El desarrollo no se desarrolla más

El cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) decretado por la administración de Donald Trump en julio del año pasado, seguido de recortes sustanciales en los presupuestos de ayuda oficial al desarrollo de varias potencias europeas, constituye uno de los giros más disruptivos en la arquitectura de la cooperación internacional desde el final de la Guerra Fría. Sus consecuencias, lejos de ser meramente presupuestarias o administrativas, están configurando una reconfiguración profunda del sistema global de asistencia humanitaria, con implicaciones directas en la estabilidad política, la seguridad internacional y la gobernanza global.

USAID representaba aproximadamente el 40% de la ayuda gubernamental al desarrollo a nivel mundial, una cifra que no solo refleja su peso financiero, sino también su centralidad operativa en la coordinación de programas multilaterales, en la financiación de ONG internacionales y en la implementación de políticas sanitarias, educativas y de gobernanza en decenas de países en desarrollo. Su desaparición no es simplemente la retirada de un actor más del tablero internacional, sino la eliminación del principal nodo de una red de cooperación que llevaba décadas estructurando flujos de recursos, conocimiento técnico y capacidad institucional.

La cuantificación preliminar del impacto humano es tan contundente como inquietante: se proyectan hasta 22 millones de muertes adicionales en los próximos cuatro años como resultado directo o indirecto del colapso de programas sanitarios, alimentarios y de protección social financiados por USAID y por los recortes europeos posteriores. Esta cifra, incluso con los márgenes de incertidumbre inherentes a este tipo de estimaciones, coloca la decisión política en una dimensión histórica comparable a grandes crisis humanitarias, pero sin el componente de inevitabilidad natural o bélica que suele acompañarlas. En este caso, se trata de una decisión política deliberada, con motivaciones ideológicas y estratégicas explícitas.

El impacto en el sector humanitario ha sido inmediato y sistémico. La retirada de financiación ha desencadenado una ola de despidos sin precedentes en el ecosistema de cooperación. En 2025, ocho agencias de Naciones Unidas, ocho grandes organizaciones no gubernamentales internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja anunciaron más de 31.000 despidos. Esta cifra no incluye a las organizaciones locales, regionales y especializadas que operan en nichos críticos —salud materna, nutrición infantil, control de enfermedades infecciosas, educación básica, fortalecimiento institucional— y que han reducido su actividad a mínimos operativos o han cesado completamente sus operaciones.

La lógica de funcionamiento del sector humanitario se ha visto obligada a adoptar un modelo de priorización extrema, comparable a un triaje médico en contextos de catástrofe. Las organizaciones han tenido que decidir qué crisis pueden seguir atendiendo y cuáles deben abandonar, introduciendo un criterio de selección que, aunque inevitable en condiciones de escasez, supone una ruptura ética con los principios fundacionales de la cooperación internacional. Regiones enteras han quedado sin presencia humanitaria permanente, lo que implica no solo la retirada de asistencia directa, sino también la pérdida de sistemas de alerta temprana, de vigilancia epidemiológica y de interlocución con autoridades locales.

Los primeros indicadores de impacto en salud pública confirman la magnitud del problema. La mortalidad infantil, que había experimentado una tendencia descendente sostenida durante las últimas décadas, aumentó por primera vez en lo que va de siglo, alcanzando los 4,8 millones de menores de cinco años fallecidos en el último año registrado. Este dato es especialmente significativo porque la reducción de la mortalidad infantil ha sido uno de los principales indicadores del éxito relativo de la cooperación internacional. Su reversión no solo implica una pérdida de vidas humanas, sino una ruptura del consenso técnico y político que había sostenido la inversión en salud global como una prioridad estratégica.

Más allá de las cifras, el cambio de narrativa impulsado desde la Casa Blanca y replicado por actores políticos en Europa ha generado un clima de hostilidad hacia el sector humanitario. La cooperación ha sido presentada como un gasto superfluo, un instrumento de influencia política fallido o incluso como una forma de corrupción estructural, sin atender a la evidencia empírica que demuestra su impacto positivo en indicadores de salud, educación, estabilidad institucional y crecimiento económico. Esta campaña de desprestigio ha tenido efectos colaterales en las donaciones privadas, que históricamente han complementado la financiación pública y han permitido cierta flexibilidad operativa en contextos de emergencia.

El deterioro del consenso en torno a la ayuda internacional tiene implicaciones que trascienden el ámbito humanitario. La pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios básicos son factores estructurales que alimentan la inestabilidad política, los conflictos armados, las migraciones forzadas y la expansión de economías ilícitas. La cooperación internacional no ha sido solo un instrumento de solidaridad, sino una herramienta de política exterior orientada a la prevención de crisis. Su desmantelamiento introduce una externalización masiva de riesgos que, en última instancia, regresan a las sociedades que decidieron recortar la ayuda.

Desde una perspectiva geopolítica, la retirada de Estados Unidos del liderazgo en cooperación abre un vacío estratégico que otras potencias están en condiciones de explotar. China, a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ha incrementado su presencia financiera y técnica en África, Asia Central y América Latina, aunque con un enfoque centrado en infraestructuras y con menor énfasis en programas sociales. Rusia, por su parte, ha reforzado su presencia en contextos de seguridad y gobernanza, mientras actores regionales como Turquía o los países del Golfo han ampliado su diplomacia humanitaria con objetivos políticos explícitos. La UE, sin la participación estadounidense, se enfrenta al dilema de asumir un liderazgo que requiere una coordinación política y presupuestaria que hasta ahora ha demostrado ser limitada.

La cooperación, entendida como un componente estructural del sistema internacional, no puede reducirse a un instrumento discrecional de política doméstica. La interdependencia global hace que las crisis humanitarias tengan efectos en cadena: brotes epidémicos, colapsos institucionales, crisis migratorias y tensiones geopolíticas. La decisión de recortar la ayuda no elimina estos riesgos, sino que los desplaza en el tiempo y los amplifica. En términos de coste-beneficio, la inversión en prevención mediante cooperación internacional ha demostrado ser significativamente más eficiente que la gestión reactiva de crisis.

La afirmación de que la pobreza no es un problema exclusivo de los más pobres, sino un desafío sistémico, adquiere en este contexto una dimensión estratégica. La desigualdad extrema erosiona la estabilidad del sistema internacional y genera entornos propicios para actores no estatales violentos, redes criminales y regímenes autoritarios que utilizan la precariedad como herramienta de control. Combatirla no es solo una cuestión de ética, sino una inversión en seguridad colectiva.

En ausencia de Estados Unidos, la UE se enfrenta a una encrucijada estratégica. Puede limitarse a gestionar el declive del sistema de cooperación internacional, o puede intentar redefinirlo sobre nuevas bases, con mayor coordinación interna, mayor participación de actores privados y una integración más estrecha entre cooperación, política exterior y seguridad. La primera opción implica aceptar un escenario de fragmentación y aumento de riesgos globales. La segunda requiere un liderazgo político que, hasta el momento, ha sido intermitente.

El cierre de USAID no es solo una decisión administrativa, sino un punto de inflexión en la arquitectura de la globalización. Marca el paso de un modelo, imperfecto pero funcional, de gobernanza global cooperativa, hacia un paradigma más fragmentado, transaccional y orientado a intereses nacionales de corto plazo. Las cifras de muertes proyectadas no son solo una tragedia humanitaria, sino un indicador de la degradación del contrato implícito que ha sostenido el orden internacional liberal durante décadas.