«Requiere la actuación coordinada de múltiples actores»: el informe policial apunta a la permisividad marroquí

La entrada masiva de miles de personas en Ceuta el pasado 30 de julio ha dejado de ser únicamente un episodio de presión migratoria en la frontera española. El informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y entregado esta semana a la Audiencia Nacional ha convertido aquellos acontecimientos en un asunto de mucha mayor dimensión: una investigación judicial incipiente, una discusión sobre el funcionamiento de los sistemas de alerta del Estado y, sobre todo, una discrepancia interna en torno a qué sabía la Administración española antes de que decenas de miles de personas se dirigieran simultáneamente hacia la frontera. El documento no atribuye formalmente la operación a ningún Gobierno, servicio de inteligencia ni persona concreta, pero sí describe una sucesión de circunstancias que, según los investigadores, resulta difícil de explicar como una movilización espontánea y completamente desorganizada.

La relevancia del informe no reside únicamente en sus 55 páginas ni en las conclusiones que contiene. Su importancia está también en el momento en que aparece y en la institución ante la que ha sido presentado. La Audiencia Nacional intenta determinar si los hechos pueden tener una dimensión que justifique su intervención y si detrás de aquella entrada masiva pudo existir una acción concertada. Para ello, la magistrada María Tardón había solicitado información a distintos organismos después de que el partido Iustitia Europa presentara una denuncia. Lo que inicialmente podía parecer una actuación destinada a determinar la competencia del tribunal ha ido adquiriendo una dimensión mucho más compleja a medida que han aparecido nuevos datos sobre la preparación del episodio, las comunicaciones difundidas en redes sociales y la información que distintos organismos de seguridad manejaban en los días anteriores.

El primer movimiento judicial se produjo el 31 de julio, apenas un día después de la entrada masiva. La jueza instructora del Juzgado Central de Instrucción Número 3 abrió diligencias previas y solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que analizara si lo sucedido podía responder a una acción concertada o dirigida por una organización o grupo criminal. Aquella petición resulta relevante porque situaba desde el principio la investigación en un terreno distinto al de una crisis migratoria convencional. No se trataba simplemente de determinar cuántas personas habían cruzado la frontera, de dónde procedían o cómo había respondido España, sino de averiguar si existía una estructura detrás de aquella movilización y, en caso afirmativo, quién podía haberla articulado.

En los días posteriores comenzaron a aparecer elementos que ampliaron todavía más el debate. La Cadena SER informó el 3 de agosto de que el Centro Nacional de Inteligencia había transmitido varios avisos al Ministerio del Interior sobre el riesgo de una entrada masiva. Al mismo tiempo comenzaron a conocerse datos sobre las personas fallecidas durante el cruce y sobre las operaciones de rescate desarrolladas en aguas españolas. El 4 de agosto, Tardón pidió información a la Guardia Civil para conocer tanto las operaciones realizadas como los datos disponibles sobre fallecidos y supervivientes. Pero, además, introdujo una cuestión particularmente sensible: si la Guardia Civil había recibido durante los días anteriores alguna información que pudiera haber servido para alertar de lo que finalmente ocurrió.

Informe del Centro Nacional De Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la "entrada masiva irregular en Ceuta"

La pregunta sobre las alertas se ha convertido ahora en uno de los principales puntos de fricción. El informe policial sostiene que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, integrado en la estructura de Extranjería, emitió varias comunicaciones a diferentes puestos fronterizos. Según el documento, fueron ocho entre el 29 de julio y el 4 de agosto y estuvieron dirigidas a puntos como Ceuta, Melilla, Algeciras, Canarias y Cádiz. La primera de ellas se produjo el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha precisado posteriormente que aquella alerta era una advertencia de “riesgo frecuente” y que no cuantificaba ni anticipaba la magnitud concreta de los acontecimientos que se producirían al día siguiente.

Ahí aparece una diferencia que puede parecer administrativa, pero que en realidad tiene una enorme importancia política. Una cosa es afirmar que no existió ninguna información previa y otra muy distinta sostener que existieron alertas genéricas que no permitían prever la dimensión exacta de lo que iba a suceder. El Gobierno ha defendido la primera interpretación del episodio, mientras que el contenido del informe de Extranjería introduce matices que complican esa explicación. La cuestión que queda planteada no es necesariamente si alguien sabía que 70.000 personas iban a intentar llegar a Ceuta en una fecha determinada, algo que el propio informe no acredita, sino hasta qué punto los organismos encargados de vigilar los flujos migratorios detectaron señales suficientes como para considerar que podía producirse un episodio excepcional.

La diferencia entre anticipar un acontecimiento y detectar indicios de que puede producirse es fundamental para evaluar el funcionamiento de cualquier sistema de inteligencia o de seguridad fronteriza. Los organismos de información trabajan habitualmente con señales incompletas, movimientos difíciles de interpretar y fenómenos que pueden cambiar en cuestión de horas. Una alerta no equivale necesariamente a una predicción. Pero si existen varias alertas, comunicaciones en redes sociales, concentraciones de personas, modificaciones en los controles fronterizos y movimientos coordinados, la pregunta deja de ser exclusivamente qué sabía el Estado y pasa a ser cómo se interpretó aquello que sabía.

El organismo que elaboró el informe tampoco es una unidad policial convencional. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras funciona dentro de la Comisaría General de Extranjería y trabaja con información relacionada con los movimientos migratorios irregulares. Su cometido incluye elaborar informes, notas informativas y alertas a partir de los datos disponibles. No forma parte de la Policía Judicial ni cuenta con agentes desplegados permanentemente en Marruecos. Su información procede de la estructura de Extranjería y de los agentes distribuidos por distintos territorios. Esta característica es importante porque ayuda a comprender qué significa realmente el documento que ahora está sobre la mesa de la Audiencia Nacional: no se trata de una acusación formal contra el Estado marroquí, ni de una investigación de inteligencia exterior, ni de una sentencia sobre lo sucedido, sino de una reconstrucción policial basada en información disponible y en el análisis posterior de los acontecimientos.

Para elaborar sus conclusiones, los agentes recurrieron a un volumen considerable de material procedente de fuentes abiertas. Analizaron vídeos, fotografías y mensajes difundidos en redes sociales, además de declaraciones realizadas por migrantes a diferentes medios de comunicación. También examinaron información relacionada con los teléfonos móviles presentes en la zona durante aquellos días. Uno de los datos recogidos en el informe es que el 90,8% de los teléfonos incluidos en la muestra analizada tenía prefijo marroquí. Por sí mismo, el dato no demuestra coordinación alguna, pero forma parte del conjunto de elementos utilizados para establecer el origen y las características del movimiento.

Informe del Centro Nacional De Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la "entrada masiva irregular en Ceuta"

La actividad en las redes sociales adquiere una relevancia especial en la reconstrucción policial. Durante los días anteriores al 30 de julio circularon mensajes que anunciaban explícitamente una movilización hacia Ceuta. Algunos hablaban de un “asalto” y otros describían concentraciones de personas y movimientos en grupos. El informe sostiene que estas comunicaciones no fueron simples conversaciones aisladas, sino que presentaron características compatibles con una estrategia planificada de difusión. El mismo día de la entrada masiva, además, comenzaron a circular de manera simultánea mensajes que aseguraban que la frontera estaba abierta.

La dimensión digital del episodio es importante porque permite observar la movilización antes de que esta se materializara físicamente. En una frontera, una concentración masiva puede aparecer de manera aparentemente repentina cuando se observa únicamente desde el lado español. Pero las redes sociales pueden revelar que el movimiento llevaba horas o días desarrollándose en otros espacios. La cuestión que ahora interesa a los investigadores es determinar si aquella actividad fue consecuencia natural de una convocatoria espontánea que se volvió viral o si existió una estructura capaz de diseñar, amplificar y dirigir los mensajes para producir una concentración de una magnitud excepcional.

Extranjería considera que en este caso hubo un “modelo de diseño de viralización” que habría reducido la dependencia del azar. El informe establece además una comparación con la convocatoria que se difundió posteriormente para un nuevo salto organizado previsto para el 15 de agosto. Según los agentes, esa segunda convocatoria fue mucho más visible y detectable que la primera, lo que interpretan como una posible forma de poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades marroquíes y de favorecer una determinada interpretación de su actuación. Es una de las partes más delicadas del documento porque introduce una hipótesis sobre la manera en que se habrían gestionado los mensajes y sobre la posible intención detrás de su difusión.

Sin embargo, el informe no cruza la última frontera de esa hipótesis. Los investigadores no identifican al supuesto responsable intelectual de la operación. Tampoco establecen que un Gobierno concreto ordenara la movilización. Lo que hacen es acumular indicios que, a su juicio, son difíciles de compatibilizar con una concentración completamente espontánea. El documento sostiene que la cantidad de personas movilizadas, la simultaneidad de su llegada y determinadas características del desplazamiento apuntan hacia algún tipo de organización sobre el terreno.

La comparación con episodios anteriores resulta esencial para esa interpretación. La Policía pone en relación los acontecimientos del 30 de julio con los episodios de 2021 y 2024. En aquellas ocasiones también se produjeron entradas masivas desde Marruecos, pero los investigadores consideran que la situación de julio presentó diferencias significativas. En esta ocasión, según el informe, no se produjeron bloqueos equivalentes en las vías de acceso, hubo medios de transporte utilizados para acercar a personas hasta la zona y no se registraron los mismos incidentes de orden público que habían caracterizado otros episodios.

La Policía interpreta esa combinación como un elemento difícil de encajar con una movilización completamente espontánea. Para los investigadores, la concentración simultánea de un número tan elevado de personas requería algún nivel de coordinación, aunque no necesariamente una estructura criminal tradicional. De hecho, el informe descarta expresamente que las mafias habituales dedicadas al tráfico de personas pudieran explicar por sí solas lo ocurrido. La razón principal es doble: no tendrían capacidad para movilizar a semejante cantidad de personas y, además, su actividad responde habitualmente a una lógica económica que no aparece claramente en este episodio.

Esta distinción resulta especialmente relevante porque evita una explicación sencilla basada exclusivamente en las redes de tráfico migratorio. El fenómeno descrito por los agentes tendría unas características diferentes. No habría existido, según esta interpretación, un incentivo económico directo equiparable al de una operación de tráfico de personas. La mayoría de quienes llegaron a Ceuta no habría pretendido establecerse en España y únicamente alrededor de un 10% permanecería posteriormente en territorio español. El objetivo inmediato de una parte muy importante de los participantes habría sido, por tanto, alcanzar la ciudad autónoma y no necesariamente iniciar una nueva vida en España.

El perfil de las personas que participaron en la entrada también aparece detallado en el documento. Los agentes distinguen principalmente dos grupos. Por un lado, hombres jóvenes, generalmente de entre 15 y 25 años y con una elevada presencia de menores, muchos de ellos preparados para desplazarse por el agua con neoprenos, neumáticos o flotadores. Por otro, personas de alrededor de 40 años, en buena parte con ropa deportiva y chanclas. Aunque la mayoría de los participantes eran marroquíes, también había personas procedentes del África subsahariana.

El análisis de estos perfiles permite a los investigadores introducir otra consideración: la composición del grupo no encajaría necesariamente con una operación organizada por una única red criminal tradicional. La diversidad de edades y procedencias, unida al enorme número de participantes, apunta a un fenómeno de movilización colectiva mucho más amplio. La cuestión pasa entonces por determinar cómo se produce una movilización de esas dimensiones y quién puede tener capacidad suficiente para influir sobre ella.

Uno de los elementos que más atención ha recibido es la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. El informe habla de una “permisividad” que considera incompatible con una interpretación puramente accidental de los acontecimientos. Los investigadores no afirman que Marruecos ordenara formalmente la entrada de las personas en Ceuta, pero describen comportamientos sobre el terreno que, a su juicio, facilitaron el desplazamiento hacia la frontera española.

El análisis de las imágenes ha permitido identificar, según los agentes, tanto a miembros uniformados de las fuerzas marroquíes como a personas vestidas de paisano que habrían tenido un papel activo durante los desplazamientos. A estas últimas, el informe las denomina “agentes dinamizadores”. La descripción se basa en su comportamiento observado en vídeos y fotografías: personas que se desplazan en sentido contrario al flujo migratorio, observan a los grupos, se apartan de las vías de paso y, en determinados momentos, parecen transmitir instrucciones a miembros uniformados.

El informe también señala actuaciones de agentes uniformados que habrían dado indicaciones a las personas que cruzaban para facilitarles la superación de determinados obstáculos y organizar su acceso a vehículos de gran tonelaje en los que se concentraban numerosos migrantes. Las fotografías incluidas en el documento forman parte de la base sobre la que los investigadores intentan determinar la identidad y la función de algunos de estos individuos.

El hecho de que estas imágenes aparezcan ahora en un documento judicial no significa que su interpretación esté cerrada. Las fotografías y vídeos permiten reconstruir comportamientos, pero atribuir intenciones requiere una investigación adicional. Una persona que aparece observando una multitud puede estar realizando funciones muy distintas de las que aparenta a primera vista. Del mismo modo, una instrucción transmitida sobre el terreno puede responder a una operación de control, a una gestión improvisada de la multitud o a una voluntad deliberada de facilitar el paso. La investigación judicial tendrá que determinar qué explicación resulta compatible con el conjunto de las pruebas.

Otro elemento temporal que aparece en el informe es la celebración del Día del Trono en Marruecos. Los investigadores señalan que las imágenes obtenidas mediante cámaras aéreas muestran una reducción significativa de los controles fronterizos durante esa jornada. La coincidencia temporal resulta relevante para su reconstrucción de los hechos porque habría contribuido a generar unas condiciones excepcionales en las que la concentración de personas pudo avanzar con mucha menos resistencia.

El problema consiste nuevamente en distinguir entre coincidencia y coordinación. La reducción de los controles puede tener una explicación relacionada con la organización de una jornada festiva, con cambios en los dispositivos de seguridad o con otras circunstancias operativas. Pero, en combinación con el resto de los elementos analizados, la Policía considera que merece ser incluida en la investigación. Es precisamente la acumulación de circunstancias —y no una única prueba aislada— lo que sostiene el planteamiento del informe.

La cuestión de la regularización de inmigrantes promovida por el Gobierno español también aparece en el documento, aunque en un sentido diferente al que inicialmente se planteó en el debate político. La Policía descarta que esta medida hubiera provocado un efecto llamada que explicara la movilización. El informe sostiene además que se difundió de manera manipulada una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio relacionada con las devoluciones en caliente de personas que entraran a nado. Según los agentes, determinados contenidos habrían presentado de forma distorsionada el alcance de aquella resolución.

Esta parte del informe es significativa porque muestra que la movilización no fue únicamente física. También existió una batalla paralela por la información. Los mensajes difundidos en redes sociales habrían contribuido a construir expectativas entre quienes se encontraban al otro lado de la frontera y a presentar determinadas decisiones españolas como una invitación a intentar el cruce. En ese contexto, la desinformación no necesita necesariamente ser producida por una organización concreta para tener efectos reales: basta con que determinados contenidos se propaguen con suficiente velocidad y encuentren un público dispuesto a actuar sobre ellos.

La combinación de redes sociales, movimientos físicos y cambios en los controles fronterizos plantea uno de los interrogantes centrales del caso. Si existió una estrategia organizada, ¿hasta dónde llegó? ¿Se limitó a facilitar que la convocatoria alcanzara a miles de personas o existió también coordinación sobre el terreno? ¿Quién decidió el momento? ¿Quién conocía de antemano la situación de los controles? ¿Y hasta qué punto los responsables españoles disponían de información suficiente para anticipar que la movilización podía adquirir unas dimensiones extraordinarias?

Son preguntas que el informe no resuelve. Precisamente por eso su presentación ante la Audiencia Nacional resulta relevante. El documento no constituye el final de una investigación, sino una pieza que puede determinar si esa investigación continúa y con qué alcance. Antes de decidir si el tribunal es competente para investigar los hechos, Tardón debe recibir otros elementos, entre ellos el informe solicitado a la Guardia Civil. También debe conocer la posición de la Fiscalía.

La actuación de la magistrada ha tenido además una consecuencia institucional inesperada. Según el comisario de Extranjería, durante una conversación telefónica Tardón pidió que el contenido del informe se mantuviera bajo “máxima reserva”. Los responsables policiales entendieron que estaban actuando en funciones de policía judicial y que, por tanto, no podían compartir determinados datos con sus superiores dentro de la propia estructura policial ni con el Ministerio del Interior. La jueza habría reclamado además que el documento avanzara con rapidez.

Este punto ha adquirido una importancia extraordinaria después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmara que no había recibido avisos previos que permitieran anticipar la magnitud de la entrada. El problema surgió cuando el contenido del informe se hizo público. Según relató el propio ministro, fue entonces cuando tuvo conocimiento de la existencia de esos datos. Poco después de la medianoche, Marlaska envió una carta al director de la Policía Nacional para pedir explicaciones y conocer si realmente el cuerpo disponía de información que apuntara a una posible actuación

marroquí.

La reacción del ministro no fue un detalle menor. La Policía Nacional quedó obligada a explicar internamente qué había sucedido con un informe que había sido solicitado por una jueza, elaborado por una unidad especializada y remitido a la Audiencia Nacional, pero cuyo contenido no había sido trasladado previamente al titular del departamento. La discusión dejó así de ser exclusivamente migratoria y pasó a convertirse también en una cuestión de funcionamiento interno de las instituciones.

Pardo Piqueras reunió el miércoles a los principales responsables de las áreas implicadas. Participaron los responsables de Extranjería, entre ellos el comisario general Juan Ávila y el comisario Alfredo Miravete, de quienes depende la unidad que elaboró el informe, además del comisario general de Información, Javier Antonio Susín. Posteriormente, los responsables trasladaron por escrito sus explicaciones.

La respuesta de la Dirección Adjunta Operativa trató de contener una de las interpretaciones más explosivas que se habían desprendido del documento. El organismo señaló que los informes no permiten establecer la implicación de ningún Gobierno, servicio, agencia o persona y que, en ese momento, se desconoce quién pudo estar detrás de la organización intelectual de la entrada masiva. La precisión es importante porque diferencia entre describir indicios de coordinación y atribuir responsabilidad política.

Esa diferencia también explica por qué resulta prematuro hablar de una operación marroquí como un hecho probado. El informe describe comportamientos de agentes marroquíes y una permisividad que considera significativa. También señala la ausencia de obstáculos en determinados puntos y una reducción de los controles. Pero ninguna de esas circunstancias, de manera aislada o incluso conjuntamente, permite identificar automáticamente una orden procedente de las autoridades marroquíes. Para llegar a esa conclusión sería necesario establecer una cadena de mando, una comunicación entre responsables y una relación directa entre las decisiones observadas sobre el terreno y una autoridad superior.

La cuestión de las alertas introduce una segunda línea de investigación. La existencia de ocho comunicaciones entre el 29 de julio y el 4 de agosto significa que el sistema de vigilancia migratoria estaba detectando actividad anómala. Pero el contenido y la naturaleza de cada una de esas alertas serán determinantes para saber qué podía razonablemente esperar la Administración. Si la comunicación del 29 de julio se limitaba a señalar un riesgo frecuente, la capacidad de los responsables para prever una entrada de decenas de miles de personas habría sido necesariamente limitada. Si, por el contrario, las distintas alertas contenían señales progresivamente más precisas sobre una movilización extraordinaria, la valoración sería diferente.

El debate no debería reducirse, por tanto, a una confrontación entre quienes sostienen que el Gobierno “sabía” y quienes afirman que “no sabía”. Los sistemas de seguridad no funcionan con ese nivel de certeza. Trabajan con probabilidades, indicadores y escenarios. Una alerta puede advertir de una posibilidad sin establecer cuándo ocurrirá ni qué magnitud alcanzará. El verdadero problema institucional consiste en determinar qué información llegó a qué responsables, cuándo llegó, qué interpretación recibió y qué decisiones se tomaron a partir de ella.

La investigación puede terminar ofreciendo respuestas a cada una de esas preguntas o puede concluir que las pruebas disponibles no permiten avanzar más. Pero incluso en ese escenario, el episodio ya ha dejado una cuestión política abierta: cómo puede una movilización de semejante tamaño desarrollarse prácticamente al mismo tiempo en diferentes puntos de una frontera y alcanzar una dimensión que supera ampliamente los episodios habituales sin que las autoridades españolas puedan determinar con suficiente antelación cuál será su alcance.

La dimensión de la cifra también condiciona cualquier interpretación. La llegada de unas 70.000 personas no es comparable con un salto fronterizo convencional. Una operación de esas características genera necesariamente consecuencias logísticas, policiales, sanitarias y humanitarias. Requiere movimientos de personas, transporte, información, puntos de concentración y decisiones individuales adoptadas simultáneamente por miles de participantes. Incluso si el origen de la movilización fuera espontáneo, mantener esa concentración y dirigirla hacia un punto concreto de la frontera plantea preguntas sobre la velocidad con la que puede propagarse una convocatoria cuando las redes sociales actúan como mecanismo de coordinación.

La experiencia de los últimos años demuestra además que Ceuta y Melilla ocupan una posición especialmente sensible dentro de la relación entre España y Marruecos. La presión migratoria en las fronteras no puede separarse completamente de la relación política entre ambos países. Los episodios de 2021 y 2024 ya mostraron hasta qué punto una crisis fronteriza puede convertirse rápidamente en una crisis diplomática. Lo sucedido el 30 de julio introduce ahora una nueva variable: la posibilidad de que una movilización migratoria de gran escala pueda producirse en un contexto en el que los intereses políticos, la seguridad fronteriza y la circulación de información estén estrechamente relacionados.

Eso explica también la prudencia con la que la Policía ha evitado atribuir responsabilidades definitivas. Una acusación directa contra Marruecos tendría una dimensión política considerable y exigiría pruebas extraordinariamente sólidas. El informe se mueve en un terreno diferente: identifica comportamientos, patrones y circunstancias que considera anómalos y los presenta a una autoridad judicial para que determine si existen motivos suficientes para profundizar.

Mientras tanto, la posición del Gobierno queda sometida a una presión que no procede únicamente de la oposición. La propia documentación policial ha introducido una diferencia entre la versión política ofrecida inicialmente y la complejidad de la información manejada por los organismos especializados. Marlaska sostiene que no recibió avisos previos que anticiparan la entrada masiva. La Policía sostiene que sí existieron alertas, aunque Pardo Piqueras precisa que la del 29 de julio no cuantificaba el fenómeno ni permitía prever la magnitud que alcanzaría. Ambas afirmaciones pueden coexistir desde el punto de vista técnico, pero políticamente producen una fricción evidente.

El caso también plantea una cuestión sobre la relación entre la investigación judicial y la cadena jerárquica policial. Si los agentes que elaboraron el informe actuaban bajo requerimiento judicial y la magistrada exigió reserva, la ausencia de comunicación inmediata con los responsables políticos puede tener una explicación jurídica. Pero cuanto más sensible es la información y mayor es su potencial impacto sobre la seguridad nacional, más compleja resulta la frontera entre el secreto de una investigación y las obligaciones de coordinación dentro del Estado.

Informe del Centro Nacional De Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la "entrada masiva irregular en Ceuta"

Será precisamente esa frontera la que la investigación deberá aclarar. La Audiencia Nacional tiene ahora sobre la mesa un informe que no ofrece una respuesta definitiva sobre quién estuvo detrás de la movilización, pero que sí plantea suficientes interrogantes como para justificar nuevas comprobaciones. El informe de la Guardia Civil será una pieza importante para contrastar los datos de Extranjería, especialmente en relación con las operaciones de rescate, las personas fallecidas y la información disponible en los días previos.

Después tendrá que pronunciarse la Fiscalía sobre la competencia de la Audiencia Nacional. La magistrada deberá valorar entonces si los hechos presentan la dimensión necesaria para continuar la investigación en ese tribunal y qué diligencias serían necesarias para avanzar. El procedimiento se encuentra, por tanto, en una fase inicial, antes de que pueda hablarse de responsabilidades judicialmente establecidas.

Lo que sí ha cambiado ya es la naturaleza del debate. El 30 de julio comenzó como una crisis fronteriza y migratoria. Ahora incorpora una investigación judicial sobre una posible acción concertada, un análisis de la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, una discusión sobre las alertas previas, el papel de las redes sociales y una controversia dentro de la propia Policía Nacional sobre la circulación de información hacia el Ministerio del Interior. Ninguno de estos elementos permite por sí solo reconstruir definitivamente lo sucedido. Juntos, sin embargo, obligan a volver sobre las horas y los días anteriores a aquella entrada masiva y a examinar con mucho más detalle qué señales existieron, quién las recibió, cómo fueron interpretadas y qué ocurrió exactamente al otro lado de la frontera antes de que miles de personas comenzaran a avanzar hacia Ceuta.