No estamos tan fraccionados como dicen

Raúl Arias para El Mundo

En política internacional casi nada es exactamente como se presenta en el debate público. Las posiciones que parecen irreconciliables suelen esconder consensos silenciosos, y los enfrentamientos que dominan titulares muchas veces son, en realidad, ajustes tácticos dentro de un mismo marco estratégico. Algo parecido ocurre hoy en la Unión Europea con la guerra desencadenada por la intervención estadounidense contra Irán y con la posición que España trata de ocupar dentro de ese complejo equilibrio.

Los socialistas forman el segundo grupo en importancia del Parlamento Europeo, con un total de 136 eurodiputados, frente a los 188 del Grupo Popular. Dentro de ese grupo, veinte diputados son socialistas españoles, todos ellos integrados en la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. En términos estrictamente aritméticos, su peso puede parecer limitado. Pero la política europea rara vez se reduce a una cuestión de números. La influencia se construye a partir de alianzas, de la capacidad de negociación y, sobre todo, de la coherencia con la que un grupo nacional actúa dentro de su familia política europea.

En ese terreno, los socialistas españoles han desempeñado un papel que conviene observar con más atención de la que suele prestarse. A lo largo de los últimos años han evitado alinearse con las tentativas de sectores del Partido Popular Europeo para cuestionar el liderazgo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En dos ocasiones se plantearon maniobras internas para debilitar su posición e incluso para promover un relevo por parte del líder popular Manfred Weber. Los socialistas españoles no se sumaron a esas iniciativas. No lo hicieron por simpatía personal hacia la presidenta de la Comisión ni por afinidad ideológica —que en muchos casos no existe—, sino porque entendieron que abrir una crisis institucional en ese momento podía perjudicar el equilibrio político de la Unión.

Ese posicionamiento tiene consecuencias. En Bruselas las lealtades institucionales no se olvidan fácilmente, y menos aún cuando proceden de un grupo nacional que mantiene una presencia relevante dentro de la familia socialista europea. Saber hasta qué punto Ursula von der Leyen es consciente de ese respaldo resulta fundamental para comprender su relación con el Gobierno español y, en particular, con Pedro Sánchez. Sobre todo ahora, cuando el Ejecutivo español ha adoptado una postura crítica respecto a la estrategia militar estadounidense contra Irán.

El debate europeo sobre esa guerra se ha presentado muchas veces como un escenario de profunda división. Se habla de un continente fragmentado entre quienes respaldan a Washington y quienes reclaman una salida diplomática. Sin embargo, cuando se examinan las posiciones reales de los gobiernos europeos aparece una imagen bastante distinta. Las diferencias existen, pero no son tan profundas ni tan estructurales como se suele sugerir.

La mayoría de los países de la Unión comparten una misma línea de fondo: evitar una escalada militar incontrolada en Oriente Próximo y apostar por una solución diplomática que permita reconducir el conflicto. Esa postura es coherente con la que la Unión ha mantenido también en otros escenarios recientes, desde la guerra en Ucrania hasta el conflicto de Gaza. Europa puede discutir sobre los instrumentos o sobre el ritmo de las negociaciones, pero en términos generales mantiene un compromiso común con el respeto al derecho internacional y con el papel de las instituciones multilaterales.

La primera en señalar de forma clara esa realidad fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Su afirmación de que la guerra desatada por Donald Trump no es la guerra de Europa fue interpretada por algunos como una ruptura con Estados Unidos. En realidad no lo era. Era más bien una forma de marcar límites políticos sin cuestionar la relación estratégica transatlántica. Otros líderes europeos han ido adoptando matices similares en sus declaraciones públicas, reduciendo progresivamente el énfasis de su apoyo a la operación militar estadounidense.

España tampoco ha permanecido inmóvil en ese proceso de ajuste. Pedro Sánchez inició el debate con una posición especialmente crítica hacia la intervención estadounidense. Sin embargo, con el paso de los días su discurso ha ido adoptando un tono más matizado, menos confrontacional y más centrado en la necesidad de impulsar una negociación internacional. Ese cambio no responde necesariamente a un giro político de fondo. Responde más bien a la lógica diplomática que suele imponerse cuando un conflicto internacional entra en una fase de mayor complejidad.

En cualquier caso, resulta difícil imaginar un escenario en el que la Unión Europea se desmarque completamente de España en una eventual confrontación económica con Estados Unidos. La interdependencia comercial entre ambos bloques es demasiado profunda para que un desacuerdo puntual derive en una ruptura estratégica. Las economías europeas dependen en gran medida del mercado estadounidense, pero Washington también necesita mantener un acceso fluido al mercado europeo. Ninguna de las dos partes tiene incentivos reales para llevar la relación al límite.

Por eso la idea de una Europa dividida y dispuesta a abandonar a España frente a un eventual boicot comercial estadounidense no responde a un análisis realista de la situación. Puede ser útil en el debate político interno o en el discurso mediático, pero no refleja la lógica con la que se mueven las instituciones europeas ni los gobiernos nacionales. Europa no está a punto de romper con España ni de abandonar el marco del derecho internacional. Tampoco está dispuesta a aceptar sin discusión una escalada militar que ponga en riesgo la estabilidad de una región tan estratégica como Oriente Próximo.

Eso no significa que el Gobierno español no haya cometido errores en la gestión política de esta crisis. La comparecencia de Pedro Sánchez ante las Cortes podría haber sido una oportunidad para explicar con mayor precisión cuál es el papel que España está desempeñando en las conversaciones diplomáticas con Alemania, Francia o el Reino Unido. También habría sido el momento adecuado para detallar las gestiones realizadas en el ámbito de Naciones Unidas, donde el debate sobre la legitimidad de la intervención militar estadounidense sigue abierto.

En cambio, la intervención del presidente se centró más en el debate interno que en la dimensión internacional del conflicto. Es comprensible que, con dos citas electorales autonómicas a la vista, el Gobierno trate de evitar un desgaste político innecesario. Pero la política exterior exige a veces un nivel de claridad que no siempre encaja bien con los ritmos de la política doméstica.

La crisis actual, además, tiene implicaciones que van mucho más allá de Oriente Próximo. Una de las cuestiones estratégicas más relevantes para España se encuentra mucho más cerca de su propio territorio: el estrecho de Gibraltar. Durante décadas, ese paso marítimo ha sido uno de los puntos neurálgicos de la geopolítica europea y atlántica. Controlar su estabilidad significa garantizar una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Ya en los años ochenta, el ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán definía a España como una potencia media con intereses regionales de primer orden. Esa definición sigue siendo válida hoy. España no es una gran potencia global, pero sí un actor con una posición estratégica clave en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico oriental. El estrecho de Gibraltar es el punto donde esas dos dimensiones geográficas se cruzan.

En ese contexto, la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Marruecos merece una atención especial. Marruecos se ha convertido en el mayor comprador de armamento de África durante los últimos cinco años, una transformación que refleja tanto su ambición regional como el interés de Washington por reforzar su presencia estratégica en el norte del continente. Israel se ha convertido además en el segundo proveedor militar de Rabat, solo por detrás de Estados Unidos, lo que confirma la consolidación de un nuevo eje de cooperación militar en la región.

Ese proceso no pasa desapercibido para otros actores regionales. Argelia ha expresado en Naciones Unidas su preocupación por determinadas operaciones militares estadounidenses en el Atlántico que, según las autoridades argelinas, se habrían dirigido contra buques sospechosos de transportar drogas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro. Más allá de la veracidad concreta de esas acusaciones, lo relevante es que reflejan un clima de creciente competencia estratégica en el Mediterráneo occidental.

Para España, ese escenario plantea preguntas que van mucho más allá de la guerra en Irán.

La cuestión central no es únicamente qué postura adoptar ante una intervención militar en Oriente Próximo. La cuestión de fondo es cómo proteger sus intereses estratégicos en una región donde las alianzas están cambiando y donde las potencias globales buscan reforzar su influencia.

Europa, en ese contexto, sigue siendo el principal marco de seguridad y de acción política para España. Pero la pertenencia a la Unión no elimina la necesidad de pensar la política exterior desde una perspectiva nacional. Los equilibrios en el estrecho de Gibraltar, las relaciones con Marruecos o la estabilidad del Mediterráneo occidental seguirán siendo desafíos permanentes para cualquier gobierno español.

La política internacional rara vez ofrece respuestas simples. Pero sí obliga a formular las preguntas correctas. Y en este momento la pregunta fundamental no es si Europa está dividida o si Estados Unidos y la Unión Europea se encaminan hacia una ruptura. La pregunta es cómo puede España utilizar su posición dentro de Europa para proteger sus intereses estratégicos en un mundo cada vez más inestable.