La gran polémica de lo Presupuestos de Bayrou para 2026

El 15 de julio de 2025, el primer ministro francés, François Bayrou, presentó las líneas generales del presupuesto estatal para 2026, un plan que busca reducir el déficit público de Francia del 5,8% del PIB en 2024 al 4,6% en 2026, con un objetivo a largo plazo de alcanzar el 2,9% para 2029. Este proyecto, que incluye recortes de gasto por 44.000 millones de euros y un aumento de 3.800 millones en el presupuesto de defensa, ha desatado una intensa controversia en el panorama político francés, marcada por críticas desde la izquierda, la extrema derecha y sectores sociales, así como por amenazas de mociones de censura que podrían poner en riesgo la estabilidad del gobierno de Bayrou. La propuesta, presentada en un contexto de fragilidad política tras la caída del anterior gobierno de Michel Barnier en diciembre de 2024, refleja los desafíos estructurales de una Francia endeudada, con un déficit público que ha alcanzado el 114% del PIB, y un entorno parlamentario fragmentado sin una mayoría clara. Este artículo analiza en detalle los componentes del presupuesto, las reacciones que ha generado y las implicaciones políticas y sociales de las medidas propuestas.

El plan presupuestario de Bayrou se centra en un ajuste fiscal severo, con un recorte de 43.800 millones de euros en el gasto público, de los cuales más de 30.000 millones corresponden a reducciones en programas sociales. Entre las medidas más destacadas está la congelación de pensiones, ayudas sociales y salarios del sector público, lo que el primer ministro ha denominado un “año blanco” en el gasto social, rompiendo con la práctica habitual de indexar estas partidas a la inflación. Esta congelación busca ahorrar al menos 7.000 millones de euros, según estimaciones del gobierno. Además, se propone mantener el baremo actual del impuesto sobre la renta, lo que implicará que algunos ciudadanos que antes estaban exentos pasen a tributar, y se duplicará la franquicia sanitaria, elevando el pago individual por medicamentos de 50 a 100 euros a partir de 2026. El control sobre las bajas médicas, especialmente las de larga duración, también será endurecido para reducir costes en el sistema de salud pública.

Otra medida que ha generado un fuerte rechazo es la propuesta de eliminar dos días festivos, el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, día que conmemora la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Bayrou justificó esta decisión argumentando que el Lunes de Pascua “carece de sentido religioso” en la actualidad y que el mes de mayo, con múltiples festivos, reduce la productividad. Las empresas deberán transferir al Estado los ingresos generados por estas jornadas laborales adicionales, lo que ha sido interpretado como un esfuerzo por aumentar los ingresos públicos sin recurrir a una subida generalizada de impuestos. Sin embargo, esta propuesta ha sido especialmente criticada por la extrema derecha, con el presidente de Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, calificándola de “provocación” y un “ataque directo contra la historia y las raíces de Francia”. Marine Le Pen, líder de RN, también expresó su oposición, lamentando que el gobierno no haya priorizado ahorros en áreas como el coste de la inmigración o las subvenciones a energías renovables.

El presupuesto también incluye recortes de 5.300 millones de euros en las partidas destinadas a las colectividades locales, una medida que ha sido calificada de “inaceptable” por André Laignel, presidente del Comité de Finanzas Locales. Según Laignel, esta reducción podría tener un impacto aún mayor en los entes locales, que temen una disminución en su capacidad para financiar servicios esenciales. Además, se prevé la eliminación de entre 1.000 y 1.500 empleos públicos mediante la fusión o supresión de agencias estatales consideradas “improductivas”. Bayrou ha defendido estas medidas como una “cura de eficiencia” necesaria para estabilizar las finanzas públicas, destacando que Francia dedica el 57% de su PIB al gasto social, frente a una media del 49% en la Unión Europea.

El aumento del presupuesto de defensa en 3.800 millones de euros, alineado con el plan estratégico anunciado por el presidente Emmanuel Macron, es una de las pocas partidas que no se verá afectada por los recortes. Bayrou justificó esta excepción argumentando la necesidad de reforzar la seguridad nacional frente a amenazas globales, mencionando explícitamente la invasión rusa de Ucrania en 2022 y las tensiones en Gaza y el Mar de China Meridional. Sin embargo, esta priorización del gasto militar ha sido objeto de críticas, especialmente desde la izquierda, que considera que el gobierno está sacrificando el bienestar social para financiar una agenda belicista alineada con los intereses de la OTAN.

Las reacciones al plan presupuestario han sido inmediatas y contundentes. La izquierda, liderada por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, ha acusado a Bayrou de “destruir el Estado y los servicios públicos” para beneficiar a los más ricos. Mélenchon ha calificado el presupuesto de “brutal e inaceptable”, afirmando que “alimenta la carrera hacia el abismo” y lleva a Francia a un “punto de no retorno”. El Partido Socialista (PS), aunque más moderado en su tono, también ha expresado su rechazo. Boris Vallaud, líder de los deputados socialistas, señaló que las medidas exigen “cada vez más a los que tienen poco y tan poco a los que tienen mucho”, mientras que el diputado Philippe Brun afirmó que “las cuentas no cuadran”. Desde el PS se ha propuesto un impuesto del 2% sobre el patrimonio de los ultrarricos, inspirado en el economista Gabriel Zucman, que podría generar 20.000 millones de euros anuales, pero esta idea ha sido rechazada por el gobierno de Bayrou, que se niega a aumentar los impuestos de manera generalizada.

La extrema derecha, representada por Agrupación Nacional, ha amenazado con apoyar una moción de censura si Bayrou no rectifica su propuesta. Marine Le Pen ha criticado la falta de ahorros en áreas como la inmigración y las energías renovables, mientras que Jordan Bardella ha insistido en que el partido no votará a favor de medidas que afecten a los jubilados o eliminen festivos nacionales. Esta postura ha generado una situación paradójica, ya que LFI y RN, a pesar de sus profundas diferencias ideológicas, han encontrado un punto en común en su oposición al presupuesto, aumentando la presión sobre el gobierno.

El contexto político en el que se presenta este presupuesto agrava la controversia. Bayrou asumió el cargo de primer ministro en diciembre de 2024 tras la caída de Michel Barnier, derrocado por una moción de censura impulsada por una alianza entre LFI y RN. La falta de una mayoría clara en la Asamblea Nacional, dividida en tres bloques principales (la izquierda del Nuevo Frente Popular, el centro macronista y la extrema derecha), complica la aprobación de cualquier medida legislativa. Bayrou, líder del centrista Movimiento Democrático (MoDem) y aliado de larga data de Macron, ha intentado construir puentes con el Partido Socialista para evitar un nuevo colapso gubernamental. Sin embargo, sus recientes declaraciones sobre una supuesta “sumersión migratoria” en Francia, un término asociado a la retórica de la extrema derecha, han tensado las negociaciones con los socialistas, que exigieron una rectificación que no llegó.

La oposición también ha señalado que las políticas de austeridad propuestas por Bayrou son una continuación de las reformas neoliberales impulsadas por Macron durante los últimos ocho años, que han incrementado el déficit público y la precariedad social. Según Eurostat, el porcentaje de la población francesa en situación de pobreza aumentó del 18,4% al 20,5% entre 2015 y 2024, una tendencia que contrasta con la reducción general de la pobreza en Europa. Los críticos argumentan que el enfoque de Bayrou, centrado en recortes sociales sin gravar a los más ricos, perpetúa las desigualdades y desatiende fuentes alternativas de ingresos, como los impuestos al patrimonio o las herencias.

El gobierno de Bayrou ha defendido su plan argumentando que es un “esfuerzo colectivo y temporal” necesario para evitar un escenario similar al de Grecia durante la crisis de la deuda de la década de 2010. El primer ministro ha destacado que la deuda francesa, que supera los 3,3 billones de euros, aumenta en 5.000 euros por segundo, y que el país gasta 100.000 millones de euros anuales en el servicio de esta deuda. Sin embargo, esta retórica dramática no ha logrado convencer a una opinión pública mayoritariamente opuesta a las medidas, según encuestas recientes, ni a los actores políticos clave.

La aprobación del presupuesto de 2025, lograda en febrero de 2025 mediante el uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria a cambio de exponerse a mociones de censura, ya había generado tensiones. Bayrou sobrevivió a dos mociones de censura gracias a la abstención del Partido Socialista y la falta de apoyo de RN, pero el presupuesto de 2026, con recortes más severos, enfrenta un camino aún más complicado. La izquierda ha anunciado su intención de presentar una nueva moción de censura, y aunque el PS no ha confirmado su apoyo, la ruptura de la coalición del Nuevo Frente Popular podría debilitar la oposición unida.

En el ámbito social, los sindicatos han expresado su preocupación por el impacto de los recortes en los trabajadores y los sectores más vulnerables. La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) ha criticado la falta de flexibilidad del gobierno en las negociaciones sobre la reforma de las pensiones, mientras que las asociaciones de cargos electos locales han advertido que los recortes a las colectividades locales podrían comprometer servicios esenciales como la educación y la sanidad.