Si Taiwán cae

Hay preguntas que durante años permanecen confinadas a los márgenes del debate público, tratadas como ejercicios académicos o especulaciones propias de analistas de seguridad con tendencia al catastrofismo. La hipótesis de una invasión china de Taiwán fue durante mucho tiempo una de esas preguntas. No lo es ya. Lo que hace dos décadas circulaba exclusivamente por las mesas redondas de institutos especializados en seguridad asiática ha penetrado hoy en la conciencia política europea con una urgencia que ya no admite ser ignorada. Y sin embargo, a pesar de esa penetración en el debate, la respuesta europea —en particular la alemana, que sigue siendo el eje sobre el que pivota cualquier política exterior común del continente— sigue siendo profundamente insuficiente, marcada por una mezcla de inercia económica, parálisis estratégica y una comprensión del adversario que, en demasiados casos, reproduce los marcos interpretativos que el propio Pekín prefiere proyectar hacia Occidente.

El punto de partida de cualquier análisis serio sobre Taiwán no puede ser otro que la voluntad declarada de Xi Jinping. El secretario general del Partido Comunista Chino ha dejado de ser ambiguo en un punto fundamental: la integración de Taiwán en la República Popular China no es para él un objetivo negociable ni un horizonte lejano, sino una misión histórica a la que ha vinculado explícitamente su propio legado político. Quienes siguen interpretando las declaraciones de Xi como retórica interna destinada a consolidar su posición en el Partido subestiman sistemáticamente la coherencia doctrinal con la que el liderazgo chino ha venido actualizando sus capacidades militares, rediseñando sus cadenas de mando y eliminando a los generales que, según los propios análisis de inteligencia estadounidenses, mostraban resistencias a la ejecución de órdenes. La destitución del general Zhang Youxia no fue un accidente de la política de palacio: fue la señal de que Xi está construyendo una estructura militar dispuesta a obedecer, no a deliberar.

La información clasificada estadounidense que ha trascendido en los últimos años apunta en una dirección consistente: Xi habría ordenado al Ejército Popular de Liberación que desarrollara la capacidad de invadir Taiwán a partir de 2027. No se trata, conviene subrayarlo, de una fecha fija para el ataque. Es un horizonte de capacidades. Lo que Xi exige no es la invasión para ese año, sino que su ejército esté en condiciones de ejecutarla si la decisión política así lo determina. La distinción importa, pero no tanto como para relajar la atención: construir esa capacidad es, en sí mismo, un factor desestabilizador que altera el equilibrio regional y obliga a todos los actores —incluida Europa— a recalibrar sus posiciones.

El lenguaje que Pekín emplea para enmarcar la cuestión taiwanesa ha experimentado también un endurecimiento notable. En marzo de este año, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, utilizó una retórica de vocación apocalíptica para describir las consecuencias que esperan a quienes pretendan oponerse a la reunificación: afirmó que ese proceso histórico no puede detenerse y que quienes se opongan a él perecerán. No es lenguaje diplomático convencional. Es el lenguaje de quien no contempla la negociación como escenario posible. Y sin embargo, buena parte del debate europeo —y especialmente alemán— sigue analizando la cuestión taiwanesa como si Pekín fuera un interlocutor dispuesto a ceder si se le ofrece suficiente espacio y se evitan las provocaciones.

Para entender la magnitud de lo que está en juego, conviene detenerse en los números. Los economistas que han comenzado a cuantificar el impacto de distintos escenarios militares en el estrecho de Taiwán llegan a conclusiones que deberían provocar una sacudida inmediata en las capitales europeas. Un bloqueo naval de la isla —el escenario menos extremo— podría generar pérdidas de entre dos y cinco billones de dólares a escala global. Más de una quinta parte del tráfico marítimo mundial transita por el estrecho de Taiwán. Un bloqueo provocaría una caída del sesenta por ciento en la producción mundial de semiconductores, con efectos en cadena sobre sectores completos de la economía europea. La escasez de energía se extendería no solo a Taiwán, sino a Corea del Sur y Japón. Alemania, en particular, entraría en una recesión profunda que ninguno de sus actuales

mecanismos de estabilización estaría en condiciones de absorber.

Si el escenario es una anexión directa —con intervención militar de Estados Unidos y Japón, que es el escenario más probable si se produce una invasión a gran escala— los costes se multiplican de manera brutal. Las estimaciones hablan de cifras que superarían los diez billones de dólares, una cifra que excede el impacto económico acumulado de la pandemia de covid-19. El ochenta y cinco por ciento de la producción mundial de semiconductores quedaría paralizada. Las sanciones económicas y la disrupción de los mercados financieros generarían una crisis global de consecuencias imprevisibles para las democracias liberales ya sometidas a presiones internas de enorme magnitud.

Estos números no son producto de la imaginación de analistas alarmistas. Son el resultado de simulacros de guerra realizados en los principales think tanks de Occidente, ejercicios que en los últimos años se han multiplicado y sofisticado notablemente. Lo que está sobre la mesa no es un escenario remoto: es la evaluación técnica más rigurosa disponible sobre lo que ocurriría si Europa y sus socios no logran disuadir a China de actuar. Y la conclusión más perturbadora de esos ejercicios es que Europa, tal como está estructurada hoy política y económicamente, no está en condiciones de responder con coherencia ni rapidez.

El escenario de la anexión obliga además a una pregunta que pocos se atreven a formular con claridad: ¿qué le ocurriría a Taiwán y a sus veintitrés millones de ciudadanos? La respuesta que ofrecen las propias declaraciones de diplomáticos chinos es inquietante. En agosto de 2022, el embajador chino en Francia, Lu Shaye, declaró en televisión que la población taiwanesa sería reeducada tras la reunificación, con plena confianza en que ese proceso lograría que los taiwaneses volvieran a sentirse patriotas. El embajador chino en Australia secundó esas palabras con un lenguaje apenas más matizado, hablando de un proceso que permitiría a los taiwaneses desarrollar una comprensión correcta de China como madre patria. El paralelismo con lo ocurrido en Xinjiang con la población uigur no es especulativo: es el modelo que el propio aparato diplomático chino ofrece como referencia cuando describe lo que ocurriría con la identidad política taiwanesa, con su sistema democrático, con su sociedad civil.

Es en este contexto donde la posición europea, y muy especialmente la alemana, adquiere su dimensión real. Alemania no es un actor más en la geopolítica continental: es el eje sobre el que pivota cualquier política exterior común que Europa pueda articular hacia China. Cuando Berlín actúa, o cuando no actúa, el efecto se multiplica. La postura alemana tiene una capacidad extraordinaria de arrastre sobre París y sobre el conjunto de socios europeos. Y precisamente por eso, el análisis de lo que Alemania está haciendo —y dejando de hacer— respecto a China resulta tan preocupante.

El canciller Friedrich Merz lidera una gran coalición que, a pesar de los cambios de lenguaje que han acompañado a su llegada al poder, no ha logrado producir una reorientación estratégica real respecto a China. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha criticado este año el apoyo crucial que Pekín presta a la economía de guerra rusa, un giro retórico que en otro contexto podría interpretarse como el inicio de un cambio de postura. Pero las palabras del ministro chocan frontalmente con la realidad de los flujos de inversión. Las empresas alemanas aumentaron sus inversiones en China en más de un cincuenta por ciento respecto a los dos años anteriores, en un momento en que el debate sobre el de-risking —la reducción de la dependencia estructural de China— llenaba los comunicados oficiales de Berlín. La brecha entre el discurso y la acción no podría ser más reveladora.

Detrás de esa brecha hay nombres concretos. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz y BASF son los cuatro pilares sobre los que descansa la arquitectura de intereses que sigue gobernando, en la práctica, la política exterior alemana hacia China. No se trata de una influencia difusa o indirecta. Estos conglomerados tienen una presencia en el mercado chino tan profunda que cualquier deterioro serio de las relaciones con Pekín amenaza directamente su viabilidad comercial. Y en un país cuya industria del automóvil atraviesa ya una crisis de transformación sin precedentes ante la competencia eléctrica china, la tentación de mantener el acceso al mercado chino a cualquier precio resulta casi irresistible desde el punto de vista político interno.

El resultado es lo que algunos analistas han denominado, con precisión técnica, un sistema con bucles de retroalimentación interrumpidos. Alemania recibe señales externas —el refuerzo militar chino, la guerra de Ucrania, el deterioro del orden liberal internacional— pero no es capaz de transformarlas en ajustes políticos coherentes. El sistema de toma de decisiones está secuestrado por intereses sectoriales que impiden que la perturbación externa se traduzca en una nueva dirección estratégica. Es, en definitiva, un fracaso de adaptación que tiene consecuencias que van mucho más allá de las fronteras alemanas.

Ese fracaso tiene además un efecto multiplicador sobre el conjunto de la Unión Europea. Mientras Berlín permanezca atada a la inercia de sus intereses industriales en China, Europa no podrá hablar con una sola voz frente a Pekín. La triple definición que la Comisión Europea adoptó en 2019 —China como socio, competidor y rival sistémico— fue en su momento un avance conceptual, una manera de reconocer la complejidad de la relación sin tener que optar por ninguna de sus dimensiones. Pero esa tríada se ha convertido con el tiempo en un instrumento de ambigüedad permanente. Al no establecer prioridades entre sus tres componentes, ha permitido que cada Estado miembro, y cada ministerio alemán en particular, elija la dimensión que más le conviene para justificar cualquier política que ya hubiera decidido implementar por razones puramente económicas. Cuando Berlín quiere proteger a sus empresas en China, enfatiza la dimensión de socio. Cuando quiere acceder a los fondos europeos de competitividad, subraya la de competidor. El rival sistémico aparece solo en los discursos de política exterior que no tienen consecuencias presupuestarias inmediatas.

El informe sobre la competitividad europea elaborado por Mario Draghi trazó una hoja de ruta que apunta exactamente en la dirección correcta: reforzar el mercado único, reducir las dependencias críticas, coordinar los instrumentos financieros y las políticas industriales a escala continental. Su diagnóstico sobre la necesidad de que Europa deje de comportarse como un conjunto de economías nacionales con intereses divergentes y empiece a actuar como una unidad estratégica fue recibido con aplauso generalizado. Lo que falta, como ocurre con demasiados documentos de este tipo, es la voluntad política de ejecutarlo. Y esa voluntad es precisamente lo que la dependencia alemana respecto a China hace más difícil de generar.

Dentro del propio debate alemán, el análisis sobre Taiwán revela una fractura que merece ser examinada con más detalle del que habitualmente recibe. Existe una tensión creciente entre los analistas de seguridad, que tienden a evaluar la amenaza china con una metodología similar a la que se aplica a cualquier otro actor revisionista, y los sinólogos académicos, que con frecuencia operan desde marcos conceptuales que priorizan la comprensión de las lógicas internas del sistema chino por encima de la evaluación de sus efectos externos. Esta tensión no sería problemática si se saldara con un debate intelectual robusto. El problema es que, en demasiados casos, la posición de los sinólogos acaba reproduciendo, aunque sea de manera involuntaria, los marcos interpretativos que el propio Partido Comunista Chino prefiere que circulen en Occidente.

Algunos académicos alemanes especializados en China sostienen que debilitar la estabilidad interna del régimen podría aumentar el riesgo de una aventura militar, y que por tanto Europa debe evitar cualquier acción que Pekín pueda interpretar como provocación. En sí mismo, este argumento no carece de lógica: la inestabilidad de un régimen con capacidades nucleares siempre entraña riesgos. El problema está en la aplicación práctica de ese principio, que en la versión que circula en los círculos académicos alemanes acaba convirtiendo cualquier contramedida occidental en un factor de riesgo y cualquier concesión al régimen chino en una contribución a la estabilidad. El resultado es una asimetría analítica que adjudica toda la responsabilidad de la desescalada a Occidente y trata la militarización creciente de China como una variable exógena e inmutable que hay que gestionar, no como el producto de decisiones políticas deliberadas que pueden y deben ser cuestionadas.

Otros analistas de este perfil descartan la amenaza de guerra como una especulación excesiva, arguyendo que el ejército chino está demasiado comprometido en sus propias purgas anticorrupción como para embarcarse en una operación de la envergadura que requeriría la toma de Taiwán. El argumento tiene cierto fundamento empírico —las purgas en el Rocket Force y en otros cuerpos han sido significativas— pero omite que esas mismas purgas forman parte del proceso de construcción de una cadena de mando más disciplinada y más dispuesta a ejecutar las órdenes de Xi, no de uno que esté siendo desmontado. Utilizar las purgas como argumento para minimizar el riesgo militar invierte la causalidad: lo que Xi está haciendo es precisamente asegurarse de que, cuando tome la decisión, nadie en el aparato militar se interponga.

Lo que más llama la atención en algunos de estos análisis es la tendencia a enmarcar la cuestión taiwanesa como un asunto interno chino, una interpretación que no solo es históricamente inexacta —Taiwán nunca ha sido gobernada por la República Popular China— sino que además tiene consecuencias políticas directas: refuerza al agresor y despoja a Taiwán de la legitimidad jurídica e histórica que sustenta su autonomía. Esta es, exactamente, la línea argumentativa que Pekín lleva décadas promoviendo en los foros internacionales. Que académicos europeos la reproduzcan como análisis objetivo, sin señalar su carácter interesado, es una de las manifestaciones más preocupantes de lo que en el debate anglófono se ha empezado a llamar, con creciente frecuencia, la colonización del análisis occidental por las categorías conceptuales del Partido Comunista Chino.

Los paralelismos con el caso ucraniano deberían actuar como señal de alarma. La retórica con la que algunos analistas alemanes evalúan hoy la situación en el estrecho de Taiwán reproduce con una precisión perturbadora los errores de análisis que cometieron los mismos círculos académicos respecto a Rusia en el período posterior a la anexión de Crimea en 2014. También entonces se argumentó que provocar a Rusia era el principal riesgo que había que evitar, que las señales de refuerzo militar ruso debían interpretarse en clave defensiva, que Occidente tenía que tener en cuenta las sensibilidades históricas de Moscú antes de ampliar sus compromisos con Kiev. El presidente federal Frank-Walter Steinmeier personificó durante años esa postura, confundiendo la paciencia táctica de Putin con una moderación estratégica que nunca existió. Las consecuencias de ese error de diagnóstico las está pagando Ucrania desde febrero de 2022, y las está pagando también Alemania, cuya dependencia del gas ruso se reveló de golpe como una vulnerabilidad existencial que nadie con responsabilidades de gobierno había querido nombrar como tal.

El patrón es el mismo. Y sin embargo, la lección no parece haberse interiorizado. El debate alemán sobre China sigue dominado, en demasiados espacios de influencia, por la misma combinación de gestión de la dependencia económica y relativización de la amenaza que caracterizó la política de Berlín hacia Moscú durante dos décadas.

Frente a esta postura, existen voces dentro del propio debate alemán que señalan con claridad la necesidad de un cambio de orientación. Desde el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores se ha argumentado de manera convincente que Europa no puede seguir dependiendo de los envíos de armas estadounidenses para garantizar la disuasión en Asia Oriental, y que el continente tiene tanto la capacidad como la obligación de contribuir activamente a la defensa de Taiwán. El argumento no es solo moral: es estratégico. Ayudar a Taiwán a implementar lo que en los análisis de seguridad se denomina la estrategia del puercoespín —construir una defensa asimétrica que haga que cualquier invasión resulte inaceptablemente costosa para el atacante— serviría también a los intereses directos de Europa. Una Taiwán capaz de resistir militarmente durante más tiempo es una Taiwán que reduce las probabilidades de que el cálculo de Xi se incline hacia la acción. La disuasión funciona cuando el coste percibido de la agresión supera los beneficios esperados. Europa puede contribuir a elevar ese coste, y tiene razones de peso para hacerlo.

Desde el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales se ha señalado además que el establecimiento de una asociación formal entre Europa y Taiwán en materia de defensa transformaría una relación hoy fundamentalmente unidireccional en una colaboración recíproca con beneficios concretos para ambas partes. Taiwán posee una industria de semiconductores de importancia estratégica para Europa, y Europa posee capacidades de defensa naval, resiliencia frente a amenazas híbridas y experiencia tecnológica que Taiwán necesita urgentemente. La construcción de una relación de este tipo no requiere necesariamente el reconocimiento diplomático formal de la isla, pero sí implica abandonar la postura de ambigüedad calculada que ha caracterizado la política europea hasta ahora.

La propuesta más ambiciosa que circula en los análisis de los expertos de seguridad es la de una coalición europea de voluntarios que, liderada por Alemania y Francia, comprometiera a un grupo de Estados miembros con capacidades específicas en la defensa de Taiwán. Los Países Bajos, con su expertise en semiconductores, podrían contribuir en el ámbito de la resiliencia tecnológica. Suecia, con su tradición en defensa naval, podría aportar capacidades marítimas. Polonia y la República Checa, curtidos en los últimos años en la comprensión de las amenazas híbridas procedentes de Rusia, podrían transferir esa experiencia al contexto taiwanés. Una coalición de este tipo enviaría a Pekín una señal de enorme valor disuasorio: que Europa es capaz de actuar colectivamente en defensa de sus propios intereses de seguridad en una región geográficamente lejana pero estratégicamente central para su prosperidad.

El obstáculo principal no es de naturaleza capacitaria. Europa tiene los instrumentos. El obstáculo es político, y reside en gran medida en la incapacidad de Berlín para superar la lógica de los intereses industriales a corto plazo en favor de una visión estratégica a largo plazo. Para Alemania, contribuir activamente a la defensa de Taiwán no sería solo un gesto de solidaridad con una democracia amenazada. Sería la manera más concreta disponible de demostrar que el Zeitenwende —ese supuesto giro estratégico que el canciller Scholz anunció tras la invasión de Ucrania y que prometía una revisión profunda de las dependencias estratégicas alemanas— ha producido algo más que ajustes presupuestarios y renovaciones retóricas. Hasta ahora, la evidencia de que ese giro ha afectado a la política hacia China es prácticamente inexistente.

La comprensión de China, que los sinólogos alemanes invocan como argumento para justificar una postura de contención de las contramedidas occidentales, no puede ser en ningún caso una empresa unilateral. Entender a China no significa aceptar sus marcos conceptuales como propios, ni tratar sus líneas rojas como restricciones objetivas que Occidente debe respetar con independencia de su carácter arbitrario. Significa también que Pekín debe comprender que Europa tiene intereses de seguridad propios, que no son negociables y que no van a ser sacrificados indefinidamente en el altar de las relaciones comerciales. La comprensión, para ser políticamente útil, tiene que ser recíproca.

El escenario más catastrófico que los analistas barajan no es el de una guerra en el estrecho de Taiwán. Es el de una Europa incapaz de responder con coherencia ante ese escenario porque sus principales actores están atrapados en dependencias estructurales que les impiden actuar con autonomía. Si China toma Taiwán y Europa responde con sanciones tardías, descoordinadas y diseñadas para minimizar el daño a sus propias empresas, las consecuencias serán de una magnitud que va mucho más allá de lo económico. La credibilidad del sistema de alianzas occidental, ya sometida a una presión sin precedentes por los movimientos de la administración Trump, recibiría un golpe del que difícilmente se recuperaría. La desintegración de Occidente como concepto operativo de seguridad internacional no sería una hipótesis catastrofista: sería la conclusión lógica de una secuencia de inercias que ningún actor con responsabilidad ha querido romper.