El legado que la desmemoria amenaza

E.Alonso

Es preocupante que, a 50 años de la muerte del dictador, una parte de los jóvenes considere que la democracia es peor que la dictadura

Desde la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, cada aniversario ha sido una ocasión para evaluar hasta qué punto la sociedad española ha sido capaz de integrar su pasado autoritario y de proteger su democracia. No se trata de una mirada ritual, sino de un ejercicio necesario que en 1976 ya se vivía con una mezcla de expectación y prudencia.

Aquel primer año de transición, con Adolfo Suárez al frente del Gobierno y la Ley para la Reforma Política aprobada en las Cortes pero aún pendiente de refrendo ciudadano, marcó un punto de inflexión. El país intuía la posibilidad de elecciones libres y, con ellas, el comienzo de una nueva etapa. Y aun así, el balance sobre la dictadura apenas dejaba lugar a matices: el franquismo había mostrado de manera evidente su incapacidad para afrontar ninguno de los grandes problemas que habían lastrado a España durante décadas. Ese diagnóstico, formulado desde las posiciones democráticas nacientes, reflejaba una percepción ampliamente compartida en aquel primer aniversario.

En 1977, con las elecciones constituyentes ya celebradas, el proceso se aceleró en todas las direcciones. El segundo 20-N llegaba después de los Pactos de La Moncloa, que pretendían estabilizar una situación económica crítica, y mientras la ponencia constitucional trabajaba intensamente en el borrador de una ley fundamental que debía servir de marco para una convivencia duradera. Aunque el desafío era enorme y los riesgos no eran menores, España vivió en pocos años una transformación institucional y social que permitió resolver —por fin— asuntos que habían permanecido abiertos durante generaciones. Ese esfuerzo sostenido, fruto de decisiones políticas conscientes y de un amplio consenso social, condujo al periodo más largo de estabilidad, integración europea y prosperidad que ha conocido el país en su historia contemporánea.

Medio siglo después, las condiciones han cambiado pero el debate sobre la memoria sigue siendo decisivo. En pleno auge de la extrema derecha y con un revisionismo histórico que empezó a cobrar fuerza a principios de este siglo, han surgido narrativas distorsionadas que han calado entre sectores de la población que no vivieron la dictadura. El dato de que el 17% de los jóvenes considere que la democracia que garantiza sus derechos es peor que la dictadura que no padecieron evidencia un deterioro social significativo. Esa percepción, que se apoya en una construcción ideológica falsa, ignora hechos fundamentales: las decenas de miles de españoles enviados a la fosa común, la represión política, las sentencias de muerte firmadas hasta el final, la prohibición de partidos, la persecución de lenguas y expresiones culturales no castellanas, la discriminación legal de las mujeres o la criminalización de la diversidad sexual. Todos estos elementos forman parte de un conjunto histórico que no admite reinterpretaciones benévolas sin caer en la manipulación.

Paralelamente, la circulación constante del discurso del odio en redes sociales y la normalización de cánticos o símbolos fascistas en espacios públicos muestran que la ruptura del tabú ha avanzado sin que las instituciones hayan sabido establecer una respuesta de suficiente alcance. Ese desplazamiento cultural, en buena parte impulsado por dinámicas digitales que alimentan la simplificación y la polarización, exige herramientas que no pueden limitarse a advertencias morales. El Gobierno tenía la oportunidad de abordar este desafío a través de políticas culturales y educativas capaces de corregir la deriva, pero la iniciativa “50 años de España en Libertad”, aunque dotada de buenas intenciones, no está cumpliendo los objetivos esperados. No basta con conmemorar; es necesario dotar de contexto, explicar, acompañar y ofrecer recursos que refuercen el consenso democrático que permitió la transición. Esa tarea no puede recaer únicamente en un Ejecutivo concreto. También el Partido Popular tiene responsabilidades que asumir, porque la erosión de la memoria democrática no cuestiona solo a un gobierno, sino a la arquitectura del Estado de derecho que sostiene la convivencia en su conjunto.

En este clima de disputa permanente por el relato histórico, las memorias de Juan Carlos I han añadido un problema adicional. Aunque nadie pone en duda su papel en la articulación de la monarquía parlamentaria y su contribución al proceso de democratización, el relato que ofrece sobre aquellos años fundamentales omite elementos esenciales. Presentarse como “director de orquesta” de la transición puede no ser completamente falso, pero simplifica una realidad compleja en la que la movilización antifranquista jugó un papel determinante. No se trata de minimizar su intervención, sino de reconocer que la presión social, las demandas de libertad y el desgaste del régimen fueron factores indispensables para acelerar la reforma institucional. Ignorar esta parte contribuye, de manera involuntaria o no, a reforzar posiciones revisionistas que buscan desvincular la conquista de la democracia de quienes la reclamaron en las calles y la defendieron durante décadas frente a la represión.

Es igualmente cierto que el franquismo no desapareció de las instituciones de un día para otro. Persistió a través de élites que conservaron cuotas de poder y que fueron ocupando espacios relevantes durante muchos años. Sin embargo, la transición no fue un simple maquillaje del régimen anterior. A pesar de la violencia política que acompañó aquellos años y de las tensiones propias de cualquier proceso de cambio profundo, la combinación de pragmatismo y responsabilidad permitió ampliar de forma sostenida el espacio de la convivencia. La reconciliación, que parecía inalcanzable durante la dictadura, se convirtió en un horizonte real gracias a una práctica política que priorizó la estabilidad y la integración. Este legado, basado en acuerdos y renuncias compartidas, es el que sigue interpelando a la sociedad española cada 20 de noviembre.