Las familias que deja atrás la política migratoria de Trump

Para los críticos de la política, el resultado es un sistema que utiliza el propio aparato judicial como mecanismo de captura.

En los pasillos fríos del edificio federal situado en el número 26 de Federal Plaza, en el Bajo Manhattan, se está escribiendo una parte incómoda de la historia reciente de Estados Unidos. No se trata de una metáfora ni de una exageración periodística. Es, literalmente, un archivo vivo de escenas que se repiten cada día: familias separadas en cuestión de minutos, abogados que intentan negociar contra reloj, funcionarios que cumplen órdenes administrativas y fotógrafos que documentan un momento que probablemente marcará una generación. En ese escenario, el trabajo de la fotógrafa estadounidense Carol Guzy se ha convertido en una de las miradas más nítidas sobre la nueva política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, un programa político que pretende ejecutar la mayor campaña de deportaciones de la historia del país.

La escena que captó recientemente Guzy resume, con una precisión casi brutal, el clima que domina este momento. Un hombre acababa de ser detenido por agentes de inmigración tras acudir a una cita judicial aparentemente rutinaria. Su esposa gritaba pidiendo ayuda mientras sus hijos lloraban a pocos metros. El procedimiento duró apenas unos minutos. Los agentes se lo llevaron mientras la familia intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente salieron del edificio, la mujer se dio cuenta de que no tenía sus llaves. No podía volver a casa. No tenía forma inmediata de resolver nada. Un agente de seguridad del tribunal se acercó para intentar ayudarla. Al ver a los niños llorar, terminó llorando él también. Guzy levantó la cámara en ese momento.

La imagen, posteriormente seleccionada por la revista Time magazine entre las cien fotografías más importantes de 2025, se ha convertido en un símbolo inesperado dentro de una campaña política que, desde su diseño, ha sido presentada por la Casa Blanca como un esfuerzo necesario para restaurar el control de las fronteras. Sin embargo, lejos de la narrativa administrativa que acompaña a este tipo de políticas, lo que revelan las fotografías es una dimensión mucho más compleja: el impacto humano inmediato de una estrategia migratoria ejecutada con una intensidad inédita.

El edificio federal conocido por su dirección, 26 Federal Plaza, se ha transformado en el epicentro de esa estrategia en la ciudad de Nueva York. Durante décadas, el lugar fue simplemente uno de los múltiples puntos donde inmigrantes acudían a resolver procedimientos administrativos relacionados con sus casos. Citas judiciales, revisiones de expedientes, trámites de regularización. Todo dentro de una burocracia conocida por su lentitud, pero relativamente previsible. Ese equilibrio cambió cuando el Gobierno federal comenzó a desplegar agentes de inmigración en el interior del edificio con el objetivo de detener a personas que acudían a esas mismas citas.

La consecuencia fue inmediata. En cuestión de semanas, un edificio administrativo se transformó en un espacio cargado de tensión permanente. Cada ascensor, cada sala de espera, cada pasillo se convirtió en un punto potencial de detención. Las escenas documentadas por fotógrafos y periodistas muestran cómo los arrestos se producen a menudo delante de familiares, abogados o incluso otros inmigrantes que esperan su turno. Para quienes trabajan dentro del edificio, el ambiente se ha vuelto impredecible. Para quienes acuden a él, el simple hecho de presentarse ante un tribunal puede terminar en una deportación.

La campaña forma parte de una política más amplia diseñada por la administración de Trump con un objetivo explícito: acelerar al máximo las expulsiones de inmigrantes en situación irregular. Durante su mandato anterior, el presidente ya había impulsado medidas de gran impacto en materia migratoria, pero el actual programa se distingue por su escala y por la forma en que se está aplicando. La estrategia combina operaciones policiales, cambios administrativos y una presencia intensiva de agentes federales en lugares donde los inmigrantes tienen obligación legal de presentarse.

Para los críticos de la política, el resultado es un sistema que utiliza el propio aparato judicial como mecanismo de captura. Para la administración, se trata simplemente de aplicar la ley con mayor eficacia. Esa diferencia de interpretación explica en gran parte la polarización que rodea el debate migratorio en Estados Unidos desde hace años.

Lo que distingue el momento actual no es solo la política en sí, sino la velocidad con la que está transformando el clima social en determinadas ciudades. En barrios con una fuerte presencia de población inmigrante, el miedo a acudir a tribunales o edificios federales ha aumentado de manera considerable. Abogados especializados en inmigración afirman que algunos clientes han empezado a evitar citas judiciales por temor a ser detenidos. Otros acuden acompañados por familiares, organizaciones civiles o activistas que intentan documentar cada arresto.

Ese esfuerzo de documentación se ha convertido en un elemento central del conflicto. Las imágenes captadas por fotógrafos profesionales y por ciudadanos con teléfonos móviles circulan rápidamente en redes sociales, convirtiendo escenas locales en debates nacionales. En una era marcada por la desinformación y la batalla narrativa, la fotografía y el vídeo han pasado a ser herramientas políticas en sí mismas.

Guzy conoce bien ese poder. A lo largo de cuatro décadas de carrera ha documentado algunos de los momentos más traumáticos de las últimas décadas: la guerra de Guerra de Kosovo, la invasión rusa de Ucrania o el devastador terremoto que golpeó Haití en 2010. Su trabajo le ha valido cuatro premios Pulitzer, una cifra extraordinaria incluso dentro del periodismo estadounidense. Sin embargo, la fotógrafa ha repetido en varias entrevistas que la experiencia de documentar la crisis migratoria actual en su propio país le ha resultado especialmente difícil.

Durante casi seis meses trabajó prácticamente todos los días dentro de Federal Plaza. Con el paso del tiempo comenzó a reconocer patrones: los momentos en los que los agentes aparecían, las reacciones de las familias, la forma en que algunos abogados intentaban intervenir cuando se producía un arresto. Cada escena era diferente, pero el resultado final era siempre el mismo: una separación abrupta, a menudo delante de niños.

Para Guzy, ese aspecto tiene una dimensión profundamente personal. Su propio padre murió cuando ella tenía seis años, una experiencia que ha mencionado en varias ocasiones al explicar por qué reacciona con tanta intensidad ante las escenas que presencia. En muchas de las fotografías que ha tomado recientemente aparecen niños aferrándose a sus padres mientras los agentes intentan llevárselos. Es una imagen que se repite con una frecuencia casi mecánica en el archivo visual que se está construyendo alrededor de esta política.

Mientras tanto, el foco de la campaña migratoria se ha desplazado progresivamente hacia otras ciudades. En las últimas semanas, la atención se ha concentrado en Minneapolis, donde el despliegue de agentes federales ha coincidido con un aumento notable de las protestas. La ciudad se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre las autoridades federales y una parte de la población local que considera que las operaciones migratorias están siendo ejecutadas con una agresividad excesiva.

Las manifestaciones han reunido a miles de personas en diferentes puntos de la ciudad. Algunas han terminado en enfrentamientos con agentes federales. En medio de ese clima, dos ciudadanos murieron por disparos durante protestas que fueron grabadas por testigos. Los vídeos circularon rápidamente en internet y generaron una fuerte controversia cuando la versión inicial del Gobierno atribuyó la responsabilidad de las muertes a las propias víctimas. El análisis posterior de las imágenes puso en cuestión esa narrativa oficial.

Este episodio ilustra hasta qué punto el control de la información se ha convertido en una dimensión clave del conflicto. En el pasado, las operaciones migratorias eran procesos relativamente opacos que rara vez ocupaban titulares nacionales. Hoy, cada intervención puede ser grabada desde múltiples ángulos y difundida en cuestión de minutos.

En ese contexto, el trabajo de los fotógrafos adquiere una función que va más allá del registro periodístico tradicional. Sus imágenes se convierten en piezas de un archivo histórico que probablemente será revisado durante años para entender cómo se desarrolló este momento político. No es una exageración. Muchos de los grandes debates de la historia estadounidense —desde el movimiento por los derechos civiles hasta la guerra de Vietnam— están asociados a fotografías que ayudaron a definir la percepción pública de esos acontecimientos.

La crisis migratoria actual podría seguir un camino similar. Las imágenes tomadas en edificios federales, calles de ciudades o centros de detención están construyendo una narrativa visual que complementa —y a veces contradice— el discurso oficial. Ese contraste entre narrativa política e imagen documental explica por qué la fotografía se ha convertido en una herramienta tan poderosa dentro de esta discusión.

Lo que ocurre hoy en Estados Unidos no es simplemente una disputa sobre política migratoria. Es también una confrontación sobre cómo se cuenta esa política, cómo se percibe y cómo será recordada. Las decisiones administrativas pueden cambiar con los años. Las leyes pueden modificarse. Pero las imágenes que capturan el impacto humano de esas decisiones tienden a permanecer.