Las 15 medidas de Pedro Sánchez para blindar la integridad pública

Ayer, 9 de julio de 2025, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ante el pleno del Congreso de los Diputados en una sesión extraordinaria marcada por la urgencia de responder a la creciente preocupación ciudadana sobre la corrupción. En un contexto de tensión política, agravado por el caso Cerdán-Ábalos-Koldo que ha sacudido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sánchez presentó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, compuesto por 15 medidas diseñadas en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), grupos parlamentarios y expertos de la sociedad civil. Este plan, descrito por el presidente como “ambicioso y realista”, busca posicionar a España a la vanguardia de la lucha contra la corrupción en Europa.

Un plan estructurado en cinco ejes

El paquete de medidas se articula en torno a cinco ejes estratégicos, cada uno enfocado en un aspecto clave de la lucha contra la corrupción: prevención, protección de denunciantes, fortalecimiento del sistema judicial, recuperación de activos robados y promoción de una cultura de integridad. Estas propuestas no solo responden a las demandas de los socios de investidura, como Sumar, sino que también buscan recuperar la confianza de una ciudadanía hastiada por los escándalos recientes.

1. Prevención de riesgos y fortalecimiento de controles

   
   

   El primer eje incluye la creación de una Agencia de Integridad Pública Independiente, una institución que asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. Esta agencia coordinará esfuerzos para identificar riesgos en la contratación pública y la gestión presupuestaria, empleando herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos. Además, se extenderá la metodología de los fondos Next Generation a toda la Administración del Estado, con mapas de riesgo e integridad, y se realizarán controles patrimoniales aleatorios a altos cargos. Por último, se exigirá a las empresas que opten a contratos públicos contar con sistemas de cumplimiento normativo (compliance), y se reforzarán los controles sobre los partidos políticos para garantizar su transparencia financiera.

   
   

2. Protección reforzada para los denunciantes

   
   

   Reconociendo las carencias de la Ley 2/2023 de protección de informantes, el Gobierno propone incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal garantías de confidencialidad, protección y apoyo legal para quienes denuncien actos de corrupción ante la Fiscalía, la policía o un juez. Además, se obligará a las empresas y administraciones públicas a implementar canales internos de denuncia, integrados en un sistema general de integridad institucional. Sánchez subrayó que “en una democracia madura no se castiga a quien denuncia, se le escucha, protege y respalda”.

   
   

3. Fortalecimiento de la investigación y la justicia

   
   

   El tercer eje se centra en agilizar los procesos judiciales relacionados con la corrupción. Se crearán secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública en los nuevos tribunales de instancia, con jueces capacitados específicamente para estos casos. También se otorgará prioridad a estas denuncias, se establecerán procedimientos sumarios para casos que involucren a cargos públicos, y se duplicarán los plazos de prescripción, además de endurecer las penas contra los corruptos. El Ejecutivo también planea reforzar la Fiscalía con más recursos para mejorar su capacidad investigativa.

   
   

4. Recuperación de activos robados

   
   

   Para “devolver a lo público lo que es de todos”, el plan incluye la ampliación de los recursos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, así como la creación de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas antes de una condena penal. Además, se establecerán listas negras de empresas condenadas por corrupción, vetándolas de contratar con la Administración Pública, y se impondrán multas calculadas en función de los ingresos anuales de las empresas implicadas.

   
   

5. Promoción de una cultura de integridad

   
   

   El último eje busca transformar la percepción social de la corrupción mediante campañas de concienciación, estudios demoscópicos y una formación reforzada para los empleados públicos. Sánchez destacó la necesidad de “impregnar nuestras administraciones públicas, movilizar a la ciudadanía y responsabilizar al sector privado” en la construcción de una cultura de integridad que trascienda las instituciones.

Contexto político y recepción

La comparecencia de Sánchez no solo respondió al caso Cerdán-Ábalos-Koldo, sino que también buscó aplacar las críticas de sus socios parlamentarios y la oposición. El presidente asumió responsabilidad personal por haber confiado en los exsecretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos implicados en un presunto caso de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. “Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo”, confesó Sánchez, defendiendo su integridad como “político limpio” y reafirmando que no quiere “tirar la toalla”.

Sin embargo, la recepción del plan fue desigual. Mientras que Sumar y algunos socios de investidura, como el PNV, mostraron un apoyo condicionado, exigiendo avances en la agenda social, otros como Junts y Podemos fueron más críticos. La líder de Podemos, Ione Belarra, calificó las medidas de “cosméticas” y acusó al PSOE de perpetuar un “sistema corrupto”. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox arremetieron contra Sánchez, acusándolo de eludir responsabilidades y exigiendo elecciones anticipadas. Feijóo, en un tono particularmente duro, señaló a Sánchez como “principal responsable” de la corrupción, afirmando: “Usted lo sabía y usted se calló”.

Evaluación y perspectivas

El plan presentado por Sánchez es, sin duda, uno de los esfuerzos más ambiciosos de los últimos años para abordar la corrupción en España. La colaboración con la OCDE, que auditará su implementación con revisiones a los 12 y 24 meses, otorga al proyecto un respaldo técnico de peso. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para traducir estas medidas en resultados concretos, especialmente en un contexto de fragilidad parlamentaria. La creación de la Agencia de Integridad Pública y el uso de inteligencia artificial para detectar fraudes son pasos innovadores, pero la implementación de listas negras y el decomiso preventivo podrían generar controversias legales y políticas.

El pleno del 9 de julio fue un punto de inflexión para la legislatura. Aunque el Gobierno logró salvar la sesión sin perder el apoyo de sus socios, las exigencias de mayor contundencia y avances sociales persisten. La advertencia de Junts, que calificó la situación de Sánchez como “una prórroga que no dura toda la legislatura”, refleja la delicada cuerda floja sobre la que camina el Ejecutivo.

En conclusión, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción representa un intento audaz de abordar un problema estructural que erosiona la confianza en las instituciones. No obstante, su impacto real dependerá de la voluntad política para ejecutarlo y de la capacidad de Sánchez para mantener cohesionada su coalición en un entorno político cada vez más polarizado. La ciudadanía, como señaló el propio presidente, “no es ciega” y espera hechos que respalden las palabras.