Cuba negocia con Washington mientras el país se apaga

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Str/EFE

“Buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”

El régimen cubano vuelve a hacer lo que ha hecho durante décadas cuando la presión interna se vuelve demasiado intensa: abrir una rendija hacia el exterior sin alterar realmente el sistema que sostiene su poder. El anuncio realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel, reconociendo conversaciones con funcionarios de la Administración de Donald Trump después de haberlo negado durante más de dos meses, no es un simple gesto diplomático ni una rectificación espontánea. Es, más bien, una señal de que el Gobierno cubano se enfrenta a una coyuntura interna que ya no puede gestionar únicamente con propaganda, control social y represión selectiva.

El momento elegido para el anuncio resulta particularmente revelador. La intervención televisada se produjo a las 6:30 de la mañana, en un país donde más del sesenta por ciento del territorio permanecía sin electricidad ni conexión a internet debido a los apagones. Es difícil imaginar una escena más ilustrativa de la realidad cubana actual: un Gobierno que comunica decisiones estratégicas mientras la mayoría de la población carece de acceso a los servicios básicos que permitirían seguir esa misma comunicación.

“Respeto a los sistemas políticos” y “reciprocidad”

Durante su intervención, Díaz-Canel confirmó que existen contactos con Washington destinados, según sus palabras, a “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”. El presidente insistió además en que Cuba exige “respeto a los sistemas políticos” y “reciprocidad”, términos que en el lenguaje diplomático del régimen significan, esencialmente, que cualquier relajación de sanciones debe producirse sin que La Habana tenga que modificar la estructura política del país ni abrir espacios reales de pluralismo.

El dato más significativo de la comparecencia no fue, sin embargo, la confirmación de los contactos. Fue la insistencia con la que el mandatario subrayó que la decisión había sido tomada bajo la dirección del general Raúl Castro y “en acción colegiada con las máximas estructuras del partido, del Estado y del Gobierno”. En otras palabras: el verdadero centro de poder sigue estando donde ha estado durante décadas.

La escena del anuncio reflejó también esa continuidad. Raúl Castro no estuvo presente, algo habitual dada su edad y su retirada formal de los cargos institucionales. Pero sí asistió su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido dentro de la élite del régimen como “El Cangrejo”. Su presencia no es meramente anecdótica. Rodríguez Castro dirige el equipo de seguridad personal de su abuelo y forma parte del círculo de máxima confianza del antiguo líder cubano, aunque oficialmente no ocupa ningún cargo ni en el Gobierno ni en el Partido Comunista.

La presencia de un miembro de la familia Castro en una reunión de este tipo muestra hasta qué punto el sistema político cubano sigue funcionando bajo una lógica de poder personalista y familiar, donde la estructura institucional formal convive con redes informales de influencia que determinan las decisiones estratégicas.

En las últimas semanas, diversos medios habían señalado que el propio Rodríguez Castro estaría participando en contactos discretos con interlocutores estadounidenses en representación directa de su abuelo. También se ha mencionado la participación de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura clave del aparato de seguridad del Estado, que habría mantenido encuentros con funcionarios estadounidenses en México.

Nada de esto es nuevo en la historia reciente de Cuba. El régimen ha utilizado repetidamente canales informales o discretos para negociar con Washington cuando la presión económica o social alcanza niveles preocupantes. Ocurrió durante el deshielo impulsado por la Administración Obama y ha vuelto a ocurrir en momentos de crisis aguda.

La diferencia es que el contexto actual es considerablemente más grave que en episodios anteriores.

Hace apenas un mes, el propio Díaz-Canel reconoció públicamente un grave desabastecimiento de combustible en la isla. Aquella comparecencia, que se prolongó durante más de dos horas, dejó la impresión de un Gobierno incapaz de ofrecer soluciones concretas ante el deterioro acelerado de la situación económica. En lugar de presentar medidas estructurales, el presidente se limitó a repetir el argumento habitual: la crisis sería consecuencia directa del embargo estadounidense.

Ese discurso vuelve a aparecer en la explicación ofrecida por el mandatario para justificar los apagones masivos. Según el Gobierno, las reservas de petróleo se habrían agotado como consecuencia de un “bloqueo energético impuesto por Estados Unidos”.

Sin embargo, la cronología de los acontecimientos contradice parcialmente esa narrativa.

La crisis energética en Cuba no comenzó este año ni el anterior. Se arrastra desde hace más de dos años y responde a una combinación de factores: infraestructuras eléctricas obsoletas, falta de inversión, caída de los suministros energéticos procedentes de Venezuela y un sistema económico incapaz de generar los recursos necesarios para modernizar el sector.

Durante años, Venezuela fue el principal sostén energético de la isla. El envío de petróleo subvencionado permitió al régimen cubano mantener a flote su sistema económico sin introducir reformas profundas. Pero esa relación comenzó a deteriorarse a medida que la propia economía venezolana entraba en una espiral de colapso. La reciente captura de Nicolás Maduro —un hecho que ha alterado profundamente el equilibrio político en Caracas— ha terminado de interrumpir los envíos regulares de combustible hacia Cuba. Sin ese flujo energético, el sistema eléctrico cubano ha quedado expuesto a todas sus debilidades estructurales.

Las consecuencias son visibles en la vida cotidiana de los ciudadanos. En muchas regiones del país, los cortes de electricidad duran más de doce horas diarias. En algunos momentos recientes han superado incluso las dieciséis horas. Cocinar con leña o carbón ha vuelto a convertirse en una práctica habitual, especialmente en las zonas rurales.

Las ciudades tampoco escapan a esta situación. En La Habana, donde tradicionalmente el régimen intenta mantener una apariencia de normalidad para preservar la imagen internacional del país, los apagones se han vuelto cada vez más frecuentes.

Ese deterioro material ha empezado a traducirse en un aumento notable del malestar social.

Durante la última semana se han registrado protestas en numerosos barrios de la capital. Cada noche, en medio de la oscuridad provocada por los cortes eléctricos, grupos de vecinos salen a las calles o golpean cacerolas desde sus viviendas. Es una forma de protesta relativamente común en América Latina, pero inusual en un sistema político donde la movilización espontánea suele ser rápidamente reprimida.

En algunos vídeos difundidos en redes sociales se escuchan consignas que reflejan un cambio significativo en el tono de las protestas. Ya no se trata únicamente de reclamar electricidad o alimentos. En varias grabaciones aparecen gritos de “abajo la dictadura”, “libertad” o “patria y vida”, una consigna que se popularizó durante las manifestaciones masivas de 2021.

La reacción del Gobierno ha sido, hasta ahora, relativamente contenida. No se ha producido una represión masiva como la que siguió a las protestas de hace tres años. Sin embargo, la Seguridad del Estado continúa utilizando métodos de presión indirecta: interrogatorios a familiares de activistas, detenciones puntuales y presencia policial visible en los barrios donde han surgido las protestas.

Ese tipo de respuesta responde a un cálculo político muy preciso. El régimen intenta evitar una represión excesivamente visible que pueda alimentar el descontento o atraer atención internacional en un momento en el que busca precisamente abrir un canal de negociación con Washington.

En paralelo al anuncio de los contactos con Estados Unidos, el Gobierno cubano comunicó también la excarcelación de 51 personas que cumplían penas de prisión. La decisión fue presentada como un gesto de “buena voluntad” vinculado a las relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano.

El patrón es conocido. En enero del año pasado, el régimen anunció la liberación gradual de más de quinientos presos después de conversaciones con la Santa Sede. Posteriormente se supo que esa medida formaba parte de una negociación más amplia con la Administración estadounidense, que incluía la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

La liberación de presos —a menudo sin especificar si se trata de reclusos políticos o comunes— se ha convertido en una herramienta recurrente del régimen para obtener concesiones diplomáticas sin alterar el sistema político interno.

Todo esto sugiere que el anuncio de Díaz-Canel no debe interpretarse como un cambio ideológico ni como el inicio de una transición política. Es, más bien, un movimiento táctico en un momento de extrema debilidad económica.

La dirección histórica del régimen parece haber llegado a la conclusión de que necesita algún tipo de alivio externo para evitar que la crisis energética y económica se transforme en una crisis política de mayor envergadura.

Sin embargo, el margen de maniobra es limitado. Estados Unidos ha condicionado tradicionalmente cualquier relajación significativa de sanciones a reformas políticas o económicas que el Gobierno cubano no parece dispuesto a asumir. Por otra parte, la sociedad cubana ha cambiado profundamente en los últimos años. El acceso, aunque intermitente, a internet ha permitido a muchos ciudadanos comparar su situación con la de otros países y organizar formas de protesta que antes resultaban impensables.

Ese cambio social introduce un elemento de incertidumbre que el régimen no puede controlar completamente. Cada apagón prolongado, cada escasez de combustible, cada cola interminable para comprar alimentos erosiona un poco más la legitimidad del sistema.

En ese contexto, la apertura de un canal de diálogo con Washington puede servir para ganar tiempo. Pero difícilmente resolverá las tensiones estructurales que atraviesan hoy la sociedad cubana. El sistema político construido por los Castro durante más de seis décadas se enfrenta a una contradicción fundamental: necesita recursos externos para sobrevivir, pero teme que cualquier apertura real pueda poner en peligro el monopolio del poder que ha mantenido hasta ahora.

La historia reciente de Cuba muestra que el régimen ha sabido gestionar crisis graves en el pasado. Pero también indica que cada nueva crisis deja al sistema con menos capacidad de adaptación. Por ahora, el anuncio de Díaz-Canel parece más un intento de contener el deterioro que el inicio de una transformación profunda. Sin embargo, el simple hecho de que el Gobierno haya tenido que reconocer públicamente estas conversaciones —después de negarlas durante semanas— revela hasta qué punto la presión interna empieza a ser difícil de ocultar.