La resistencia agota sus recursos

La acumulación de sumarios judiciales, la apertura de líneas de investigación que afectan al núcleo de la organización y la constante parálisis legislativa configuran un escenario que, en la mayoría de las democracias de nuestro entorno, habría provocado la caída inmediata del Ejecutivo o, en su defecto, una convocatoria anticipada de elecciones. Sin embargo, la respuesta institucional de La Moncloa se ha centrado en articular una narrativa de resistencia basada en la denuncia de un supuesto acoso coordinado por poderes fácticos, una tesis que etiqueta cualquier fiscalización como una estrategia de judicialización política de tintes espurios. Esta explicación, que inicialmente sirvió para cohesionar a las distintas facciones de la coalición y sus socios parlamentarios, empieza a perder verosimilitud incluso entre los sectores más templados del espectro progresista. La realidad material de los tribunales y la contundencia de los indicios sitúan al Gobierno en una fase de desgaste estructural que bien podría denominarse tardosanchismo, un periodo caracterizado no tanto por el colapso repentino, sino por la agonía lenta de un modelo de poder que ha agotado sus recursos estratégicos.

Este repliegue doctrinal no es un fenómeno improvisado, sino una maniobra calculada de cara al futuro interno de la organización. Cuando figuras de peso en el Consejo de Ministros, como Óscar Puente, denuncian de manera sistemática la existencia de maniobras antidemocráticas destinadas a derrocar al Ejecutivo, no solo están ensayando una defensa jurídica en el plano de la opinión pública; están construyendo el relato fundacional para la era posterior. En toda estructura política contemporánea, quien aspire a suceder al líder necesita apelar a las pasiones de una militancia cuyos posicionamientos suelen estar considerablemente más ideologizados que los del votante medio o los de la propia tecnocracia del partido. Si el actual presidente llegó a la cúspide cuestionando a los aparatos tradicionales y presentándose como el baluarte de las bases frente a las élites decimonónicas, los futuros aspirantes parecen diseñar una legitimidad basada en el victimismo institucional. El objetivo último es inocular en el cuerpo electoral de la izquierda la idea de que el proyecto no naufragó por su propia parálisis legislativa o por los escándalos de corrupción, sino porque fue víctima de una conspiración transversal ejecutada desde las cloacas del Estado y determinados sectores de la judicatura.

Esta desconexión entre la retórica oficial y la realidad parlamentaria se hace evidente al analizar el comportamiento de los socios de investidura en el Congreso de los Diputados. No existe ninguna maniobra coordinada desde el exterior para bloquear las iniciativas gubernamentales; la parálisis responde a un cálculo de estricta supervivencia política por parte de formaciones como el Partido Nacionalista Vasco o Junts per Catalunya. Para estas fuerzas, la vecindad con un Ejecutivo salpicado por las investigaciones que cercan a figuras antaño clave en la fontanería de la organización, como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez, se ha vuelto profundamente radioactiva en sus respectivos territorios. La percepción de que la legislatura está liquidada no emana de la oposición, sino del convencimiento de que el coste de mantener el apoyo parlamentario supera con creces los beneficios de una estabilidad ficticia. Las mayorías numéricas que permitieron la investidura carecen hoy de la cohesión ideológica y programática necesaria para sostener una acción de gobierno mínima, convirtiendo cada votación en un calvario negociador que visibiliza la extrema debilidad de La Moncloa.

La estrategia de achacar los problemas estructurales del país a supuestas conspiraciones corporativas encuentra un límite insalvable cuando se contrasta con las demandas más acuciantes de la ciudadanía. Un ejemplo paradigmático es la crisis de la vivienda. La insistencia gubernamental en señalar a fondos de inversión, dinámicas especulativas o la resistencia de administraciones autonómicas de signo contrario resulta insuficiente para ocultar los fallos endógenos de la política económica del Ministerio. Cualquier análisis riguroso del mercado inmobiliario español demuestra que el crecimiento exponencial de los precios obedece a una rigidez severa de la oferta frente a una demanda demográfica y laboral en constante expansión. La falta de seguridad jurídica para los propietarios y la ausencia de políticas ambiciosas de edificación residencial de carácter público han contraído el mercado, elevando los costes por pura lógica macroeconómica. Tratar de responder a un problema de desequilibrio de mercado mediante consignas ideológicas solo ensancha la brecha entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana de los ciudadanos, acelerando el desafecto hacia el Ejecutivo.

En el ámbito internacional, el Gobierno también empieza a notar el agotamiento de una de sus cartas más recurrentes. Históricamente, la política exterior ha funcionado como el refugio ideal para amortiguar los conflictos domésticos y ensanchar el espacio electoral del Partido Socialista a costa de las formaciones situadas a su izquierda, como Sumar o los restos de Podemos. El posicionamiento firme respecto a la situación en la franja de Gaza, la defensa estricta de la legalidad internacional frente al auge de posturas aislacionistas vinculadas a Donald Trump o el alineamiento con las tesis de la diplomacia europea en Oriente Medio sirvieron para unificar las filas progresistas bajo una bandera de utilidad moral. Sin embargo, a medida que los conflictos exteriores entran en fases de cronificación o las tensiones en regiones críticas como Irán amagan con estabilizarse bajo nuevos equilibrios geopolíticos, el rendimiento electoral de la agenda exterior decrece. Los problemas domésticos vuelven al primer plano con una nitidez incómoda, despojando al relato oficial de ese escudo internacional que permitía desviar la atención de la falta de Presupuestos Generales del Estado o del estancamiento de las reformas sociales prometidas.

Paralelamente, el factor del miedo a la extrema derecha, que durante años actuó como el principal elemento movilizador del electorado progresista, ha entrado en una fase de rendimientos decrecientes. La irrupción de Vox en Gobiernos autonómicos y municipales en coalición con el Partido Popular, lejos de provocar la reacción social generalizada que vaticinaban los estrategas de La Moncloa, ha tendido a diluir el perfil más disruptivo de la formación de Santiago Abascal. Al asumir responsabilidades de gestión, su discurso pierde parte de la carga antisistémica que lo hacía mediáticamente omnipresente, normalizando su presencia en las instituciones. Este proceso de asimilación institucional desactiva la eficacia de la alerta antifascista como mecanismo de disciplina del voto de izquierdas. Además, las transferencias de voto reflejan que el crecimiento de la derecha no se debe únicamente a la movilización de la abstención, sino a la capacidad de absorber nuevos nichos de votantes jóvenes que se muestran inmunes a los ejes de confrontación tradicionales de la transición o de la pasada década.

Ante este panorama de asfixia estratégica y con referentes morales del movimiento como el expresidente Rodríguez Zapatero expuestos a un potencial desgaste en los juzgados debido a su hiperactividad internacional y de mediación, Pedro Sánchez parece haber diseñado una última maniobra orientada al horizonte de 2027. Se trata de la presentación formal de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, una iniciativa que adquiere tintes de puesta de largo preelectoral más que de un intento real de gestión económica, considerando que el país acumula tres años sin lograr la aprobación de unas cuentas públicas actualizadas. La finalidad de este movimiento es estrictamente discursiva: construir el armazón de una campaña electoral en la que el Partido Socialista pueda presentarse ante el electorado como el único garante de las políticas sociales y de redistribución de la riqueza, culpando explícitamente a sus socios de investidura de haber priorizado sus intereses partidistas sobre el bienestar de las clases medias y trabajadoras.

Esta necesidad imperiosa de controlar los tiempos políticos explica los recientes movimientos en la Mesa del Congreso de los Diputados, donde la mayoría parlamentaria que aún retiene el bloque gubernamental impidió la votación de una iniciativa presentada por el Partido Popular y Junts que instaba formalmente al presidente a convocar elecciones generales. Desde una perspectiva estrictamente constitucional, dicha propuesta carecía de efectos vinculantes, dado que la potestad de disolver las Cortes y convocar comicios es una prerrogativa personalísima del jefe del Ejecutivo, equiparable únicamente a la facultad de plantear una cuestión de confianza. No obstante, el veto a la votación revela el temor reverencial de La Moncloa a que la Cámara Baja escenificara de manera explícita que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno se ha quebrado de forma irreversible. Un pronunciamiento favorable del pleno del Congreso a la convocatoria electoral habría invalidado por completo la credibilidad de cualquier intento de presentar unos presupuestos, fijando en el imaginario colectivo el fin definitivo de la legislatura.

El declive de un ciclo político se manifiesta con total claridad cuando las herramientas que en el pasado resultaban infalibles para revertir las crisis dejan de surtir efecto. El presidente del Gobierno ha demostrado a lo largo de su trayectoria una agilidad táctica superior a la de una oposición conservadora que, a menudo, parece limitarse a esperar el derrumbe del rival por pura gravedad demográfica o judicial. Sin embargo, en esta ocasión, la capacidad de imponer la agenda pública y moldear las narrativas colectivas parece haberse evaporado. Cuando la continuidad de un proyecto político pasa a depender de teorías de la conspiración cada vez más complejas y cuando los propios ministros y colaboradores de confianza empiezan a evaluar discretamente los escenarios del día después, la hipótesis del tardosanchismo deja de ser una crítica interesada de los sectores de la oposición para convertirse en una diagnosis compartida por el propio ecosistema del poder.