Feijóo quiso juzgar a Sánchez, él quiso defenderse sin entrar en su terreno

Antes incluso de que comenzase el debate, la escena ya había ofrecido una imagen bastante reveladora de la política española. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo compartían espacio ante las cámaras, separados por unos metros y por una distancia política que hace tiempo parece haber dejado de ser exclusivamente ideológica. Apenas se miraban. No hubo conversación, ni un intercambio de cortesía que permitiera disimular la relación prácticamente inexistente entre los dos principales responsables políticos del país. Llevan sin reunirse a solas desde marzo de 2025 y aquella espera previa al encuentro transmitía, sin necesidad de declaraciones, el estado de unas relaciones institucionales profundamente deterioradas. El debate todavía no había comenzado y ya estaba presente uno de sus principales problemas: la dificultad de que los dos dirigentes encuentren siquiera un espacio mínimo de interlocución.
Para los ciudadanos que consideran estos asuntos relevantes, conocer el alcance concreto de las propuestas resulta mucho más importante que escuchar una sucesión de reproches sobre las intenciones del adversario.
Lo que vino después confirmó que aquella frialdad no era únicamente una cuestión de formas. El primer y único cara a cara entre Sánchez y Feijóo antes de las elecciones del 29 de noviembre terminó convertido en una confrontación sobre la legitimidad del presidente para continuar gobernando. El candidato popular llegó dispuesto a someter los ocho años de Gobierno socialista a un examen particularmente severo, en el que la gestión, los escándalos políticos y las cuestiones personales relacionadas con el entorno de Sánchez ocuparían un lugar prácticamente permanente. El presidente, consciente de que buena parte de la campaña se desarrolla alrededor de las acusaciones que afectan a su Gobierno y a personas próximas a él, eligió otra estrategia: evitar que Feijóo determinase por completo el contenido del encuentro y defender, con un tono mucho menos agresivo, los principales resultados de su gestión. Dos candidatos, dos diagnósticos y, sobre todo, dos maneras de entender para qué servía aquella noche.
Feijóo no tardó en dejar claro que no pretendía adoptar la posición institucional que suele acompañar a quien aspira a convertirse en presidente del Gobierno. Desde su primera intervención estableció un marco de acusación que mantendría durante prácticamente todo el encuentro. La corrupción, los accidentes ferroviarios, el apagón, la situación de Ceuta y las informaciones relativas al hermano y a la esposa de Sánchez aparecieron como elementos de un mismo cuestionamiento político. La referencia a Mariano Rajoy y a la exigencia de decencia que Sánchez le había dirigido en 2015 tampoco fue una mención improvisada. Feijóo recuperó aquella intervención para devolvérsela al presidente y convertirla en el fundamento de su discurso. No estaba interesado únicamente en explicar por qué consideraba agotada la etapa socialista; quería que el debate girase alrededor de una pregunta mucho más comprometida para su adversario: con qué autoridad política puede pedir Sánchez nuevamente la confianza de los españoles.
El movimiento tenía una ventaja evidente para el PP. Le permitía llevar la discusión a un terreno en el que el presidente debía responder a cuestiones que excedían el balance habitual de una legislatura y que, además, habían adquirido una presencia considerable en la conversación pública. Pero también implicaba un riesgo. Un candidato que aspira a gobernar no puede limitarse a demostrar por qué considera que su adversario no merece continuar en el poder; necesita explicar qué pretende hacer con él una vez que lo haya sustituido. Durante buena parte del cara a cara, Feijóo pareció conceder más importancia a la primera tarea que a la segunda. Su tono, sus interrupciones y la reiteración de determinadas acusaciones redujeron el espacio disponible para desarrollar sus propias propuestas. La moderación que cabría esperar de quien quiere proyectarse como alternativa institucional quedó subordinada a una estrategia de confrontación permanente.
Sánchez entendió que no debía seguirle. Su primera intervención estuvo dedicada, en buena medida, a reconocer que su Gobierno había cometido errores. Admitió que había confiado en personas en las que no debía, reconoció que no había conseguido resolver el problema de la vivienda y evitó responder directamente a algunas de las referencias más incómodas de Feijóo. Fue una decisión calculada: no ofrecer al candidato popular una reacción que pudiera transformar el debate en una sucesión de enfrentamientos personales. El presidente no quería repetir la dinámica de 2023 y procuró mantener una distancia emocional respecto a los ataques. Su actitud fue considerablemente más contenida, incluso cuando Feijóo elevó el tono o cuestionó directamente su honestidad.
Pero la contención también tiene sus límites. En una campaña electoral, no responder a una acusación no significa necesariamente haberla neutralizado. Sánchez consiguió evitar que el cara a cara derivase permanentemente hacia el enfrentamiento personal, pero su estrategia dejó en determinados momentos la sensación de que algunas cuestiones incómodas quedaban sin una respuesta suficientemente desarrollada. La autocrítica inicial podía servir para transmitir conocimiento de los errores propios, aunque necesitaba algo más para convertirse en una defensa política consistente: explicar qué responsabilidades se habían asumido, qué cambios se habían producido y por qué el electorado debía considerar que las dificultades de la legislatura no justificaban una alternancia. La serenidad no sustituye a las explicaciones, del mismo modo que la contundencia de una acusación no demuestra por sí sola su veracidad.
La vivienda fue probablemente el bloque que mejor permitió observar las dificultades de ambos candidatos para salir de sus respectivos guiones. Sánchez defendió la regulación del mercado inmobiliario y reprochó al PP que no aplicase la legislación estatal allí donde tiene responsabilidades de Gobierno. Feijóo respondió insistiendo en la necesidad de construir más viviendas y criticando una política que, a su juicio, no había conseguido resolver el problema. En lo esencial, los dos reconocieron que España necesita aumentar su oferta residencial. Sin embargo, el acuerdo terminaba prácticamente ahí. El presidente situaba el problema también en el funcionamiento del mercado y en la necesidad de establecer límites y mecanismos de regulación; el candidato popular defendía que las dificultades de acceso no podían solucionarse sin incrementar sustancialmente la construcción.
Lo interesante no fue tanto la distancia entre ambas posiciones, perfectamente reconocible, como la incapacidad de convertirla en una discusión verdaderamente concreta. La vivienda es uno de los asuntos que más directamente condicionan la vida de los ciudadanos, especialmente de quienes intentan emanciparse o acceder por primera vez a una vivienda en propiedad o alquiler. Exige hablar de disponibilidad de suelo, vivienda pública, licencias, plazos administrativos, incentivos a la construcción y diferencias entre territorios. También obliga a explicar qué medidas pueden tener efectos inmediatos y cuáles necesitan años para producir resultados. El intercambio no llegó demasiado lejos en ese terreno. Feijóo prefirió introducir referencias a personas vinculadas al entorno de Ábalos, mientras Sánchez volvió a defender la necesidad de regulación y reprochar al PP su política autonómica. El problema que había abierto el bloque terminó parcialmente desplazado por las necesidades estratégicas de la campaña.
En economía, el desacuerdo fue menos ideológico de lo que pudo parecer en algunos momentos. Sánchez presentó los resultados de crecimiento y empleo como la principal justificación de su gestión económica. Feijóo respondió que esos indicadores no describían suficientemente las dificultades que encuentran los hogares para afrontar el coste de la vida. La inflación acumulada, el precio de la cesta de la compra, los impuestos y la evolución de los salarios ocuparon un lugar central en su argumentación. El presidente defendió la posición de España dentro de la Unión Europea y la evolución de determinados indicadores, mientras que el dirigente popular insistió en que el crecimiento económico no estaba llegando en las mismas condiciones a todos los ciudadanos.
Esta diferencia importa porque revela dos formas distintas de construir un balance electoral. Sánchez necesita que los resultados macroeconómicos sean interpretados como una prueba de que su política económica funciona. Feijóo, en cambio, necesita que el electorado valore la economía a partir de aquello que experimenta directamente: cuánto cuesta llenar la nevera, cuánto queda disponible después de pagar la vivienda o qué capacidad tiene una familia para afrontar los gastos ordinarios. Ninguna de esas perspectivas puede sustituir completamente a la otra. El crecimiento y el empleo son elementos fundamentales para evaluar una economía, pero no eliminan los problemas distributivos ni garantizan una mejora homogénea del poder adquisitivo. De igual modo, el encarecimiento de la vida no permite ignorar los resultados que pueda haber conseguido una economía en términos de actividad y ocupación. El debate necesitaba precisamente ese contraste, aunque terminó dominado por las interrupciones y por la voluntad de cada candidato de impedir que el otro consolidase su relato.
Hubo, además, una cuestión económica sobre la que Feijóo consiguió trasladar una dificultad concreta al presidente: la ausencia de nuevos presupuestos durante la legislatura. Sánchez defendió la evolución económica y la situación de las cuentas públicas, mientras el candidato popular utilizó la falta de aprobación presupuestaria como un argumento para cuestionar la capacidad de dirección del Ejecutivo. También hubo un intercambio sobre el salario mínimo, en el que el presidente presionó a Feijóo para que aclarase si mantendría su incremento. El dirigente popular respondió afirmativamente, aunque desplazó la discusión hacia la necesidad de elevar el salario medio y reducir la presión fiscal. La conversación volvió a mostrar una diferencia de prioridades: Sánchez trataba de obtener compromisos sobre determinadas políticas sociales, mientras Feijóo procuraba situar el debate en la fiscalidad y en las condiciones generales de la economía.
La aparición de Santiago Abascal, que Sánchez introdujo repetidamente en la discusión, añadió un tercer protagonista a un debate que formalmente enfrentaba a dos candidatos. No fue una presencia accidental. La relación entre el PP y Vox constituye una de las cuestiones que más condicionan las expectativas de gobernabilidad y, por tanto, una de las principales dificultades que Feijóo debe gestionar en esta campaña. El presidente insistió en vincular al líder popular con determinadas posiciones de la derecha internacional y con las propuestas de Vox en materia social y fiscal. Feijóo evitó detenerse demasiado en esa relación y prefirió insistir en la responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, el hecho de que Abascal apareciese en varios bloques demuestra hasta qué punto las elecciones no se desarrollan exclusivamente alrededor de la comparación entre el PSOE y el PP. También se disputa la influencia que podría adquirir Vox en la configuración de una eventual mayoría parlamentaria.
Las pensiones permitieron a Sánchez explotar esa cuestión con especial intensidad. El presidente acusó al PP y a Vox de generar incertidumbre alrededor del futuro del sistema público y cuestionó sus posiciones sobre los servicios sanitarios y el gasto en defensa. Feijóo negó que tuviera intención de recortar las pensiones y recordó que España cuenta con más de nueve millones de pensionistas. Su respuesta reveló una sensibilidad electoral comprensible: cualquier planteamiento que pueda interpretarse como una amenaza a las prestaciones de los mayores tiene consecuencias políticas considerables. Pero la cuestión no se agota en una promesa de mantenimiento. El futuro de las pensiones exige hablar de financiación, envejecimiento demográfico, empleo, cotizaciones y sostenibilidad a largo plazo. El debate apenas permitió entrar en esas cuestiones, en parte porque Sánchez insistía en las declaraciones de dirigentes populares sobre el sistema y en parte porque Feijóo trataba de impedir que su adversario estableciese una relación directa entre un eventual cambio de Gobierno y una reducción de las prestaciones.
La corrupción terminó ocupando el espacio que, por su importancia, había parecido destinado a condicionar toda la noche. Feijóo regresó una y otra vez a los episodios vinculados al PSOE y a las personas que habían formado parte del entorno político del presidente. Sánchez respondió recordando los antecedentes del PP y rechazando que su adversario pudiera presentarse como una autoridad moral en esa materia. Entre las acusaciones de uno y las contraacusaciones del otro, quedó en segundo plano una discusión que habría sido especialmente necesaria: cómo reforzar los mecanismos de prevención y control, qué responsabilidades deben exigirse a los partidos cuando aparecen casos relacionados con sus dirigentes y de qué manera se puede recuperar la confianza en unas instituciones que llevan años sometidas a una confrontación política cada vez más intensa.
Hay una diferencia que conviene preservar en este terreno. Una acusación política, una información periodística y una investigación judicial no son conceptos equivalentes, y tampoco significan lo mismo que una condena. El debate no siempre respetó esa separación con la precisión que requiere una cuestión de esta gravedad. Feijóo presentó determinados episodios como parte de un cuestionamiento general de la integridad del presidente, mientras Sánchez trató de desactivar ese planteamiento recordando los escándalos del PP. La estrategia de ambos respondía a sus necesidades electorales, pero ninguno dedicó demasiado tiempo a explicar qué cambios institucionales considera necesarios para evitar que estos episodios se repitan. La regeneración democrática apareció como argumento de combate, no como un programa suficientemente desarrollado.
En ese contexto, la actitud de Sánchez volvió a ser significativa. El presidente pidió disculpas por los errores de su Gobierno y afirmó que no aceptaría lecciones del PP. Feijóo, por su parte, endureció sus acusaciones y llegó a cuestionar directamente la honestidad del jefe del Ejecutivo. La diferencia de tono fue constante y terminó convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles del encuentro. El presidente no quiso entrar en el terreno personal que su adversario había preparado, aunque tampoco logró desplazar completamente la conversación hacia la gestión. Su estrategia consistió, en buena medida, en administrar la presión y confiar en que la exposición de los resultados del Gobierno bastaría para contrarrestar las acusaciones. Feijóo buscó exactamente lo contrario: que cada bloque terminase recordando al espectador los problemas que, según su interpretación, definen la etapa de Sánchez.
La discusión sobre el aborto y la eutanasia añadió una dificultad distinta para el candidato popular. Sánchez le reprochó que pretendiera modificar derechos reconocidos por la legislación vigente y le pidió que aclarase qué haría con la ley de eutanasia. Feijóo sostuvo que la vida digna debía estar garantizada y afirmó que modificaría la norma. La respuesta dejó abierta una cuestión que no es menor: qué modificaciones contempla exactamente el PP y hasta dónde estaría dispuesto a llegar en un eventual Gobierno. En este punto, las posiciones ideológicas de los dos partidos son claramente distintas, pero el debate volvió a quedarse en el terreno de las declaraciones generales. Para los ciudadanos que consideran estos asuntos relevantes, conocer el alcance concreto de las propuestas resulta mucho más importante que escuchar una sucesión de reproches sobre las intenciones del adversario.
En política exterior, Sánchez intentó ampliar el alcance del cara a cara y presentar las elecciones dentro de una discusión más amplia sobre la posición de España en el mundo.
Reivindicó las decisiones de su Gobierno respecto a Ucrania, Gaza e Irán y contrapuso su orientación internacional a la que atribuye a los nuevos liderazgos de la derecha, con referencias a Donald Trump y Javier Milei. Feijóo, sin embargo, llevó la discusión hacia Marruecos, la relación con Rabat y la situación de Ceuta. Cuestionó la política del Gobierno respecto al país vecino y utilizó la inmigración para denunciar lo que considera una respuesta insuficiente frente a las redes de tráfico de personas. Las diferencias fueron evidentes, pero también lo fue la escasa profundidad con la que se abordaron asuntos que afectan directamente a la seguridad, la diplomacia y los intereses estratégicos españoles.
La elección de Marruecos como principal terreno de confrontación internacional tampoco fue casual. Para el PP, la relación con Rabat constituye una cuestión sobre la que puede cuestionar la actuación de Sánchez y reclamar explicaciones acerca de decisiones diplomáticas que considera insuficientemente transparentes. Para el presidente, la política exterior permite reivindicar un perfil internacional propio y diferenciarse de los planteamientos de la derecha. Sin embargo, la discusión sobre la posición española en el norte de África, sus relaciones con sus socios europeos y su estrategia ante los conflictos internacionales necesitaba algo más que acusaciones sobre la dependencia del Gobierno respecto a Rabat. La misma limitación apareció en el bloque migratorio, donde la dureza del lenguaje terminó dejando menos espacio a la explicación de medidas concretas.
El último minuto de cada candidato terminó de reflejar la naturaleza del encuentro. Feijóo volvió a recurrir a la cuestión de la decencia y presentó su candidatura en oposición directa a Sánchez.
El presidente, en cambio, pidió el voto para evitar un Gobierno de la derecha y vinculó su continuidad con la defensa de los avances sociales y de una determinada posición internacional.
Ni siquiera en el cierre abandonaron los candidatos los argumentos que habían estructurado sus intervenciones desde el principio. Uno había convertido el debate en una impugnación de la autoridad del presidente; el otro había intentado impedir que esa impugnación se convirtiese en el único asunto sobre el que se pronunciase el país. Entre ambos planteamientos quedó una discusión todavía pendiente sobre el alcance real de sus alternativas y, especialmente, sobre las decisiones que cada uno tendría que tomar para gobernar un país en el que la relación entre sus principales fuerzas políticas se encuentra tan deteriorada.




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