La guerra contra Irán y el peligro de una victoria imposible

La guerra que hoy enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán es, en términos jurídicos, otra grieta más en el edificio cada vez más erosionado del orden internacional construido tras 1945. Desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, el principio rector ha sido claro: el uso de la fuerza solo es legítimo en defensa propia o bajo autorización del Consejo de Seguridad. En la práctica, ese principio ha sido vulnerado de manera recurrente por las grandes potencias. La intervención estadounidense en Vietnam, la invasión soviética de Afganistán o la guerra de Irak de 2003 son recordatorios de que la legalidad internacional ha sido a menudo una variable subordinada a los cálculos estratégicos.

En ese sentido, la actual guerra contra Irán no constituye una anomalía jurídica. Lo verdaderamente singular de este conflicto no es tanto su carácter ilegal como la ausencia de un objetivo político coherente. Las guerras modernas, incluso las más controvertidas, suelen justificarse mediante una narrativa estratégica definida: contener a un enemigo, proteger aliados, alterar el equilibrio regional o eliminar una amenaza concreta. En el caso iraní, la narrativa ha sido volátil y contradictoria desde el primer momento.

En Washington, el discurso oficial ha oscilado entre dos posiciones difícilmente reconciliables. Por un lado, se ha planteado la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán; por otro, se ha insistido en que la operación militar se limita a neutralizar el programa nuclear iraní, sus capacidades balísticas y su poder naval en el Golfo. Esta ambigüedad refleja una tensión política interna que condiciona profundamente la estrategia estadounidense.

El presidente Donald Trump ha adoptado un lenguaje particularmente errático incluso dentro de esos parámetros. En algunas declaraciones ha exigido la rendición incondicional del régimen iraní y la instauración de un liderazgo “aceptable”. En otras ocasiones ha afirmado que Estados Unidos ya ha logrado una victoria parcial, sugiriendo implícitamente que los objetivos iniciales podrían considerarse cumplidos. Esta dualidad no es accidental: responde a la necesidad de conciliar dos presiones políticas contradictorias.

Por un lado, Trump debe mantener la imagen de firmeza estratégica que caracteriza a su discurso político. Por otro, necesita evitar una guerra prolongada que podría resultar profundamente impopular entre su base electoral. El movimiento MAGA ha construido buena parte de su identidad política sobre una crítica frontal a las intervenciones militares interminables que marcaron la política exterior estadounidense durante las dos décadas posteriores al 11-S. Una guerra abierta contra Irán, con un coste humano y financiero elevado, sería difícilmente compatible con esa narrativa.

La dimensión económica añade otra capa de complejidad al conflicto. Desde el inicio de la escalada militar, los mercados energéticos han reaccionado con una volatilidad significativa. El precio del crudo Brent ha registrado incrementos cercanos al 30 %, situándose alrededor de los 120 dólares por barril en algunos momentos. Este aumento no solo refleja la incertidumbre en torno al suministro, sino también el temor a una interrupción más grave del tráfico energético global.

Israel, sin embargo, parece contemplar el conflicto desde una lógica estratégica distinta.

Sus ataques contra infraestructuras energéticas iraníes —incluidos depósitos de combustible en áreas urbanas densamente pobladas— indican una estrategia orientada hacia la degradación sistemática de la capacidad económica del régimen. Desde la perspectiva israelí, la presión militar directa sobre los recursos energéticos de Irán forma parte de una guerra total destinada a debilitar estructuralmente al Estado iraní.

Washington, en cambio, debe considerar las implicaciones de cada movimiento militar para sus aliados regionales. Los países del Golfo, que durante décadas han dependido de la protección estratégica estadounidense, observan el conflicto con una mezcla de preocupación y pragmatismo. Ninguno de ellos alberga simpatía ideológica por la República Islámica. Sin embargo, todos comparten una inquietud común: el riesgo de que el conflicto se extienda a sus propias infraestructuras energéticas y a sus centros financieros.

Durante años, las monarquías del Golfo han invertido enormes recursos en proyectar una imagen de estabilidad económica y seguridad jurídica. Ciudades como Dubái, Doha o Riad aspiran a convertirse en nodos financieros y tecnológicos globales capaces de atraer capital internacional más allá del petróleo. Esa narrativa se basa en un supuesto fundamental: que la región es un entorno seguro para la inversión.

Los ataques iraníes contra bases militares estadounidenses y contra instalaciones petroleras en el Golfo amenazan con socavar ese equilibrio. Incluso ataques limitados pueden tener un efecto desproporcionado en la percepción del riesgo regional. Los mercados energéticos reaccionan no solo a los daños reales, sino también a la posibilidad de que esos daños se multipliquen.

En este contexto, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz constituye uno de los elementos más preocupantes de la actual crisis. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural que se comercia en el mundo transita por este estrecho corredor marítimo. Su interrupción, incluso parcial, tiene consecuencias inmediatas para la economía global.

Irán es plenamente consciente de ese poder de disrupción. Aunque el bloqueo perjudica también a sus propias exportaciones, el cálculo estratégico parece claro: aumentar el coste económico de la guerra para las potencias que la impulsan. En términos puramente geopolíticos, se trata de un instrumento de presión asimétrica que compensa parcialmente la inferioridad militar convencional de Teherán frente a Estados Unidos e Israel.

La lógica del conflicto también está marcada por una dinámica existencial dentro del propio régimen iraní. Para la República Islámica, esta guerra no es simplemente un enfrentamiento estratégico más; es una amenaza directa a la supervivencia del sistema político establecido tras la revolución de 1979. Cuando los regímenes perciben que su existencia está en juego, la historia demuestra que tienden a adoptar estrategias mucho más arriesgadas.

En este contexto debe interpretarse la decisión de las élites iraníes de reafirmar el control de los sectores más radicales del régimen. El nombramiento del ayatolá Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo simboliza la voluntad de cerrar filas frente a la presión externa. Paralelamente, la Guardia Revolucionaria Islámica ha mantenido una postura claramente beligerante, incluso desautorizando los intentos del presidente Masud Pezeshkián de moderar el conflicto con los países del Golfo.

Desde una perspectiva histórica, las exigencias de rendición incondicional suelen producir el efecto contrario al deseado. Cuando un adversario percibe que no existe una salida política negociada, su incentivo principal pasa a ser resistir hasta el final. Este patrón ha aparecido repetidamente en la historia moderna. La insistencia aliada en la rendición total de la Alemania nazi, por ejemplo, contribuyó probablemente a prolongar una guerra que ya estaba estratégicamente perdida para el régimen de Hitler.

En el caso iraní, el riesgo de radicalización es aún más preocupante debido a la dimensión nuclear. Teherán posee ya varios cientos de kilos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel técnicamente cercano al necesario para fabricar un arma nuclear. La destrucción parcial de instalaciones nucleares podría ralentizar el programa, pero también podría reforzar el argumento interno a favor de desarrollar una disuasión nuclear completa.

La paradoja es evidente: una guerra destinada a impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear podría acelerar precisamente ese proceso. Si el régimen concluye que su supervivencia depende de disponer de un arma nuclear, la presión militar externa podría convertirse en el catalizador definitivo.

Las consecuencias regionales de ese escenario serían profundas. Un Irán nuclear transformaría el equilibrio estratégico de Oriente Próximo. Países como Arabia Saudí y Turquía difícilmente aceptarían permanecer indefinidamente bajo la sombra de una disuasión iraní. La proliferación nuclear regional pasaría de ser una hipótesis académica a una posibilidad real.

Paradójicamente, incluso una victoria militar clara de Estados Unidos e Israel podría generar inestabilidad a largo plazo. La caída del régimen iraní no garantiza la aparición de un gobierno moderado o prooccidental. Al contrario, el colapso del aparato estatal podría abrir la puerta a una fragmentación política marcada por milicias, rivalidades étnicas y luchas internas por el poder.

Los precedentes de Irak, Libia o Afganistán ofrecen una advertencia clara sobre los riesgos de derribar un régimen sin un plan creíble para el día después. En un país de más de ochenta millones de habitantes, con profundas divisiones políticas y un complejo entramado de actores armados, el vacío de poder podría ser extraordinariamente peligroso.

Para muchos países de la región, ese escenario sería incluso más inquietante que la continuidad del régimen actual. Los Estados del Golfo, Egipto o Turquía han aprendido a coexistir con la República Islámica dentro de un equilibrio regional imperfecto pero relativamente estable. Un Irán fragmentado y caótico sería mucho más difícil de gestionar.

Al mismo tiempo, la guerra está poniendo de manifiesto tensiones crecientes dentro de la propia alianza entre Estados Unidos e Israel. Mientras Washington debe equilibrar consideraciones estratégicas globales —energía, mercados financieros, relaciones con China—, el gobierno israelí parece centrado en objetivos políticos mucho más inmediatos.

Para el primer ministro Benjamin Netanyahu, la confrontación con Irán forma parte de un proyecto político personal y estratégico más amplio. Tras años de crisis políticas internas, acusaciones de corrupción y promesas de seguridad incumplidas, la idea de una “victoria total” frente a los enemigos de Israel se ha convertido en un elemento central de su legado político.

Sin embargo, ese objetivo podría resultar más costoso de lo previsto. En Estados Unidos, una parte creciente de la opinión pública empieza a percibir que la guerra responde en gran medida a prioridades estratégicas israelíes. Si esa percepción se consolida, podría erosionar el apoyo político tradicionalmente sólido que Israel ha disfrutado en Washington durante décadas.

Ese sería un cambio estratégico significativo. La relación entre ambos países ha sido uno de los pilares de la arquitectura de seguridad de Oriente Próximo desde finales del siglo XX. Una erosión prolongada de esa alianza tendría consecuencias difíciles de prever para toda la región.

En última instancia, la guerra actual parece menos el resultado de una estrategia coherente que de una acumulación de cálculos políticos a corto plazo. Cada actor involucrado persigue objetivos distintos: supervivencia del régimen en Teherán, seguridad existencial en Israel, equilibrio político interno en Washington y estabilidad económica en el Golfo.

Cuando esas agendas divergentes se cruzan en un conflicto militar, el resultado suele ser una guerra cuyo desenlace nadie controla plenamente. La historia internacional está llena de conflictos que comenzaron con objetivos limitados y terminaron transformando el orden regional de formas imprevisibles.

Hoy, el mayor riesgo no es solo la escalada militar inmediata. Es la posibilidad de que el conflicto abra una fase prolongada de inestabilidad estratégica en Oriente Próximo, una región que ya soporta algunas de las tensiones geopolíticas más complejas del planeta.