Un juicio abierto y sin pruebas concluyentes contra el fiscal general

El proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha alcanzado su punto medio sin una conclusión clara ni una prueba determinante que respalde la acusación de revelación de secretos. Tres de las seis sesiones previstas ya se han celebrado, con una veintena de testigos escuchados, y la sensación general entre juristas y analistas es que el caso se mantiene en una zona gris: hay elementos que benefician tanto a la defensa como a la acusación, pero ninguno capaz de inclinar definitivamente la balanza.

El origen de la causa está en la filtración de un correo electrónico, fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— reconocía la comisión de dos delitos fiscales. El correo se difundió el 13 de marzo, y el Tribunal Supremo investiga si fue el propio García Ortiz quien permitió su divulgación a los medios. Hasta ahora, sin embargo, las declaraciones apuntan en otra dirección: varios periodistas aseguraron que el contenido del mensaje ya circulaba en redacciones antes de que el fiscal general lo recibiera.

Esa circunstancia ha centrado gran parte de las primeras jornadas del juicio. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que cuando una información ya ha sido conocida por terceros —especialmente si se trata de profesionales de la comunicación—, la obligación de custodia del funcionario público desaparece. Es decir, si el correo ya no era un secreto cuando llegó a la Fiscalía General, difícilmente podría sostenerse un delito de revelación. Esta interpretación, respaldada por la defensa, se ha convertido en uno de los ejes argumentales más sólidos para García Ortiz.

Cuatro de los seis periodistas que declararon en la tercera jornada confirmaron que sabían de la existencia del correo o de su contenido antes de que llegara al fiscal general. Tres de ellos —procedentes de La Sexta y elDiario.es— coincidieron en que manejaban el documento o partes de él desde el 6 de marzo. Otro, de El Mundo, afirmó que no conocía ese correo en concreto, pero sí tenía constancia de que González Amador negociaba con la Fiscalía un acuerdo que implicaba admitir su fraude. Este bloque de testimonios ha dado aire a la defensa, que busca demostrar que el supuesto “secreto” ya era conocido en el ecosistema mediático y político de Madrid. De hecho, se espera que la próxima semana comparezcan más periodistas, entre ellos el redactor de la Cadena SER que publicó por primera vez fragmentos del correo. Su declaración será clave para determinar el recorrido del documento antes de la supuesta filtración.

Las primeras sesiones del juicio también evidenciaron tensiones dentro del propio Ministerio Fiscal. De los seis fiscales que han declarado, solo una —la fiscal jefa superior de Madrid, Almudena Lastra— sostuvo una posición cercana a la acusación. Lastra aseguró que sospechó desde el principio de García Ortiz, aunque basó esa sospecha en “una intuición” derivada de la coincidencia temporal entre la recepción del correo y su difusión. El resto de los fiscales, incluidos la fiscal jefa provincial de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, defendieron la actuación del fiscal general y criticaron lo que describieron como un “cerrojazo informativo” impuesto desde la Fiscalía madrileña, que habría intentado evitar que se conociera la investigación abierta a la pareja de Ayuso. Esta división interna refuerza la tesis de la defensa de que hubo conflictos de criterio, pero no una operación de filtración deliberada desde la cúpula.

El empresario madrileño, que acaba de ver confirmado su procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental, se presentó ante el tribunal como víctima de una campaña política y mediática. Dijo sentirse “muerto públicamente” y llegó a afirmar que la filtración del correo le había “destrozado la vida”. Sin embargo, su testimonio dejó varios puntos difíciles de sostener. Admitió que autorizó a su abogado a negociar un acuerdo con la Fiscalía que implicaba reconocer los delitos, buscando una salida “rápida y sin ruido”. Esa negociación, por tanto, no puede considerarse una invención del ministerio público, como sostienen algunos sectores políticos.

Las contradicciones también aparecieron en la declaración del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR). Rodríguez insistió en que González Amador era víctima de una “operación de Estado” y negó que existiera fraude alguno, pero sus afirmaciones fueron rebatidas durante la vista. Quedó acreditado que él mismo distribuyó entre periodistas un correo del fiscal del caso, fechado el 12 de marzo, lo que refuerza la idea de que la confidencialidad ya había sido vulnerada por el entorno de la pareja de Ayuso antes de la supuesta filtración atribuida a García Ortiz.

El paso de los periodistas por el tribunal también sirvió para contrastar versiones. Tres de ellos difundieron, en la noche del 13 de marzo, la narrativa inicial —que la negociación con la Fiscalía había partido del ministerio público—. Otros tres publicaron horas después la versión corregida: fue el propio abogado de González Amador quien propuso el acuerdo. “El tiempo nos ha dado la razón”, señaló uno de ellos, Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, durante su comparecencia. Estas declaraciones han sido interpretadas por la defensa como una prueba de que los medios manejaban información cruzada y que la filtración, en caso de haber existido, no puede atribuirse a una única fuente. También sirven para reforzar la idea de que el documento circulaba entre periodistas y asesores antes de llegar a la mesa del fiscal general.

Las acusaciones intentaron sostener que existía una conexión entre la Fiscalía y el Gobierno central, insinuando que García Ortiz podría haber facilitado el correo a miembros del Ejecutivo. Para ello citaron como testigos a Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE madrileño, y a Pilar Sánchez Acera, actual secretaria de Organización del partido y trabajadora de La Moncloa. Ninguno de los dos avaló esa teoría. Sánchez Acera reconoció haber enviado a Lobato un pantallazo del correo filtrado, pero aseguró que se lo facilitó un periodista —cuyo nombre no recuerda— y no el ministerio público. También precisó que el documento que recibió difería del original en la maquetación y tipografía, lo que sugiere que pudo ser editado antes de difundirse. La acusación, por tanto, no logró conectar al fiscal general con el Gobierno, debilitando una de sus principales líneas de ataque.

Las tres sesiones restantes concentrarán el tramo más delicado del juicio. Está prevista la declaración del propio García Ortiz, además de los agentes de la UCO que elaboraron los informes periciales. Uno de ellos sostiene que el fiscal general borró los mensajes de WhatsApp de los días 13 y 14 de marzo —cuando se produjo la filtración— justo el día en que el Supremo le encausó, el 16 de octubre de 2024. La defensa ha respondido con una pericial que descarta esa conclusión y sostiene que no puede determinarse en qué momento se eliminaron los mensajes. El desenlace del juicio dependerá, en buena medida, de esas pruebas técnicas y del testimonio del propio fiscal general, que comparecerá en la penúltima sesión.