El precio de contar la verdad en la Rusia de Putin

Sede de Nóvaya Gazeta

Durante más de tres décadas, ejercer el periodismo independiente en Rusia ha significado trabajar bajo unas condiciones que difícilmente pueden comprenderse desde países donde la libertad de prensa forma parte de la normalidad democrática. La desaparición de Novaya Gazeta, uno de los últimos grandes periódicos independientes que todavía mantenían su actividad dentro del país, representa un nuevo episodio en el progresivo desmantelamiento de los espacios de libertad que Vladímir Putin ha llevado a cabo desde su llegada al poder. Este lunes, 9 de noviembre, su redacción ha cerrado definitivamente las puertas de su sede en Moscú, ha apagado sus servidores y ha puesto fin a una trayectoria de más de treinta años. No se trata únicamente del final de una publicación histórica, sino de la pérdida de una estructura periodística que durante décadas investigó los abusos del poder, denunció la corrupción y documentó las vulneraciones de derechos humanos en un país donde informar sobre determinadas cuestiones puede tener consecuencias personales y profesionales de enorme gravedad.

Fundado en 1993, en los primeros años posteriores a la desaparición de la Unión Soviética, Novaya Gazeta nació en un contexto de transformación política e institucional en el que todavía existían posibilidades para desarrollar un periodismo crítico con las autoridades. El proyecto contó entre sus impulsores con el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov y con el periodista Dmitri Murátov, que posteriormente se convertiría en una de las figuras más reconocidas de la prensa independiente rusa. Durante sus primeros años, el periódico consiguió consolidar una identidad editorial propia, basada especialmente en la investigación de asuntos que otros medios evitaban abordar. Sus publicaciones sobre corrupción, abusos policiales, operaciones militares y vulneraciones de derechos fundamentales contribuyeron a convertirlo en una referencia para quienes buscaban información ajena al relato oficial del Kremlin. En 2021, Murátov recibió el Premio Nobel de la Paz, compartido con la periodista filipina Maria Ressa, en reconocimiento a sus esfuerzos por defender la libertad de expresión.

Sin embargo, la trayectoria del periódico estuvo marcada desde muy pronto por los riesgos asociados a su trabajo. Seis de sus periodistas y colaboradores fueron asesinados, entre ellos Anna Politkóvskaya, cuya investigación sobre la guerra de Chechenia y las actuaciones de las fuerzas rusas la convirtió en una de las voces más incómodas para el poder. Fue asesinada el 7 de octubre de 2006 en el edificio donde residía, en Moscú. Su muerte tuvo una repercusión internacional y se convirtió en uno de los episodios más representativos de la violencia ejercida contra los profesionales de la información en Rusia. Otros periodistas vinculados a la publicación también fueron víctimas de asesinatos, amenazas y agresiones. Pese a ello, la redacción mantuvo durante años su actividad, consciente de que buena parte de las investigaciones que publicaba difícilmente encontrarían espacio en otros medios nacionales.

El deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo independiente se aceleró especialmente tras el regreso de Putin a la presidencia en 2012 y, de manera todavía más pronunciada, después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La aprobación de nuevas disposiciones legales contra la difusión de lo que las autoridades consideran información falsa sobre las Fuerzas Armadas, acompañada de sanciones y penas de prisión, redujo considerablemente el margen para informar sobre la guerra sin asumir riesgos judiciales. En marzo de aquel año, Novaya Gazeta suspendió su publicación en papel y trató de mantener parte de su actividad, aunque la presión institucional terminó afectando también a sus plataformas digitales. La retirada de sus licencias de publicación y el bloqueo de sus recursos en internet dificultaron todavía más su capacidad para llegar a los lectores. Buena parte de sus periodistas abandonaron Rusia y algunos participaron en la creación de Novaya Gazeta Europe, un proyecto editorial independiente establecido fuera del país para continuar informando sobre la actualidad rusa.

Lo ocurrido durante los últimos meses muestra hasta qué punto las restricciones habían dejado de limitarse al contenido publicado para afectar directamente a la posibilidad material de mantener una redacción en funcionamiento. En septiembre de 2026, las autoridades rusas incluyeron a todo el equipo editorial de Novaya Gazeta en el registro de agentes extranjeros, una designación que impone obligaciones administrativas adicionales y que en el contexto político ruso conlleva una fuerte estigmatización pública. La situación se agravó con las investigaciones judiciales contra profesionales vinculados al periódico. En abril, agentes del Comité de Investigación registraron durante trece horas las instalaciones de la publicación en el marco de una causa relacionada con un supuesto acceso ilegal a información informática. El periodista de investigación Oleg Rolduguin fue detenido y posteriormente quedó bajo arresto domiciliario. En octubre, las autoridades registraron también el domicilio del redactor jefe, Serguéi Sokólov, mientras la dirección recibía la notificación de que debía abandonar sus oficinas de Moscú.

A estas presiones se sumaron dificultades financieras que terminaron por comprometer la continuidad de la actividad. La plataforma que permitía recibir aportaciones económicas de los lectores dejó de estar disponible, mientras distintas entidades bancarias interrumpieron sus servicios a la publicación. La pérdida de esta vía de financiación resultaba especialmente importante para un periódico que había mantenido una relación estrecha con sus suscriptores y que no dependía exclusivamente de grandes grupos empresariales o de estructuras vinculadas al Estado. La imposibilidad de sostener económicamente la redacción, unida a la obligación de abandonar su sede y a las amenazas de nuevas actuaciones judiciales, terminó haciendo inviable su continuidad dentro de Rusia. En el comunicado publicado el 30 de octubre, el equipo editorial describió lo sucedido como una campaña coordinada y afirmó que las autoridades rusas y los servicios de seguridad habían obligado a la publicación a cesar sus operaciones. El periódico anunció entonces que el 9 de noviembre apagaría sus servidores y abandonaría el edificio que había ocupado durante casi treinta años.

La sucesión de estas medidas plantea una cuestión que va más allá de la situación particular de una empresa periodística: la transformación de los mecanismos de control sobre la información en Rusia. La desaparición de un medio independiente no siempre requiere una prohibición explícita de publicar. Las restricciones administrativas, las investigaciones judiciales, la presión económica, la retirada de licencias y la persecución individual de periodistas pueden producir un resultado equivalente sin necesidad de una única decisión que ordene formalmente el cierre. En el caso de Novaya Gazeta, la acumulación de obstáculos terminó por eliminar las condiciones necesarias para que una redacción pudiera desarrollar su trabajo. Esta evolución resulta especialmente significativa porque permite observar cómo la presión sobre la libertad de prensa puede extenderse progresivamente desde los contenidos hasta las infraestructuras que hacen posible su producción y distribución.

El cierre también evidencia la creciente reducción del pluralismo informativo dentro del territorio ruso. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, numerosos medios independientes han suspendido sus actividades, trasladado sus redacciones al extranjero o continuado publicando desde el exilio. Otros han desaparecido después de enfrentarse a procedimientos administrativos y judiciales. En este contexto, la pérdida de Novaya Gazeta tiene una dimensión particular por su trayectoria, su reconocimiento internacional y su capacidad para investigar asuntos relacionados con el funcionamiento del Estado. Su desaparición deja un espacio todavía más reducido para el periodismo de investigación que no se somete a las directrices oficiales. Aunque algunos de sus antiguos trabajadores continúan informando desde el extranjero, la existencia de una redacción dentro de Rusia tenía un valor distinto: permitía mantener una relación directa con la sociedad rusa, sus fuentes y los acontecimientos que se desarrollaban en el país.

Desde el Kremlin, sin embargo, la situación se presenta bajo una interpretación diferente. Las autoridades han rechazado que exista una persecución generalizada contra los medios independientes y han defendido que Rusia dispone de un entorno mediático competitivo. Esta posición contrasta con las medidas adoptadas contra publicaciones críticas y con las denuncias de organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa. La Coalición por la Libertad de los Medios, cuya presidencia comparten actualmente Reino Unido y Finlandia, ha expresado su preocupación por el cierre y ha reclamado el fin de la represión contra periodistas y trabajadores de la información.

Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras también han denunciado las consecuencias de las restricciones impuestas al periódico. La distancia entre la explicación oficial y las circunstancias documentadas de su desaparición refleja una de las principales dificultades para analizar el sistema informativo ruso: la posibilidad de que existan publicaciones y plataformas digitales no implica necesariamente que puedan ejercer su actividad con independencia, garantías jurídicas y seguridad para sus profesionales.