Especial 50 años 20N | El fin del franquismo, memoria y transformación

Flash Info presenta un análisis completo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Medio siglo después, España recuerda cómo la dictadura marcó la vida de millones de ciudadanos, desde las restricciones sociales y políticas hasta la persecución de mujeres, homosexuales y opositores, y cómo esos años configuraron el país que somos hoy. Este especial combina testimonios reales de quienes vivieron el franquismo y la transición, análisis históricos y económicos basados en fuentes verificadas, y un recorrido por los hitos que definieron la recuperación de la democracia y los derechos fundamentales. Una lectura imprescindible para entender qué perdimos, qué ganamos y cómo España logró transformarse en un país libre y plural.

El 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Francisco Franco, España no solo cerró el capítulo de una dictadura: comenzó a redactar una nueva era. El final del Caudillo no significó de golpe libertades ilimitadas ni una estabilidad institucional inmediata, pero sí abrió una senda compleja hacia la democracia, con victorias, contradicciones y deudas históricas que hoy, medio siglo después, siguen siendo parte de nuestro tejido social y político. La conmemoración del 50º aniversario del 20N no es sólo un acto simbólico: es un momento para hacer balance, para escuchar las voces que aún reclaman justicia, para confrontar los mitos nostálgicos y para valorar cuánto ha cambiado España… y cuánto queda por cambiar.

Ascensión Mendieta, una de las figuras más emblemáticas de la memoria histórica, vivió toda su vida con una herida abierta: su padre, Timoteo Mendieta, fue fusilado tras la Guerra Civil y enterrado en una fosa común sin nombre en Guadalajara. A lo largo de décadas, ella luchó para que su padre pudiera recibir una sepultura digna. En 2017 se logró exhumar sus restos y fue identificada su tumba, gracias a la tenacidad de Ascensión y al trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Su lucha, documentada por la ARMH, no solo representó la restitución de un cuerpo, sino la exigencia de una historia silenciada. (“Quienes dicen que reabrimos heridas —decía Ascensión— no saben que esas heridas nunca se han cerrado.”)

Ese testimonio, recogido por múltiples medios, revela una verdad dura: muchas víctimas del franquismo no han sido reconocidas, ni en vida ni después. En su momento, ningún organismo del Estado permitió un funeral digno; su tenacidad se convirtió en símbolo de que la memoria no es solo privada, sino política. Para ella, el 20N no era fecha de cierre, sino recordatorio: mientras quedaran víctimas en fosas sin nombre, la justicia estaba incompleta.

Ese sentido de deuda se extiende a otras familias. En el documental El silencio de otros, varias personas relatan cómo la amnistía de 1977 dejó fuera delitos de lesa humanidad, cómo la represión continuó en la vida cotidiana mucho después de la guerra, y cómo muchos españoles sienten “vergüenza” de que no haya habido justicia plena. Una mujer cuenta cómo su madre, Faustina López, fue arrojada desnuda a una cuneta: “No los pudieron meter en el cementerio”, dice con resentimiento. Esa vergüenza no es nostalgia de izquierda: es la constatación de que el olvido no es inocente y que la impunidad ha sido estructural.

Más allá de los testimonios personales, el contexto histórico es clave para entender la paradoja de la España franquista: un régimen brutal en lo político, pero acelerado en lo económico. Entre 1959 y 1974 se vivió lo que muchos llaman el “milagro español”: un crecimiento anual promedio de alrededor del 6,5% del PIB, impulsado por reformas económicas que liberalizaron parcialmente la economía, promovieron inversión extranjera y modernizaron infraestructuras. Sin embargo, ese crecimiento no fue un regalo para todos. Como muestran análisis sociológicos, el desarrollo fue desigual, y parte del ascenso económico se apoyó en desigualdades estructurales y en un sistema que marginaba a amplios sectores.

El Plan de Estabilización de 1959 fue un punto de inflexión. Implementado para liberalizar mercados, controlar la inflación y atraer inversión extranjera, marcó el salto de una España autárquica a una más abierta. Pero esa transformación tuvo costes: hubo recesión, desempleo, migraciones masivas (internas e internacionales) y un modelo económico que, pese a crecer, no garantizaba un reparto justo de la riqueza.

Para muchas víctimas del franquismo, ese crecimiento económico no compensó el precio humano. Emilio Silva Faba, asesinado en 1936, fue identificado en 2003 mediante ADN en la fosa de Priaranza del Bierzo; su exhumación, promovida por su hijo Emilio Silva Barrera, dio origen a la ARMH. Esa identificación no fue simbólica: puso rostro, nombre y dignidad a alguien que había sido enterrado sin reconocimiento, y contribuyó a que la memoria histórica se organizara como movimiento social y político.

También hay memoria colectiva más allá de las familias directamente víctimas. Organizaciones memorialistas critican que, tras 50 años del 20N, muchas de las estructuras del franquismo no han sido completamente desmanteladas. Aunque la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 introdujo avances —como el banco de ADN, fondos para exhumaciones y anulaciones de condenas franquistas—, su implementación es lenta y no todas las víctimas se sienten atendidas. Muchos todavía reclaman un acceso real a los archivos y que la reparación no sea solo simbólica.

Históricamente, un problema recurrente ha sido la narrativa oficial sobre el franquismo: desde el régimen se construyó un relato victorioso que sepultó el dolor bajo monumentos, discursos de reconciliación controlada y amnistías pactadas. El historiador Fernando del Pino Calvo-Sotelo ha escrito sobre los “secretos de la España prohibida”, y cómo el desarrollo económico fue usado como cortina de humo para ocultar violaciones sistemáticas. El mismo autor advierte de que no basta con comparar PIB a base de crecimiento: hay desigualdades profundas y memoria no resuelta. En ese escenario, la población vivía con contradicciones: por un lado, muchas familias veían mejoras materiales, infraestructuras, oportunidades de empleo; por otro, convivían con la represión, la censura, la desaparición de seres queridos y el miedo constante. El “orden” que pregonan algunos relatos nostálgicos fue, para muchos, una cárcel moral y física.

Veamos otro testimonio real: en el documental Memoria no olvidada, dirigido por Isabel Ginés y Carlos Gonga, se recogen 18 entrevistas con familiares de fusilados, antiguos presos y testigos de la represión. Algunos narran cómo sus padres fueron fusilados en el “Paredón de España” (Paterna) y cómo durante décadas esos crímenes no tuvieron eco institucional. Esa omisión habla de una memoria sistemáticamente invisibilizada, desde el poder y en muchos ámbitos de la sociedad.

Para quienes vivieron el franquismo, el 20N nunca fue solo el día en que murió un dictador: fue el presagio de una lucha por la dignidad. Chato Galante, uno de los torturados por la Policía franquista (y luego activo en la recuperación de la memoria), afirma en El silencio de otros que “los delitos de lesa humanidad no pueden amnistiarlos; no es un perdón, es reconocimiento”. Esa frase sintetiza una tensión clave: para muchas víctimas, el paso del tiempo no puede invalidar la exigencia de justicia.

Desde una perspectiva geopolítica, el final del franquismo se inserta en un contexto más amplio. A mediados de los años 70, Europa vivía un vuelco: el auge de los Estados del bienestar, las crisis energéticas, el cambio en la arquitectura de la Guerra Fría. España, encerrada hasta entonces, se abrió. La entrada posterior en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) fue parte de ese proceso de integración política y económica que transformó radicalmente al país. La dictadura no solo se fue: sus estructuras económicas y sociales fueron absorbidas, reinterpretadas, desafiadas por un país que buscaba definirse como moderno y europeo.

Pero ese salto hacia la libertad no fue inocuo. El país emergente arrastraba desigualdades territoriales, autoritarismos residuales, deuda social y heridas que no habían cicatrizado. La transición fue un pacto, no una revolución completa, y por eso la memoria sigue siendo un campo de batalla. Las instituciones democráticas han tenido que administrar la herencia de un sistema construido para invisibilizar tragedias: no era un régimen que aceptara la derrota moral.

Hoy, al cumplirse 50 años del 20N, ese pacto democrático se pone a examen. No es suficiente con recordar que Franco murió: hay que preguntarse cómo la sociedad española ha tratado a sus víctimas, cómo se distribuyen los beneficios del progreso económico y si la igualdad formal ha ido acompañada de una reparación real. Las voces de Ascensión Mendieta, de los familiares que han recuperado restos con ADN, de quienes fueron torturados, de las mujeres ejecutadas, de los exiliados y de los olvidados deben configurarse como parte de una memoria democrática que no se contenta con homenajes, sino que exige instituciones fuertes, justicia permanente y educación histórica real.