Irán: represión letal frente a un pueblo que resiste

En los últimos días, Irán se encuentra inmerso en una de las crisis internas más graves de los últimos años, marcada por un aumento abrupto y sostenido de la violencia estatal contra la población civil. Lo que comenzó como un estallido social motivado por la profunda crisis económica ha derivado en un enfrentamiento abierto entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con un saldo provisional que, según distintas ONG de derechos humanos, ya alcanza decenas de muertos y miles de arrestos, y que probablemente subestima la magnitud real de los hechos debido al hermetismo del régimen.

El relato oficial ha experimentado un cambio semántico significativo en apenas unos días. Inicialmente, las autoridades presentaban las protestas como la expresión de un descontento legítimo, ligado a problemas económicos concretos y aislados. Sin embargo, desde el 9 de enero, los medios estatales y las declaraciones de los líderes políticos y judiciales han calificado a los manifestantes como “agentes terroristas” al servicio de Estados Unidos e Israel, un giro que marca el inicio de una represión sistemática. Este cambio de narrativa coincide con las masivas movilizaciones del 8 de enero, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en ciudades como Teherán, Mashhad, Racht, Babol, Chiraz, Bandar-e Abbas e Ispahán.

El viernes, el líder supremo Ali Jamenei se dirigió a sus seguidores reiterando que la República islámica “no retrocederá ante los destructores”, una señal explícita para intensificar la represión. Durante su discurso, acusó a los manifestantes de destruir bienes públicos y privados “para satisfacer al presidente estadounidense”, en referencia a las amenazas previas de Donald Trump de intervenir militarmente en caso de violencia contra los manifestantes. La intervención de Jamenei no solo legitima la acción de las fuerzas de seguridad, sino que establece un marco de impunidad frente a los abusos.

La situación sobre el terreno es extremadamente grave. Con cortes totales de internet, telefonía y mensajería, la información que logra filtrarse es fragmentaria pero consistente en señalar un uso generalizado de fuerza letal. Videos verificados por medios internacionales muestran cuerpos ensangrentados en calles y hospitales, mientras testimonios de habitantes que logran conectarse mediante VPN o redes alternativas como Starlink describen escenas de violencia directa, con disparos a corta distancia, uso de gases lacrimógenos y ataques indiscriminados contra edificios, bazares y vehículos.

En Karadj, al oeste de Teherán, se documentó al menos siete personas fallecidas en un aparcamiento, aparentemente alcanzadas por disparos. En el este de Teherán, médicos de hospitales locales reportan docenas de víctimas mortales y centenares de heridos. En Chiraz, una ciudad del sur del país, un miembro del personal sanitario informó a medios internacionales de al menos veinte heridos graves por disparos en cabeza y cuello, mientras el hospital enfrentaba escasez crítica de especialistas en neurocirugía, ortopedia y oftalmología. Las condiciones precarias del sistema sanitario agravan la gravedad de las heridas y la mortalidad derivada de los enfrentamientos.

Las manifestaciones continúan, a pesar de la represión y de la desaparición temporal de las comunicaciones. La convocatoria realizada por Reza Pahlavi, hijo del último sha, ha movilizado nuevamente a la población, especialmente en barrios del este de Teherán, donde grupos de hombres y mujeres, muchos con rostro cubierto, se enfrentan a las fuerzas de seguridad, levantando barricadas improvisadas y denunciando la violencia estatal. Las imágenes de estos enfrentamientos, aunque escasas, muestran la continuidad del conflicto y la determinación de los manifestantes frente al uso sistemático de armas de fuego.

El régimen responde con amenazas crecientes. La Organización de Inteligencia de los Guardianes de la Revolución ha emitido comunicados responsabilizando a los “instigadores” de las manifestaciones por las muertes recientes y advirtiendo que la neutralización de los “complot enemigos” será prioritaria. Por su parte, la cúpula judicial ha dejado claro que las sanciones contra los “elementos revoltosos” serán “firmes, máximas y sin indulgencia legal”. La figura de moharebeh —guerra contra Dios—, con pena de muerte prevista en ciertos casos, se ha mencionado explícitamente en relación con aquellos que destruyan o incendien bienes públicos o privados.

Los datos recopilados por ONG como Human Rights Activists News Agency estiman al menos 65 muertos desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre de 2025, incluidos 14 miembros de las fuerzas de seguridad, y alrededor de 2.311 arrestos, cifra que probablemente está subestimada por la imposibilidad de acceder a información fiable. Hengaw Organization for Human Rights, que sigue la situación de los kurdos en Irán, ha confirmado al menos diez muertes de miembros de los Guardianes de la Revolución en Kermanshah y tres en Eslamabad-e Gharb.

La dimensión política de estas protestas es clara: aunque surgieron inicialmente como reacción a la devaluación de la moneda y a la crisis económica, rápidamente se han transformado en un rechazo frontal al régimen y un llamado al retorno de la dinastía Pahlavi. Este contexto convierte la crisis en un desafío estructural, con implicaciones para la estabilidad interna y para la proyección internacional del país. La apelación de Reza Pahlavi a la comunidad internacional y, específicamente, al presidente de Estados Unidos, refleja la preocupación de que la represión podría escalar aún más ante la incapacidad del régimen de contener la movilización ciudadana por medios no letales.

Organizaciones internacionales, como Amnesty International y Human Rights Watch, han condenado la violencia sistemática y el uso de fuerza letal contra la población civil, alertando que la desconexión de internet y de las comunicaciones móviles está facilitando la ocultación de violaciones de derechos humanos. La presión internacional se centra ahora en exigir un alto inmediato a la represión y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los manifestantes, así como el acceso a información independiente sobre la magnitud de la crisis.