Indignación global ante el informe climatosceptico de la administración Trump

En un movimiento que ha sacudido a la comunidad científica estadounidense y ha generado una ola de indignación global, el Ministerio de Energía de los Estados Unidos publicó, el pasado 29 de julio de 2025, un informe que ha sido calificado por expertos como un ejercicio de manipulación de datos y negacionismo climático. Este documento, encargado por el secretario de Energía, Chris Wright, un exejecutivo de la industria del gas de esquisto, tiene como objetivo sentar las bases para la desregulación de las emisiones de gases de efecto invernadero, una decisión que amenaza con socavar décadas de esfuerzos para combatir el cambio climático. La publicación del informe, que abarca 150 páginas, coincide con el anuncio del administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, de revocar el "Constat de mise en danger" de 2009, un pilar jurídico que permite a la EPA regular los gases de efecto invernadero en función de los riesgos que representan para la población estadounidense. Este doble golpe ha intensificado las tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y la comunidad científica, que denuncia un ataque sistemático contra la ciencia climática.

El informe del Ministerio de Energía, lejos de ser un documento técnico basado en evidencia rigurosa, ha sido acusado de contener errores, omisiones y falsificaciones deliberadas. Investigadores de renombre han señalado que sus conclusiones contradicen el consenso científico global, establecido por organismos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC), que ha documentado durante décadas el impacto antropogénico en el calentamiento global. James Rae, climatólogo de la Universidad de St Andrews en Escocia, describió el informe como "verdaderamente escalofriante" y comparó su calidad con la de un trabajo de estudiante universitario diseñado para distorsionar la ciencia climática. En declaraciones a la Agence France-Presse, Rae afirmó que el documento cita de manera errónea sus investigaciones, manipulándolas para minimizar el rol de la actividad humana en el cambio climático. Esta no es la primera vez en 2025 que científicos denuncian la tergiversación de sus trabajos por parte de agencias gubernamentales estadounidenses; en mayo, un informe de la Casa Blanca sobre enfermedades en jóvenes fue modificado con referencias a estudios inexistentes, lo que intensifica las preocupaciones sobre la integridad científica bajo la actual administración.

El contexto de este informe no puede entenderse sin considerar la postura climatosceptica de Donald Trump, quien ha calificado repetidamente el cambio climático como un "canular" y ha promovido políticas que favorecen la explotación de combustibles fósiles. Desde su investidura el 20 de enero de 2025, la administración Trump ha emprendido una ofensiva sin precedentes contra la ciencia climática. Entre las medidas adoptadas se encuentran la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la eliminación de referencias al cambio climático en sitios web gubernamentales, recortes presupuestarios a agencias como la EPA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), y el despido masivo de científicos especializados en el clima. Estas acciones han sido calificadas por el historiador de la ciencia Robert Proctor, de la Universidad de Stanford, como una "guerra" contra la ciencia, mientras que la climatóloga Valérie Masson-Delmotte, ex copresidenta del grupo 1 del GIEC, ha denunciado un "obscurantismo" que amenaza el legado de la Ilustración. "Para esta administración, los hechos científicos son peligrosos y deben ser silenciados", afirmó Masson-Delmotte, subrayando la gravedad de un enfoque que, según ella, no tiene precedentes en una democracia moderna fuera de períodos fascistas.

La comunidad científica no ha permanecido pasiva ante estas agresiones. El movimiento "Stand Up for Science" ha cobrado fuerza, convocando a manifestaciones globales, como la del 7 de marzo de 2025, en la que decenas de miles de investigadores protestaron contra lo que consideran un "sabotaje" deliberado de la investigación climática. Este movimiento busca no solo resistir las políticas de la administración Trump, sino también sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la ciencia para abordar la crisis climática. Sin embargo, la polarización política en Estados Unidos complica estos esfuerzos. Según un estudio de Pew Research Center, los estadounidenses están menos preocupados por el cambio climático que el resto del mundo, con una diferencia de entre 10 y 20 puntos porcentuales. Esta brecha se explica en parte por la influencia de medios como Fox News y la proliferación de contenido climatosceptico en redes sociales, donde las publicaciones que niegan el cambio climático antropogénico superan en número a las que apoyan el consenso científico.

El impacto de estas políticas trasciende las fronteras de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, con un 11% de las emisiones globales en 2022. La decisión de desregular las emisiones y desmantelar organismos clave como la NOAA amenaza con debilitar los esfuerzos multilaterales para limitar el calentamiento global a 1.5 °C, un objetivo que, según expertos de Carbon Brief, ya era difícil de alcanzar antes de la reelección de Trump. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, confirmada nuevamente en 2025, podría tener un "efecto dominó", animando a otros países con líderes populistas, como Argentina bajo Javier Milei, a relajar sus compromisos climáticos. No obstante, voces como la de Gaïa Febvre, del Réseau Action Climat, insisten en que la crisis climática no se detendrá por la presencia de un líder climatosceptico en la Casa Blanca, y abogan por una resistencia global que incluya a la Unión Europea, China e India.

La administración Trump justifica sus acciones apelando a la defensa de la economía estadounidense, argumentando que las regulaciones ambientales son un "fardeau" que frena el crecimiento y destruye empleos. Esta narrativa resuena con una base electoral que, en estados productores de carbón como Wyoming o Virginia Occidental, ve en la explotación de recursos fósiles una fuente de prosperidad. Sin embargo, esta visión choca con la realidad científica: el cambio climático ya está generando costos económicos significativos, desde desastres naturales como incendios y huracanes hasta pérdidas en sectores como la agricultura y la pesca. Un informe del GIEC estima que un aumento de la temperatura global a 3.1 °C, un escenario plausible si las políticas actuales persisten, podría resultar en daños económicos globales de billones de dólares para 2050.

En este contexto, la comunidad científica enfrenta un dilema: cómo mantener la credibilidad de la ciencia en un entorno donde la desinformación es amplificada por el poder político. La manipulación de datos, la censura de informes y la destitución de expertos como Katherine Calvin, científica jefe de la NASA y miembro del GIEC, reflejan una estrategia deliberada para socavar la autoridad de las instituciones científicas. Este enfoque no solo pone en riesgo la capacidad de Estados Unidos para liderar la investigación climática, sino que también amenaza con retrasar el avance del conocimiento global sobre el cambio climático.

A pesar de la adversidad, los científicos estadounidenses y sus aliados internacionales están organizando una resistencia que combina movilización, divulgación y presión política. Iniciativas como el Climatoscope, un observatorio que analiza el debate climático en redes sociales, han revelado la "sobre actividad" de los grupos climatoscepticos, que compensan su minoría numérica con una presencia desproporcionada en línea. Esta dinámica subraya la importancia de contrarrestar la desinformación con datos accesibles y narrativas convincentes que conecten la ciencia con las preocupaciones cotidianas de la población.