Trump y la estrategia para moldear las elecciones de 2026

Esta semana pasó casi desapercibido un hecho político de enorme relevancia para la política estadounidense, en medio de un calendario ya de por sí cargado de eventos extraordinarios. Entre la conmemoración de la victoria de Donald Trump, la reciente victoria de candidatos demócratas en diversas jurisdicciones y la prolongación del cierre de Gobierno más largo en la historia del país, comenzó, sin recibir atención significativa, la cuenta atrás de un año para las elecciones legislativas de mitad de mandato, programadas para 2026. Estas elecciones, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, tienen implicaciones que trascienden la simple renovación de escaños. Determinan la capacidad de la oposición para frenar o permitir la implementación de la agenda presidencial durante la segunda mitad del mandato de Trump y, de manera más general, condicionan el equilibrio de poder institucional en Washington.

El presidente Trump ha mostrado desde hace meses una clara estrategia para intervenir en todos los frentes electorales. Su objetivo es asegurar que los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes, que los demócratas no puedan frenar su agenda y que se limite cualquier posibilidad de un juicio político que amenace su mandato. La estrategia se articula en tres fases: antes de las elecciones, mediante la modificación del mapa electoral; durante la votación, mediante obstáculos al acceso al sufragio; y después de las elecciones, mediante cuestionamientos sobre la validez de los resultados. La experiencia de 2020 demuestra que estas hipótesis no son especulativas: tras perder la elección presidencial, Trump difundió sistemáticamente acusaciones de fraude electoral, presionó al fiscal general de Georgia para que encontrara votos a su favor, impugnó recuentos en diversos estados y, cuando estas estrategias no surtieron efecto, alentó a sus seguidores a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021, lo que derivó en condenas de prisión para más de 1.600 participantes.

Durante la campaña de 2024, Trump reforzó su mensaje de control sobre el proceso electoral. En un mitin en Florida, se dirigió a votantes cristianos afirmando que “lo arreglaríamos tan bien que no tendríais que votar nunca más”, una declaración que refleja la intención de limitar la participación ciudadana en favor de sus propios intereses políticos. Esta estrategia de control previo se materializó en Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott anunció un rediseño de los distritos electorales que restaría cinco escaños a la oposición. Este tipo de manipulación electoral, conocida como gerrymandering, consiste en la creación de distritos diseñados para favorecer al partido en el poder. Aunque es una práctica común en Estados Unidos, sus efectos son altamente controvertidos, pues permiten que un partido obtenga una proporción de escaños superior a la que correspondería según la distribución real de votos. En 2024, los republicanos en Texas obtuvieron el 52% de los votos en elecciones de representación directa al Senado, pero controlaron el 67% de los escaños; con el nuevo rediseño, aspiran a alcanzar el 80%.

Fuente: New York Times y El País

La reacción demócrata se produjo en California, donde el gobernador Gavin Newsom propuso un nuevo mapa electoral que garantiza cinco escaños para su partido. A diferencia de Texas, en California los distritos son tradicionalmente diseñados por una comisión independiente, por lo que cualquier cambio requiere referéndum. El plan fue aprobado con un 64% de los votos, consolidando la posición de Newsom como posible candidato presidencial en 2028. Ricardo Ramírez, consultor político de Los Ángeles, señaló que la intervención directa de Newsom, saltándose la comisión, fue una medida excepcional para contrarrestar la manipulación republicana, ya que seguir las reglas habituales no habría sido suficiente para mantener un equilibrio electoral razonable.

La dinámica electoral de 2024 también incluyó victorias significativas para los demócratas en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia. Estos resultados devolvieron confianza al partido tras un año de cuestionamientos internos sobre liderazgo e identidad, fortaleciendo sus expectativas de recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026, aunque el control del Senado seguirá siendo más difícil debido a la distribución de escaños y al peso del electorado conservador en estados clave. Ante estas derrotas, Trump utilizó su plataforma en la red social Truth para presionar al Congreso en favor de reformas electorales que dificulten el voto por correo y exijan prueba de ciudadanía, medidas que fueron bloqueadas por jueces federales, recordando que la Constitución no otorga al presidente autoridad sobre la organización de las elecciones estatales.

Otros estados replicaron tácticas similares a las de Texas y California. Misuri aseguró un representante adicional a los republicanos, Carolina del Norte uno y Ohio dos. En todos los casos, el rediseño de distritos concentró los votos demócratas en un número reducido de distritos considerados perdidos o los diluyó en distritos de mayoría conservadora, limitando la representación de minorías con potencial de voto opositor. Phil Berger, líder de la mayoría republicana en Carolina del Norte, justificó el gerrymandering como necesario para proteger la agenda presidencial de Trump y afirmó que no podían permitir que gobernadores demócratas definieran la mayoría en el Congreso.

El Brennan Center for Justice, entidad no partidista especializada en derecho electoral, advierte que la guerra por el gerrymandering sigue abierta. Estados como Florida, controlado por republicanos, y Illinois, controlado por demócratas, podrían implementar nuevas estrategias de rediseño hasta poco antes de las primarias. En algunos estados, los procesos comienzan en marzo y se extienden hasta finales del verano, lo que significa que los mapas pueden ser modificados en cualquier momento para favorecer a uno u otro partido, dentro de los límites legales.

En paralelo, el Tribunal Supremo abordará en junio el caso Louisiana vs Callais, uno de los más relevantes del calendario judicial. Este caso revisa la sección segunda de la Ley del Derecho al Voto de 1965, que prohíbe la discriminación racial en la creación de distritos electorales. La mayoría conservadora del Supremo, compuesta por seis magistrados alineados con Trump, ha mostrado disposición a debilitar esta sección, lo que podría traducirse en una ventaja significativa para los republicanos en el Sur y un efecto desincentivador para la participación de minorías, reforzando un círculo de exclusión política. Paul Collins, profesor de la Universidad de Massachusetts, advierte que en la práctica esto podría significar la ganancia de hasta 20 escaños adicionales para los republicanos en la Cámara de Representantes, consolidando un patrón de representación desproporcionada que afecta directamente la equidad del proceso electoral.

Organizaciones como Tejanos contra el gerrymandering han alertado que la manipulación electoral no se limita a la configuración de distritos, sino que incluye obstáculos al voto. Entre estos se cuentan la reducción del número de centros de votación, la limitación de días de votación anticipada y la imposición de trámites adicionales que complican la participación ciudadana. Estas medidas afectan especialmente a distritos urbanos con alta concentración de votantes demócratas y minorías, mientras que las zonas rurales de mayoría republicana mantienen un acceso más sencillo a las urnas. La participación se convierte así en un factor determinante para el éxito de la estrategia, y los cambios en la normativa podrían modificar sustancialmente los resultados finales.

La combinación de rediseño de distritos, obstáculos al voto y control judicial plantea un escenario en el que la competencia electoral se mantiene formalmente abierta, pero estructuralmente sesgada. Esta situación se asemeja al concepto de “autoritarismo competitivo” descrito por los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way, en el que los procesos electorales existen y son observables, pero los resultados pueden ser manipulados mediante intervenciones estratégicas que limitan la equidad. El ensayo de Levitsky y Way, “Cómo mueren las democracias”, sostiene que este tipo de estrategias permite a líderes con tendencias autoritarias aprovechar las elecciones como instrumentos de consolidación de poder.

Proyecciones periodísticas recientes, como las publicadas por The Atlantic, ilustran escenarios posibles para las elecciones de 2026. En su análisis, David A. Graham plantea la noche del 3 de noviembre de 2026 como un escenario crítico: los republicanos podrían controlar el Senado mientras la Cámara de Representantes se decide en dos distritos del condado de Maricopa, Arizona. Graham describe la posibilidad de que Trump anuncie la victoria antes del cierre oficial del conteo, movilice fuerzas de seguridad y presión a las autoridades electorales. La experiencia previa en Maricopa durante 2020 y la violencia del 6 de enero de 2021 proporcionan antecedentes que hacen plausible la movilización de grupos de seguidores armados dispuestos a intervenir en el proceso electoral.