España Asciende al Puesto 14 en el Índice de Percepción de la Corrupción

(En colaboración con Reuters, Varieties of Democracy y El Mundo). En un informe publicado el 11 de febrero de 2025 por Transparencia Internacional, España ha experimentado un notable retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), pasando del puesto 23 al 14 entre los países de la OCDE y del 36 al 46 en el ranking global de 180 países. Este descenso, acompañado de una caída de cuatro puntos en su puntuación (de 60/100 en 2023 a 56/100 en 2024), sitúa a España en su peor posición en tres décadas, según la organización. El informe, que evalúa la percepción de corrupción en el sector público a partir de 13 fuentes externas, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, señala un estancamiento en las reformas nacionales y un desmantelamiento institucional a nivel autonómico como principales causas de este deterioro. La imputación reciente del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en un caso de presunta corrupción vinculada a su despacho de abogados, Equipo Económico, ha añadido un nuevo foco de atención a los desafíos estructurales que enfrenta el país en materia de integridad pública. Este artículo examina en profundidad las razones detrás de este retroceso, el contexto político y judicial, y las implicaciones para la confianza institucional en España.

El Índice de Percepción de la Corrupción, creado en 1995, es un indicador global que mide la percepción de corrupción en el sector público a través de las opiniones de expertos y empresarios. En 2024, España comparte el puesto 46 con Chipre, la República Checa y Granada, situándose por encima de Fiji (55/100) y Omán (55/100), pero por debajo de Portugal (57/100), que también descendió cuatro puntos. En el ámbito de la Unión Europea, España ha caído del puesto 14 al 16 entre los 27 estados miembros, superada por Letonia (59/100) y Eslovenia (60/100). Este retroceso refleja una tendencia preocupante: desde 2012, cuando España obtuvo 65/100, el país ha perdido nueve puntos, consolidando una percepción de deterioro en la lucha contra la corrupción. Transparencia Internacional destaca que, a nivel global, más de dos tercios de los países obtienen puntuaciones inferiores a 50, y el promedio mundial se mantiene estancado en 43 puntos, lo que evidencia problemas sistémicos en la prevención de la corrupción.

La caída de España en el IPC 2024 se atribuye a varios factores estructurales y coyunturales. A nivel nacional, Transparencia Internacional señala un estancamiento en las reformas legislativas e institucionales destinadas a combatir la corrupción. Entre las medidas pendientes destacan la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada desde 2018, y la implementación de una autoridad independiente para la protección de denunciantes, contemplada en la Directiva Europea 2019/1937 pero aún no plenamente efectiva en España. Asimismo, la organización critica la falta de avances en la regulación de un registro obligatorio de grupos de interés, la reforma de la Ley de Transparencia y la supresión del programa de visados dorados, que ha sido señalado como un canal para prácticas opacas. A nivel autonómico, el informe subraya un “desmantelamiento institucional” en algunas comunidades, donde solo cuatro autonomías y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas once han establecido consejos de transparencia.

El contexto político y judicial en España ha jugado un papel determinante en esta percepción de retroceso. La imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda entre 2011 y 2018, ha resonado como un caso emblemático. El 16 de julio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona imputó a Montoro y a 27 personas más, junto con seis personas jurídicas, por su presunta implicación en una trama de corrupción que habría beneficiado a empresas gasísticas a través de modificaciones legislativas favorables. Según el auto judicial, Montoro habría utilizado su influencia desde el Ministerio de Hacienda para favorecer a clientes de su antiguo despacho, Equipo Económico, a cambio de pagos significativos. Este caso, que incluye delitos como cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, ha reforzado la percepción de que las élites políticas han utilizado sus posiciones para beneficiar intereses privados, un factor que incide directamente en el IPC.

Además, el informe de Transparencia Internacional menciona el retraso en la transposición de 87 directivas europeas, de las cuales 30 están fuera de plazo, como un indicador de debilidad institucional que afecta la percepción de transparencia. Este retraso, combinado con la falta de controles efectivos en la gestión de fondos públicos, como los provenientes de los fondos Next Generation EU, ha generado preocupaciones sobre la capacidad del país para garantizar la integridad en la administración pública. La percepción de que la corrupción sigue siendo un problema grave se ve agravada por encuestas recientes, como una publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2024, que sitúa la corrupción entre los diez principales problemas para los ciudadanos españoles. Asimismo, un 91% de las empresas en España perciben la corrupción como un problema generalizado, frente al 64% en la Unión Europea, según datos citados en redes sociales.

A nivel global, el IPC 2024 muestra un panorama mixto. Dinamarca lidera el ranking con 90/100, seguida de Finlandia (88/100) y Singapur (84/100), mientras que Somalia (11/100), Venezuela (10/100) y Siria (13/100) ocupan los últimos lugares. En Europa Occidental y la Unión Europea, que mantienen una puntuación media de 65/100, se observa un deterioro por segundo año consecutivo, con países como Suecia (82/100), Países Bajos (79/100) y el Reino Unido (71/100) registrando sus peores resultados históricos. España, con su caída de diez puestos, se encuentra ahora por debajo de países como Ruanda (61/100) y Botswana (59/100), una comparación que ha generado críticas en redes sociales y medios de comunicación. Estos datos reflejan no solo un problema de percepción, sino también una erosión de la confianza en las instituciones públicas, especialmente en un contexto donde casos de alto perfil, como el de Montoro, refuerzan la narrativa de impunidad.

El impacto de este retroceso no se limita a las estadísticas. La corrupción, según Transparencia Internacional, tiene consecuencias directas en la gestión de crisis globales, como el cambio climático, al desviar recursos destinados a la protección ambiental. En España, la percepción de corrupción elevada puede socavar la competitividad económica y la confianza de los inversores, especialmente en un país que se encuentra entre las 15 principales economías del mundo. Expertos como Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional España, han señalado que una economía como la española no debería estar por debajo de los 70 puntos en el IPC para mantener su imagen internacional. La falta de avances en la implementación de controles de integridad y transparencia, combinada con escándalos que involucran a figuras políticas de alto perfil, perpetúa una imagen de vulnerabilidad institucional.

Las reacciones políticas al informe han sido polarizadas. Desde el gobierno, liderado por el PSOE, se ha destacado que España sigue por encima de la media global y que se han tomado medidas, como la transposición parcial de la directiva de protección de denunciantes en 2023. Sin embargo, partidos de la oposición, como el PP y Vox, han utilizado el descenso en el IPC para criticar la gestión del gobierno, atribuyendo el deterioro a casos recientes de presunta corrupción vinculados a figuras cercanas al ejecutivo. En redes sociales, usuarios han señalado al “sanchismo” como responsable de este retroceso, aunque estas afirmaciones carecen de evidencia directa que vincule específicamente al actual gobierno con la caída en el ranking. Por su parte, Transparencia Internacional ha evitado atribuir culpas a un partido específico, enfatizando que el problema es estructural y requiere un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas.

El caso de Montoro, aunque no directamente relacionado con el IPC 2024, ilustra las dinámicas que alimentan la percepción de corrupción. La investigación judicial, que abarca desde 2018 y se centra en el período de gobierno del PP, revela cómo las redes de influencia pueden operar en los más altos niveles del poder. La participación de empresas gasísticas en la redacción de normativas, facilitada por el despacho de Montoro, pone en cuestión la integridad de los procesos legislativos durante su mandato. Este escándalo, junto con otros casos históricos como Gürtel, Nóos y las irregularidades asociadas al rey emérito Juan Carlos I, refuerza la percepción de que la corrupción es un problema sistémico en España, más allá de los colores políticos.