Cómo rediseñar una democracia sin tocar las urnas

Existe un momento preciso en la degradación de una democracia que raramente se anuncia con tambores. No llega cuando un líder declara el estado de excepción ni cuando los tanques circulan por las calles de la capital. Llega, con mucha mayor frecuencia, en forma de tecnicismo jurídico, de rediseño cartográfico, de reinterpretación constitucional. Llega cuando quienes ya detentan el poder descubren que las instituciones creadas para arbitrar la competencia política pueden ser capturadas y convertidas en instrumentos de esa misma competencia. En esas circunstancias, la democracia no desaparece de un golpe: se vacía por dentro, lentamente, conservando todas sus formas externas mientras pierde su sustancia más esencial.

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos en las semanas previas a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026 es exactamente eso. No es un golpe de Estado. No hay uniformes ni proclamas de emergencia nacional. Hay algo más perturbador precisamente porque resulta más difícil de nombrar: una ofensiva coordinada, calculada y en buena medida exitosa para rediseñar el terreno electoral antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas, utilizando para ello los propios mecanismos institucionales que deberían garantizar la neutralidad del proceso. La combinación de una sentencia del Tribunal Supremo, una oleada de redibujados de distritos en al menos ocho estados y las declaraciones explícitas del propio presidente de la república compone un cuadro que exige ser leído en su conjunto, no pieza a pieza.

El miércoles 29 de abril de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia que los magistrados del ala liberal de la propia corte describieron como una demolición. Con una votación de seis a tres impulsada por los miembros conservadores de la corte, la mayoría bloqueó un mapa electoral que otorgaba a Luisiana un segundo distrito congresional de mayoría negra, dictaminando que dicho mapa equivalía a un uso inconstitucional de la raza. La decisión fue redactada por el juez Samuel Alito, y su argumento central merece ser examinado con detenimiento porque ilustra con precisión la mecánica de lo que podríamos llamar el vaciamiento liberal: usar el lenguaje de la igualdad para desmantelar las herramientas que hacen posible la igualdad real.

La Ley de Derecho al Voto de 1965 es uno de los grandes documentos del constitucionalismo democrático moderno. Nació en el contexto de la lucha por los derechos civiles, en respuesta a décadas de exclusión política sistemática de las comunidades afroamericanas en los estados del sur, exclusión que no era únicamente costumbre social sino política institucionalizada: pruebas de alfabetización discriminatorias, impuestos de capitación, violencia física contra quienes intentaban registrarse para votar. El Congreso aprobó la ley para asegurarse de que los estados cumplieran con la garantía de la Decimoquinta Enmienda de que no se puede negar el derecho al voto por cuestiones de raza, y fundamentalmente esa ley abrió la oportunidad política a las comunidades negras y otras comunidades no blancas de participar en todos los aspectos del sistema político en igualdad de condiciones. Durante seis décadas, su Sección 2 fue el principal instrumento jurídico mediante el cual comunidades históricamente marginadas podían impugnar mapas electorales diseñados para diluir su peso político.

Lo que Alito hizo en su sentencia fue reinterpretar esa sección bajo la luz de la Decimoquinta Enmienda —no de la Decimocuarta, que había sido el marco habitual— para restringir radicalmente su alcance. El juez Alito escribió que el objetivo de la Sección 2 ahora debe ser hacer cumplir la prohibición constitucional de discriminación racial intencional, según la Decimoquinta Enmienda. El desplazamiento semántico es sutil pero sus consecuencias son enormes: si la ley solo puede usarse para demostrar intención discriminatoria explícita, y no para corregir estructuras que producen discriminación aunque nadie la declare como tal, entonces la protección que ofrecía desaparece en la práctica. Nadie diseña hoy un gerrymander racial con un memorando que diga "hacemos esto para discriminar a los votantes negros". Los mapas electorales discriminatorios se producen a través de decisiones técnicas sobre líneas, proporciones y concentraciones demográficas que generan el efecto deseado sin que nadie tenga que confesar el propósito.

La inversión lógica es la misma que se ha ensayado en otros ámbitos durante años: tener en cuenta la raza para remediar la discriminación racial se convierte, bajo esta lectura, en una forma de discriminación racial. En la sentencia puede leerse que las distinciones entre ciudadanos únicamente por su ascendencia son, por su propia naturaleza, odiosas para un pueblo libre cuyas instituciones se fundan en la doctrina de la igualdad. Es una frase impecable en abstracto. El problema es que se aplica en un país donde esa igualdad abstracta no ha existido nunca de forma uniforme, donde las consecuencias de siglos de discriminación racial estructural siguen siendo medibles en datos de renta, vivienda, educación y representación política. Aplicar un principio de neutralidad racial en un contexto que no es racialmente neutro no produce neutralidad: produce la perpetuación de las desventajas acumuladas.

Los tres magistrados liberales de la corte lo dijeron sin rodeos en su voto particular: la resolución no es una actualización del marco jurídico, como afirmó la mayoría, sino una demolición de legislación histórica. La organización NAACP reaccionó señalando que el Tribunal Supremo había traicionado a los votantes negros, a Estados Unidos y a la democracia, calificando el fallo como un gran revés que amenaza con erosionar victorias que costaron generaciones de lucha, sangre y vidas. El expresidente Barack Obama fue más directo aún: el fallo, según él, prácticamente destruye un pilar clave de la Ley de Derecho al Voto y abre la puerta a nuevas formas de manipulación electoral.

Pero para entender cabalmente lo que esta sentencia significa es necesario situarla en su contexto inmediato, porque no llegó sola. Llegó en medio de una ofensiva de redistribución de distritos electorales a mitad de década —algo inusual, porque estas redistribuciones se realizan normalmente tras cada censo decenal— que comenzó cuando Texas gerrymanderizó su mapa congresional para beneficiar a los republicanos a petición del presidente Donald Trump. Lo que siguió fue una reacción en cadena que ha involucrado a más de una docena de estados y que ha convertido el mapa político del país en un campo de batalla cartográfico en el que cada línea trazada puede equivaler a miles de votos ganados o perdidos en noviembre.

La génesis de todo esto está documentada con una claridad que casi no necesita interpretación. La planificación entre los asesores de Trump comenzó incluso antes de su investidura, liderada por James Blair en contacto con Adam Kincaid, director ejecutivo del National Republican Redistricting Trust. Trump aprobó la idea en abril de 2025, y la maquinaria se puso en marcha. El argumento público fue demográfico: Texas había crecido, su composición política había cambiado, el mapa vigente no reflejaba esa realidad. El argumento privado fue más crudo. Trump declaró a la cadena CNBC, sin disimulo, que en Texas los republicanos tenían derecho a cinco escaños más. Después de que el mapa de Texas fue aprobado, el presidente dijo a los republicanos que si gerrymanderizaban más escaños favorables en otros estados y eliminaban el voto por correo y los votos en papel, las posibilidades de los demócratas quedarían borradas. En Truth Social escribió que si hacían estas dos cosas ganarían cien escaños más y el juego corrupto de la política habría terminado.

No es frecuente en la historia política reciente de las democracias consolidadas que un presidente articule tan abiertamente el propósito de manipular el terreno electoral. Lo habitual, incluso cuando el gerrymandering es descarado, es que se envuelva en un lenguaje técnico-demográfico que disimule la intencionalidad partidista. Trump ha prescindido sistemáticamente de ese disimulo. En un discurso ante legisladores republicanos en marzo de 2026, les dijo que aprobar su SAVE America Act —que obligaría a los ciudadanos a demostrar su ciudadanía para inscribirse en el censo electoral— garantizaría las midterms; y en un discurso en Georgia en febrero dijo que sus cambios al sistema de votación significarían que nunca perderían una carrera durante cincuenta años. Cuando se le señalaba la contradicción entre estas declaraciones y su insistencia en que no actuaba por razones políticas, Trump respondía invariablemente que no lo hacía por esa razón. Y luego seguía citándola.

La sentencia sobre Luisiana fue el detonador que faltaba para acelerar el proceso. Con las midterms previstas para noviembre y la redistribución de distritos que adelantaban varios estados, el fallo podría ampliar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en alrededor de una veintena de escaños. La reacción fue inmediata. Ron DeSantis, gobernador de Florida, llevaba semanas esperando precisamente este momento. El proceso fue extraordinariamente acelerado: DeSantis presentó el mapa el 27 de abril mediante memorando oficial, se celebraron audiencias públicas el día 28 con mínima participación ciudadana, y ambas cámaras de la legislatura estatal lo aprobaron el 29, la Cámara por 83 votos a favor y 28 en contra. Cuatro días después, DeSantis firmó la ley y escribió en X con la brevedad que caracteriza a los actos de poder que no necesitan justificación: firmado, sellado y entregado.

El nuevo mapa de Florida es un caso de estudio en la geometría del poder electoral. El nuevo diseño, elaborado por el equipo del gobernador, introduce cambios significativos en 21 de los 28 distritos y podría ampliar la ventaja republicana en la delegación de Florida en la Cámara de Representantes de 20-8 a 24-4. El área de Tampa Bay perdería toda representación demócrata. El impacto más severo recae sobre Debbie Wasserman Schultz, exjefa del Comité Nacional Demócrata, cuyo distrito 25 queda repartido entre al menos cuatro nuevas demarcaciones. La congresista, residente en Weston, tendría que decidir si compite en una circunscripción más republicana o en un distrito vacante tras la renuncia de un colega por un caso de corrupción. El mensaje implícito es claro: fuera de la legislatura o a un distrito imposible.

Según estimaciones de la organización Voto Latino, el rediseño podría reducir de forma significativa la representación demócrata en el estado, de tal manera que aunque en 2024 los demócratas obtuvieron cerca del 43% del respaldo electoral, el nuevo mapa podría traducirse en apenas un 14,3% de los escaños. Este es el núcleo del problema: no es que los republicanos estén ganando más votos en Florida. Es que, sin cambiar el electorado, están reescribiendo la geometría que convierte esos votos en representación. Un partido que obtiene el 43% de los votos pero solo el 14% de los escaños no está siendo derrotado en las urnas. Está siendo neutralizado antes de llegar a ellas.

Los demócratas de Florida han reaccionado con recursos legales, invocando la Enmienda Fair Districts, aprobada por el 63% de los votantes del estado en 2010, que prohíbe expresamente diseñar distritos para favorecer o perjudicar a un partido político. El equipo jurídico del gobernador argumentó que esa enmienda es inaplicable tras un fallo de la Corte Suprema de Florida de 2025, aunque ese fallo solo anuló una parte de la enmienda, y citó además la reciente decisión del Tribunal Supremo federal sobre la Ley del Derecho al Voto. Es decir: la sentencia de Washington y el mapa de Tallahassee son, efectivamente, dos movimientos del mismo proceso. El primero elimina la protección jurídica federal; el segundo aprovecha ese vacío para actuar antes de que los tribunales puedan intervenir.

Florida no es un caso aislado. Es el octavo estado que modifica sus mapas a mitad de la década, tras Virginia, Utah, Ohio, Carolina del Norte, Misuri, California y Texas, en una operación impulsada por los republicanos para preservar el control de la Cámara de Representantes federal. El balance provisional de esta guerra cartográfica, según los análisis disponibles, inclina la balanza de manera significativa hacia el lado republicano. En el conjunto de los estados involucrados, los movimientos suman unos catorce escaños en favor de los republicanos contra seis en favor de los demócratas, aunque el resultado final depende de los recursos legales pendientes y de las decisiones de varios tribunales estatales. Los demócratas han respondido con sus propios gerrymandering —California y Virginia son los casos principales— pero parten de una desventaja estructural: controlan menos legislaturas estatales y en varios de sus estados existen restricciones legales o comisiones independientes de redistribución que limitan su margen de maniobra.

En Texas, que fue donde todo empezó, un tribunal federal de distrito encontró en noviembre de 2025 que el mapa constituía un gerrymander racial ilegal, pero el Tribunal Supremo aprobó en febrero de 2026 una solicitud para bloquear temporalmente esa decisión, permitiendo que el mapa siguiera en vigor. El patrón se repite: los tribunales inferiores detectan la infracción, los superiores la suspenden o revierten. La arquitectura del sistema jurídico, capturada por la mayoría conservadora que Trump instaló en el Supremo durante su primer mandato, funciona en la práctica como una última línea de defensa para las reformas electorales republicanas, no contra ellas.

Hay algo que merece detenerse a considerar con calma: la distinción entre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y el gerrymandering ordinario que ha practicado ambos partidos durante décadas. El gerrymandering no es nuevo en la política estadounidense. Su propio nombre viene del gobernador Elbridge Gerry, que en 1812 aprobó un distrito con una forma tan caprichosa que los periódicos de la época lo compararon con una salamandra. Durante dos siglos, republicanos y demócratas han dibujado mapas favorables cuando han tenido la oportunidad de hacerlo. Lo que está ocurriendo ahora es diferente en varios aspectos que no son menores.

En primer lugar, escala y coordinación. Esto no es un estado que aprovecha el ciclo decenal de redistribución para exprimir sus ventajas. Es una estrategia nacional coordinada desde la Casa Blanca, desplegada a mitad de ciclo —es decir, saltándose la norma no escrita de que los mapas se cambian tras los censos, no a voluntad del partido en el poder— y diseñada explícitamente, según las propias declaraciones del presidente, para garantizar que los republicanos no pierdan las elecciones. En segundo lugar, la sincronía con el máximo tribunal. El Tribunal Supremo no es un actor pasivo en todo esto: sus decisiones, tanto en materia de gerrymandering partidista —que declaró no revisable por los tribunales federales en 2019— como en materia de la Ley de Derecho al Voto, han eliminado sistemáticamente los frenos jurídicos que podrían haber limitado esta ofensiva. En tercer lugar, la sinceridad del propósito. A diferencia de lo que ocurre habitualmente, cuando los legisladores no suelen presentar el gerrymandering como una estrategia explícitamente orientada a ganar elecciones, Trump ha mostrado nula inhibición a la hora de discutir los nuevos mapas en términos electorales crudos. No es solo que haga lo que hacen otros. Es que lo dice.

El contexto más amplio de estas maniobras electorales incluye otras medidas que apuntan en la misma dirección. La administración ha impulsado la SAVE America Act, que obligaría a los ciudadanos a presentar prueba de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral, una medida que en la práctica afecta de manera desproporcionada a comunidades de menores recursos, que con frecuencia no tienen acceso inmediato a documentación. Ha trabajado para eliminar el voto por correo y los votos en papel en determinados contextos. Ha presionado para que los republicanos se hagan con el control de la administración electoral en al menos quince jurisdicciones. Amnistía Internacional, en su informe publicado en enero de 2026 tras el primer año del segundo mandato de Trump, identificó un patrón sistemático de prácticas que socavan libertades fundamentales y que se refuerzan entre sí, señalando que las iniciativas para obstaculizar el voto siembran mayor desconfianza. No son medidas aisladas: son componentes de una estrategia integral.

La pregunta que cabe hacerse es cuál es el estado de las instituciones de contrapeso en este momento. La respuesta honesta es que su estado es preocupante. El Tribunal Supremo, con su supermayoría conservadora de seis a tres instalada durante el primer mandato de Trump a través del nombramiento de tres magistrados en cuatro años, ha dictado sentencias que sistemáticamente han ampliado el margen de maniobra del poder ejecutivo y del partido mayoritario en materia electoral. La sentencia de 2019 que declaró el gerrymandering partidista no revisable por los tribunales federales fue, en retrospectiva, el primer movimiento de esta secuencia. La de abril de 2026 sobre la Ley de Derecho al Voto es el último, pero probablemente no el definitivo. Muchos analistas anticipan que otros territorios gobernados por republicanos revisarán sus mapas electorales para adaptarlos a la nueva interpretación del Supremo. El proceso tiene lógica de expansión, no de contención.

El Congreso, que tiene según la Constitución la facultad de legislar para proteger el derecho al voto, está dominado en ambas cámaras por una mayoría republicana que no tiene ningún incentivo político para imponer límites a una estrategia de la que es beneficiaria. Los medios de comunicación, aunque en su conjunto han cubierto estos procesos con rigor, operan en un ecosistema mediático fracturado en el que gran parte del electorado republicano consume información a través de canales que presentan la redistribución como una corrección legítima de injusticias previas, no como una manipulación. Los tribunales inferiores están detectando las infracciones, pero el tiempo es un factor decisivo: el período de inscripción de candidatos al Congreso en Florida comienza el 8 de junio al mediodía y cierra el 12 de junio, lo que reduce el margen para que los tribunales detengan el mapa antes de los comicios. Aunque un tribunal ordenara suspender el mapa mañana, la logística electoral ya estaría condicionada.

Conviene detenerse un momento en la historia que subyace a todo esto, porque sin ella es difícil entender el peso específico de lo que está ocurriendo. La Decimocuarta Enmienda fue adoptada en 1868, en el período de Reconstrucción que siguió a la Guerra Civil. Fue el producto de un cambio revolucionario democrático que pretendía poner la Constitución sobre una base genuinamente igualitaria, y su ratificación fue resultado de un proceso constituyente que los estados del sur derrotado estuvieron obligados a aceptar como condición para recuperar su representación en el Congreso. Durante la Reconstrucción, la presencia federal en los estados del sur garantizó de manera imperfecta pero real que los afroamericanos pudieran votar, ser elegidos y participar en la vida política. Cuando esa presencia se retiró, en 1877, comenzó el largo período conocido como Jim Crow: el desmantelamiento sistemático de los derechos electorales conquistados, llevado a cabo a través de exactamente los mecanismos que la Decimocuarta Enmienda pretendía prohibir.

La Ley de Derecho al Voto de 1965 fue, en ese sentido, una segunda Reconstrucción: el intento de hacer real, un siglo después, la promesa igualitaria de las enmiendas de posguerra. Esta directiva contribuyó a poner fin a las leyes de segregación racial y promovió el voto de las minorías, especialmente las personas de raza negra, en Estados Unidos. Lo que el Tribunal Supremo está haciendo ahora, pieza a pieza, es desmantelar esa segunda Reconstrucción con los mismos argumentos —igualdad formal, neutralidad racial, respeto por la soberanía de los estados— que se usaron para desmantelar la primera. La historia no se repite, pero a veces tiene la misma gramática.

El efecto concreto de todo esto sobre los votantes de minorías es medible. La decisión del Supremo hace significativamente más difícil proteger a los votantes de color contra la discriminación racial y permite la dilución de la representación mediante la manipulación partidista de los distritos electorales, privando a las comunidades negras y latinas de su valiosa oportunidad de elegir a los candidatos de su preferencia. Grupos minoritarios latinos y afroamericanos cuestionaron el fallo señalando que debilita el electorado de sus comunidades, y el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados destacó que el fallo permite borrar a las comunidades latinas del mapa político, describiendo la decisión como un ataque directo contra los votantes latinos. No son organizaciones de activismo marginal las que realizan estas valoraciones: son los propios afectados por decisiones que, técnicamente, no mencionan su nombre pero que los tienen como destinatarios.

Hay un argumento que se escucha con frecuencia en este debate y que merece ser examinado con honestidad. Es el argumento de la reciprocidad: los demócratas también gerrymanderean cuando pueden. California aprobó en noviembre de 2025 un nuevo mapa que beneficia a su partido. Virginia intentó lo mismo antes de que los tribunales bloquearan el proceso. Si ambos partidos hacen lo mismo, ¿no es esto simplemente el juego político normal, sin ganadores morales claros?

El argumento tiene una parte de verdad y una parte de engaño. La parte de verdad es que el gerrymandering partidista es una patología bipartidista con décadas de historia en la política estadounidense, y que los demócratas no han sido ni son inocentes en este terreno. La parte de engaño es la que está en el falso equilibrio. El proceso actual no es simétrico. Los republicanos controlan más legislaturas estatales y tienen menos restricciones internas al gerrymandering, lo que ya produce una ventaja estructural. Pero sobre todo, tienen algo que los demócratas no tienen: un Tribunal Supremo que ha eliminado la posibilidad de que los tribunales federales revisen el gerrymandering partidista, que ha debilitado las protecciones de la Ley de Derecho al Voto que protegían a las minorías, y que ha avalado el mapa de Texas pese a que un tribunal inferior encontró indicios de gerrymander racial. El árbitro no es neutral. Y sin árbitros neutrales, la reciprocidad del comportamiento de los jugadores no equivale a igualdad de condiciones.

El patrón que emerge de la suma de estas piezas es el de la captura institucional: el proceso mediante el cual quienes ya tienen poder utilizan las instituciones que deberían arbitrar la competencia para redefinir las reglas de esa competencia en su propio beneficio. No es democracia en sentido pleno. Tampoco es autoritarismo en sentido clásico, porque las formas siguen existiendo: habrá elecciones en noviembre, se contarán los votos, habrá ganadores y perdedores. Pero lo que se está rediseñando es el espacio previo al voto: quién puede votar, qué valor tiene ese voto, en qué distrito se encuadra, qué resultado puede producir. Cuando ese espacio está suficientemente condicionado, el acto de votar no desaparece pero su sentido se transforma.

La pregunta que importa en este momento no es si habrá elecciones en noviembre. Las habrá. La pregunta es si esas elecciones serán lo suficientemente competitivas y legítimas para que su resultado sea aceptable por ambas partes como expresión de la voluntad del electorado. Freedom House y el Economist Intelligence Unit registraban ya en 2025 un marcado deterioro en los indicadores democráticos de Estados Unidos, mientras que solo el 17% de los ciudadanos confiaba en que el gobierno hiciera lo correcto y la aprobación del Congreso federal se situaba en el 16%. Esa desconfianza no se produce en el vacío: es el resultado acumulado de años en que las instituciones han respondido a intereses partidistas más que al interés general, en que el sistema electoral ha sido objeto de manipulación sistemática, en que la narrativa del fraude electoral —sin evidencia pero con efecto— ha envenenado la percepción pública de los resultados electorales.

Un sistema en el que el partido en el gobierno puede rediseñar los distritos electorales a voluntad, con la cobertura de un tribunal supremo ideológicamente afín, a mitad del ciclo electoral, invocando interpretaciones constitucionales que invierten el propósito original de las normas que aplica, es un sistema que ha puesto el poder por encima de las reglas. La democracia, entendida no como un conjunto de rituales —elecciones, partidos, papeletas— sino como una respuesta al problema del poder, al problema de cómo impedir que se concentre en unas pocas manos, exige exactamente lo contrario: que las reglas estén por encima del poder, que quien tiene más no pueda simplemente redefinir las condiciones de la partida.

Lo que hace que el momento actual en Estados Unidos sea particularmente inquietante no es que estén ocurriendo cosas nuevas. Es que cosas que antes tenían freno —el gerrymandering masivo, la erosión de la protección del voto de las minorías, la instrumentalización explícita del sistema electoral para garantizar victorias futuras— han perdido ese freno, una pieza después de otra, en un proceso que ha tardado años pero que está llegando a su punto de máxima efectividad justo ahora, en el año en que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Noviembre dirá cuánto queda de ese sustrato de legitimidad mutua sin el cual una elección es solo un censo de fuerzas. Dirá si los demócratas pueden convertir su ventaja en encuestas de opinión —la aprobación de Trump está, según varios sondeos, entre los niveles más bajos de su presidencia— en victorias legislativas suficientes para contrarrestar la ingeniería cartográfica republicana. Dirá si los tribunales tienen tiempo y voluntad para bloquear los mapas más agresivos antes de que las candidaturas se consoliden. Y dirá, sobre todo, si el sistema es capaz de producir un resultado que ambas partes reconozcan como legítimo, lo que en el ambiente político actual no es en absoluto una certeza.

Pero hay algo que noviembre no decidirá, porque ya está decidido. La Ley de Derecho al Voto, tal como fue concebida en 1965 y reafirmada por el Congreso en sucesivas ocasiones, ha dejado de existir en su forma esencial. No fue derogada por el Congreso, que habría requerido mayorías y deliberación pública. Fue vaciada por el tribunal que debería garantizarla, mediante una reinterpretación que invierte su propósito. Ese es el logro más duradero de esta temporada política: no el mapa de Florida ni el de Texas, que eventualmente podrán ser corregidos por futuros legisladores o tribunales. Sino la erosión del instrumento jurídico que durante sesenta años permitía que los excluidos tuvieran un recurso contra la exclusión.