Siria tras la retirada estadounidense

En las áreas rurales, el deterioro de infraestructuras es un recordatorio tangible de los costes de la guerra

A primera hora de la mañana, cuando las columnas del ejército sirio avanzaban hacia Hasakah, la escena tenía un aire calculadamente coreografiado. Aviones de la coalición liderada por Estados Unidos patrullaban el cielo, mientras unidades del ejército monitorizaban el avance mediante drones, anticipando posibles emboscadas por parte de fuerzas kurdas. La operación no era únicamente militar: era un mensaje político, dirigido tanto a los actores locales como a las potencias externas que han moldeado el conflicto sirio durante más de una década.

Era la primera vez en más de diez años que el gobierno central regresaba a Hasakah, un bastión histórico del poder kurdo. La presencia de las fuerzas gubernamentales no fue recibida de manera homogénea. Combatientes kurdos desfilaron con banderas y armas frente a una base gubernamental, una demostración simbólica de resistencia y de identidad política. El gesto ilustraba una realidad más profunda: el proyecto kurdo de autonomía, que durante años fue tolerado y en ocasiones respaldado por Washington, entraba en una fase de repliegue estratégico.

Para el presidente Ahmed al-Sharaa, el avance hacia el noreste representa tanto una oportunidad como un riesgo estructural. Tras beneficiarse de un giro en la política estadounidense, que ha trasladado su apoyo desde las fuerzas kurdas hacia el gobierno central con el objetivo de consolidar un Estado sirio unificado, Al-Sharaa ha desplegado una estrategia híbrida, combinando presión militar, negociación política y cooptación institucional. En pocas semanas, ha conseguido asumir el control de tres provincias orientales, una región vasta, rica en recursos y hasta ahora fuera de su alcance efectivo desde la caída del régimen de Bashar al-Assad.

El noreste sirio había funcionado durante más de una década como una entidad semiautónoma de facto. La combinación de recursos energéticos, tierras agrícolas y control territorial otorgó a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) una capacidad de gobernanza que trascendía lo militar. En la práctica, operaban como un protoestado: administraban servicios, gestionaban prisiones, controlaban flujos económicos y articulaban un discurso político centrado en la autonomía kurda y el federalismo. Esa arquitectura, sin embargo, estaba sostenida por un pilar externo crítico: el respaldo militar y político de Estados Unidos.

El repliegue estadounidense ha alterado drásticamente el equilibrio de poder. Sin cobertura aérea, sin asistencia logística y sin garantías diplomáticas, las SDF han quedado expuestas frente a un gobierno central que busca reconstruir la soberanía territorial como prioridad estratégica. La narrativa oficial desde Damasco es clara: la fragmentación territorial fue una consecuencia de la guerra, pero no puede consolidarse como un modelo permanente. La reunificación del país se presenta como condición necesaria para la estabilidad, la reconstrucción económica y la reinserción de Siria en el sistema regional.

Sobre el terreno, la transición de poder ha generado reacciones divergentes. En las zonas mayoritariamente árabes, como Raqqa y Deir al-Zour, parte de la población ha recibido al gobierno con alivio. Para muchos residentes, la administración kurda representaba un sistema de control rígido, con estructuras de seguridad que, en algunos casos, funcionaban como un aparato policial intrusivo. Comerciantes y líderes comunitarios describen un clima de vigilancia permanente, con acusaciones de colaboración con ISIS utilizadas como herramienta de coerción. El retorno del Estado central se percibe, en este contexto, como una normalización institucional, aunque con incertidumbres evidentes.

En las áreas rurales, el deterioro de infraestructuras es un recordatorio tangible de los costes de la guerra. Centrales hidroeléctricas dañadas, campos petrolíferos operando por debajo de su capacidad, redes eléctricas fragmentadas y ciudades con servicios básicos colapsados. La economía local, fuertemente vinculada a la administración de las SDF, enfrenta ahora un vacío estructural. Miles de personas que trabajaban en instituciones vinculadas a la administración kurda han quedado sin empleo, y la transición hacia un modelo centralizado plantea desafíos de integración laboral, redistribución de recursos y legitimidad política.

La estrategia del gobierno de Al-Sharaa incluye mecanismos de reconciliación y absorción institucional. Centros de registro para exmiembros de las SDF, procesos judiciales acelerados para detenidos y delegaciones técnicas desde Damasco para evaluar necesidades de reconstrucción forman parte de una arquitectura de transición que busca evitar un colapso administrativo. Sin embargo, la rapidez del proceso genera fricciones. El aumento de precios del combustible, la incertidumbre sobre derechos de propiedad y la falta de claridad sobre el modelo de gobernanza local alimentan tensiones latentes.

Para la población kurda, la situación es más ambigua. El proyecto de autonomía, que había adquirido un valor simbólico y político significativo, se encuentra en una fase de redefinición. Algunos kurdos, especialmente en zonas urbanas como Alepo, han expresado satisfacción por la reconexión con el resto del país, en particular por el levantamiento de bloqueos y la reactivación del comercio. Otros, especialmente figuras políticas y combatientes, mantienen reservas profundas sobre las garantías ofrecidas por el gobierno central.

Las promesas de ciudadanía, derechos culturales y cierto grado de control local forman parte del acuerdo mediado por Estados Unidos, pero la integración de las fuerzas kurdas en los ministerios de Defensa e Interior plantea una cuestión clave: la pérdida de autonomía militar implica también una pérdida de poder político. En un país con una tradición centralista fuerte, la implementación real de un modelo descentralizado dependerá menos de los acuerdos formales y más de la voluntad política del núcleo de poder en Damasco.

El nombramiento de un exfuncionario de las SDF como gobernador de Hasakah es un gesto de inclusión simbólica, pero también un mecanismo de control. La señal es doble: integración condicionada y capacidad de remoción si no se alinean con los objetivos centrales. Este enfoque refleja una lógica de consolidación estatal clásica: cooptar élites locales mientras se neutraliza cualquier estructura armada paralela.

Desde una perspectiva macro, el avance del gobierno sirio hacia el noreste tiene implicaciones geopolíticas más amplias. Turquía observa con cautela, dado su histórico conflicto con movimientos kurdos. Irán y Rusia, aliados clave del gobierno central, ven en la reunificación territorial una oportunidad para consolidar su influencia estratégica. Estados Unidos, por su parte, ha recalibrado su estrategia, priorizando la estabilidad estatal frente al apoyo a actores no estatales, una decisión que muchos kurdos interpretan como una traición estratégica.

El dilema de Al-Sharaa es estructural. Unificar el país implica absorber territorios devastados, gestionar expectativas contradictorias y reconstruir una economía fragmentada, todo ello con recursos limitados y bajo presión internacional. La estabilidad a corto plazo dependerá de la capacidad del gobierno para ofrecer seguridad, servicios básicos y un marco político inclusivo. A medio plazo, el reto será transformar una victoria territorial en una legitimidad política sostenible.

El noreste sirio, durante años laboratorio de un experimento político alternativo, vuelve a integrarse en la arquitectura estatal tradicional. La transición no es simplemente administrativa; es un test de estrés para el modelo de Estado sirio post-guerra. La pregunta central no es si Damasco puede recuperar el control territorial, sino si puede convertir ese control en un contrato social funcional en un país marcado por la fragmentación, la desconfianza y el trauma colectivo de la guerra.