Sobrevivir a las masacres de los paramilitares en Darfur

Lo primero que conviene dejar claro es que lo que ocurre en Darfur no es un estallido caótico de violencia ni una consecuencia colateral de una guerra mal entendida. Es un proceso reconocible, documentado y reiterado en el tiempo. Un patrón. Y como todo patrón, permite identificar responsabilidades, objetivos y métodos. La historia de Ashaa Abdalla Tourshin no es excepcional: es representativa. Representa a una población entera empujada fuera del sistema, expulsada de su territorio y reducida a la supervivencia mínima en un entorno donde incluso el refugio es provisional y la seguridad, inexistente.

De 13 personas, solo siete llegaron.

Abdalla llegó a Chad con su nieto tras atravesar una frontera que no supone un final, sino un cambio de escenario. El duelo que se le quiebra en la voz no es solo por los hijos asesinados o por el nieto huérfano que duerme en su regazo. Es también por la constatación de que no hay retorno posible a corto plazo. El Fasher, como antes El Geneina, dejó de ser un espacio habitable para los masalit y para otras comunidades no árabes de Darfur. No por el colapso del Estado sudanés —que ya existía—, sino por la acción deliberada de una fuerza armada que ha hecho de la limpieza étnica una herramienta operativa.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido no actúan al margen de la historia reciente de Sudán, sino como su continuación lógica. Lo que hoy se presenta como una guerra entre dos centros de poder —el ejército regular y las RSF— es, en Darfur, una campaña asimétrica contra la población civil. Desde 2003, cuando las milicias yanyawid fueron utilizadas por el régimen de Omar al Bashir para aplastar la rebelión de los grupos africanos, el objetivo ha sido constante: vaciar territorios, destruir estructuras comunitarias y eliminar liderazgos locales. El cambio de nombre y de estatus institucional en 2013 no alteró esa lógica. Solo la hizo más eficiente.

Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del desastre, pero no explican su profundidad. Entre 10.000 y 15.000 personas asesinadas en El Geneina en 2023. Hasta 150.000 muertos desde el inicio de la guerra civil. Doce millones de desplazados. Treinta millones de personas necesitadas de ayuda urgente. Detrás de cada número hay trayectorias vitales interrumpidas, familias fragmentadas y una violencia que no termina cuando se cruza una frontera. Chad ha absorbido ya a cerca de 900.000 refugiados sudaneses, muchos de ellos masalit, en condiciones que tensionan un sistema humanitario ya debilitado por la falta de financiación y por una atención internacional claramente insuficiente.

Los testimonios recogidos en los campos de Gaga, Farchana o Adré coinciden en lo esencial. La violencia no fue indiscriminada. Hubo selección, identificación y persecución por motivos étnicos. Líderes comunitarios ejecutados, hombres jóvenes asesinados delante de sus familias, mujeres violadas de forma sistemática y viviendas destruidas para impedir cualquier regreso. Aboulrazic Yousif Ibrahim relata cómo fue torturado mientras veía morir a su hermano. Abdourahim Adam Adoul describe la muerte instantánea de doce personas por el impacto de un cohete, bajo la mirada de su hija de seis años. No son relatos aislados ni exageraciones producto del trauma. Son descripciones coherentes de un mismo modus operandi.

La ONU, organizaciones de derechos humanos y el propio Tribunal Penal Internacional han señalado desde hace años que en Darfur se dan elementos compatibles con el crimen de genocidio. La intención de destruir, total o parcialmente, a determinados grupos étnicos está documentada. La advertencia lanzada en diciembre por el asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio no es una novedad, sino un recordatorio incómodo de una inacción prolongada. El lenguaje diplomático habla de “probabilidad previsible”. Sobre el terreno, esa probabilidad se traduce en cadáveres, fosas comunes y generaciones marcadas por el trauma.

El estallido de la guerra abierta entre el general Abdel Fatah al Burhan y Muhammad Hamdan Dagalo, Hemedti, en abril de 2023, actuó como acelerador. En Darfur, la ruptura de la alianza entre ambos no supuso un cambio de escenario, sino una intensificación. Las RSF aprovecharon el vacío de poder y la concentración del ejército en otros frentes para ejecutar una campaña más agresiva. La toma de campamentos de desplazados, como la que dejó más de un millar de civiles muertos el pasado abril, confirma que ni siquiera los espacios supuestamente protegidos ofrecen garantías.

La masacre de El Fasher en octubre de 2025 marcó un punto de inflexión mediático, pero no humanitario. Las imágenes satelitales, las denuncias de violaciones masivas y la matanza en una maternidad expusieron con crudeza lo que llevaba meses ocurriendo. Sin embargo, la reacción internacional volvió a ser limitada, fragmentada y tardía. Condenas, comunicados y llamamientos que no alteraron el equilibrio de fuerzas ni ofrecieron protección efectiva a la población civil atrapada durante más de 500 días de asedio.

Mientras tanto, en los campos de refugiados de Chad, la vida se reorganiza en torno a la escasez. La ayuda humanitaria llega tarde y mal. Solo el 17% del plan de respuesta ha sido financiado. Las agencias se ven obligadas a priorizar lo inmediato: agua, alimentos básicos, atención sanitaria mínima. El refugio sigue siendo precario y la seguridad, relativa. Familias enteras duermen al raso. Los niños arrastran traumas no tratados. Las mujeres continúan expuestas a la violencia. Y, como subrayan los responsables de protección de Acnur, el miedo no se queda atrás: amenazas por teléfono, mensajes anónimos y la sensación permanente de ser observados prolongan la persecución más allá de la frontera.

Este no es un conflicto olvidado por falta de información, sino por falta de voluntad política. Los datos están sobre la mesa. Los responsables son conocidos. Las víctimas han hablado. Lo que falla es la capacidad —o el interés— de traducir ese conocimiento en acción. Darfur vuelve a ser sinónimo de genocidio potencial mientras la comunidad internacional gestiona la crisis como si fuera una emergencia pasajera y no un proceso estructural de exterminio y desplazamiento forzado.

Ashaa Abdalla sigue esperando noticias de dos de sus hijos. No sabe si están vivos. No sabe si volverá a pisar su tierra. Lo que sí sabe es que lo que le ocurrió a su familia no fue un accidente de la guerra, sino el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo.