Venezuela acusa a Washington de “patraña” tras señalar a Maduro como terrorista

La Cancillería venezolana pidió a Estados Unidos una rectificación de lo que considera una “política de agresiones y amenazas”

El Gobierno venezolano ha reaccionado con firmeza a la decisión de Estados Unidos de designar al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista, una medida que entró en vigor este lunes y que, según Washington, tiene un impacto directo sobre la figura de Nicolás Maduro. La Administración estadounidense sostiene que el presidente venezolano desempeña un papel central en las actividades que atribuye a esa estructura, considerada por sus agencias como una red vinculada al narcotráfico y a otras operaciones ilícitas. Caracas rechaza esa acusación de manera categórica y la interpreta como un intento de legitimar una escalada de presión política y militar en su contra.

En su comunicado oficial, la Cancillería de Venezuela calificó la designación de “patraña”, “maniobra política” y “ridiculez”, y aseguró que la vinculación del jefe del Estado con organizaciones criminales carece de cualquier fundamento. El Gobierno venezolano afirma que Estados Unidos manipula deliberadamente información para justificar acciones que, a juicio de Caracas, siguen el patrón de intervenciones aplicadas en otros escenarios internacionales. La respuesta insiste en que esta nueva ofensiva estadounidense no tendrá efectos prácticos y que, como otras medidas anteriores, “fracasará”.

El comunicado subraya que Venezuela se encuentra, según su propio Gobierno, en un contexto de “unión popular, policial y militar” que garantiza la estabilidad interna y blinda al país frente a presiones externas. El Ejecutivo sostiene que la población continúa centrada en su vida cotidiana y en las festividades de fin de año, y acusa a Washington de obligarlo a destinar tiempo a responder “calumnias” que considera infundadas. La narrativa oficial busca reforzar la imagen de cohesión interna en un momento en el que las tensiones internacionales vuelven a ocupar la agenda política venezolana.

La vinculación directa de Nicolás Maduro con la designación es uno de los elementos más relevantes de la ofensiva estadounidense. Washington sostiene desde hace años que el presidente venezolano ha facilitado o permitido operaciones del narcotráfico a gran escala a través de sectores del estamento militar, y ve al mandatario como figura clave en lo que denomina una “estructura criminal”. En este contexto, la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas amplía el alcance de las acciones que Estados Unidos puede emprender y genera nuevas limitaciones para cualquier entidad o individuo que mantenga relaciones con Caracas.

La Cancillería venezolana pidió a Estados Unidos una rectificación de lo que considera una “política de agresiones y amenazas” sin sentido y aseguró que incluso parte de la sociedad estadounidense rechaza este rumbo. Según Caracas, estas decisiones no contribuyen al combate internacional contra el narcotráfico y perjudican a la economía de varios países caribeños que dependen de relaciones energéticas y comerciales con Venezuela. La respuesta venezolana insiste en que las sanciones y calificaciones emitidas por Washington afectan a terceros Estados, distorsionan las dinámicas regionales y no aportan resultados concretos.

La medida anunciada por Estados Unidos llega después de una serie de pasos previos orientados a aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro. En julio, el Departamento del Tesoro ya había sancionado al Cartel de los Soles con el congelamiento de activos y restricciones a entidades vinculadas. La designación del Departamento de Estado añade un componente jurídico más amplio y otorga margen para nuevas acciones coercitivas. La acusación también se enmarca en la narrativa estadounidense que vincula a altos cargos venezolanos —entre ellos a Maduro— con redes criminales como el grupo Tren de Aragua, algo que Caracas rechaza frontalmente.

El término Cartel de los Soles, empleado desde hace dos décadas, surgió para describir presuntas operaciones ilícitas desarrolladas desde sectores militares venezolanos. A lo largo de los años, informes de organismos internacionales y agencias estadounidenses han mantenido esa denominación. Venezuela sostiene que la estructura no existe, que se trata de una construcción política y que el objetivo principal es erosionar la legitimidad del Gobierno y crear condiciones para una intervención o un cambio de régimen auspiciado desde el exterior.

La escalada diplomática coincide con un incremento de actividad militar estadounidense en el Caribe. Durante los últimos tres meses, Washington ha mantenido desplegados recursos navales y aéreos en operaciones contra el narcotráfico en zonas próximas al territorio venezolano. Este fin de semana, la Fuerza Aérea estadounidense emitió una alerta por movimientos en el espacio aéreo de Venezuela, que fue seguida por la cancelación de vuelos de al menos siete aerolíneas internacionales. Las plataformas de seguimiento aéreo mostraron este lunes un espacio casi vacío sobre territorio venezolano, un escenario inusual que ha generado inquietud en la región.

Las implicaciones prácticas de la designación son amplias. Las personas o empresas estadounidenses que mantengan vínculos con entidades relacionadas con el Gobierno venezolano podrían enfrentarse a sanciones, lo que limita aún más el margen económico del país. Terceros países y compañías multinacionales podrían evitar relaciones comerciales para no exponerse a represalias, lo que añade presión a una economía venezolana que sigue lidiando con inflación, deterioro de servicios públicos y fuga de capital humano. La decisión también tiene un impacto simbólico significativo: coloca a Maduro en el centro de una acusación de terrorismo internacional que dificulta cualquier negociación diplomática futura.

La respuesta del chavismo busca reforzar la narrativa de resistencia frente a lo que describe como un intento reiterado de desestabilización. El Gobierno venezolano ha utilizado tradicionalmente las tensiones con Estados Unidos como parte de su estrategia política interna, y la designación de ahora alimenta esa dinámica. La administración de Maduro sostiene que la medida forma parte de un guion geopolítico que persigue debilitar su autoridad y justificar nuevas sanciones.

Por su parte, Estados Unidos defiende que su objetivo es combatir redes criminales y frenar el flujo de drogas hacia su territorio. La interpretación estadounidense forma parte de una postura institucional que se ha mantenido estable en distintos gobiernos y que considera la situación en Venezuela como un desafío estratégico en el continente.

No se vislumbra, de momento, un canal de diálogo capaz de aliviar la tensión. Las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen congeladas y los intentos de mediación impulsados en años anteriores han perdido fuerza. La designación del Cartel de los Soles —con Maduro explícitamente señalado— añade un elemento más a un conflicto que se ha vuelto cada vez más complejo y difícil de gestionar.