El fracaso del periodismo frente a Santiago Abascal

La entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta, emitida el pasado lunes en Televisión Española, ha abierto un debate que trasciende ampliamente los límites de un programa de entretenimiento. La presencia del presidente de Vox en uno de los espacios de mayor audiencia de la televisión pública, la duración de la conversación y, sobre todo, la ausencia de un cuestionamiento periodístico mínimamente exigente han provocado una reacción política y mediática que obliga a plantear una cuestión de mayor alcance: qué sucede cuando los responsables de interrogar al poder renuncian, voluntariamente o no, a ejercer esa función. Porque el problema de aquella noche no fue únicamente el contenido de una entrevista particularmente complaciente, sino el modelo de comunicación política que permitió que un dirigente nacional expusiera su discurso durante hora y media sin enfrentarse a una fiscalización proporcional a la relevancia de sus responsabilidades públicas.

Santiago Abascal acudió a La Revuelta en unas condiciones que, según las informaciones conocidas posteriormente, estuvieron marcadas por las exigencias de su equipo. El desarrollo de la conversación terminó ofreciendo al dirigente de Vox un escenario especialmente favorable para presentar su imagen pública, hablar de los asuntos que consideraba prioritarios y dirigirse a una audiencia considerable sin tener que responder a preguntas que pusieran a prueba la coherencia de sus planteamientos. La puesta en escena, el tono distendido y la dinámica habitual del programa contribuyeron a construir un espacio en el que el invitado pudo desenvolverse con una comodidad difícilmente compatible con lo que debería exigirse a una entrevista política de semejante relevancia. No se trataba de impedir que Abascal acudiera a un programa de entretenimiento ni de cuestionar el interés de acercar la política a públicos menos familiarizados con los formatos informativos tradicionales. Se trataba de comprender que la presencia de un dirigente político de primer nivel modifica inevitablemente la naturaleza de la conversación y exige una responsabilidad distinta por parte de quienes la conducen.

El problema adquiere una dimensión institucional cuando se tiene en cuenta que la entrevista se produjo en RTVE, una corporación pública cuya función no puede reducirse a competir por espectadores con las cadenas privadas. La televisión pública dispone de una responsabilidad específica en la construcción de un espacio informativo plural, en el que los representantes políticos puedan exponer sus posiciones, pero también deban responder por ellas. La pluralidad no consiste en distribuir minutos de pantalla entre partidos ni en ofrecer a cada dirigente un espacio de idénticas características para desarrollar su argumentario. Tampoco significa que todos los discursos deban recibir el mismo tratamiento independientemente de su contenido, sus contradicciones o sus consecuencias. Una democracia necesita que las distintas posiciones políticas puedan expresarse, pero necesita igualmente que existan profesionales capaces de someterlas a preguntas rigurosas. De lo contrario, la diversidad de opiniones corre el riesgo de convertirse en una sucesión de intervenciones sin contraste, en la que la audiencia recibe declaraciones, pero no necesariamente información.

Cuando un representante político participa en un espacio financiado y sostenido como servicio público, la obligación de ofrecer una conversación rigurosa no desaparece porque el programa tenga una identidad de entretenimiento.

En este sentido, la cuestión central no es si David Broncano tenía que convertirse aquella noche en un entrevistador político especializado. La Revuelta no es un programa de análisis parlamentario y su presentador no tiene por qué desempeñar las mismas funciones que un periodista acostumbrado a interrogar a los responsables de los principales partidos. Sin embargo, precisamente por esa diferencia, la decisión de incorporar a un dirigente político de la relevancia de Abascal exigía una preparación y unas condiciones adecuadas. No bastaba con mantener el tono habitual del espacio y confiar en que la conversación produjera por sí misma un resultado periodísticamente satisfactorio.

La responsabilidad de RTVE no podía quedar subordinada a las características de un formato de entretenimiento cuando lo que estaba en juego era la utilización de un espacio de enorme alcance para la comunicación de un representante político.

Tampoco parece razonable concentrar toda la responsabilidad en el presentador. La organización de una entrevista de estas características implica decisiones previas, negociaciones, criterios editoriales y una estructura de producción que excede ampliamente las capacidades de quien se sienta frente al invitado. El propio presidente de RTVE, José Pablo López, ha calificado posteriormente la situación de problemática y ha reconocido que probablemente no fue el escenario adecuado. Sus declaraciones introducen una cuestión relevante: si la dirección de la corporación considera que las condiciones de aquella entrevista no fueron las apropiadas, resulta necesario examinar quién las aceptó, con qué criterios y por qué no se establecieron garantías suficientes para preservar la independencia del programa. La discusión no debería agotarse en una valoración posterior de lo sucedido, sino extenderse a los procedimientos internos que hicieron posible que un acontecimiento de tanta repercusión se desarrollara en esas condiciones.

La controversia también revela una dificultad más profunda del ecosistema mediático español. Durante los últimos años, la comunicación política ha evolucionado hacia formatos en los que la exposición personal, la cercanía y la capacidad de generar identificación emocional adquieren una importancia creciente. Los dirigentes ya no dependen exclusivamente de las entrevistas en los informativos, los debates electorales o las ruedas de prensa para llegar a la ciudadanía. Acuden a pódcast, programas de entretenimiento, canales digitales y espacios de conversación que les permiten dirigirse a públicos diferentes y, en ocasiones, considerablemente más amplios que los de los medios tradicionales. Esta transformación no constituye por sí misma un problema. Al contrario, puede contribuir a ampliar el acceso a la información política y a acercar a los representantes públicos a sectores de la sociedad que mantienen una relación distante con los formatos periodísticos convencionales. La dificultad aparece cuando la adaptación a estos nuevos espacios termina eliminando precisamente aquello que distingue una entrevista periodística de una intervención promocional.

Para los partidos políticos, estos formatos ofrecen ventajas evidentes. Permiten controlar parcialmente el contexto de la intervención, reducir la exposición a preguntas incómodas y presentar una imagen menos institucionalizada ante una audiencia que quizá no sigue habitualmente la actualidad parlamentaria. Un dirigente puede abandonar durante un tiempo el escenario de la confrontación política y aparecer como una persona corriente, capaz de compartir anécdotas, expresar preocupaciones cotidianas y conversar sin las limitaciones habituales de una entrevista informativa. Esa dimensión personal puede resultar legítima y contribuir a una comprensión más completa de los representantes públicos. Sin embargo, también puede convertirse en un recurso de comunicación cuidadosamente aprovechado para desplazar la atención desde sus decisiones, propuestas y responsabilidades hacia su personalidad y su imagen. Cuando no existe un contrapeso periodístico, la conversación deja de ofrecer una oportunidad para conocer mejor a un político y pasa a funcionar como un instrumento para que ese político determine cómo quiere ser conocido.

En el caso de Vox, esta cuestión resulta especialmente significativa por la posición que ocupa la formación en el sistema político español y por la naturaleza de algunos de sus planteamientos. Sus propuestas sobre inmigración, organización territorial, igualdad, instituciones europeas o modelo autonómico forman parte del debate democrático y deben poder ser examinadas públicamente. Pero precisamente porque afectan a cuestiones fundamentales de la convivencia y del funcionamiento institucional, requieren un tratamiento que vaya más allá de la exposición de consignas. Abascal no es únicamente un invitado televisivo con una trayectoria personal que pueda resultar interesante para el espectador. Es el presidente de una formación con representación parlamentaria, capacidad de influencia en gobiernos autonómicos y aspiraciones de alcanzar el poder estatal. Sus declaraciones tienen consecuencias políticas y merecen ser examinadas atendiendo a sus antecedentes, a las decisiones de su partido y a la viabilidad de las propuestas que defiende.

Una entrevista mínimamente exigente habría permitido abordar, entre otras cuestiones, las contradicciones entre determinados planteamientos económicos y las medidas defendidas por su formación, la relación de Vox con las instituciones europeas, el alcance de sus propuestas migratorias o las consecuencias de sus posiciones sobre el modelo territorial. También habría sido pertinente preguntar por la evolución de sus alianzas políticas, sus responsabilidades en los gobiernos autonómicos y las diferencias entre el discurso nacional y las decisiones adoptadas allí donde ha tenido capacidad de gestión. No hacía falta convertir el programa en un interrogatorio parlamentario ni renunciar a su identidad televisiva. Bastaba con introducir preguntas concretas, documentadas y comprensibles para una audiencia general. La dificultad no estaba en encontrar asuntos relevantes, sino en decidir que debían formar parte de la conversación.

La reacción posterior de otros profesionales de RTVE, entre ellos la periodista Silvia Intxaurrondo, que defendió públicamente a Broncano frente a las críticas personales, ha puesto de manifiesto otra dimensión del conflicto: la necesidad de distinguir entre la responsabilidad individual de los comunicadores y las decisiones editoriales de las organizaciones para las que trabajan. Es legítimo cuestionar el resultado de una entrevista, señalar sus carencias y exigir explicaciones a quienes tenían capacidad para determinar sus condiciones. Pero convertir a una sola persona en responsable de un problema estructural impide analizar adecuadamente las decisiones que lo hicieron posible. El periodismo no depende exclusivamente de la preparación de quien formula las preguntas. También necesita independencia editorial, tiempo de documentación, criterios profesionales y una dirección que no confunda la obtención de audiencia con el cumplimiento de una función pública.

La repercusión de lo sucedido demuestra, además, que la audiencia no es necesariamente indiferente a estas exigencias. La entrevista alcanzó una elevada audiencia, pero su éxito en términos de espectadores no resuelve la cuestión de su calidad. La televisión lleva décadas sometida a una presión constante por mantener la atención del público, y las plataformas digitales han intensificado esa competencia mediante sistemas que premian la repercusión inmediata y la capacidad de generar conversación. En ese contexto, los formatos tradicionales se ven obligados a buscar nuevas fórmulas para conservar su relevancia. Sin embargo, cuando una televisión pública adopta los criterios de éxito de los contenidos comerciales sin preservar sus propias obligaciones, corre el riesgo de perder una parte esencial de su razón de ser. La audiencia es un indicador importante, pero no puede convertirse en el único criterio para evaluar el valor de un espacio.

Lo ocurrido en La Revuelta tampoco puede analizarse de manera aislada respecto al deterioro de la relación entre política y periodismo. La comunicación directa de los dirigentes con sus seguidores, especialmente a través de las redes sociales, ha reducido progresivamente la dependencia de los intermediarios tradicionales. Los políticos pueden publicar sus mensajes, seleccionar los fragmentos que desean difundir y responder a sus adversarios sin someterse a las preguntas de un periodista. En determinadas circunstancias, esta posibilidad amplía la transparencia y permite acceder directamente a declaraciones y documentos. Pero también facilita que los responsables públicos construyan espacios de comunicación prácticamente unidireccionales, en los que la exposición de sus posiciones no implica necesariamente una obligación de explicarlas. El periodista deja entonces de ser un intermediario imprescindible para convertirse, en ocasiones, en un elemento incómodo que los equipos de comunicación intentan evitar o limitar.

Esta transformación obliga a los medios a definir con mayor claridad cuál es su valor diferencial. Si una entrevista se limita a reproducir las declaraciones de un dirigente, el espectador puede obtener prácticamente el mismo contenido a través de una intervención en redes sociales o de una publicación de su propio partido. La aportación periodística aparece cuando se contrasta la información, se identifica lo que falta en el relato, se contextualizan las afirmaciones y se exige una explicación sobre aquello que el entrevistado preferiría dejar fuera. No se trata de adoptar una posición partidista ni de convertir cada conversación en un enfrentamiento. Se trata de ejercer una función profesional que debe ser independiente tanto de los intereses del entrevistado como de las preferencias políticas del propio periodista.

La entrevista del lunes deja así una cuestión pendiente para RTVE y para el conjunto de los medios españoles: cómo incorporar a los dirigentes políticos a nuevos formatos de comunicación sin renunciar a las exigencias que justifican la existencia del periodismo. La televisión pública puede y debe experimentar, buscar nuevas audiencias y explorar formas distintas de conversación. Pero esa modernización no puede significar que las condiciones de acceso a sus programas terminen determinando también los límites de las preguntas que pueden formularse. Cuando un representante político participa en un espacio financiado y sostenido como servicio público, la obligación de ofrecer una conversación rigurosa no desaparece porque el programa tenga una identidad de entretenimiento. La cuestión es quién establece las condiciones, qué margen conserva el equipo periodístico y hasta qué punto la dirección está dispuesta a defender la independencia editorial frente a las exigencias de los partidos.