El "no a la guerra" de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha decidido situarse en el centro de una fractura geopolítica de primer orden y hacerlo con una fórmula que en España tiene memoria, carga simbólica y precedentes electorales: el “no a la guerra”. No es una consigna improvisada ni una apelación retórica. Es una toma de posición estratégica en un contexto extremadamente volátil, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la muerte del ayatolá Ali Jamenei, y después de que el Ejecutivo español rechazara que Washington utilizase las bases de uso conjunto de Rota y Morón. La respuesta de Donald Trump, con amenazas de embargo y de ruptura comercial, ha elevado el choque a una dimensión inédita en la relación bilateral reciente.

La comparecencia institucional desde La Moncloa, sin preguntas y con un guion cuidadosamente estructurado, fue concebida para varios públicos a la vez. Hacia fuera, un mensaje claro a la Casa Blanca: España no respaldará una intervención que considera contraria al derecho internacional. Hacia dentro, un recordatorio a la oposición y a parte del electorado de que el país ya atravesó una experiencia similar en 2003, cuando el Gobierno de José María Aznar apoyó la invasión de Irak impulsada por la administración estadounidense. Sánchez recuperó ese precedente sin ambigüedades y lo vinculó directamente a sus consecuencias: incremento del terrorismo, inestabilidad regional, crisis migratoria y deterioro económico.

El presidente no ha defendido en ningún momento al régimen iraní. De hecho, ha reiterado su rechazo a los ayatolás y ha subrayado que nadie en el Gobierno comparte sus postulados. La clave de su argumentación es otra: una cosa es repudiar un régimen autoritario y otra distinta avalar una guerra que, en su lectura, quiebra la legalidad internacional y abre una espiral de imprevisibles consecuencias. El eje discursivo es jurídico y político, no ideológico. España, insiste el Ejecutivo, debe estar del lado de la Carta de las Naciones Unidas, del marco europeo y de la resolución diplomática de los conflictos.

Esa posición no es neutra en términos estratégicos. España es socio de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Las bases de Rota y Morón son piezas relevantes en el engranaje militar estadounidense en el flanco sur. Negar su utilización en una operación concreta supone tensar el vínculo con Washington y proyectar una imagen de autonomía que no siempre es bien recibida en un contexto de seguridad colectiva. El Gobierno sostiene que cumplir con la Alianza no implica respaldar cualquier decisión unilateral de Estados Unidos. La oposición, por su parte, cuestiona el coste de esa discrepancia abierta y advierte del riesgo de aislamiento.

Sánchez ha intentado blindarse frente a la acusación de alinearse indirectamente con Teherán. Su discurso ha sido milimétrico: condena al régimen, rechazo a la guerra y apelación a la diplomacia. La comparación con 2003 no es casual. Entonces, una mayoría social se movilizó contra la intervención en Irak pese a no simpatizar con Sadam Husein. El presidente busca reactivar esa lógica: la oposición a una guerra no equivale a apoyo al adversario del momento. En términos de comunicación política, la operación pretende situar el debate en el terreno de la legalidad internacional y de la protección de los intereses nacionales, no en el de simpatías geopolíticas.

El elemento económico añade una capa adicional de complejidad. Trump ha insinuado un embargo o la ruptura de relaciones comerciales. España ha respondido recordando que cualquier medida de esa naturaleza afectaría a empresas privadas y estaría sujeta a los acuerdos entre Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea. En la práctica, el comercio bilateral está profundamente integrado en cadenas de valor transatlánticas. Una ruptura abrupta tendría efectos en sectores estratégicos y obligaría a Bruselas a posicionarse. El conflicto, por tanto, trasciende lo bilateral y puede convertirse en un test para la cohesión europea.

El Gobierno ha anticipado ese escenario y ha comenzado a trabajar en un eventual “escudo” económico y social, similar al desplegado durante la pandemia y tras el inicio de la guerra en Ucrania. La referencia no es menor. Implica asumir que el impacto puede ser prolongado y que la escalada en Oriente Próximo puede traducirse en volatilidad energética, tensiones en los mercados y nuevas presiones inflacionistas. Preparar dispositivos de evacuación para ciudadanos españoles en la región y diseñar medidas de mitigación económica forman parte de una estrategia preventiva que busca transmitir control en medio de la incertidumbre.

Hay también una dimensión europea. Francia y Alemania han adoptado posiciones matizadas, más alineadas con la necesidad de garantizar la seguridad regional y contener el programa iraní, aunque sin renunciar al discurso de la diplomacia. Sánchez ha defendido que trabajará por una posición común en la UE, pero ha dejado claro que España no asumirá una postura subordinada. El mensaje es doble: voluntad de coordinación, pero preservación de autonomía. En un momento en que la Unión debate su papel estratégico y su capacidad de actuar como actor global, la crisis puede acelerar definiciones.

El recurso histórico a los orígenes de la Primera Guerra Mundial apunta a otro aspecto central del discurso presidencial: el riesgo de errores de cálculo. Las guerras, recordó, no siempre estallan por decisiones planificadas sino por dinámicas de escalada mal gestionadas. En el actual contexto, con actores regionales, milicias aliadas y potencias globales implicadas, la posibilidad de un conflicto más amplio no es descartable. La apelación a evitar una “ruleta rusa” con el destino de millones de personas no es una metáfora gratuita, sino una advertencia sobre la fragilidad del equilibrio internacional.

En términos internos, la apuesta tiene riesgos y oportunidades. Refuerza el perfil internacional de Sánchez como líder dispuesto a confrontar con Washington si lo considera necesario, algo que puede consolidar apoyos en sectores progresistas. Pero también expone al Ejecutivo a críticas sobre la gestión de las alianzas y la protección de los intereses económicos. La clave será si la crisis se estabiliza o se agrava. Si la escalada desemboca en una guerra prolongada con efectos económicos palpables, la capacidad del Gobierno para amortiguar el impacto será determinante.

La decisión de rechazar el uso de Rota y Morón marca un punto de inflexión. No es un gesto simbólico, sino una señal política con consecuencias operativas. España reivindica así su margen de maniobra dentro de las alianzas a las que pertenece. El resultado de esta estrategia dependerá de varios factores: la evolución militar sobre el terreno, la reacción de los socios europeos, la consistencia de la amenaza comercial estadounidense y la respuesta de los mercados.