El alto el fuego que no detuvo la destrucción del sur del Líbano

En el mapa: Siria, Líbano e Israel | Flash Info

La guerra en el sur del Líbano ha entrado en una fase en la que la destrucción del territorio plantea tantas preguntas como las operaciones militares que la precedieron. En una región donde el regreso de la población debería constituir uno de los principales objetivos de cualquier acuerdo de cese de las hostilidades, la demolición de viviendas, la desaparición de explotaciones agrícolas, los incendios y la instalación de posiciones militares israelíes están modificando las condiciones materiales para que miles de personas puedan volver a sus localidades. La tregua no ha puesto fin a esa transformación. En varios pueblos, las imágenes disponibles apuntan a una intensificación de las demoliciones después de su entrada en vigor, mientras el acceso a amplias zonas del territorio permanece restringido y los equipos de emergencia y los periodistas encuentran dificultades para comprobar directamente lo que sucede sobre el terreno. La cuestión central ya no es únicamente cuánto ha destruido la guerra, sino qué objetivo persigue la continuidad de esas operaciones cuando los combates deberían haber dado paso a una fase de desescalada.

Para comprender lo que está ocurriendo es necesario situar la campaña israelí en su contexto militar y regional. Hezbolá no es solamente una organización política libanesa: dispone de una estructura armada propia, arsenales de cohetes y misiles, posiciones militares y una relación estratégica con Irán que durante décadas ha contribuido a convertir el sur del Líbano en uno de los principales escenarios de confrontación con Israel. La organización ha combatido contra el Ejército israelí en sucesivas guerras y ha mantenido una presencia militar en una región desde la que puede amenazar las localidades situadas al otro lado de la frontera. Para Israel, esa capacidad supone un problema de seguridad que va más allá de los enfrentamientos puntuales y que afecta especialmente a las comunidades del norte del país, cuyos habitantes han sufrido desplazamientos y ataques en anteriores episodios del conflicto.

La nueva escalada de 2026 se produjo en el contexto de la guerra contra Irán. El 1 de marzo, después de los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní iniciados el día anterior, Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel. La respuesta israelí comenzó con ataques aéreos y evolucionó hacia una ofensiva terrestre en el Líbano. El conflicto volvió así a conectar dos escenarios que, aunque tienen dinámicas propias, están unidos por las relaciones entre Teherán y Hezbolá. Desde la perspectiva de Israel, reducir la capacidad militar de la organización libanesa significa también limitar la influencia regional iraní y evitar que las armas y las infraestructuras de Hezbolá puedan utilizarse para abrir un nuevo frente contra su territorio. Esa dimensión explica parte de la amplitud de la operación, aunque no permite concluir que todas las decisiones militares adoptadas en el sur del Líbano sean necesarias para alcanzar ese objetivo. La evolución del conflicto y de los acuerdos posteriores está documentada en el informe publicado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes británica el 2 de octubre de 2026.

La finalidad declarada por el Gobierno israelí consiste en impedir que Hezbolá reconstruya sus posiciones cerca de la frontera y garantizar que las comunidades del norte de Israel puedan regresar a sus hogares sin exponerse a nuevos ataques. El razonamiento militar es reconocible: si una organización armada conserva la capacidad de lanzar misiles desde posiciones próximas a la frontera, las medidas puramente defensivas pueden considerarse insuficientes para impedir futuras ofensivas. Desde ese planteamiento, Israel pretende eliminar infraestructuras militares, destruir arsenales y túneles, controlar los accesos y mantener a distancia a las fuerzas de Hezbolá. La cuestión es que esos objetivos se han vinculado a una transformación territorial de una amplitud muy superior a la neutralización de posiciones militares concretas. Cuando la respuesta consiste en arrasar pueblos enteros, destruir carreteras civiles, quemar explotaciones agrícolas y mantener a sus habitantes alejados, resulta necesario examinar si la operación sigue respondiendo a amenazas individualizadas o si está imponiendo unas condiciones permanentes sobre el territorio y su población.

La denominada línea amarilla constituye el elemento central de esa nueva situación. La franja bajo control militar israelí, de cerca de 700 kilómetros cuadrados según la investigación de Libération sobre las destrucciones en la región, ha convertido una parte del sur libanés en un territorio prácticamente inaccesible para sus habitantes y para quienes intentan documentar las consecuencias de la guerra. No se trata únicamente de una delimitación cartográfica. Su existencia determina quién puede circular, qué propiedades pueden ser inspeccionadas, dónde pueden intervenir los bomberos y desde qué puntos es posible observar las operaciones del Ejército israelí. La línea separa, por tanto, algo más que dos espacios militares: establece una diferencia entre los lugares donde todavía resulta posible verificar los daños y aquellos donde la reconstrucción de lo ocurrido depende, en gran medida, de imágenes captadas desde el espacio.

El proyecto de establecer una zona de seguridad tampoco constituye una novedad absoluta en la historia de las relaciones entre ambos países. Israel invadió el Líbano en 1978 y de nuevo en 1982, mantuvo durante años una zona bajo ocupación en el sur libanés y retiró sus tropas en 2000. La guerra de 2006 volvió a enfrentar al Ejército israelí y a Hezbolá, y la escalada de 2023-2024 precedió a una nueva etapa de destrucción, desplazamientos y presencia militar. En marzo de 2026, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que se establecería una zona de seguridad en el sur del Líbano y declaró que las viviendas de las localidades fronterizas serían destruidas siguiendo los modelos de Rafah y Beit Hanoun, en Gaza. También afirmó que la población no podría regresar a las zonas situadas al sur del río Litani hasta que se garantizara la seguridad de los residentes del norte de Israel. No se trata, por tanto, de inferir todas las intenciones israelíes a partir de las imágenes satelitales: existe una declaración pública que vincula expresamente la destrucción de las viviendas con la configuración de una franja de seguridad y con la exclusión temporal de la población.

Ese planteamiento obliga a distinguir entre una operación contra una organización armada y una política de transformación del espacio en el que esa organización actúa. Israel sostiene que las viviendas y otras construcciones pueden utilizarse para almacenar armas, ocultar combatientes o acceder a túneles. Hezbolá, por su parte, ha desarrollado durante décadas una infraestructura militar dentro de una región habitada, lo que plantea riesgos reales para los civiles y para las fuerzas que operan en ella. Si un edificio se emplea efectivamente con fines militares, esa circunstancia puede ser relevante para determinar su protección jurídica y la respuesta que permite el derecho internacional. Pero la proximidad de una vivienda a una posición armada no convierte automáticamente al inmueble en un objetivo militar, del mismo modo que la presencia de Hezbolá en el territorio no transforma a sus habitantes en responsables colectivos de las actividades de la organización. La obligación de determinar qué se ataca y por qué continúa recayendo sobre

Israel, con independencia de las decisiones de Hezbolá.

La estrategia de la zona de seguridad tiene, además, una dimensión política. Mantener el control del territorio puede permitir al Ejército israelí vigilar los movimientos en la frontera, restringir el despliegue de Hezbolá y ejercer presión sobre las autoridades libanesas para que asuman el control de las zonas donde la organización conserva presencia armada. Desde ese punto de vista, la ocupación no se limita a una función defensiva inmediata, sino que también condiciona las negociaciones sobre el futuro militar del sur del país. La permanencia de las fuerzas israelíes puede convertirse en un instrumento de presión para exigir el desarme de Hezbolá y modificar el equilibrio de poder en el Líbano. Sin embargo, una zona controlada militarmente no equivale necesariamente a una frontera más segura a largo plazo. Puede dificultar la reconstrucción del Estado libanés en la región, alimentar la resistencia armada contra la presencia israelí y mantener a la población civil atrapada en un conflicto que no puede resolver por sí misma.

Los acuerdos alcanzados durante 2026 contemplan precisamente una alternativa basada en la recuperación progresiva del control estatal libanés. Las negociaciones entre Israel, el Líbano y Estados Unidos incluyeron un marco de retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue del Ejército libanés en zonas de las que quedaría excluida la presencia de actores armados no estatales y un proceso de desarme de Hezbolá. El acuerdo de junio condicionó el alto el fuego al cese de los ataques de la organización y a la retirada de sus operativos de la zona situada al sur del Litani. Posteriormente se impulsaron zonas piloto en las que las fuerzas armadas libanesas debían asumir la responsabilidad exclusiva de la seguridad. No obstante, la aplicación de ese marco seguía siendo limitada en octubre.

Hezbolá rechazaba las condiciones de desarme, el Estado libanés carecía de control efectivo sobre todas las capacidades militares de la organización e Israel sostenía que sus tropas permanecerían en territorio libanés mientras considerase que persistía la amenaza. El resultado es un proceso en el que las partes no comparten una interpretación de las condiciones necesarias para dar por terminada la guerra.

Esta situación también afecta a la soberanía del Líbano. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada después de la guerra de 2006, estableció un marco para el cese de las hostilidades, el despliegue de las fuerzas armadas libanesas y de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano y la retirada israelí del territorio libanés en paralelo a ese despliegue. La resolución también reclamaba que el Estado libanés ejerciera su autoridad sobre el territorio y que no hubiera armas ni autoridad fuera de su control, con las disposiciones previstas para la presencia internacional. El problema de fondo es que los acuerdos sucesivos no han conseguido eliminar la capacidad militar autónoma de Hezbolá ni garantizar una retirada israelí estable. La creación de una zona de control prolongado puede presentarse como una respuesta a ese fracaso, pero también corre el riesgo de perpetuarlo al sustituir la capacidad del Estado libanés para ejercer su soberanía por la presencia de un ejército extranjero.

Las consecuencias materiales de esa estrategia son cada vez más difíciles de separar de su dimensión militar. La demolición de edificios, la eliminación de carreteras, el incendio de terrenos agrícolas y la prohibición de acceder a determinados espacios modifican las condiciones en las que la población podría regresar. Si un pueblo pierde buena parte de sus viviendas y de sus infraestructuras, sus habitantes no pueden restablecer su vida cotidiana únicamente porque se reduzcan los enfrentamientos. Si, además, las carreteras quedan sometidas a restricciones militares y las tierras de cultivo son arrasadas o permanecen fuera del alcance de sus propietarios, la posibilidad de reconstruir la economía local disminuye considerablemente. La zona de seguridad puede así producir un efecto que va más allá de impedir temporalmente la presencia de combatientes: puede hacer inviable el retorno de la población civil durante un periodo prolongado.

La preocupación no nace únicamente de los acontecimientos de 2026. En una investigación publicada en agosto de 2025, Amnistía Internacional documentó la destrucción o los daños graves sufridos por más de 10.000 estructuras en el sur del Líbano entre octubre de 2024 y enero de 2025. En varias localidades, la proporción de edificios afectados superó el 70 %. El análisis de imágenes satelitales y de material audiovisual permitió identificar demoliciones mediante explosivos colocados en edificios y el uso de excavadoras para destruir viviendas, carreteras, instalaciones deportivas y otros bienes civiles. Una parte importante de esas operaciones tuvo lugar cuando las fuerzas israelíes ya controlaban las áreas afectadas y después de la entrada en vigor del alto el fuego de noviembre de 2024. La organización sostuvo que numerosos casos planteaban indicios de destrucción ilegal de bienes civiles y reclamó investigaciones. Esa documentación corresponde a una fase anterior de la guerra y no demuestra por sí sola la ilegalidad de cada operación realizada en 2026, pero constituye un precedente relevante a la hora de valorar si las nuevas demoliciones responden a necesidades militares concretas o forman parte de una práctica más amplia.

El derecho internacional humanitario no prohíbe toda destrucción de bienes durante una guerra, pero tampoco permite que la necesidad militar se utilice como una justificación general para arrasar un territorio. Las operaciones deben respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y la destrucción de propiedades en territorio ocupado está sometida a restricciones especialmente exigentes: el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra la prohíbe salvo cuando resulte absolutamente necesaria por las operaciones militares, una excepción que no puede ampliarse hasta incluir cualquier ventaja estratégica o medida de seguridad. El Comité Internacional de la Cruz Roja insiste en que la existencia de una amenaza debe evaluarse en las circunstancias específicas y que la necesidad militar no elimina las obligaciones de protección de la población civil. La diferencia es fundamental. Destruir una posición desde la que se lanzan ataques puede responder a una finalidad militar identificable; destruir de manera generalizada viviendas de una localidad para garantizar que una zona permanezca despejada plantea una cuestión distinta, especialmente si los inmuebles no están siendo utilizados con fines militares o si existen alternativas menos destructivas.

La evaluación jurídica de cada operación exige conocer sus circunstancias, las pruebas disponibles y la finalidad concreta de la destrucción. No sería riguroso afirmar que toda vivienda derribada constituye automáticamente un crimen de guerra, como tampoco lo sería aceptar sin examen las explicaciones militares ofrecidas por la parte que lleva a cabo las demoliciones. Pero la acumulación de indicios, la escala de los daños, la continuidad de las operaciones después del alto el fuego y las declaraciones de responsables israelíes sobre la destrucción de localidades enteras hacen necesaria una investigación independiente. La obligación de rendir cuentas no depende de que un tribunal haya emitido ya una sentencia: es precisamente la existencia de indicios suficientemente graves lo que hace relevante que se investigue. El control territorial y la seguridad de las tropas no pueden convertirse en criterios ilimitados que permitan prescindir de las garantías aplicables a quienes viven en las zonas afectadas.

Las declaraciones de Katz durante el verano reforzaron esas dudas. El ministro afirmó que 24 localidades libanesas históricas habían sido completamente arrasadas y situó entre 15.000 y 20.000 el número de viviendas destruidas. Presentó esas operaciones como una respuesta a la colaboración de residentes de esos pueblos con Hezbolá y a las amenazas que, según Israel, representaban para sus fronteras y para su población. La declaración debe analizarse en sus propios términos: no se limita a describir la destrucción de objetivos militares identificados, sino que atribuye la demolición de poblaciones enteras a una valoración colectiva sobre la relación de sus habitantes con la organización armada. Esa formulación resulta especialmente preocupante porque puede desdibujar la distinción entre combatientes y civiles. La responsabilidad individual por actividades armadas no se transmite al conjunto de una comunidad por residir en un pueblo fronterizo, y la mera pertenencia de una localidad a un área de influencia de Hezbolá no permite tratar sus viviendas como objetivos militares.

Las implicaciones de esa política tampoco se limitan a la pérdida inmediata de hogares. En una región donde numerosas familias dependen de la agricultura, la destrucción de los terrenos cultivables, los incendios y la eliminación de árboles frutales pueden comprometer los ingresos durante años. La tierra no constituye únicamente una superficie susceptible de ser ocupada o despejada desde un punto de vista militar: también representa una fuente de sustento, una propiedad familiar y la infraestructura económica que permite la continuidad de una comunidad. La reconstrucción de una vivienda puede comenzar cuando se dispone de financiación, materiales y garantías de seguridad. La recuperación de un olivar, de un bosque de robles o de una explotación de manzanos exige mucho más tiempo. Esta diferencia importa a la hora de medir el coste real de una operación. El balance no puede limitarse al número de edificios derribados o de combatientes eliminados, sino que debe tener en cuenta las condiciones que quedan para que la población pueda vivir y trabajar de nuevo en el territorio.

Durante las primeras semanas de abril, la frontera impuesta por Israel todavía presentaba algunos puntos de acceso. En localidades como Majdel Zoun, los desplazamientos permitían observar los efectos de las operaciones militares y comenzar a reconstruir la secuencia de destrucción de los pueblos situados en esta parte del país. Sin embargo, cuando los periodistas regresaron a la zona en agosto, Majdel Zoun había desaparecido prácticamente como localidad habitada. La evolución de este pueblo ilustra la velocidad con la que determinados núcleos urbanos han pasado de sufrir daños considerables a perder buena parte de sus edificios y de las condiciones necesarias para mantener una vida civil. La población que residía en esta región antes de la guerra, estimada en alrededor de 600.000 personas para el territorio afectado que describe la investigación, no se enfrenta solamente a la dificultad de regresar a sus casas. En numerosos casos, el problema es que las viviendas, las calles y las infraestructuras que hacían posible ese regreso han dejado de existir.

El cambio más significativo se encuentra en la relación entre el cese de las hostilidades y la continuidad de las operaciones de demolición. Un alto el fuego puede reducir los enfrentamientos directos sin resolver necesariamente las consecuencias territoriales de la guerra. En el sur del Líbano, la pausa en los combates no ha implicado una paralización de la presencia militar israelí ni ha garantizado el acceso de los propietarios a sus terrenos. Por el contrario, el material satelital analizado por Libération muestra que la transformación de varios pueblos continuó durante las semanas posteriores a la tregua. Esta circunstancia obliga a distinguir entre el descenso de la intensidad de los combates y la recuperación efectiva de la normalidad. Una localidad puede dejar de ser un frente de batalla activo y seguir sometida a demoliciones, restricciones de movimiento y operaciones militares que impiden a sus habitantes retomar su vida. La ausencia de enfrentamientos continuos no constituye, por sí misma, una prueba de que las condiciones de seguridad y de retorno hayan mejorado.

La escala de los incendios ofrece otra medida de esa evolución. Mediante imágenes del programa europeo Copernicus, obtenidas por los satélites Sentinel, y el contraste de información procedente de más de quince municipios, la investigación francesa ha contabilizado más de 5.114 hectáreas quemadas en la región ocupada entre mediados de junio y el 5 de octubre. El total podría haber aumentado después de esa fecha. Desde el comienzo de las hostilidades en 2023, la superficie incendiada en el sur libanés superaría las 16.000 hectáreas, una extensión equivalente a aproximadamente una vez y media la superficie de París. La comparación con el año 2022 permite apreciar la dimensión del fenómeno: el Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano había registrado entonces 352 hectáreas quemadas en todo el país durante el año. Las cifras no demuestran, por sí solas, quién inició cada incendio ni permiten atribuir automáticamente todos los daños a una misma operación militar. Sí reflejan una transformación excepcional de la cubierta vegetal y de las tierras cultivables, concentrada en una región donde la agricultura constituye una fuente esencial de ingresos y una parte importante de la continuidad de las comunidades locales.

Kfarchouba permite comprender lo que esas cifras significan a escala humana. En las colinas próximas a Rachaya, el responsable de los bomberos, Samer Hardan, observó cómo el fuego avanzaba por una zona situada bajo control israelí. Según su testimonio, el incendio comenzó el 6 de agosto, después de que varios carros de combate israelíes Merkava se situaran en las alturas próximas. Los vecinos afirmaron haber escuchado una detonación antes de observar las primeras columnas de humo. Hardan quería desplazar a su equipo hasta el lugar para extinguir las llamas, pero no obtuvo autorización del mecanismo internacional encargado de la supervisión y verificación de la situación tras el alto el fuego. Los bomberos solo pudieron acceder a determinados sectores próximos a las viviendas, sin alcanzar las tierras ocupadas en las que se había originado el incendio. Las llamas continuaron extendiéndose durante tres días y, de acuerdo con el análisis de las imágenes satelitales, calcinaron 328 hectáreas.

En blanco: Región de Hasbaya, Líbano, dónde se encuentra Kfar Chouba (Kfarchouba) | Flash Info

La secuencia resulta relevante porque muestra hasta qué punto el control militar del acceso puede condicionar la respuesta ante una emergencia. La capacidad para extinguir un incendio depende de la rapidez de intervención, de la disponibilidad de medios y de la posibilidad de desplazarse hasta el foco. Cuando una zona queda fuera del alcance de los servicios de emergencia por una decisión militar, el daño puede seguir aumentando aunque no exista un enfrentamiento activo que impida técnicamente la intervención. En este caso, el mecanismo internacional creado para facilitar la comunicación entre las partes no consiguió garantizar el acceso de los bomberos al terreno afectado. La investigación describe un sistema de autorización sometido a bloqueos israelíes que limita la capacidad de actuación de las autoridades locales precisamente en los espacios donde el riesgo es mayor. La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando el incendio afecta a terrenos agrícolas, pues la pérdida no termina cuando se extinguen las llamas: también desaparecen árboles, cosechas, fuentes de ingresos y, en ocasiones, años de trabajo acumulado.

Para los habitantes de Kfarchouba, aquellas parcelas eran conocidas como Kroum Kfarchouba, los vergeles de la localidad. El nombre conserva una imagen de un territorio agrícola que ya no se corresponde con su estado actual. Los robles centenarios y los olivos habían sufrido daños y desapariciones durante operaciones militares anteriores; las plantaciones de manzanos y perales constituían, además, parte de la economía local. Mustafa, un vecino entrevistado bajo seudónimo por temor a posibles represalias, describió la pérdida de sus tierras y aseguró haber visto, el 7 de agosto, un dron que arrojaba un objeto incendiario en otro punto del valle, después del comienzo del fuego. Según su relato, las llamas se extendieron a continuación por una superficie mayor. Su testimonio plantea una posible explicación de la propagación del incendio, pero debe distinguirse de una atribución técnicamente demostrada de su origen: la observación de un vecino constituye una fuente relevante, no una verificación independiente de todos los detalles de la operación.

El temor expresado por Mustafa tampoco es un elemento secundario. El hombre pidió que no se publicara su identidad real y explicó que, después de haber hablado anteriormente con medios de comunicación, su vivienda fue bombardeada. Esa afirmación forma parte de su testimonio y no permite establecer por sí sola una relación causal entre ambas circunstancias. Sin embargo, revela el contexto de inseguridad en el que algunos residentes valoran las consecuencias de facilitar información. Su madre, próxima a cumplir cien años, recordaba desde la terraza de la vivienda las distintas ocupaciones y etapas de violencia que habían atravesado sus tierras, así como los periodos anteriores a la presencia de ejércitos y organizaciones armadas en la región. En su memoria, las transformaciones políticas y militares del sur del Líbano no son episodios aislados, sino décadas de interrupciones de la vida cotidiana. Para una población que ha sufrido desplazamientos repetidos, la desaparición de los terrenos agrícolas y la destrucción de las viviendas añaden un obstáculo distinto a los anteriores: incluso cuando la seguridad permita regresar, puede que ya no existan los medios materiales para restablecer la vida que había antes de la guerra.

La identificación de los posibles mecanismos de propagación del fuego resulta especialmente compleja en las zonas donde los investigadores no pueden desplazarse libremente. En Zaoutar al-Gharbiyeh, una de las localidades en las que se ensaya una retirada progresiva de las fuerzas israelíes, el acceso a determinados terrenos sigue estando limitado pese a que el pueblo figura entre las áreas destinadas a recuperar parcialmente el control civil. En una parcela quemada, los restos de munición todavía eran visibles en el suelo y algunos elementos habían dejado marcas en un parapeto desde el que el fuego pudo extenderse. Una fuente militar consultada por Libération consideró que los recipientes encontrados podían corresponder a municiones M-150 utilizadas por el Ejército israelí. Aunque estos proyectiles se describen oficialmente como municiones de humo y no como incendiarias, la fuente explicó que pueden alcanzar el suelo mientras todavía arden, a temperaturas superiores a los 1.000 grados, y provocar incendios en determinadas condiciones. La identificación de los restos y sus características aportan indicios que deben examinarse, pero no equivalen automáticamente a demostrar la causa de todos los fuegos documentados en la región.

El asunto recuerda las investigaciones anteriores sobre el empleo de fósforo blanco en el sur del Líbano, incluida la documentación publicada en noviembre de 2023 sobre Dhayra, una localidad que posteriormente quedó inaccesible y fue arrasada. La existencia de antecedentes obliga a prestar atención al empleo de municiones capaces de generar altas temperaturas y a examinar sus efectos sobre la población y el medio ambiente. No obstante, cada episodio requiere su propia documentación: es necesario identificar los restos, establecer su procedencia, reconstruir las circunstancias de su utilización y relacionarlos con los daños observados. La evidencia disponible sobre un incidente no debe trasladarse sin más a otros. En un territorio donde el acceso sobre el terreno está restringido, la combinación de testimonios, imágenes satelitales y análisis técnicos adquiere una importancia especial, pero también exige explicar con precisión qué aspectos están comprobados, cuáles son atribuciones de fuentes consultadas y cuáles permanecen sin verificar.

La destrucción de la cubierta vegetal afecta, además, a localidades que ya habían sufrido daños graves durante las operaciones de 2024. En Yaroun, los incendios han alcanzado más de 380 hectáreas según el análisis satelital citado por Libération, incluida una parte importante de la masa forestal de robles que rodeaba el pueblo. La vegetación había sido dañada anteriormente por las operaciones israelíes y la nueva pérdida se suma a la destrucción de edificios y a la transformación de los terrenos próximos a la frontera. La posibilidad de evaluar directamente esta situación es prácticamente nula: desde el suelo, los periodistas no pueden acceder a las superficies afectadas. De este modo, la información sobre la extensión de los daños depende de la comparación de imágenes tomadas en fechas diferentes, una herramienta que permite medir cambios físicos de gran escala sin necesidad de recorrer cada parcela, aunque no siempre permite determinar cómo se produjo cada alteración.

La ausencia de acceso también limita el conocimiento sobre la situación de las viviendas que continúan en pie. Una casa puede aparecer intacta en una imagen y, aun así, encontrarse rodeada por zonas destruidas, haber perdido sus servicios básicos o estar ocupada por fuerzas militares. Por esa razón, la evaluación de la destrucción no puede reducirse a un recuento de edificios derribados. Es necesario examinar el estado de las carreteras, la continuidad de los barrios, la disponibilidad de tierras agrícolas y la posibilidad de utilizar los edificios sin exponerse a nuevas restricciones. La cuestión resulta particularmente importante en localidades donde las demoliciones se han sucedido durante semanas y donde los habitantes no disponen de una forma segura de comprobar qué permanece en pie. El resultado es una incertidumbre que condiciona las decisiones de retorno, impide planificar la reconstrucción y dificulta que las autoridades municipales establezcan las prioridades más urgentes.

Los datos recopilados en Kfar Tebnit ilustran la dimensión urbana del problema. A partir de un archivo de cerca de 200 imágenes satelitales tomadas desde junio y de información proporcionada por municipios del sur del Líbano, Libération reconstruyó la huella de los edificios de esta localidad. De los 1.557 inmuebles contabilizados, el 33,2 % había quedado completamente arrasado a comienzos de agosto, mientras que otro 29 % presentaba daños graves. La localidad pertenece a una zona donde algunas propiedades siguen bajo control israelí y donde la observación del paisaje desde el exterior no permite apreciar con facilidad la magnitud de las demoliciones. En varios puntos, el trabajo de reconstrucción de los daños depende de comparar las estructuras que aparecían en imágenes anteriores con los espacios vacíos que pueden observarse después. Es un procedimiento que permite documentar la desaparición de edificios con una precisión considerable, pero que no devuelve a los propietarios la posibilidad de comprobar personalmente el estado de sus viviendas.

Bint Jbeil presenta una evolución similar. La localidad, escenario de enfrentamientos históricos entre el Ejército israelí y Hezbolá, sufrió nuevas demoliciones durante el verano, una vez anunciada la tregua. Una mezquita que ya había quedado dañada terminó siendo derribada y más de 150 olivos fueron arrancados en los terrenos próximos. La destrucción de los árboles adquiere relevancia no solo por su valor económico, sino también por su relación con las explotaciones familiares y con el uso de terrenos que pueden necesitar años para recuperar su productividad. Un edificio puede reconstruirse mediante una inversión y un proyecto de obras; una plantación de olivos centenarios no se recupera en el mismo plazo. La pérdida de infraestructuras agrícolas, por tanto, puede prolongar las consecuencias económicas del conflicto mucho después de que disminuya la actividad militar y dificultar que las familias desplazadas encuentren una fuente de ingresos al regresar.

En Maroun al-Ras, la dimensión de la destrucción es todavía más pronunciada. Las imágenes satelitales del 13 de julio mostraban maquinaria israelí dedicada a trabajos de demolición en un sector residencial del noroeste de la localidad. La reconstrucción de la huella de los edificios permitió estimar que 717 inmuebles, equivalentes al 85,7 % de los edificios del pueblo según el recuento citado, habían sido completamente arrasados. Solo 22 estructuras permanecían en pie en el momento analizado. La cifra sitúa a Maroun al-Ras entre los casos más extremos de destrucción del sur del Líbano y muestra que el daño no puede describirse únicamente como una consecuencia indirecta de los combates. Las demoliciones mediante maquinaria y explosivos constituyen una fase diferenciada de las operaciones militares, cuya evolución puede continuar después de que cese el fuego cruzado.

La importancia de Maroun al-Ras va más allá del número de viviendas perdidas. Las imágenes posteriores muestran modificaciones en los caminos existentes, la ampliación de algunos trazados y la apertura de nuevas vías adaptadas a los desplazamientos militares. También permiten observar la aparición de nuevas posiciones y la reorganización de determinados espacios del pueblo. El paisaje resultante no consiste simplemente en una acumulación de edificios dañados: presenta una configuración diferente, condicionada por las necesidades logísticas de las fuerzas que lo controlan. Las carreteras son esenciales para mantener abastecidas las posiciones, desplazar vehículos blindados y conectar los puestos militares. Cuando se modifica una red viaria civil para facilitar estos movimientos, cambian las condiciones de acceso de quienes vivían en el territorio y la relación entre las distintas localidades. La modificación de las infraestructuras puede adquirir así una importancia estratégica propia, independientemente de la destrucción sufrida por cada vivienda.

En este contexto, la construcción de nuevas instalaciones militares introduce una cuestión adicional sobre la duración prevista de la presencia israelí. El diario Haaretz había informado de la instalación de una posición militar en pleno centro de Maroun al-Ras, y las imágenes satelitales examinadas posteriormente por Libération mostraban un segundo asentamiento en la parte meridional del pueblo. Otra base se había establecido en Khiam. En Bint Jbeil, el material gráfico permitía observar la concentración progresiva de alrededor de una decena de vehículos blindados israelíes cerca de un cementerio, en una zona donde se habían sucedido las demoliciones, el incendio de terrenos y los movimientos de tierra. También se apreciaban baterías de defensa antiaérea para misiles interceptores, cuya presencia podría anticipar la implantación de un dispositivo de protección más permanente, aunque las imágenes por sí solas no permiten establecer cuál será la configuración definitiva de esa infraestructura.

Una fuente militar libanesa explicó que algunas de las viviendas civiles que todavía permanecían en pie podrían estar siendo utilizadas por el Ejército israelí para alojar a sus efectivos o para ocultar vehículos blindados. Esta posibilidad añade una dimensión importante a la evaluación de los edificios conservados. La supervivencia física de una casa no significa necesariamente que siga disponible para sus propietarios ni que pueda desempeñar la función que tenía antes de la guerra. La utilización militar de construcciones civiles, cuando se produce, modifica su función dentro del territorio y puede prolongar la imposibilidad de retorno incluso en lugares donde no se ha destruido todo el parque inmobiliario. Desde el punto de vista de los habitantes, el resultado es una situación en la que tanto las viviendas arrasadas como algunas de las que permanecen en pie pueden quedar fuera de su alcance.

La capacidad de documentar esas decisiones se enfrenta, además, a restricciones que afectan a la presencia de testigos. En Yater, desde cuyas alturas pueden observarse los daños de Beit Lif, varios civiles tuvieron que abandonar de nuevo determinadas colinas después de que aumentaran las restricciones para permanecer cerca de la línea amarilla. Un miembro del municipio explicó que el Ejército israelí no quería que hubiera población demasiado próxima a esa delimitación y que algunas personas que observaban las demoliciones habían sido objeto de lanzamientos de granadas aturdidoras. En Kfar Tebnit, durante una visita a las inmediaciones de una iglesia, un dron de reconocimiento apareció a baja altura y sobrevoló el lugar donde se encontraban los periodistas. Estos episodios muestran las dificultades que afrontan quienes intentan registrar visualmente lo ocurrido en los pueblos ocupados. También explican por qué una parte creciente de la documentación depende de imágenes satelitales, especialmente cuando el acceso terrestre queda sometido a permisos o a restricciones militares.

La iglesia de Zaoutar al-Gharbiyeh constituye otro punto desde el que se puede observar la magnitud de las transformaciones. El edificio, bajo la responsabilidad del padre Georges, conserva los daños provocados por un proyectil que explotó en la nave, por encima del tabernáculo. Desde su terraza se distinguen pueblos ocupados, estructuras destruidas y posiciones militares en un área donde las operaciones continúan condicionando la vida civil. Hacia el sur, algunas localidades permanecen bajo control israelí y sus viviendas han sido demolidas ante la mirada de residentes que no pueden intervenir. Más al norte, la colina de Ali al-Taher conserva una importancia estratégica por su posición dominante y por la presencia de túneles asociados a Hezbolá. Entre ambas zonas, las ruinas de Kfar Tebnit forman parte de un territorio en el que las infraestructuras destruidas, los movimientos militares y las restricciones de acceso coexisten a pocos kilómetros de comunidades que tratan de mantener una actividad cotidiana.

En la costa mediterránea, cerca de Naqoura, la presencia de soldados israelíes en antiguas viviendas civiles muestra hasta qué punto el control militar se integra en los espacios habitados que quedan. Cuatro soldados ocupaban una casa protegida con redes contra drones. Cuando los periodistas y los equipos humanitarios se aproximaban, uno de los militares utilizaba un megáfono para ordenarles que dieran media vuelta. La instalación de puestos de control, señales en hebreo y rutas adaptadas a los movimientos de vehículos militares acompaña una reorganización del territorio que afecta tanto a los pueblos destruidos como a los accesos que los conectaban. Para los residentes, la posibilidad de regresar dependerá también de quién controle las carreteras, de qué terrenos puedan volver a utilizar y de si las viviendas y explotaciones que sobrevivan quedan liberadas de las restricciones que actualmente limitan su acceso.