El poder se rompe en Líbano

La escena libanesa vuelve a colocarse en el epicentro de la tensión regional, pero lo hace desde una lógica distinta a la de ciclos anteriores. Lo que hoy se observa en Líbano no es únicamente una confrontación clásica entre un Estado debilitado y un actor armado no estatal. Es, en términos operativos, una pugna por la definición misma de soberanía en un contexto de guerra regionalizada, donde las decisiones internas están cada vez más condicionadas por dinámicas externas que escapan al control de Beirut.

La decisión del ministro de Exteriores, Joe Raggi, de declarar persona non grata al embajador iraní Mohammad Reza Shibani no puede leerse como un gesto aislado. Es una acción de alto voltaje político que busca reposicionar al Estado libanés en un tablero donde, desde hace décadas, ha perdido capacidad de iniciativa. La medida, cuidadosamente calibrada para no implicar una ruptura formal con Irán, refleja un intento de recuperar margen de maniobra sin desencadenar un colapso institucional inmediato.

Sin embargo, la reacción de Hezbolá ha sido reveladora. Más allá de la retórica habitual, el mensaje es estructural: el partido-milicia no reconoce la legitimidad plena del Ejecutivo para adoptar decisiones que afecten a su red de alianzas estratégicas. En otras palabras, se cuestiona no solo una decisión concreta, sino el principio mismo de jerarquía institucional. Cuando un diputado como Ibrahim Al-Moussaoui desacredita públicamente al ministro y apela a una “corrección” gubernamental, lo que está en juego no es diplomacia, sino poder.

El trasfondo de esta crisis es doble. Por un lado, la guerra abierta entre Israel y el eje liderado por Irán ha reconfigurado los equilibrios regionales. Desde la ofensiva del 28 de febrero contra territorio iraní, el conflicto ha dejado de ser periférico para el Líbano y se ha convertido en existencial para algunos de sus actores. Por otro, el debilitamiento interno de Hezbolá tras la guerra de 2024 —incluida la eliminación de su histórico líder Hassan Nasrallah— ha alterado su estructura de mando, incrementando la dependencia operativa respecto a Teherán.

En este contexto, las acusaciones del primer ministro Nawaf Salam sobre la presencia activa de miembros de los Guardianes de la Revolución iraní en territorio libanés no son un detalle menor. Introducen un elemento de externalización del conflicto que erosiona aún más la soberanía nacional. Si las decisiones militares clave no se toman en Beirut, sino en coordinación —o bajo supervisión— de actores extranjeros, el Estado queda reducido a un rol administrativo en su propio territorio.

El gobierno libanés ha intentado responder con una batería de medidas que, en otro contexto, podrían haber supuesto un punto de inflexión: ilegalización de las actividades militares de Hezbolá, exigencia de entrega de armas, restricciones a la presencia iraní. Pero estas decisiones, aunque significativas en el plano formal, chocan con una realidad operativa evidente: el Estado carece de capacidad coercitiva para imponerlas. La brecha entre normativa y ejecución es, hoy por hoy, el principal talón de Aquiles de Beirut.

Desde la perspectiva de Hezbolá, el relato es coherente con su lógica histórica. El movimiento insiste en que actúa como garante de la defensa nacional frente a la “agresión” israelí, en un contexto donde el Estado no ha logrado dotarse de capacidades militares suficientes. Este argumento, que ha sido central desde su fundación en 1982, adquiere nueva fuerza en un momento en que Israel mantiene posiciones en territorio libanés y no ha respetado plenamente los términos del alto el fuego de noviembre de 2024.

Sin embargo, lo que ha cambiado es el equilibrio interno. La crítica abierta de figuras como Samir Geagea o Achraf Rifiapunta a un desgaste político del partido-milicia. La narrativa de “resistencia” ya no es incuestionable dentro del país, especialmente entre sectores que perciben que el coste de la estrategia regional de Irán se está trasladando directamente a la sociedad libanesa.

Las amenazas veladas —y en ocasiones explícitas— de dirigentes de Hezbolá sobre la posibilidad de “cambiar el equilibrio interno” o incluso derribar al gobierno remiten inevitablemente al precedente de mayo de 2008. En aquel momento, el movimiento demostró su capacidad para imponerse militarmente dentro del país en cuestión de horas. Hoy, aunque su capacidad operativa sigue siendo considerable, el contexto es más complejo. La organización está más expuesta, más dependiente de apoyo externo y, en cierto modo, más cuestionada internamente.

El factor israelí añade otra capa de incertidumbre. Las declaraciones de responsables como Israel Katz sobre la creación de una zona de seguridad hasta el río Litani no solo refuerzan la narrativa de Hezbolá, sino que complican cualquier intento del gobierno libanés de desescalar la situación. Cada movimiento de Israel tiene un efecto directo en la legitimidad interna del partido-milicia, que se presenta como la única fuerza capaz de responder.

En paralelo, la dimensión internacional introduce incentivos contradictorios. Mientras actores como Jean-Noël Barrotrespaldan las decisiones del gobierno libanés como pasos hacia la recuperación de la soberanía, otros —como el Ejecutivo israelí— presionan para ir más allá, incluso a riesgo de desestabilizar completamente el país. En Washington, las declaraciones de Donald Trump sobre avances en las negociaciones con Irán sugieren que el dossier libanés podría integrarse en un acuerdo más amplio, lo que limitaría aún más la autonomía de Beirut.

En términos estratégicos, el Líbano se encuentra atrapado en un dilema clásico de Estados frágiles en entornos de alta conflictividad: cualquier intento de reafirmar su soberanía puede desencadenar una confrontación interna, pero la inacción perpetúa la erosión de esa misma soberanía. No hay soluciones de bajo coste. Cada decisión implica riesgos sistémicos.

A corto plazo, el escenario más probable es una coexistencia tensa. El gobierno mantendrá su línea de firmeza retórica y medidas graduales, evitando una confrontación directa que podría derivar en violencia interna. Hezbolá, por su parte, seguirá operando como actor híbrido: participando en las instituciones mientras preserva su autonomía militar. Es un equilibrio inestable, pero funcional en el corto plazo.

A medio plazo, sin embargo, las variables estructurales apuntan a una mayor volatilidad. La creciente implicación de Irán, la presión militar de Israel y el desgaste interno del sistema político libanés convergen en una dinámica difícilmente sostenible. El riesgo no es solo una escalada militar, sino una fragmentación política más profunda, donde el Estado deje de ser un actor relevante en la toma de decisiones estratégicas.