Imputación de Cristóbal Montoro

En un auto judicial fechado el 16 de julio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, dirigido por el magistrado Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a 27 personas más, junto con seis personas jurídicas, por su presunta participación en una trama de corrupción que habría operado desde el Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018). La investigación, que comenzó en 2018 y permaneció bajo secreto de sumario hasta esta semana, acusa a Montoro y su entorno de crear una red de influencias para beneficiar a empresas gasísticas mediante modificaciones legislativas a cambio de pagos significativos al despacho de abogados Equipo Económico, fundado por el propio Montoro en 2006. Los delitos imputados incluyen cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Este caso, que ha generado un fuerte impacto político en España, pone bajo escrutinio la gestión de uno de los ministros más influyentes del Partido Popular (PP) y plantea serias preguntas sobre el uso de cargos públicos para fines privados.

Cristóbal Montoro, nacido en Jaén en 1950, es un economista y político con una larga trayectoria en la administración pública española. Fue ministro de Hacienda en dos etapas: entre 2000 y 2004 bajo el gobierno de José María Aznar, y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy. Durante su segundo mandato, Montoro fue una figura clave en la política económica de España, liderando medidas de austeridad durante la crisis económica y gestionando la reforma fiscal de 2014, entre otras iniciativas. Sin embargo, su papel como fundador de Equipo Económico, un despacho especializado en asesoramiento fiscal y económico, ha sido el eje central de esta investigación judicial. Según el auto del juez, Montoro habría utilizado su posición ministerial para favorecer los intereses de empresas clientes de este despacho, a cambio de pagos que, entre 2011 y 2019, ascendieron a 779.705 euros, según los registros presentados por el propio despacho.

La investigación se originó de manera fortuita en 2018, cuando una denuncia anónima contra una empresa gasista llevó al descubrimiento de correos electrónicos en la compañía Messer Ibérica de Gases. Estos correos, interceptados durante las primeras diligencias, revelaron comunicaciones en las que los directivos de la empresa expresaban la necesidad de recurrir a Equipo Económico para lograr modificaciones legislativas favorables, específicamente relacionadas con bonificaciones fiscales en el impuesto especial sobre la electricidad. Los documentos indicaban que, tras varios intentos fallidos de obtener ventajas fiscales a través de otras consultoras, las empresas gasistas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) contrataron a Equipo Económico. Según el juez, la intervención de este despacho resultó en la aprobación de normativas que beneficiaron directamente a estas compañías, como la Ley 16/2013 y la Ley 28/2014, esta última tramitada por vía de urgencia.

El auto judicial detalla que Montoro, como ministro de Hacienda, nombró a personas estrechamente vinculadas a Equipo Económico en cargos clave del Ministerio, asegurando así que los anteproyectos de ley y reglamentos se redactaran "a demanda" de las empresas investigadas. Entre los imputados se encuentran figuras de alto perfil como Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016; Pilar Platero, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos en el mismo período; Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública; Diego Martín-Abril, director general de Tributos entre 2012 y 2016; y Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria. También figuran socios de Equipo Económico, como Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asís Piedras, así como representantes de las empresas gasistas Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Sociedad Española de Carburos Metálicos.

Un aspecto particularmente grave señalado por el juez es la participación directa de las empresas gasistas en la redacción de los textos legales. Según el auto, las compañías de AFGIM elaboraron borradores de normativas que posteriormente fueron aprobados, lo que el magistrado describe como una "sustitución o externalización indebida" de las potestades normativas del Ministerio. Esta práctica, que permitió a intereses privados influir directamente en la legislación, se considera una de las irregularidades más serias de la investigación, ya que compromete el principio de que las leyes deben elaborarse en beneficio del interés general.

La investigación también destaca el papel de Equipo Económico como intermediario clave en la trama. Aunque el despacho ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que Montoro se desvinculó completamente de la firma en 2008 y que su trabajo para AFGIM se limitó a un asesoramiento técnico sobre la aplicación de la Directiva Europea 2003/96/CE, el juez sostiene que los pagos recibidos por Equipo Económico eran desproporcionados en comparación con los servicios prestados. Por ejemplo, los informes técnicos encargados a otras consultoras, como Ernst & Young, eran retocados por Equipo Económico, pero las minutas del despacho de Montoro podían multiplicar por diez las de las consultoras que elaboraban el trabajo principal. Los correos intervenidos muestran que las empresas gasistas consideraban a Equipo Económico como la "vía más directa" para influir en el Ministerio, lo que refuerza la hipótesis de una red de influencias bien estructurada.

El caso también ha revelado tensiones internas en la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal Carmen García Cerdá, encargada de la investigación, fue sancionada con una multa de 1.000 euros el 3 de julio de 2025 por desobedecer las instrucciones de su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón, quien se oponía a ciertas diligencias, como el volcado del correo personal de Montoro. García Cerdá insistió en investigar la cuenta de correo "aromero", que identificó como perteneciente al exministro, lo que generó un conflicto con Luzón y la Junta de Fiscales de Sala. Equipo Económico, por su parte, ha denunciado sentirse en "indefensión" debido al secreto de sumario que se mantuvo durante siete años, afirmando que no se les permitió participar en el procedimiento para defenderse.

La imputación de Montoro ha tenido un impacto político inmediato. El Partido Popular ha intentado minimizar el caso, señalando que una investigación previa contra Equipo Económico fue archivada y que Montoro no está vinculado al equipo actual de Alberto Núñez Feijóo. Juan Bravo, portavoz económico del PP, ha defendido la presunción de inocencia y ha argumentado que las leyes aprobadas durante el mandato de Montoro siguen vigentes, sugiriendo que no eran intrínsecamente perjudiciales. Por su parte, el PSOE y Sumar han aprovechado la noticia para acusar al PP de "corrupción sistémica". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado el caso como otra muestra de los privilegios otorgados a minorías durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, mientras que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha hablado de un "milagro de la corrupción" del PP. Montoro, en respuesta, anunció el 17 de julio de 2025 su baja como afiliado del PP, lo que suspendió el procedimiento interno iniciado por el partido.

La investigación también conecta con otros casos de corrupción, como el caso Gürtel y el caso Rato, debido a correos intervenidos que muestran gestiones del Ministerio de Hacienda para minimizar las responsabilidades fiscales del PP en el escándalo de la caja B. Estos documentos revelan que, en el marco del caso Gürtel, altos cargos del Ministerio argumentaron ante el juez Pablo Ruz que las donaciones ilegales no debían tributar, un criterio que contradecía el mandato judicial.