No se puede normalizar la imputación de un expresidente del Gobierno

La política española atraviesa una fase de desgaste que ya no puede explicarse únicamente por la polarización o por el ruido permanente del debate público. Hay algo más profundo: una erosión progresiva de la credibilidad institucional que empieza a instalarse en amplios sectores de la sociedad. Y lo preocupante no es solo la existencia de investigaciones judiciales o sospechas sobre responsables políticos. Lo verdaderamente inquietante es la velocidad con la que el país parece acostumbrarse a convivir con ellas.

La imputación de un expresidente del Gobierno no es un episodio político más. Tampoco puede reducirse a un intercambio rutinario de acusaciones entre bloques ideológicos. Es un hecho de enorme gravedad institucional que exige dos cosas simultáneamente: respeto absoluto a la presunción de inocencia y una transparencia inmediata por parte de quien ocupó la máxima responsabilidad del Estado. No son principios incompatibles. De hecho, deberían sostenerse mutuamente.

Durante demasiado tiempo, la política española ha funcionado bajo una lógica destructiva: si una investigación afecta al adversario, se presenta como prueba definitiva de corrupción estructural; si golpea al propio espacio político, pasa automáticamente a interpretarse como persecución judicial o mediática. Ese mecanismo defensivo ha terminado contaminándolo todo. La consecuencia es evidente: una parte creciente de la ciudadanía ya no sabe en quién confiar.

El problema no es únicamente judicial. Es también cultural. España ha entrado en una dinámica en la que los escándalos, las filtraciones, los registros policiales y los audios comprometedores forman parte del paisaje político habitual. La gravedad de los acontecimientos se diluye porque siempre parece haber otro caso esperando detrás. Y esa normalización resulta peligrosísima para cualquier democracia.

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero añade una dimensión todavía más delicada a esta crisis. No se trata de un antiguo dirigente retirado de la vida pública. Sigue siendo una referencia dentro de la izquierda española, mantiene influencia política y ha desempeñado un papel relevante en momentos decisivos de los últimos años. Precisamente por eso, cualquier sospecha que le afecte trasciende el plano personal.

Las acusaciones conocidas son extremadamente serias. Hablan de una presunta utilización de redes de influencia construidas durante años de poder político para favorecer intereses empresariales concretos. Y precisamente porque el alcance de esas acusaciones es tan grave, la respuesta no puede limitarse a los automatismos habituales del debate español: ni condena anticipada ni victimismo reflejo.

La reacción de una parte de la política ha vuelto a evidenciar uno de los grandes problemas del país. Algunos han convertido la imputación en una sentencia antes de tiempo. Otros han optado por desacreditar preventivamente a jueces, investigaciones y medios. Ambas posiciones son irresponsables. Una democracia liberal no puede funcionar sobre impulsos partidistas permanentes.

La izquierda española afronta aquí un desafío especialmente incómodo. Durante años construyó parte de su legitimidad sobre la idea de regeneración democrática frente a los excesos de otras etapas políticas. Esa exigencia ética no puede aplicarse solo cuando resulta conveniente. Defender la independencia judicial únicamente cuando favorece políticamente termina debilitando la credibilidad de cualquier proyecto político.

Pero tampoco conviene caer en discursos apocalípticos. España no es una democracia colapsada. Las instituciones siguen funcionando. Los jueces investigan, los procedimientos avanzan y los casos salen a la luz. Precisamente por eso resulta tan importante evitar el deterioro constante de la confianza pública. Porque el vacío que deja la desafección democrática rara vez se llena de moderación.

La extrema derecha europea lleva años creciendo sobre una idea muy concreta: convencer a los ciudadanos de que todas las instituciones están corrompidas y de que nada merece confianza. El desgaste político permanente alimenta exactamente ese clima. Y ahí reside uno de los mayores riesgos del momento actual.

Pedro Sánchez afronta ahora una situación especialmente delicada. No solo por el impacto judicial del caso, sino por lo que simboliza políticamente después de meses marcados por polémicas, investigaciones y sospechas alrededor de figuras relevantes del entorno socialista. Aunque las responsabilidades sean individuales, la acumulación termina generando una percepción política difícil de contener únicamente con estrategia de comunicación.

Porque uno de los grandes errores de la política contemporánea consiste en creer que toda crisis puede resolverse mediante control narrativo. Hay momentos en los que los ciudadanos esperan algo más que argumentarios o ataques al adversario. Esperan explicaciones claras, prudencia institucional y capacidad de asumir la gravedad de los hechos.

España no necesita histeria política ni discursos de demolición total. Necesita algo mucho más difícil: madurez democrática. La confianza pública no desaparece de golpe. Se erosiona lentamente, caso a caso, excusa tras excusa, hasta que la distancia entre las instituciones y los ciudadanos empieza a volverse demasiado grande.

Y recuperar esa confianza siempre resulta mucho más complicado que perderla.