La grave crisis sanitaria en las prisiones españolas
- Nicolás Guerrero
- hace 3 días
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Actualizado: hace 1 día
Desde hace años, se expone la escasez crónica de personal médico y organización en los centros penitenciarios españoles, que genera una falta de atención sanitaria adecuada a los presos, demoras y riesgos para la salud. En el informe anual de 2024 realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención (en adelante MNP) del Defensor Del Pueblo, se comenta que "se mantiene la situación de escasez de personal médico en las prisiones de la
Administración General del Estado". Más del 60 % de las plazas de personal facultativo penitenciario están sin cubrir.
Se estima que más de 42.000 internos españoles sufren el abandono
Todos estos problemas acumulados suponen un riesgo para los reclusos.
Flash Info ha accedido a una huelga de hambre de un colectivo que lucha contra la falta de asistencia sanitaria en las cárceles. Ana y el exrecluso Honorio Gómez Alfaro (Pope), unos de sus representantes, nos acogen en el lugar donde se han instalado para manifestarse. Empiezan la conversación refiriéndose al centro penitenciario de Mansilla De Las Mulas, en León, dónde según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), apenas hay personal sanitario. Ese mismo establecimiento se enfrenta a una investigación judicial por la prolongada plaga de sarna que sufre buena parte de la población reclusa.
Según Pope, la escasez de servicio sanitario ha provocado que los prisioneros contagiados "no reciban ningún tratamiento".
Se estima que más de 42.000 internos españoles sufren el abandono.
En el artículo 37 de la Ley General Penitenciaria, se dicta que "Para la prestación de la asistencia sanitaria todos los establecimientos estarán dotados:
a) De una enfermería, que contará con un número suficiente de camas, y estará provista del material clínico, instrumental adecuado y productos farmacéuticos básicos para curas de urgencia e intervenciones dentales.
b) De una dependencia destinada a la observación psiquiátrica y a la atención de los toxicómanos.
c) De una unidad para enfermos contagiosos."
En muchas prisiones esta disposición no se cumple.
En el año 2020, la Audiencia Nacional condenó al Ministerio del Interior (Instituciones Penitenciarias) a indemnizar con 10.000 euros a Pope. El tribunal determinó que la desatención médica y los continuos traslados injustificados provocaron que el preso perdiera el dedo meñique y parte de su mano izquierda, al frustrarse hasta cinco operaciones programadas.
Según nos cuenta Ana, buscan garantizar que todos los centros dispongan de medicos para "asegurar el bienestar de los presos". Para ello, piden el traspaso de las competencias sanitarias al servicio autonómico, como estableció la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud en 2003. Pero lleva más de dos décadas paralizada por disputas de financiación y falta de voluntad política. Salvo Cataluña, País Vasco y Navarra, el resto de prisiones dependen del Estado. Eso genera muchos de los problemas anteriormente expuestos.
El 28 de mayo de 2024, el gobierno informó que "En cumplimiento de este mandato legal (ley sobre el traspaso de competencias), la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias viene haciendo importantes esfuerzos, a todos los niveles, para que se cumpla lo dispuesto, lo que redundaría en una sustancial mejora de la asistencia sanitaria penitenciaria."
Pero por muchos "esfuerzos" que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias haga, en 23 años, no se ha aplicado el precepto que permitiría la mejora sanitaria. Los reclusos siguen sufriendo las consecuencias de una organización penosa entre el gobierno central y los autonómicos, fruto de la inestabilidad política del país en las últimas dos décadas.
Nos comentan que "no se preven mejoras hasta dentro de mucho tiempo pensando en el futuro político del país". Ana y Pope, junto a sus compañeros, seguirán manifestandose a favor del derecho a la sanidad y el bienestar de los internos españoles. Mencionan que "no se puede tolerar que vivan miserablemente". Los presos en España conservan intacto su derecho a la protección de la salud y a recibir asistencia médica, independientemente de su situación penal. Este derecho está amparado por el artículo 43 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley General Penitenciaria.
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