Un mes después del alto el fuego, Gaza sigue atrapada entre la tregua y la guerra

El gobierno de Netanyahu sigue restringiendo la ayuda humanitaria

La segunda fase del plan de Trump aborda la gobernanza de la Franja

Un mes después del alto el fuego firmado el 9 de octubre de 2025 entre Hamas y Franja de Gaza, impulsado por la mediación del Donald Trump, el panorama en el enclave sigue marcado por la incertidumbre, el alivio parcial y la pervivencia de factores críticos que podrían precipitar un nuevo estallido. La tregua —recibida en su momento con esperanza y júbilo por muchas familias gazatíes— atraviesa ahora un periodo de tregua tenue más que de paz sólida.

Durante las primeras semanas, la pausa en los bombardeos a gran escala ofreció un respiro tangible. Los mercados reaparecieron con algo más de abastecimiento, algunas rutas humanitarias comenzaron a moverse y decenas de miles de niños entraron en los programas de seguimiento nutricional, inmunizaciones y crecimiento impulsados por organismos como Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, lejos de resolverse, las grietas del acuerdo se van agrandando. Según el informe 16 del clúster humanitario de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publicado el 7 de noviembre, más de 3.600 pallets de ayuda siguen retenidos en los pasos fronterizos y decenas de miles de personas se encuentran viviendo en refugios improvisados bajo condiciones críticas.

Estas cifras revelan que la tregua no retira el bloqueo de facto: las cámaras han registrado movimientos poblacionales masivos hacia el sur de Gaza —hacia zonas como Deir al-Balah o Khan Younis—, anticipando el invierno y buscando mejores condiciones de refugio. Al mismo tiempo, en el norte se observan desplazamientos inversos irritados por la persistente destrucción y la ausencia de servicios básicos.

El control de zonas clave del territorio sigue en manos de las fuerzas israelíes. Bajo la línea provisional conocida como la “Línea Amarilla”, que delimita la zona a la que el Fuerza de Defensa de Israel (IDF) se ha comprometido a retirarse, se aprecia un fuerte despliegue de infraestructura militar, postes de hormigón y medidas de seguridad que apuntan a que ese repliegue podría convertirse en permanente.

Para los gazatíes, la sensación es la de estar entre dos mundos: han dejado de vivir bajo el fuego diario incesante, pero aún no habitan en un espacio de normalidad. En los campos de refugiados, en barrios arrasados o en tiendas de campaña, circulan testimonios como el del profesor gazatí Mkhaimar Abusada, desde El Cairo, que resume sin complacencia: “Los gazatíes tienen la misma vida miserable que antes de la tregua. Están en tiendas de campaña, la comida es muy cara y el agua corriente escasea”.

El programa de ayuda arrancó con relativa rapidez, pero su avance es insuficiente. Aunque el compromiso era permitir hasta 600 camiones diarios de suministros, algunos organismos humanitarios denuncian que solo se está operando a un tercio de esa capacidad, y que el paso de Rafah, con Egipto, continúa cerrado en momentos clave para el norte del enclave.

Las necesidades de abrigo, saneamiento, higiene, salud básica y alimentos siguen sobrepasando con creces la capacidad de respuesta. Las casas destruidas, la red de agua colapsada y la infraestructura sanitaria devastada obligan a que amplios sectores de la población dependan de asistencia externa sin visos de mejora inmediata.

En paralelo, las violaciones del alto el fuego se acumulan. Tanto fuentes israelíes como organizaciones independientes constatan ataques aéreos y bombardeos puntuales desde el 28 de octubre que dejaron más de 100 muertos, incluidos decenas de menores.  Desde el bando palestino, se denuncian demoliciones de viviendas en zonas que Israel considera dentro de su “zona de seguridad” o buffer, así como movimientos de milicianos que no han sido disuadidos. Según el think-tank americano Foundation for Defense of Democracies (FDD), entre el 10 de octubre y el 6 de noviembre se registraron al menos 18 violaciones por parte de grupos palestinos del acuerdo, incluyendo crímenes internos, ejecuciones y ataques transfronterizos.

Toda esta situación se desarrolla bajo la sombra de la llamada segunda fase del plan de paz del presidente Trump, que aún no se ha activado. Esa fase debe abordar las cuestiones más complejas: la retirada total de las fuerzas israelíes, el desarme de Hamas, la configuración de la gobernanza del territorio y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF). Pero los elementos esenciales del mandato de esa fuerza siguen sin definirse, y Estados como Jordania ya han advertido que no participarán si se les exige desarmar a Hamas sin un acuerdo previo.

En la Franja, la gobernanza local sigue siendo un caos en muchos ámbitos. La autoridad civil funciona con enormes limitaciones, los servicios públicos están colapsados y los cuerpos de seguridad enfrentan una doble misión: controlar el orden interno y responder a presiones externas. El ex-ministro palestino Ziad Abu Zayad lo resume así: “El plan de Washington habla de un horizonte político y de la autodeterminación de los palestinos. Pero la propuesta de resolución que EE.UU. ha presentado ante la ONU no lo hace”.

Además, el enclave continúa en gran parte aislado: el bloqueo comercial y de movimiento persiste, las fronteras terrestres permanecen controladas por Israel o Egipto, y el reto de reconstruir la vivienda y la infraestructura —dañadas casi en su totalidad durante los meses de guerra— sigue siendo inmenso. Más aún: hay un debate creciente acerca de que esta tregua sea en realidad una pausa táctica, una “guerra fría” en la que se mantiene el control sin una salida política real.

Desde Jerusalén a Ramala, la impresión es que el acuerdo internacional ha dado carta de legitimidad a la ocupación indirecta que Israel ejerce sobre Gaza. La línea límite del 53 % del territorio de Gaza bajo control israelí —parte de los primeros nueve puntos del plan— no ha cedido significativamente. Los analistas advierten que esta “zona de facto” podría cristalizar en una frontera permanente, lo que significaría que la Franja seguiría siendo un territorio ocupado bajo administración indirecta, sin los derechos básicos de un Estado pleno, y con una población atrapada entre la destrucción, la dependencia y la ausencia de soberanía.

Por el momento, el grado de celebración que se vivió el día del alto el fuego ha sido reemplazado por cansancio, resignación y vigilante esperanza. Las familias que han podido regresar a zonas parcialmente destruidas se enfrentan a la elección entre reconstruir con los escombros o desplazarse de nuevo. Las que no han salido de los refugios improvisados se preguntan si este “respiro” se convertirá en un periodo estable o si todo volverá a reventar en cualquier momento.

En este limbo, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta: ¿qué va a pasar con los rehenes que aún no han sido liberados? ¿Cuándo comenzará la retirada israelí completa? ¿Quién gobernará Gaza, y en qué condiciones? ¿Cuál será el papel futuro de las agencias internacionales, y qué garantías existen de que el enclave no vuelva a la destrucción y al aislamiento?

Si el acuerdo no avanza hacia esos temas de fondo, muchos expertos coinciden en que estamos ante una tregua que gana tiempo, pero no cimenta la paz. Como afirma Elene Lam en un análisis reciente, “las condiciones para los palestinos en Gaza son pésimas y están empeorando (…) Hamas no ha sido destruido, Israel mantiene el control, y un nuevo ciclo de violencia empieza a gestarse”.