de China, las transformaciones del orden internacional y los desafíos derivados del cambio climático proyectan una sensación de incertidumbre muy diferente a la que acompañó celebraciones anteriores.

En ese escenario, el 250.º aniversario corre el riesgo de convertirse menos en una celebración compartida que en una nueva expresión de la fractura política estadounidense.

Lo que debería ser un momento de reflexión nacional amenaza con transformarse en otra batalla ideológica donde cada sector busca imponer su propia interpretación del pasado. Y quizá esa sea la principal enseñanza de esta conmemoración. La Declaración de Independencia no divide porque haya dejado de importar. Divide precisamente porque continúa siendo el documento fundacional de un país que sigue intentando responder a las mismas preguntas que formuló hace dos siglos y medio. Qué significa realmente la igualdad, hasta dónde alcanza la libertad, quién pertenece plenamente a la nación y cuál debe ser el equilibrio entre el poder y los derechos individuales son cuestiones que permanecen abiertas.