Los documentos del 23-F revelan el error estratégico de los golpistas

La desclasificación de nueva documentación vinculada a las tramas golpistas posteriores al 23 de febrero de 1981 obliga a revisar una idea que durante años se instaló con comodidad en el debate público: que el fracaso de aquella intentona supuso la neutralización definitiva de cualquier pulsión involucionista dentro de las Fuerzas Armadas. Los papeles ahora conocidos no solo cuestionan esa lectura, sino que revelan una estrategia de persistencia, adaptación y aprendizaje que, por su alcance y sistematicidad, trasciende la improvisación y se adentra en la lógica de una organización que se sabe derrotada en el corto plazo, pero no vencida en el horizonte estratégico.

Entre los documentos destaca un manuscrito que recoge extractos de un panfleto titulado ¡¡¡Militares españoles!!!, redactado tras el fracaso del 23-F. El texto, lejos de asumir el revés como punto final, identifica errores operativos y políticos, señala responsables y redefine prioridades. Uno de los pasajes más significativos apunta directamente a la figura de Juan Carlos I, al que se reprocha haber sido “dejado libre” y tratado como “un caballero”. El tono no es meramente crítico; es estratégico. El monarca deja de ser considerado un símbolo neutral o una pieza recuperable y pasa a definirse como obstáculo activo para cualquier proyecto de restauración autoritaria. El documento lo califica sin ambages como “objetivo a batir y anular”, una formulación que, en el contexto de la reciente consolidación constitucional, adquiere una gravedad política evidente.

El hallazgo del manuscrito en el domicilio del teniente coronel José Crespo Cuspinera, detenido en octubre de 1982 junto a otros mandos como su hermano Jesús Crespo Cuspinera y el coronel de Artillería Luis Muñoz Guitérrez, permite situar estas reflexiones en el marco de una conspiración que no se improvisa tras el 23-F, sino que ya se estaba articulando antes y que encuentra en el fracaso un catalizador para redefinir métodos. No se trata de una reacción emocional a la derrota, sino de una reconfiguración operativa.

El texto propone “reactivar con los camaradas de armas de plena confianza el análisis de la situación, el intercambio de la información y la preparación para la próxima oportunidad”.

La expresión es reveladora: no se habla de revancha inmediata ni de acciones precipitadas, sino de análisis, intercambio y preparación. Es el lenguaje de una red que asume la necesidad de recomponerse, reforzar la compartimentación y blindar sus canales internos. La experiencia del 23-F habría evidenciado vulnerabilidades —filtraciones, falta de coordinación, sobreexposición— que ahora se intentan corregir.

Uno de los elementos más inquietantes del documento es la referencia explícita a la creación y mantenimiento de estructuras paralelas de información. Se recomienda organizar centros de recepción postal y telefónica “a cubierto de grabaciones y de los servicios de información”, emplear cabinas telefónicas, sobrenombres y contraseñas. Más aún, se advierte sobre la necesidad de vigilar los servicios de información oficiales, que, según el texto, serían reforzados con personal auxiliar como camareros, mecanógrafos u ordenanzas. La conclusión es clara: los conspiradores asumían que el Estado democrático estaba mejorando sus mecanismos de control y contrainteligencia, y respondían diseñando su propio sistema clandestino, independiente de los cauces formales.

Este dato resulta clave para comprender la profundidad del fenómeno. No se trataba únicamente de oficiales descontentos con la evolución política del país, sino de núcleos que aspiraban a construir una infraestructura permanente, capaz de sobrevivir a los cambios de destino, ascensos o traslados. El documento insiste en “adoptar actitudes de máxima discreción e incluso de simulación frente a desconocidos o compañeros trasladados o ascendidos”. La recomendación de aparentar respeto a la Constitución y al sistema de partidos, en caso de duda, apunta a una estrategia de camuflaje consciente. No es solo una consigna de prudencia; es la asunción de que la lealtad institucional debe ser fingida cuando convenga.

El contexto político de 1982 añade una capa adicional de complejidad. España se encontraba en un momento de transición acelerada hacia la normalización democrática, con elecciones generales inminentes y una opinión pública todavía marcada por la imagen de los guardias civiles irrumpiendo en el Congreso. En ese escenario, la persistencia de redes que hablaban abiertamente de “preparación para la próxima oportunidad” sugiere que la amenaza no se agotó con la noche del 23 de febrero, sino que mutó hacia formas menos visibles.

La retórica del panfleto también permite identificar el marco ideológico que sustentaba la conspiración. Se denuncia la “gradual demolición desde arriba” y se contrapone la reacción como “soldados de España” frente a la conversión de las Fuerzas Armadas en “profesionales” al servicio de una “Corona que se tambalea” y de “políticos vendidos al extranjero”. Esta narrativa combina elementos clásicos del nacionalismo autoritario: la idea de traición interna, la deslegitimación del pluralismo político y la apelación a una misión superior atribuida al estamento militar. No hay en el texto un análisis técnico de la situación económica o social; hay una construcción moral del conflicto, donde la democracia se presenta como degradación y el intervencionismo castrense como deber.

Sin embargo, más allá del contenido ideológico, lo que distingue estos documentos es su dimensión organizativa. La insistencia en la compartimentación, la seguridad en las comunicaciones y la necesidad de estructuras propias indica que los promotores habían interiorizado que el entorno había cambiado. La España de principios de los ochenta no era la de los últimos años del franquismo. El control mediático era menor, el escrutinio judicial mayor y la legitimidad internacional de la joven democracia dependía, en buena medida, de su capacidad para neutralizar amenazas internas. En ese marco, cualquier tentativa debía planificarse con mayor sofisticación.

La relevancia de estos papeles no reside solo en lo que revelan sobre un grupo concreto de oficiales, sino en lo que aportan a la comprensión de la cultura política de una parte del estamento militar en aquel momento. La existencia de un “movimiento” con servicios de seguridad propios, según se desprende del texto, apunta a una red que aspiraba a trascender individualidades. No es la acción aislada de un mando carismático; es la tentativa de institucionalizar la disidencia dentro de la institución armada.

Cuatro décadas después, la publicación de estos manuscritos invita a una lectura serena pero rigurosa. La consolidación democrática española ha demostrado una resiliencia notable, y las Fuerzas Armadas actuales operan bajo parámetros de profesionalidad y subordinación al poder civil plenamente homologables a los de cualquier democracia occidental. Precisamente por ello, el análisis de estas tramas debe evitar tanto la complacencia retrospectiva como la exageración alarmista. Comprender cómo se articularon, qué aprendieron de sus fracasos y cómo intentaron adaptarse es un ejercicio de memoria institucional, no un ajuste de cuentas.