Cataluña, desprotegida ante la peste porcina africana

Hace apenas unos días, lo que hasta hace poco resultaba impensable se convirtió en realidad: en las inmediaciones de Collserola (al norte de Barcelona) se detectaron los primeros casos confirmados de peste porcina africana (PPA) en jabalíes desde 1994. Dos cadáveres dieron positivo; varios más están bajo análisis; y decenas de granjas cercanas quedaron bajo vigilancia estricta.

Ante la magnitud del riesgo, la administración autonómica no dudó en dar un paso tan extraordinario como sintomático: pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un recurso destinado habitualmente a catástrofes naturales o grandes emergencias, lo que evidencia la gravedad del quebranto.

Ese recurso militar, junto con agentes rurales, guardas forestales, policías autonómicos y miembros de protección civil, ha sido movilizado en masa con un mandato claro: contener la enfermedad, rastrear cadáveres de la fauna silvestre, cerrar accesos al parque, vallar pasos bajo carreteras, sellar corredores ecológicos bajo infraestructuras, e impedir que los jabalíes abandonen la zona de riesgo.

El perímetro de seguridad instalado es amplio: un radio inmediato de seis kilómetros en torno al foco —donde se ha suspendido toda actividad forestal, recreativa o cinegética—, así como una zona de vigilancia de unos veinte kilómetros donde las granjas de cerdos han sido identificadas, inmovilizadas preventivamente, y sometidas a controles sanitarios y restricciones de movimiento. Hasta el momento, los 39 núcleos ganaderos en ese radio han dado negativo.

La dimensión de la crisis tiene ya implicaciones económicas que trascienden lo local. El sector porcino español —clave para la economía nacional, con exportaciones masivas y decenas de miles de empleos— observa con preocupación el impacto que este brote puede tener sobre los mercados internacionales y la confianza en la producción nacional.

Pero más allá del riesgo sanitario, lo que ha puesto en evidencia este episodio es una crítica estructural: la debilidad institucional a la hora de responder a emergencias vinculadas a fauna salvaje, medio ambiente y seguridad agropecuaria. En ese contexto, emerge una pregunta incómoda: ¿qué hubiera pasado si en lugar de la UME se hubiese confiado en unidades especializadas de vigilancia ambiental?

Organismos como la AUGC —asociación que representa a miembros de la Guardia Civil— han reclamado que esta crisis debe servir para “rectificar de inmediato y paralizar el desmantelamiento del Seprona”, la unidad dedicada a la protección de la naturaleza. Argumentan que solo un cuerpo con estructura estatal, homogéneo y especializado puede ofrecer una respuesta coordinada y eficaz en estas situaciones.

El desmantelamiento o debilitamiento del Seprona en los últimos años había sido presentado como parte de maniobras políticas, de reordenación competencial, en un contexto de tensiones institucionales entre diferentes administraciones. Pero ahora, ante una crisis concreta —peste porcina, fauna salvaje, amenaza a la ganadería y al medio ambiente— esas decisiones revelan un coste tangible.

El escenari o actual pone sobre la mesa varias certezas: la primera, que la PPA es una amenaza real y urgente; la segunda, que la movilización excepcional de militares y fuerzas de orden es una prueba de la falta de previsión institucional; la tercera, que las implicaciones económicas y ambientales trascienden lo local —afectan al conjunto del país; y la cuarta, que restaurar competencias y efectivos en unidades especializadas no debería ser un debate ideológico, sino una necesidad de Estado.