¿Por qué atacar a Irán podría ser más peligroso que capturar a Maduro?

A comienzos de año, cuando el presidente Trump afirmó que una “armada” estadounidense se dirigía hacia Irán, estableció una comparación explícita con la operación relámpago en Venezuela, una intervención quirúrgica que, según su narrativa, demostró la capacidad de Washington para proyectar fuerza con rapidez, contundencia y un control casi total del entorno operativo. El mensaje era claro: la superioridad militar estadounidense podía traducirse en resultados políticos inmediatos. Sin embargo, trasladar esa lógica a Irán no es una extrapolación técnica; es un salto estratégico con implicaciones sistémicas.

En Washington, mientras la Casa Blanca evalúa un abanico de opciones —desde ataques limitados hasta escenarios más amplios de presión militar—, el consenso entre analistas de seguridad nacional es contundente: cualquier acción contra Irán operaría en una liga completamente distinta. Venezuela era un objetivo con capacidades defensivas limitadas, un entorno político fragmentado y una arquitectura de poder relativamente simple. Irán, en cambio, es un actor estatal con profundidad estratégica, redundancias institucionales y una red de aliados no estatales diseñada precisamente para complicar la ecuación de disuasión de sus adversarios.

El liderazgo iraní no solo controla un aparato militar considerable, sino que ha construido durante décadas un ecosistema de fuerzas proxy que actúan como multiplicadores de poder. Este modelo híbrido —una combinación de capacidades convencionales, guerra asimétrica y proyección indirecta— permite a Teherán externalizar el coste de la confrontación y mantener una ambigüedad operativa que complica las respuestas directas. En términos de gestión del riesgo, Estados Unidos no se enfrentaría a un conflicto lineal, sino a una red de frentes simultáneos con diferentes niveles de escalada.

A diferencia de la operación en Caracas, donde el objetivo político fue definido con precisión —la captura del presidente Nicolás Maduro y su círculo más cercano—, en el caso iraní el propio Trump ha oscilado entre metas de alcance variable. Por un lado, ha reiterado la prioridad de impedir que Teherán desarrolle armas nucleares; por otro, ha sugerido que un cambio de régimen sería “lo mejor que podría pasar”. Esta ambigüedad estratégica introduce una disonancia crítica: sin un end state claro, cualquier operación corre el riesgo de derivar en una campaña abierta, sin métricas claras de éxito ni una estrategia de salida creíble.

Expertos como Ali Vaez, del International Crisis Group, han sido explícitos: no existe una opción militar de bajo coste, limpia y sin consecuencias. En términos de risk management, el escenario iraní es de alta volatilidad, con externalidades que se propagarían rápidamente a nivel regional y global. Además, el factor humano no es menor: la probabilidad de bajas estadounidenses alteraría el cálculo político interno, especialmente en un año electoral, donde la percepción pública de una guerra prolongada puede convertirse en un pasivo político crítico.

Desde el punto de vista puramente militar, la comparación con Venezuela es técnicamente insostenible. Irán dispone de uno de los arsenales de misiles más amplios y diversificados de Oriente Medio. Sus misiles balísticos de medio alcance superan los 1.200 kilómetros, lo que coloca bajo amenaza directa bases estadounidenses en Turquía occidental, Israel y los Estados del Golfo. A esto se suma una creciente capacidad en drones y sistemas antibuque, que complican la proyección naval estadounidense en el Golfo Pérsico.

En ejercicios recientes, Teherán ha probado un misil de defensa aérea basado en plataformas marítimas con un alcance superior a 150 kilómetros, una señal inequívoca de que busca reforzar su negación de acceso en el Estrecho de Ormuz. Este tipo de capacidades no solo eleva el coste operativo de cualquier intervención, sino que introduce un factor de incertidumbre en la planificación logística y en la protección de activos críticos.

La doctrina iraní se basa en la escalada distribuida. En lugar de concentrar la respuesta en un único teatro, Teherán busca exportar la crisis a múltiples frentes, diluyendo el foco estadounidense y generando presión política sobre aliados clave. En este marco, los Estados del Golfo, anfitriones de bases estadounidenses, se convierten en targets indirectos, aunque intenten mantener una postura pública de neutralidad operativa. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ya han señalado que no permitirían el uso de su espacio aéreo para ataques contra Irán, pero esa decisión no los inmuniza frente a represalias.

Israel, por su parte, representa un vector crítico. Un contraataque iraní podría impactar directamente en grandes centros urbanos israelíes. Aunque el sistema de defensa antimisiles israelí ha demostrado una eficacia significativa, el desgaste acumulado tras años de interceptar cohetes desde Gaza y Líbano ha reducido sus inventarios. En un escenario de saturación, incluso una tasa de interceptación elevada podría no ser suficiente para evitar daños significativos, con implicaciones políticas y estratégicas de alto nivel.

El llamado “eje de la resistencia” —una constelación de actores como Hezbollah, los hutíes en Yemen y diversas milicias en Irak y Siria— añade una capa adicional de complejidad. Estos grupos han sido entrenados, armados y financiados para actuar como extensiones de la política exterior iraní. Aunque algunos han sido debilitados en los últimos años, conservan capacidad suficiente para abrir múltiples frentes: ataques a bases estadounidenses, hostigamiento a aliados regionales y sabotaje del tráfico marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

En Irak, al menos una facción alineada con Teherán ha advertido que podría ordenar operaciones suicidas si Estados Unidos ataca Irán. Desde una perspectiva de seguridad corporativa, esto transforma el conflicto en un entorno de riesgo persistente, donde activos diplomáticos, militares y comerciales se convierten en objetivos potenciales. Los hutíes, por su parte, ya han demostrado su capacidad para interrumpir rutas marítimas globales, una herramienta de presión económica con un retorno estratégico elevado.

A nivel interno, el sistema político iraní es un ecosistema mucho más resiliente que el venezolano. No se trata de un liderazgo personalista fácilmente sustituible, sino de una teocracia institucionalizada, con centros de poder superpuestos y una ideología que ha sido internalizada por una parte significativa del establishment. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, con unos 150.000 efectivos, actúa como garante del régimen y como actor económico y político de primer orden. Desarticular este entramado no es una operación de “decapitación”, sino una campaña de transformación estructural, con riesgos de fragmentación y radicalización.

Incluso si se lograra eliminar al líder supremo, no existe una figura de transición clara ni un mecanismo consensuado de sucesión que facilite una transición ordenada. El vacío de poder podría derivar en luchas internas, facciones rivales y una mayor inestabilidad regional. En términos de governance, el riesgo de un colapso desordenado supera ampliamente los beneficios potenciales de un cambio abrupto.

La geografía también juega en contra de una operación rápida. Teherán se encuentra a unos 650 kilómetros del Golfo Pérsico, lejos de las líneas costeras que facilitaron la operación en Caracas. Esto implica una logística mucho más compleja para cualquier intento de captura o intervención directa, con una mayor dependencia de operaciones aéreas y terrestres de alta intensidad.

En el plano económico, el Estrecho de Ormuz es el punto de estrangulamiento más crítico del sistema energético global. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas licuado del mundo transita por este corredor. Un cierre, incluso parcial, dispararía los precios de la energía, con efectos inflacionarios globales, tensiones en los mercados financieros y un impacto directo en economías dependientes de importaciones energéticas, incluyendo Europa. Irán ha amenazado en múltiples ocasiones con bloquear el estrecho, y ejercicios militares recientes sugieren que mantiene esta opción en su toolkit estratégico, aunque hacerlo también perjudicaría sus propias exportaciones, especialmente hacia China.

En suma, el dossier iraní no es una extensión del caso venezolano; es un problema de arquitectura estratégica global. Cualquier acción militar sería un evento de alto impacto, con ramificaciones en seguridad, energía, economía y política doméstica estadounidense. El trade-off es evidente: demostrar fuerza puede reforzar la credibilidad disuasoria, pero el coste de una escalada no controlada podría ser sistémico.