El Líbano, campo de batalla de una guerra que no es la suya

Detalle de un boceto panorámico de Mosul, Irak, julio de 2017. © Ghaith Abdul-ahad

Hay guerras que comienzan con un cálculo estratégico y terminan convirtiéndose en un fracaso moral colectivo. Lo que hoy ocurre en el Líbano pertenece claramente a esa categoría. El desplazamiento masivo de civiles provocado por la nueva escalada entre Israel y Hezbolá, en el contexto más amplio del enfrentamiento regional con Irán, no es simplemente una consecuencia inevitable de la guerra moderna. Es, más bien, la constatación de que el derecho internacional humanitario vuelve a quedar relegado cuando los actores armados deciden que la victoria militar justifica casi cualquier medio.

Las cifras hablan por sí solas. En apenas unos días, cientos de miles de personas han abandonado sus hogares en el sur del país. Naciones Unidas calcula que el número de desplazados supera ya los 700.000. No se trata de un fenómeno marginal ni temporal. En un país que apenas supera los cinco millones de habitantes, este movimiento de población supone un impacto estructural. No es solo una crisis humanitaria; es una alteración profunda de un equilibrio social ya extremadamente frágil.

El Líbano lleva décadas viviendo al borde del colapso institucional. Su sistema político, construido tras la guerra civil de 1975 a 1990, descansa sobre un delicado reparto confesional del poder que solo funciona en condiciones mínimamente estables. Cada gran crisis regional pone ese equilibrio en cuestión. Y cada guerra lo debilita un poco más.

La actual escalada se inscribe en un conflicto mucho más amplio. La ofensiva lanzada contra Irán a finales de febrero ha reactivado la lógica de confrontación entre el llamado “eje de resistencia”, articulado en torno a Teherán, y sus adversarios regionales y occidentales. En ese tablero, Hezbolá desempeña un papel central. Desde su creación en los años ochenta, esta organización ha sido al mismo tiempo una milicia armada, un actor político y un instrumento estratégico de la República Islámica.

Durante décadas, el sur del Líbano ha funcionado como una de las principales plataformas de presión de Irán contra Israel. Los miles de cohetes acumulados por Hezbolá no eran únicamente un elemento defensivo; formaban parte de una estrategia de disuasión destinada a impedir un ataque directo contra el territorio iraní. Pero la guerra tiene una dinámica propia. Cuando esa arquitectura de disuasión se rompe, el conflicto se traslada inevitablemente al terreno.

La reanudación de los lanzamientos de misiles contra territorio israelí por parte de Hezbolá ha desencadenado una respuesta militar de gran intensidad. Israel ha puesto en marcha una campaña aérea destinada a degradar de forma decisiva la capacidad militar de la milicia chií. El objetivo estratégico es claro: reducir al máximo su arsenal y neutralizar su estructura de mando.

Los resultados militares de esa campaña parecen evidentes. Diversas estimaciones indican que Hezbolá ha perdido ya una parte significativa de su capacidad ofensiva. La eliminación de cuadros clave en la cadena de mando, los ataques contra depósitos de armas y la interrupción de las rutas logísticas procedentes de Siria han debilitado notablemente a la organización. Pero, como ocurre con frecuencia en este tipo de conflictos, el precio de esa degradación militar lo está pagando principalmente la población civil.

Las órdenes de evacuación emitidas por el ejército israelí han acelerado un éxodo que ya estaba en marcha. Formalmente, estas instrucciones se presentan como medidas destinadas a proteger a los civiles de las zonas de combate. En la práctica, sin embargo, su aplicación en un territorio densamente poblado plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional humanitario. Obligar a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares en cuestión de horas no es una operación logística menor. Es un desplazamiento forzado con consecuencias imprevisibles.

Al mismo tiempo, la propia estrategia de Hezbolá contribuye a agravar la situación. La milicia ha operado durante años en estrecha proximidad con zonas habitadas, integrando sus infraestructuras militares en el tejido urbano. No lo ha hecho por casualidad. La presencia de civiles ofrece una cierta protección frente a ataques directos, aunque sea a costa de convertir a esas mismas comunidades en escudos involuntarios. Cuando ahora se opone a los desplazamientos masivos de población, no lo hace necesariamente por consideraciones humanitarias, sino porque la ausencia de civiles reduce esa protección.

El resultado es que la sociedad libanesa se encuentra atrapada entre dos lógicas militares que apenas dejan espacio para la protección efectiva de la población. Por un lado, una milicia que prioriza su capacidad de resistencia frente a cualquier otra consideración. Por otro, una estrategia militar que persigue la destrucción del enemigo incluso cuando ello implica desplazar a una parte significativa del país.

Las consecuencias humanitarias de esta dinámica ya empiezan a ser visibles. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido de que la repentina llegada de cientos de miles de desplazados está poniendo bajo presión la cadena de suministro alimentario en todo el país. En un Líbano que ya arrastra una profunda crisis económica desde hace años, esta nueva carga amenaza con superar rápidamente la capacidad de respuesta de las instituciones y de las organizaciones humanitarias.

No conviene olvidar que el país sigue intentando recuperarse del colapso financiero que comenzó en 2019, considerado por el Banco Mundial como uno de los peores de la historia contemporánea. La moneda se ha devaluado de forma drástica, el sistema bancario permanece paralizado y gran parte de la población depende ya de ayuda internacional para cubrir necesidades básicas. En ese contexto, la llegada de cientos de miles de desplazados no es solo un problema logístico; es un multiplicador de crisis.

A todo ello se suma el deterioro institucional provocado por la guerra. El Parlamento libanés ha decidido recientemente prorrogar su mandato durante dos años, lo que implica suspender las elecciones legislativas previstas para mayo. La justificación oficial es la imposibilidad de organizar unos comicios en medio de la crisis actual. Sin embargo, la medida refleja también una tendencia más profunda: la incapacidad crónica del sistema político libanés para funcionar con normalidad cuando el país se ve envuelto en conflictos regionales.

Este tipo de decisiones alimenta una sensación de impotencia que se ha extendido entre amplios sectores de la población. Para muchos libaneses, el Estado parece cada vez menos capaz de protegerlos, representarlos o incluso escucharlos. La política nacional queda subordinada a dinámicas que se deciden en otros lugares: en Teherán, en Jerusalén, en Washington o en las capitales del Golfo.

Ese es, probablemente, el aspecto más inquietante de la crisis actual. El Líbano no está librando una guerra que haya elegido. Está soportando las consecuencias de un enfrentamiento estratégico mucho más amplio en el que su territorio vuelve a convertirse en campo de batalla.

La historia reciente del país demuestra hasta qué punto este patrón puede resultar devastador. La guerra civil que comenzó en 1975 no fue únicamente un conflicto interno. Estuvo profundamente condicionada por rivalidades regionales y por la intervención directa o indirecta de potencias extranjeras. Cuando terminó en 1990, dejó un país fragmentado, una economía devastada y una sociedad profundamente traumatizada.

Tres décadas después, muchas de esas heridas siguen abiertas. La reconstrucción institucional nunca llegó a completarse. Las tensiones sectarias continúan latentes. Y el peso de actores armados no estatales sigue limitando la autoridad del Estado.

La actual escalada corre el riesgo de reactivar algunas de esas dinámicas. Un desplazamiento masivo prolongado puede alterar los equilibrios demográficos entre regiones y comunidades. La presión económica derivada de la crisis humanitaria puede alimentar tensiones sociales. Y el debilitamiento de las instituciones políticas puede abrir nuevos espacios para la radicalización.

Desde una perspectiva estratégica, es posible que algunos actores consideren que estos costes son asumibles en comparación con los objetivos militares perseguidos. Pero desde una perspectiva política más amplia, el deterioro del Líbano no beneficia realmente a nadie. Un Estado frágil y desestabilizado en el corazón del Mediterráneo oriental es una fuente permanente de incertidumbre para toda la región.

El problema es que, en el contexto actual, la lógica de la guerra parece imponerse a cualquier otra consideración. Cada actor se concentra en su propio cálculo inmediato. Israel busca neutralizar una amenaza militar que considera existencial. Hezbolá intenta preservar su capacidad de disuasión y su papel dentro del eje regional liderado por Irán. Las potencias internacionales observan el conflicto a través del prisma de sus propias prioridades estratégicas.

En ese tablero, la población libanesa ocupa una posición marginal. Sin embargo, es la que soporta el peso principal de las decisiones tomadas por otros.

La guerra moderna suele justificarse en nombre de la seguridad, de la disuasión o de la estabilidad. Pero cuando cientos de miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en cuestión de días, resulta difícil sostener que esos conceptos sigan teniendo un significado claro. Lo que queda es, sobre todo, la constatación de que la protección de los civiles sigue siendo una promesa demasiado frágil cuando los conflictos se intensifican.

El Líbano vuelve a encontrarse en una situación que conoce demasiado bien: atrapado entre fuerzas que superan con creces su capacidad de control. La pregunta ya no es únicamente cuánto durará esta guerra. La cuestión verdaderamente importante es cuánto daño institucional, económico y social dejará a su paso.