El hambre, arma de guerra en Gaza

El uso del hambre como arma de guerra en Gaza constituye una de las manifestaciones más devastadoras de los conflictos modernos, donde la privación de alimentos y recursos esenciales se convierte en una estrategia deliberada para debilitar a la población civil, erosionar su resiliencia y ejercer control político. Este análisis profundiza en las dinámicas históricas y contemporáneas que han llevado a esta crisis, las consecuencias humanitarias, los actores involucrados, las implicaciones legales y éticas, y los desafíos para mitigar el sufrimiento de más de dos millones de personas atrapadas en un enclave asediado. Basado en datos de organismos internacionales, informes de campo y análisis de expertos, este artículo busca ofrecer una visión integral de una tragedia que trasciende lo humanitario y plantea preguntas fundamentales sobre la moralidad de las tácticas de guerra en el siglo XXI.

Gaza, un territorio de 365 kilómetros cuadrados en la costa mediterránea, alberga a aproximadamente 2.2 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Desde 2007, tras la toma de control de Hamás, Israel impuso un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que ha restringido severamente el flujo de bienes esenciales, incluidos alimentos, medicinas, combustible y materiales de construcción. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en 2023, el 80% de la población de Gaza dependía de la asistencia humanitaria para sobrevivir, un porcentaje que refleja no solo la precariedad económica, sino también la incapacidad de las estructuras locales para sostenerse bajo las restricciones impuestas. El bloqueo, combinado con recurrentes ofensivas militares, ha transformado a Gaza en un laboratorio de sufrimiento donde el hambre se ha convertido en una herramienta estratégica.

La crisis alimentaria en Gaza no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de políticas y eventos que se han acumulado durante casi dos décadas. El bloqueo de 2007 marcó el inicio de una reducción drástica en las importaciones de alimentos. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre 2007 y 2023, las importaciones de bienes esenciales cayeron en un 50%, con restricciones específicas sobre productos de "doble uso", como fertilizantes y maquinaria agrícola, que han paralizado la producción local de alimentos. Las tierras agrícolas, que alguna vez fueron un pilar de la economía gazatí, han sido diezmadas: un informe del Banco Mundial de 2024 estima que el 60% de las tierras cultivables de Gaza son inutilizables debido a bombardeos, salinización por la intrusión de agua de mar y la falta de mantenimiento. Además, la pesca, otra fuente tradicional de alimentos, está severamente limitada por las restricciones navales que confinan a los pescadores a una zona de apenas 6 a 12 millas náuticas, insuficiente para capturas significativas.

Los episodios de escalada militar han exacerbado esta situación. Durante la ofensiva de 2023, los cortes de electricidad, que alcanzaron hasta 20 horas diarias, paralizaron los sistemas de refrigeración y almacenamiento de alimentos, mientras que el bloqueo de convoyes humanitarios dejó a miles de familias sin acceso a provisiones. La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) reportó en diciembre de 2023 que el 93% de la población de Gaza enfrentaba niveles de inseguridad alimentaria aguda, con 577,000 personas en Fase 5 (Catástrofe/Hambruna), la categoría más grave. Para marzo de 2024, este número había escalado a 1.1 millones de personas, un 50% de la población, en un contexto donde la ayuda humanitaria era insuficiente para mitigar el colapso. Aunque en mayo de 2024 un aumento temporal en la entrada de convoyes redujo la cifra de personas en Fase 5 a 495,000, las proyecciones para 2025 indican un resurgimiento de la hambruna, con 470,000 personas en riesgo de catástrofe alimentaria entre mayo y septiembre de 2025.

Las consecuencias de esta crisis trascienden las estadísticas. La desnutrición aguda en niños menores de cinco años ha alcanzado niveles alarmantes. Según Médicos Sin Fronteras, en 2024, los casos de desnutrición infantil eran diez veces superiores a los registrados antes de octubre de 2023. Los niños presentan retrasos en el crecimiento, debilidad inmunológica y problemas cognitivos irreversibles debido a la falta de nutrientes esenciales. Las mujeres embarazadas y lactantes enfrentan riesgos similares, con un aumento del 20% en partos prematuros y complicaciones relacionadas con la desnutrición, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los mercados locales, cuando están operativos, enfrentan una inflación descontrolada: en 2024, el costo de una canasta básica de alimentos en Gaza aumentó un 200% en comparación con 2020, según la Autoridad Palestina. Para una población donde el 65% vive por debajo del umbral de pobreza, con un ingreso promedio de menos de 2 dólares diarios, estos precios son inalcanzables.

El impacto económico del bloqueo y la destrucción de infraestructura es igualmente devastador. Antes de 2007, Gaza tenía una economía modesta pero funcional, con un sector agrícola y pesquero que proveía empleos y alimentos. Hoy, el desempleo supera el 50%, y la destrucción de fábricas, almacenes y sistemas de riego ha eliminado las fuentes de ingreso de decenas de miles de familias. Un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 2024 calcula que la reconstrucción de Gaza requeriría al menos 20,000 millones de dólares y varias décadas, incluso en un escenario de cese de hostilidades. La dependencia de la ayuda externa, que cubre apenas el 30% de las necesidades alimentarias, perpetúa un ciclo de vulnerabilidad que beneficia a los actores que controlan el flujo de recursos.

Los actores involucrados en esta crisis son numerosos y sus responsabilidades, complejas. Israel, como potencia ocupante según el derecho internacional, tiene la obligación de garantizar el bienestar de la población civil en los territorios bajo su control, conforme al Cuarto Convenio de Ginebra. Las autoridades israelíes justifican el bloqueo como una medida de seguridad para prevenir el ingreso de armas y materiales que puedan ser utilizados por Hamás, pero esta política ha sido criticada por su impacto desproporcionado en los civiles. Por su parte, Hamás ha sido acusado por organizaciones internacionales de desviar ayuda humanitaria para financiar actividades militares, lo que complica la distribución equitativa de alimentos y suministros. Las agencias de la ONU, como la UNRWA, operan bajo restricciones severas, con solo el 30% de los convoyes humanitarios programados entrando a Gaza en 2024 debido a bloqueos y la inseguridad en las rutas de distribución. La comunidad internacional, incluidos los países donantes y las potencias regionales, no ha logrado un consenso para abordar la crisis de manera efectiva, con divisiones políticas que perpetúan el estancamiento.

Desde el punto de vista legal, el uso del hambre como arma de guerra está explícitamente prohibido. El artículo 54 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra prohíbe la privación de alimentos y agua como método para presionar a la población civil, mientras que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional clasifica esta práctica como un crimen de guerra. Sin embargo, la rendición de cuentas sigue siendo un desafío. Hasta julio de 2025, ninguna investigación formal de la Corte Penal Internacional ha resultado en sanciones específicas contra los responsables de las políticas que agravan la inseguridad alimentaria en Gaza. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos de privación deliberada de alimentos, pero la falta de acceso a Gaza para investigadores independientes dificulta la recopilación de pruebas concluyentes.

La ayuda humanitaria, aunque esencial, no ha sido suficiente para revertir la crisis. En 2024, la UNRWA reportó que 116,000 toneladas métricas de alimentos estaban varadas en corredores de ayuda debido a restricciones en los puntos de acceso controlados por Israel. Los bombardeos y los enfrentamientos armados han destruido almacenes y rutas de distribución, mientras que la corrupción y la inseguridad interna en Gaza han complicado los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en marzo de 2025, un bloqueo total de la ayuda humanitaria por parte de Israel, en respuesta a un ataque de Hamás, dejó a cientos de miles de personas sin acceso a alimentos durante semanas. Los esfuerzos de países como Egipto y Qatar para mediar en la apertura de corredores humanitarios han tenido resultados limitados, con negociaciones estancadas por tensiones geopolíticas.

El impacto psicológico y social del hambre en Gaza es profundo. Los informes de organizaciones locales, como el Centro Palestino para los Derechos Humanos, documentan un aumento del 30% en los casos de depresión, ansiedad y violencia doméstica, exacerbados por la inseguridad alimentaria y la incertidumbre constante. Las familias, que tradicionalmente dependían de redes de solidaridad, enfrentan tensiones crecientes debido a la competencia por recursos escasos. Los niños, que constituyen el 47% de la población de Gaza, son particularmente vulnerables. La UNESCO ha advertido que la combinación de desnutrición y la interrupción de la educación, con más del 80% de las escuelas dañadas o destruidas, tendrá efectos devastadores en el desarrollo cognitivo y las oportunidades futuras de esta generación. En 2024, el PMA reportó que el 90% de los niños en Gaza consumían menos de una comida al día, un indicador de la magnitud de la crisis.

La crisis alimentaria en Gaza también tiene implicaciones regionales. La inestabilidad en el enclave ha generado tensiones con países vecinos, como Egipto, que enfrenta presiones para abrir su frontera en Rafah a refugiados y ayuda humanitaria. La comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea, ha proporcionado fondos para la ayuda, pero las sanciones y las restricciones políticas limitan su impacto. Por ejemplo, en 2024, Estados Unidos destinó 500 millones de dólares a la UNRWA, pero gran parte de estos fondos no llegó a Gaza debido a bloqueos logísticos. Mientras tanto, las potencias regionales, como Irán y Turquía, han utilizado la crisis para posicionarse como defensores de la causa palestina, lo que añade una capa de complejidad geopolítica al conflicto.

La normalización del hambre como táctica de guerra plantea preguntas éticas fundamentales. ¿Cómo puede la comunidad internacional tolerar una crisis humanitaria de esta magnitud en un contexto donde las normas del derecho internacional son claras? ¿Qué responsabilidad recae sobre los actores no estatales, como Hamás, en la perpetuación de las condiciones que agravan el sufrimiento civil? La falta de acción coordinada para abordar las causas estructurales del hambre en Gaza, como el bloqueo prolongado y la destrucción de infraestructura, sugiere una falla colectiva en la defensa de los derechos humanos. Además, la narrativa de seguridad utilizada para justificar las restricciones plantea un dilema moral: ¿puede la seguridad de un estado justificar el sufrimiento masivo de una población civil?

Para abordar esta crisis, se requieren medidas urgentes y multidimensionales. En el corto plazo, la apertura de corredores humanitarios sin restricciones es esencial para garantizar el flujo de alimentos, medicinas y combustible. La comunidad internacional debe presionar por un alto el fuego sostenible que permita la distribución segura de ayuda. A mediano plazo, la reconstrucción de la infraestructura agrícola y la eliminación de las restricciones a las importaciones de bienes esenciales son pasos críticos para reducir la dependencia de la ayuda externa. A largo plazo, la solución pasa por abordar las causas políticas del conflicto, incluyendo el bloqueo y la ocupación, a través de negociaciones que prioricen el bienestar de la población civil.

En conclusión, el hambre en Gaza no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas y militares que han convertido la privación de alimentos en un arma de guerra. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar no solo para mitigar el sufrimiento inmediato, sino para desmantelar las estructuras que perpetúan esta crisis. Mientras las políticas de bloqueo y las hostilidades continúen, el hambre seguirá siendo una herramienta de control que castiga a los más vulnerables, dejando cicatrices profundas en una población que lucha por sobrevivir en condiciones de extrema adversidad. La pregunta no es solo cómo detener esta tragedia, sino cómo garantizar que no se repita en otros conflictos donde los civiles son utilizados como peones en un juego de poder.