Sánchez busca recoser su relación con Junts para intentar recomponer la mayoría

La versión oficial continúa repitiéndose como un mantra: no hay contactos entre el PSOE y Junts desde la ruptura escenificada por Carles Puigdemont. Sin embargo, basta rascar mínimamente la superficie para comprobar que esa narrativa pública no se sostiene. El doble despliegue mediático de Pedro Sánchez esta mañana —dos entrevistas consecutivas en Rac1 y en el canal en catalán de RTVE— ha dejado entrever un mensaje que no pretende ocultarse demasiado: la comunicación entre La Moncloa y Junts nunca llegó a interrumpirse del todo y, de hecho, se ha intensificado en los últimos días. La coreografía del presidente, milimétricamente diseñada, buscaba proyectar una señal inequívoca tanto en Cataluña como en el resto del país: la negociación no está muerta y el Gobierno está haciendo movimientos visibles para reconstruir puentes con quien, a día de hoy, sostiene la llave de la legislatura.

Todo el dispositivo comunicativo apuntaba a un mismo fin: lanzar un gesto político contundente antes del parón navideño, preparar la reposición del clima negociador en enero —mes inhábil en el Congreso pero políticamente útil para reencuadrar la relación— y llegar a febrero con una mayoría exigua pero operativa. Sánchez necesita transmitir estabilidad, aunque sea frágil. Necesita frenar el ruido sobre un adelanto electoral, contener la erosión provocada por la crisis de José Luis Ábalos y, en paralelo, evitar que el malestar en Junts se convierta en ruptura definitiva. Consciente de la vulnerabilidad parlamentaria, el presidente ha optado por explicitar lo que hasta ahora se escondía entre líneas: que el Gobierno ha incumplido compromisos con Junts y que, para recomponer la confianza, está dispuesto a asumirlo públicamente.

En ambas entrevistas, Sánchez desplegó un discurso uniforme, claramente coordinado con su equipo negociador. El eje central era asumir errores para rebajar la tensión. Un movimiento poco frecuente en un presidente del Gobierno, más aún en un contexto de alta presión institucional. “Asumo los incumplimientos. No niego la gravedad de la crisis que tenemos con Junts”, repitió en los dos medios. No lo formuló como un desliz puntual, sino como una admisión integral destinada a reforzar la credibilidad de su propuesta de reconducción. La referencia al acuerdo de Bruselas como “gran oportunidad para resolver un conflicto político de largo recorrido” no era un simple recordatorio; era un guiño directo a Puigdemont, un intento explícito de devolver el tono constructivo que se fracturó hace semanas.

Hubo un mensaje todavía más significativo, casi un reconocimiento de deuda política: la normalización total no llegará hasta que Puigdemont pueda regresar a Cataluña. Sánchez añadió que ese encuentro personal entre ambos “se producirá”, lanzando una declaración que, inevitablemente, reordena el tablero. Que un presidente anuncie públicamente su intención de reunirse con un político exiliado cuya situación judicial sigue abierta tiene un impacto institucional evidente. Pero, al margen de la controversia que pueda generar, el gesto hacia Junts era rotundo: el Gobierno está dispuesto a asumir costes para salvar la legislatura.

La oferta concreta, no solo el discurso, se materializará hoy en el Consejo de Ministros. Sánchez avanzó que se aprobará un real decreto ley con varias medidas que Junts llevaba semanas reclamando: mayor capacidad para que los ayuntamientos ejecuten inversiones financieramente sostenibles, ampliación de los plazos de cumplimiento de obligaciones fiscales para facilitar la digitalización de empresas y un paquete de protección a propietarios en casos de impago. A esto añadió los avances en la reforma de la multirreincidencia, la desclasificación de documentos vinculados a la llamada “operación Cataluña” y el estudio técnico para publicar las balanzas fiscales. Cada punto formaba parte del inventario de exigencias que Junts utilizó para presionar al Ejecutivo tras declarar rotas las conversaciones. En otras palabras, el Gobierno no solo reconoce el retraso, sino que acelera para compensarlo.

Pero la secuencia política de la mañana no se limitó al ámbito independentista. Sánchez aprovechó ambas entrevistas para abordar la crisis institucional abierta por la entrada en prisión de José Luis Ábalos, quien fue su mano derecha durante años. Lo hizo con contundencia inusual. Negó de raíz las afirmaciones del exministro y marcó distancia personal: “Todo lo que está diciendo Ábalos es mentira. No vamos a aceptar chantajes ni amenazas de personas ni de instituciones”. La frase más llamativa fue casi una dislocación de su narrativa histórica: “Yo tenía una confianza política en Ábalos, pero desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí”. Con esta declaración no solo intentaba preservar la autoridad moral del Ejecutivo, sino también delimitar el perímetro de la crisis para que no contaminase al resto del partido.

A la vez que hacía equilibrios con Junts, el presidente extendió un mensaje a ERC. Recordó el compromiso con la financiación singular y admitió que el tránsito administrativo para que la Generalitat recaude el 100% del IRPF abonado en Cataluña llevará tiempo. Era un recordatorio implícito para el otro gran socio de investidura: aunque ahora toda la tensión se concentra en Junts, La Moncloa no descuida el segundo pilar de su mayoría. El Gobierno necesita mantener cohesionados a ambos partidos independentistas, incluso cuando sus agendas chocan entre sí.

En conjunto, la mañana mediática de Sánchez fue un ejercicio de control político destinado a dar una señal inequívoca: el Ejecutivo quiere completar la legislatura. El presidente remató el mensaje con una frase deliberadamente categórica: “Las elecciones serán en 2027, seguro”. No lo dijo para convencer a la oposición, sino para transmitir a su propio ecosistema político —aliados, cuadros orgánicos, socios parlamentarios— que no habrá disolución anticipada. El anuncio no cierra todos los interrogantes, pero sí refuerza el marco que quiere proyectar: un Gobierno que, pese a la fragilidad numérica y a las crisis internas, sigue decidido a gobernar.

La interrogante real no es la voluntad del presidente, sino la capacidad de Junts para mantener la legislatura sin desgastarse en exceso ante su propio electorado. La erosión interna del independentismo, el pulso constante entre Junts y ERC por el liderazgo del espacio y el clima político polarizado en Cataluña condicionan cada decisión. Puigdemont necesita demostrar influencia real, no simbólica, y Sánchez lo sabe. De ahí la urgencia del gesto, la admisión del incumplimiento y el despliegue de medidas concretas.

El bloque progresista, fragmentado pero funcional cuando la aritmética lo permite, encara ahora un tramo determinante. El Ejecutivo se juega la gobernabilidad, Junts se juega su relevancia y ERC se juega su supervivencia en un ciclo electoral incierto. Mientras tanto, el PP y Vox intensifican la presión para capitalizar cualquier fisura. El tablero está abierto, pero el movimiento de hoy pone de nuevo a Sánchez en la ofensiva narrativa: no hay disolución, no hay repliegue y no hay renuncia a recomponer la mayoría.