El Supremo envía a prisión a Ábalos y Koldo

El instructor ha dado este paso después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara por primera vez el encarcelamiento del exministro y de su antiguo asesor. Ambos han ingresado en Soto del Real alrededor de las seis

La decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión preventiva a José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, marca un punto de inflexión político y judicial difícil de exagerar. No solo porque convierte al exministro de Transportes en el primer diputado en ejercicio que ingresa en prisión, sino porque sitúa al PSOE frente a una crisis que tensiona sus estructuras internas y reabre el debate sobre los estándares éticos en la gestión pública. La resolución firmada por el magistrado Leopoldo Puente no deja espacio para interpretaciones: considera que el riesgo de fuga de ambos encausados es “extremo”, un término inusualmente contundente en autos de esta naturaleza, y concluye que las medidas cautelares previas ya no son suficientes en un escenario donde el juicio se aproxima y las acusaciones formales están plenamente articuladas.

El contexto inmediato ayuda a entender el alcance de este movimiento procesal. Ocho días antes, Santos Cerdán —ex secretario de Organización socialista— recuperaba la libertad tras casi cinco meses en prisión preventiva. La secuencia se interpreta en algunos sectores del partido como un relevo simbólico en la carga reputacional que arrastra el caso, pero en términos jurídicos las trayectorias de ambos son independientes. A diferencia de decisiones anteriores, Puente sí ha aceptado ahora la petición de la Fiscalía Anticorrupción, un punto clave que explica el giro. Hasta este jueves, las acusaciones populares —impulsadas por el PP— habían presionado sin éxito para enviar a Ábalos a prisión. La Fiscalía no lo había respaldado, y ese matiz cambiaba por completo el equilibrio. Al modificar su posición, el ecosistema cautelar se ha resituado en cuestión de horas.

Las comparecencias ante el juez, celebradas por la mañana, anticipaban el sentido final de la resolución. Ábalos llegó al Supremo algo antes de la hora citada, con una mochila marrón y gesto serio. Durante su intervención, pidió la palabra para subrayar que no tenía intención de fugarse y que carecía de los recursos económicos necesarios para hacerlo. Su defensa insistió en que enviar a prisión a un diputado en ejercicio vulnera el derecho de representación política, un argumento que el magistrado descarta en el auto al recordar que la Justicia no reconoce privilegios institucionales en materia penal. En paralelo, el fiscal Luzón verbalizó una idea que acabó siendo nuclear en la fundamentación del Supremo: ningún poder del Estado puede esgrimir su posición para eludir la aplicación del Derecho Penal.

Koldo García mantuvo una postura similar, alegando arraigo familiar y proximidad territorial, pero el juez consideró que las circunstancias generales pesaban más. La diferencia de tono entre ambos —según fuentes jurídicas, Ábalos visiblemente nervioso y García más entero— no tuvo incidencia en la valoración final. La cuestión de competencia planteada por la defensa de García, que reclamaba trasladar parte del caso a la Audiencia Nacional para evitar la ruptura de la causa, fue igualmente rechazada. Para el magistrado, los elementos ligados al aforamiento de Ábalos y la coherencia procesal prevalecen sobre cualquier división técnica de las piezas investigadas.

Los argumentos del auto detallan un diagnóstico severo sobre el escenario procesal. Puente identifica tres ejes que justifican la prisión preventiva: el procesamiento formal dictado el 3 de noviembre, la presentación de los escritos de acusación —que incluyen peticiones de condena elevadas, con hasta 24 años para Ábalos y 19 años y medio para García— y la condición de aforado del exministro, que elimina posibilidades de recurso en caso de condena. La combinación de estos factores construye un terreno donde, según el juez, la tentación de la fuga no puede descartarse, máxime cuando las penas mínimas acumuladas podrían situarse en torno a los 12 años y medio incluso en el escenario más favorable.

El análisis del riesgo de fuga va más allá de las penas. El juez se detiene en presuntos indicios económicos que apuntan a que Ábalos pudo manejar importantes cantidades de dinero en metálico, lo que —si se confirmara— le permitiría financiar una eventual evasión. Menciona asimismo sus contactos internacionales derivados de su etapa como ministro y un inmueble en Perú asociado a una fundación en la que figura como socio fundador.

También subraya que su hijo habría ingresado dinero procedente del extranjero de manera periódica, un flujo que, a su juicio, podría activarse nuevamente y facilitar una fuga. Se trata de valoraciones que, sin prejuzgar la culpabilidad, describen un entorno material que para el instructor debilita la capacidad del Estado de garantizar su sometimiento al proceso.

Cuando el juez comunicó la decisión, ni Ábalos ni García pudieron abandonar el edificio. El exministro permaneció en dependencias internas alrededor de cuatro horas, fumando en uno de los patios del Supremo mientras se resolvía su futuro inmediato. Desde allí fueron trasladados a los calabozos de la Audiencia Nacional y, posteriormente, a la prisión de Soto del Real, donde ingresaron a las 18.09, según fuentes penitenciarias. El contraste con la situación de Cerdán —que abandonó esa misma prisión pocos días antes— subraya un efecto narrativo evidente: el caso mantiene un pulso interno que no se estabiliza.

El impacto político es inmediato. La presidenta del Congreso deberá ser informada formalmente del encarcelamiento de Ábalos, dado que condiciona su situación parlamentaria como diputado del Grupo Mixto. El Reglamento de la Cámara establece que un diputado en prisión preventiva queda suspendido de sus funciones y derechos, lo que implica la pérdida del sueldo y la imposibilidad de votar o intervenir en la actividad legislativa. La Mesa actuará previsiblemente de oficio. Para el PSOE, el problema es doble: la dimensión institucional del caso y la erosión en torno a figuras históricas del partido que participaron en el núcleo duro de la formación durante años. La narrativa que conecta la política nacional con la gestión de la pandemia vuelve con fuerza, reabriendo debates que parecían amortizados.

Más allá de la dimensión política, el entramado judicial sigue abierto. El auto recuerda que Ábalos y García están siendo investigados también en el presunto amaño de obra pública vinculado a Santos Cerdán, lo que podría extender su exposición judicial. El caso mascarillas continúa siendo el núcleo principal, pero las ramificaciones se amplían y dibujan un mapa complejo donde se mezclan decisiones administrativas urgentes de la pandemia, intermediarios privados y estructuras políticas que, según la Fiscalía, participaron en dinámicas que bordean o cruzan la línea penal.

En este tipo de macrocausas, los movimientos procesales suelen ser interpretados en clave política, pero el auto del juez Puente plantea un enfoque fundamentalmente técnico, centrado en la tutela del proceso y la preservación de la vista oral. La proximidad del juicio añade presión y reduce el margen para especulaciones. El mensaje implícito es claro: el sistema judicial quiere llegar al juicio sin incertidumbres y sin riesgo de que alguno de los acusados se sustraiga.

La situación de Ábalos, que fue durante años una figura decisiva en la arquitectura interna del PSOE, introduce un elemento simbólico adicional. El contraste entre su papel como ministro en una de las etapas más complejas del país, en plena pandemia, y su situación actual como diputado en prisión preventiva genera un impacto público considerable. La percepción social de la corrupción —ya frágil tras años de casos de alto perfil— se reaviva en un momento de creciente polarización política. Al mismo tiempo, la decisión del Supremo refuerza el mensaje institucional de que las responsabilidades políticas no protegen frente a las consecuencias penales cuando existen indicios sólidos.

La pregunta ahora es qué impacto tendrá la prisión preventiva en el ritmo del caso. Con los escritos de acusación ya presentados y la vista oral cercana, el proceso entra en su fase definitiva. La estrategia de defensa deberá adaptarse a un escenario donde los encausados afrontan la preparación del juicio desde prisión, un factor que históricamente condiciona la dinámica de los procesos complejos. La Fiscalía, por su parte, ha reforzado su narrativa de contundencia contra la corrupción vinculada a la pandemia, subrayando que la excepcionalidad del contexto sanitario no puede convertirse en disculpa para eventuales abusos.

El episodio de este jueves no clausura nada, pero sí reordena las piezas del tablero. El ingreso en prisión preventiva de un exministro que conserva un escaño es un acontecimiento excepcional en la práctica democrática española. Obliga al Congreso a activar mecanismos poco habituales y empuja al PSOE a gestionar un daño reputacional que puede prolongarse en el tiempo. El Supremo, mientras tanto, avanza sin titubeos hacia un juicio que se perfila como una de las vistas más sensibles de los últimos años.