Putin busca renegociar el orden de seguridad europeo con Trump

La guerra de Ucrania se acerca a su quinto año sin que Vladímir Putin haya alcanzado uno de los objetivos fundamentales que justificaron la invasión rusa del 24 de febrero de 2022: alterar el poder político de Kiev y someter al país a una nueva relación de dependencia con Moscú. Tampoco Donald Trump ha conseguido imponer la salida política que inicialmente parecía perseguir desde Washington, pese a haber reducido el respaldo estadounidense a Ucrania, cuestionado públicamente a Volodímir Zelenski y defendido una negociación que, en distintos momentos, ha parecido asumir buena parte de las exigencias planteadas por el Kremlin. Sin embargo, el desarrollo de las conversaciones está introduciendo una cuestión que trasciende considerablemente el futuro inmediato del territorio ucraniano. Rusia pretende que el eventual acuerdo de paz no se limite a resolver las consecuencias de la invasión, sino que sirva para revisar las condiciones sobre las que se ha construido la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría. La diferencia no es menor: Moscú quiere convertir una guerra iniciada contra un Estado soberano en una negociación sobre el conjunto del continente, con la participación de Washington y bajo unas condiciones que podrían reducir la capacidad de decisión de los países europeos.
La pretensión rusa tiene una trayectoria mucho más larga que el conflicto actual. Desde los años noventa, el Kremlin ha cuestionado progresivamente la ampliación de la OTAN hacia Europa central y oriental, interpretándola como una amenaza a sus intereses estratégicos y como una pérdida de influencia en territorios que durante décadas habían formado parte de su esfera política y militar. Durante la presidencia de Boris Yeltsin, Moscú trató de obtener una relación institucional privilegiada con la Alianza Atlántica que le permitiera participar en las decisiones relativas a la seguridad continental. La cuestión de fondo no consistía únicamente en establecer mecanismos de diálogo, sino en conseguir que Rusia tuviera una posición diferenciada respecto al resto de los países europeos, especialmente en lo relativo a la incorporación de nuevos miembros a la organización. Aquella aspiración nunca llegó a materializarse en los términos pretendidos por el Gobierno ruso, pero continuó formando parte de la visión estratégica de sus sucesores. Tres décadas después, Putin vuelve a situarla en el centro de la negociación internacional, esta vez en un contexto radicalmente distinto: Rusia mantiene una guerra abierta en territorio europeo y Estados Unidos parece dispuesto a discutir aspectos del orden continental que hasta ahora habían permanecido fuera de cualquier negociación sobre Ucrania.
El precedente más significativo se encuentra en el Acta Fundacional sobre Relaciones, Cooperación y Seguridad Mutuas entre la OTAN y Rusia, firmada el 27 de mayo de 1997 por Yeltsin y Bill Clinton. El documento permitió establecer un marco permanente de consultas entre ambas partes y dio lugar al Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia, concebido como un instrumento para facilitar el diálogo y abordar cuestiones de interés común. Sin embargo, sus competencias eran consultivas y no otorgaban a Moscú capacidad para bloquear las decisiones de la Alianza ni para intervenir en sus procedimientos de ampliación. La interpretación política que hizo Yeltsin del acuerdo fue considerablemente más ambiciosa que su contenido jurídico. El presidente ruso presentó el entendimiento como un reconocimiento de la posición internacional de su país y como una garantía de que sus intereses serían tenidos en cuenta en la configuración de la seguridad europea. La experiencia posterior evidenció los límites de aquella fórmula: la OTAN continuó ampliándose y las relaciones con Moscú atravesaron sucesivas crisis hasta quedar prácticamente interrumpidas tras la anexión rusa de Crimea en 2014 y, definitivamente, con la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
La incorporación de esta cuestión a las actuales iniciativas diplomáticas estadounidenses representa, por tanto, un cambio sustancial en el planteamiento de Washington. La propuesta atribuida a Jared Kushner, yerno de Trump y uno de los principales interlocutores internacionales de su Administración, recupera elementos de aquella arquitectura institucional y los introduce en un escenario en el que la posición rusa se encuentra respaldada por la presión militar sobre Ucrania. La iniciativa desplaza parcialmente el centro de gravedad de las negociaciones: en lugar de comenzar por las condiciones necesarias para detener la guerra y establecer garantías para la soberanía ucraniana, plantea abordar simultáneamente el futuro del conflicto y la organización de la seguridad europea. El orden de las cuestiones resulta determinante. Si la discusión sobre el marco continental adquiere prioridad, Rusia obtiene la posibilidad de negociar sobre sus objetivos estratégicos generales sin haber aceptado previamente el cese de las operaciones militares que mantiene sobre territorio ucraniano. La cuestión deja de ser exclusivamente cómo poner fin a una invasión y pasa a incluir qué condiciones deben aceptar los países europeos para que Moscú considere suficientemente protegidos sus intereses.
La participación de los europeos constituye uno de los elementos más delicados de este nuevo escenario. Hasta ahora, las conversaciones impulsadas por Washington y Moscú habían dejado a los principales gobiernos del continente en una posición secundaria, pese a que serían ellos quienes tendrían que asumir buena parte de las consecuencias de cualquier transformación del sistema de seguridad europeo. La posibilidad de incorporarlos a las negociaciones podría corregir parcialmente esa ausencia, pero también pone de manifiesto las dificultades que todavía existen para construir una posición común. La representación europea se articula alrededor de Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido, una fórmula que refleja tanto la importancia de estos países en la defensa continental como las limitaciones de las instituciones comunitarias para actuar como interlocutor único en un asunto de semejante naturaleza. La ausencia de una representación plenamente unificada no es un detalle administrativo: afecta a la capacidad de los europeos para presentar unas condiciones compartidas y defenderlas frente a dos potencias que disponen de instrumentos diplomáticos, económicos y militares considerablemente superiores.
La elección de los interlocutores también remite a una cuestión de confianza. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha mantenido una relación especialmente cuidadosa con Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en un momento en el que los compromisos estadounidenses con la defensa europea se han convertido en una preocupación central para los aliados. Esa circunstancia explica las reservas que existen entre algunos gobiernos europeos sobre la posibilidad de delegar en él la representación política del continente. Hace tres décadas, Javier Solana, entonces secretario general de la Alianza, desempeñó un papel relevante en las conversaciones con el ministro de Exteriores ruso, Evgueni Primakov, durante la negociación del Acta Fundacional. El contexto actual es mucho más complejo. Los europeos no solo deben negociar con un Kremlin que considera insuficiente el actual orden de seguridad, sino que también tienen que gestionar una Administración estadounidense cuya interpretación de los intereses transatlánticos no coincide necesariamente con la de sus aliados. La desconfianza hacia Washington, que durante décadas habría resultado difícil de imaginar en estos términos, se ha convertido en un factor que condiciona la diplomacia europea.
Para Putin, la nueva orientación de las conversaciones ofrece una oportunidad que no depende necesariamente de alcanzar un acuerdo inmediato sobre Ucrania. La discusión sobre la arquitectura de




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